Diócesis de Mayagüez reacciona a graves denuncias contra miembros del clero

Obispo Corrada del RioEl Obispo, sacerdotes y fieles de la Diócesis de Mayagüez sienten gran alarma y pena por las situaciones de conducta impropia de algunos miembros del clero y están en contra del abuso sexual de menores y de cualquier encubrimiento de estos casos. En esta Diócesis estamos comprometidos con la política de cero tolerancia. Lamentamos que se hayan dado.

Cualquier caso que presente un denunciante se investiga de inmediato. El denunciado es separado de sus funciones y suspendido del ejercicio ministerial. Se le prohíbe residir en casas parroquiales durante todo el proceso de investigación. El Obispo, clero y fieles de la diócesis estamos obligados al procedimiento vigente establecido por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y la Congregación Para La Doctrina de la FE, para casos de conducta impropia.

Hemos realizado dos talleres sobre el citado procedimiento y continuaremos teniendo con regularidad los mismos.

Hemos tenido un caso del 2006, reportado por el Obispo al superior de su Instituto Religioso, quien actuó sobre el mismo. La persona ya no está activa en la diócesis.

Un caso adicional data del 2009; es de una persona que ya no está en el ministerio. La decisión última está en manos de la Congregación de la Fe. La persona ha solicitado la reducción al estado laical.

Tenemos otro caso del año 2011. La persona ha sido removida del ministerio. El caso fue a la Congregación Para la Doctrina de la Fe, que pidió una nueva investigación. Ahora el caso está de vuelta a dicha Congregación.

Tenemos otro caso que está pendiente ante la Congregación Para la Doctrina de la Fe. El sacerdote está removido del ministerio. Se cursó aviso en todas las capillas y en las misas de la parroquia. Este caso es del año 2013.

Los denunciantes son todos mayores de edad. Todos han pedido que no se comunique a la Policía. La diócesis no ha pedido a ninguno de los denunciantes que guarde silencio, no ha habido contratos de confidencialidad. El Obispo no se atiene a tales acuerdos. Ninguno ha pedido ayuda económica. A todos se advierte que tienen el derecho y el deber de alertar las autoridades civiles. Dado que son investigaciones en proceso, no comentamos más. Respetamos el deseo de los afectados por mantener su denuncia sólo en las instancias eclesiales. Nos sentimos agradecidos y orgullosos de la mayoría de nuestros sacerdotes y su fidelidad en el ejercicio de su ministerio. Respecto a los sacerdotes que tienen esta enfermedad decimos que no pueden volver a su ministerio.

Las anteriores declaraciones fueron circuladas hoy jueves en la página cibernética de la Diócesis Católica de Mayagüez,  y se interpretan como la posición oficial del Obispo, Monseñor  Alvaro Corrada del Río.  Los casos presuntamente atribuidos a tres sacerdotes adscritos a dicha diócesis, se remontan a los años entre el 2006 y el 2013.

Los presuntos incidentes de abuso sexual contra menores están bajo pesquisa de la Congregación  para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, pero hasta el presente no surge evidencia de querellas ante las autoridades policíacas del área oeste, ni ante la fiscalía de distrito de Mayagüez, que dirige la Fiscal Blanca Portela.

 

Legislador popular defiende ley recientemente aprobada

HORMIGUEROS:  El representante popular Carlos Bianchi Angleró, le salió al paso hoy a  las personas que han lanzado críticas a la aprobación de la Ley Número 74 del 23 de julio de este año, que establece un protocolo para notificar cuando un infante no ha sido llevado por sus padres o encargados al centro de cuido o lugar donde lo atienden diariamente. La pieza legislativa convertida en ley por el gobernador Alejandro García Padilla, tiene como finalidad evitar que los menores sean olvidados en los automóviles.

La ley, de acuerdo al legislador por el Distrito Número 20, responde al clamor de la ciudadanía para que se establezcan mecanismos que eviten la pérdida de bebés que sucumben por sofocación. Varios casos de esa naturaleza han sido reportados e investigados en la isla, lo que trae luto y desolación a muchas familias.

Se recuerda que la Ley 74, enmienda la Ley # 3 del 15 de febrero de 1955, que obliga a las autoridades pertinentes a velar por el bienestar y la seguridad de los  niños que son dejados bajo la custodia y protección de adultos.

Bianchi Angleró, reaccionó al señalamiento público de que la ley aprobada intenta descargar la responsabilidad en aquellos lugares o jardines de infancia donde cuidan infantes. ” Esta ley no pretende penalizar a los centros de cuido, decir lo contrario es falso”, subrayó el representante del PPD  en los municipios de San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo.

En  última instancia y a opinión de Bianchi, la responsabilidad recae en los padres, tutores o encargados de estos menores, que por su corta edad, difícil movilidad y  al  quedar amarrados al asiento protector dentro de un vehículo, fallecen asfixiados en el vehículo, tras ser dejados encerrados durante muchas horas.

Gerencia del Mesón Sandwiches reacciona a comentario

MAYAGÜEZ: La Calle Digital agradece la gentileza de la gerencia de la firma El Mesón Sandwiches, al responder a recientes comentarios publicados en este medio de información electrónica. Desde sus oficinas centrales, una de sus ejecutivas adelantó este martes 16 de abril, que la empresa toma muy en cuenta las sugerencias y recomendaciones de  los  clientes, para seguir ofreciendo la calidad y el servicio que les caracteriza.

Nobleza obliga, por lo que reiteramos nuestras gracias  al Mesón Sandwiches y le deseamos  éxitos continuados al servicio del pueblo consumidor.

Presidente Senado reacciona a privatización Aeropuerto

SAN JUAN:  A continuación la declaración ofrecida por el Presidente del Senado, señor Eduardo Bathia, sobre la Alianza Público Privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín:

” Hoy no es un buen día para el gobierno de Puerto Rico. La transacción que se aprobó, se firmó y se avaló con la entidad privatizadora del  aeropuerto evidencia la quiebra fiscal y la crisis de gobernanza pública en la se encuentra Puerto Rico hace unos años y que llegó a su peor momento en los pasados cuatro años”.

” En varias ocasiones presenté mis reservas y objeción a este negocio, los cuales reitero aún después de la evaluación y opinión de la Administración Federal de Aviación, (FAA, por sus siglas en Inglés). Por mandato constitucional y responsabilidad con el país, le corresponde al Senado de Puerto Rico, ser agresivo en la fiscalización de esta transacción y velar el desarrollo contractual. Así lo haremos. Pero hay que ir más lejos: todas las otras corporaciones públicas que se encuentran en una quiebra similar o más grande, se han convertido en una carga insostenible para el  pueblo. Hay que fiscalizarlas, modificarlas y re-enforcarlas  antes de que sea muy tarde”.