SAN JUAN:  Aunque el Secretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani, asegura que los fiscales disponen de evidencia fuerte para encausar a la empleada doméstica Aida de los Santos, sospechosa de asesinar a la septuagenaria Georgina Ortíz, el Cónsul dominicano en esta capital, señor Máximo Taveras, pidió a las autoridades de Puerto Rico que protejan los derechos e integridad física de la detenida. El funcionario diplomático urgió de los secretarios de Justicia y Corrección, que atiendan la seguridad de la mucama ante el temor de un atentado contra la fémina.

De los Santos, quien regresó voluntariamente a la isla para enfrentar el cargo de asesinato por el crimen de la señora Ortíz, alega en su defensa que ella no tuvo vinculación alguna con la muerte violenta de la entonces esposa del juez retirado de la Corte Suprema, licenciado Carlos Irizarry Yunqué. Se recuerda que la imputada fue deportada a República Dominicana, tras el crimen de la dama que fue su patrona durante más de 10 años.

A pesar de que las autoridades sostienen tener evidencia  para juzgar a De los Santos, una prueba científica no arrojó  que las partículas de epidermis halladas en las uñas de la víctima no son de la acusada. El asesinato de la señora Ortíz  de Irizarry, ocurrió el 17 de agosto del 2010 en su hogar del condominio Laguna Terrace del Condado en San Juan.

La infortunada sucumbió de una cuchillada en el cuello que le provocó desangramiento. Luego de una pesquisa que duró alrededor de dos años, el Departamento de Justicia presentó cargos contra la señora  De los Santos, que  permanece confinada en la Institución para Mujeres de Vega Alta. La vista preliminar que estaba pautada para el lunes en el Tribunal de San Juan, debió ser suspendida, ya que la imputada sufrió una caída en el baño de la cárcel.

Desde la radicación de denuncias a la ciudadana de nacionalidad dominicana, las autoridades de la vecina nación encabezadas por el Cónsul Máximo Taveras, se mantienen al tanto del caso y piden al gobierno de Puerto Rico, que se respeten los derechos y la seguridad física de la acusada.