Operativo seguridad para proteger padrastro agrede niño

AGUADILLA:   Mientras el niño responde de manera favorable al tratamiento especializado a que está siendo sometido en la Unidad Pediátrica del Centro Médico de Río Piedras, las autoridades correccionales mantienen aislado del resto de la población penal, al individuo Javier Alvarez  Luciano, sospechoso de agredir brutalmente a su hijastro de solo 6 años de edad y dejarlo abandonando en el cilindro de una lavadora desechada en un contenedor de basura. Los hechos que han conmovido a la comunidad puertorriqueña, sucedieron el 26 de este mes en la carretera 115, kilómetro 3.2  del Barrio Pueblo de Rincón.

Alvarez Luciano, a quien vecinos del Residencial Santa Rosa de Rincón, han apercibido a que no se le ocurra regresar a ese lugar, se encuentra sumariado en la Cárcel Guerrero de Aguadilla. El otrora convicto por apropiación ilegal y escalamiento, enfrenta denuncias por tentativa de asesinato, maltrato de menores y violar la ley de armas.

En cuanto a su pareja Yanelis Lecona López de 26 años, ésta permanece en la Institución para Mujeres de Vega Alta, tras ser encausada por encubrimiento y maltrato de menores.  Alvarez y Lecona no han podido prestar la fianza global de $30 millones que le impuso un magistrado de Aguadilla.

En declaraciones para diferentes medios, la mujer alega que nada tiene que ver con la golpiza sufrida por su hijo y que ha debido  guardar silencio porque el compañero consensual la mantiene bajo constante patrón de maltrato a ella y al niño. La joven asegura que su condición de indocumentada no le ha permitido querellarse ante las autoridades.

Así las cosas, la fémina de nacionalidad mejicana espera que las autoridades de Puerto Rico le hagan justicia, esclareciendo la verdad sobre lo ocurrido a su niño.  Como detalle importante, mientras  Lecona López, continúa confinada, su hijito no ha recibido visitas de ningún familiar, salvo, personas de buen corazón dispuestas a acudir en su ayuda.

El llamado “niño de la lavadora” está  recibiendo los cuidados máximos en el Centro Médico de Río Piedras, al tiempo que el gobernador Alejandro García Padilla y la primera familia de la isla no ocultan su consternación ante este reciente caso de maltrato infantil en la región oeste del país.

 

Proteger tv de gobierno es una legislación innecesaria

MAYAGÜEZ: Aprobar una medida legislativa para hacer compulsorio que la señal de las televisoras del gobierno esté sintonizada de manera preferente en las oficinas de agencias y dependencias públicas, es un acto peligroso que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a seleccionar lo que desea ver y escuchar. Incluso, puede considerarse como una acción antidemocrática que coloca en desventaja a los medios de comunicación privados que no pueden invocar el mismo privilegio.

Si lo que se interesa es promover la programación de los canales de radio y televisión del Pueblo de Puerto Rico, lo primero que debió evaluarse es la calidad de lo que dichos medios, alegadamente educativos, difunden para  mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

No ponemos en duda las buenas intenciones del representante mayaguezano Charlie Hernández, de conceder trato preferencial  a Puerto Rico TV  sobre las demás televisoras comerciales que operan en la isla. Sin embargo, pretender atosigarle a la gente los programas de las emisoras del ELA, sin un estudio objetivo y alejado de los vaivenes políticos no tiene cabida en un país que se distingue por su respeto a las libertades de prensa y expresión.

Nuestra recomendación, que Puerto Rico TV, solicite de la Comisión Federal de Comunicaciones un cambio en su licencia para operar como entidad con fines de lucro y se enfrente de tú a tú con las demás teledifusoras de la isla.

Finalmente, de persistir como ley que en las oficinas del gobierno los  televisores estén sintonizados en las frecuencias de Puerto Rico TV, creando así una audiencia cautiva y por ende, ficticia, las empresas a cargo de medir  audiencia deben tomar en cuenta aspecto tan importante.   Después de todo, las emisoras del Pueblo pudieran resultar más atractivas si se les permite competir en igualdad de condiciones con las comerciales. Recuerde, distinguido amigo Charlie Hernández, que lo bueno no necesita ser legislado.

Cónsul dominicano pide proteger integridad fisica de acusada

SAN JUAN:  Aunque el Secretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani, asegura que los fiscales disponen de evidencia fuerte para encausar a la empleada doméstica Aida de los Santos, sospechosa de asesinar a la septuagenaria Georgina Ortíz, el Cónsul dominicano en esta capital, señor Máximo Taveras, pidió a las autoridades de Puerto Rico que protejan los derechos e integridad física de la detenida. El funcionario diplomático urgió de los secretarios de Justicia y Corrección, que atiendan la seguridad de la mucama ante el temor de un atentado contra la fémina.

De los Santos, quien regresó voluntariamente a la isla para enfrentar el cargo de asesinato por el crimen de la señora Ortíz, alega en su defensa que ella no tuvo vinculación alguna con la muerte violenta de la entonces esposa del juez retirado de la Corte Suprema, licenciado Carlos Irizarry Yunqué. Se recuerda que la imputada fue deportada a República Dominicana, tras el crimen de la dama que fue su patrona durante más de 10 años.

A pesar de que las autoridades sostienen tener evidencia  para juzgar a De los Santos, una prueba científica no arrojó  que las partículas de epidermis halladas en las uñas de la víctima no son de la acusada. El asesinato de la señora Ortíz  de Irizarry, ocurrió el 17 de agosto del 2010 en su hogar del condominio Laguna Terrace del Condado en San Juan.

La infortunada sucumbió de una cuchillada en el cuello que le provocó desangramiento. Luego de una pesquisa que duró alrededor de dos años, el Departamento de Justicia presentó cargos contra la señora  De los Santos, que  permanece confinada en la Institución para Mujeres de Vega Alta. La vista preliminar que estaba pautada para el lunes en el Tribunal de San Juan, debió ser suspendida, ya que la imputada sufrió una caída en el baño de la cárcel.

Desde la radicación de denuncias a la ciudadana de nacionalidad dominicana, las autoridades de la vecina nación encabezadas por el Cónsul Máximo Taveras, se mantienen al tanto del caso y piden al gobierno de Puerto Rico, que se respeten los derechos y la seguridad física de la acusada.