En un intento por salir de él a como dé lugar, la alta oficialidad de la Uniformada en la Región de Mayagüez, ha estado rebuscando el expediente personal del sargento Harold Ortíz, que se encuentra suspendido de empleo y sueldo, para no permitir que regrese a la Uniformada. Ortíz cobró notoriedad en la isla, cuando utilizó el altavoz de la patrulla donde viajaba para exigirle la renuncia al Superintendente de la Policía Emilio Díaz Colón.
El incidente surgió recientemente frente a la funeraria donde era velado el teniente Abimael Castro Berrocales, ultimado a tiros por un conductor al que detuvo en la carretera 100 de Cabo Rojo. El superintendente Díaz Colón, asistía al velorio del oficial Castro Berrocales, momento que Ortíz aprovechó para pedirle la dimisión desde el auto oficial. Esto provocó la ira de Díaz Colón, quien ordenó suspender sumariamente al controvertible sargento.
Tras la suspensión, el sargento Ortíz es blanco de una campaña de persecución por parte de altos oficiales de la Uniformada que lo acusan de ser «problemático e indisciplinado». Ahora se alega que el sargento tiene un extenso expediente de querellas e investigaciones administrativas, pero alguna gente pregunta, cómo pudo llegar al rango que ostenta.
Compañeros del sargento querellado sostienen que el caso del sargento es uno tan «flojo», que sus jefes están rebuscando «yaguas viejas» para ver como pueden expulsarlo de la Fuerza. La situación de Harold Ortíz contrasta con los casos de otros oficiales de la Policía, que habiendo siendo hallados culpables de violar los derechos civiles de ciudadanos, han continuado subiendo de rango bajo las administraciones PPD y PNP.

Tras anunciar que refirió el asunto a la Comisión de Etica de ese Cuerpo, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González concedió 5 días a la mencionada Comisión para «que actúe » en cuanto a la querellas incoadas contra el legislador novoprogresista José Luis Rivera Guerra, quien entregara a la lider cameral los documentos que le fueran requeridos para defenderse de las serias imputaciones publicadas en la Prensa. Acorde con el reglamento vigente de la Cámara, el representante por el distrito 17 (Aguadilla-Moca), tendrá la oportunidad de ampararse en el debido procedimiento de ley.
Al cumplirse el plazo que le concediera la Presidenta de la Cámara, Jennifer González, para hacer entrega de los documentos que podrían salvarlo de una salida abrupta del escaño, el representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra, produjo ayer miércoles la evidencia que dice tener para rebatir las querellas de sus enemigos políticos. A minutos para cumplirse el plazo, Rivera Guerra, entregó el expediente para probar que no ha incurrido en delito alguno o violaciones reglamentarias.





