Desde épocas remotas y cuando los políticos solo dependían de los mitines en las esquinas para poder costear sus campañas a puestos electivos, han existido los llamados comités de recaudación de fondos y los grupos de simpatizantes que hacen rifas, venden bizcochos y hasta frien bacalaos y alcapurrias para generar dinero. En tiempos de antaño los candidatos a puestos electivos no podían soñar con los grandes contribuyentes del presente que invierten «hasta la camisa» para lograr la victoria de sus protegidos.

 No hay nada malo ni ilegal que un alcalde o legislador dependa de un comité de amigos para levantar recursos muy necesarios para acceder a medios tan costosos como los diarios impresos, la televisión y más recientemente los sistemas de cable.  Si esos llamados comités obran fuera de  horas laborables y sin afectar su agenda de trabajo regular, nada tiene de pecaminoso vender boletos para un bingo, el sorteo de un plasma, donas azucaradas y un auto de último modelo, que por lo regular, pocos conocen quien se lo gana.

Ahora, resulta preocupante que en determinado municipio de la isla, un funcionario haya sido sorprendido-y grabado-mientras «aconsejaba» a sus compañeros de labores a adquirir boletos para un bingo y otros eventos, a cambio de no poner en peligro la evaluación de tareas, y por ende, el puesto de trabajo.  Eso es ilegal a todas luces y no debe quedar como un chisme de barrio. Compete a las autoridades correspondientes iniciar la pesquisa de rigor, aparte de citar al primer ejecutivo municipal para que ofrezca su versión sobre el asunto.

 Claro que no hay nada de malo que un funcionario público gestione de forma lícita recursos para pagar la campaña eleccionaria que se avecina. Lo insólito es que alguien trate de lograr ayuda económica bajo amenaza o coacción.

      Por más que se le quiera dar vueltas al asunto para  tratar de justificar una decisión equivocada  e  irresponsable, nadie puede relevar de su cuota de culpa a los oficiales de Corrección que no hicieron el máximo para intentar salvarle la vida a los ocho reclusos que sucumbieron ahogados en el interior del vehiculo donde eran llevados a la cárcel de distrito de Arecibo.  Hallarse en prisión por determinado delito, eso no convierte a un ser humano en un objeto sin importancia ni su vida tiene menos valor que la de  aquellos que tienen el deber ministerial de custodiarlo.

     A nadie puede convencer la excusa de que los sumariados no fueran liberados rápidamente de las esposas y cadenas que los mantenían bajo control, por el hecho de una posible fuga. Si ese es el argumento para haberlos llevado a la muerte, muy triste es el concepto que se tiene en nuestras agencias de seguridad pública sobre el derecho a la vida.

    Entendemos que este caso que ha conmovido a la opinión pública puertorriqueña y trascendido a nivel internacional debe ser investigado exhaustivamente por las autoridades federales. Eso, por la pureza y transparencia de los procedimientos.

        Revista LA CALLE Digital, envía condolencias a todos los familiares de las victimas de una tragedia que pudo haberse evitado; o en su defecto, haber hecho todo lo humanamente posible para que el  resultado no fuera tan alarmante.  También felicitaciones a los vecinos rescatistas quienes  a riesgo de la seguridad personal lograron salvar a dos de los reclusos y a los 2 oficiales de Corrección. No existen excusas para que alguna gente intente justificar lo sucedido.