Líderes obreros denuncian que siguen los planes de privatizar también a Acueductos

MAYAGÜEZ: El líder sindical del Oeste y presidente del Capítulo de Mayagüez de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), Iván Vargas Muñiz; así como el expresidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí, mostraron su preocupación por las expresiones hechas por la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ingeniera Doriel Pagán Crespo, en las que admitió que el proceso de Alianza Público-Privada en esa corporación pública “continúa según estaba programado”.

“Aunque parecía que el proceso de privatización estaba detenido, sorpresivamente la semana pasada la presidenta de Acueductos dijo en los medios de comunicación, que aun cuando no puede dar detalles, lo cierto es que se continúa con los pasos para establecer una alianza público-privada y lo que estaba programado era para el reemplazo de contadores y el servicio al cliente, pero no quiso entrar en detalles sobre una fecha exacta para la otorgación del mismo, lo que deja más dudas que respuestas”, dijo Vargas Muñiz.

Por otro lado, Irene Maymí, también expresidente de la UIA-AAA, denunció que la información que tiene es que lo que se contempla es una privatización completa y no como ha dicho la presidenta de la AAA.

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“Me ha llegado información confiable, que la compañía que fue seleccionada para la APP en la Autoridad quiere que se le otorgue el contrato de toda la Autoridad de Acueductos, no solo de la instalación de contadores y servicio al cliente. Esta información se le ha ocultado al país unido que no han querido identificar a la compañía que se le otorgó el contrato es una muestra de que este tipo de privatización se hace a espaldas al pueblo lo que provoca que pase lo mismo que el contrato con LUMA en la AEE, que luego de otorgado el mismo nos hemos ido enterando de lo nefasto que es para el país”, aseguró Irene Maymí.

Ambos líderes obreros le hicieron un llamado al pueblo a unirse a las actividades que se han estado convocando en contra de la privatización, no solo de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino también de las playas, Acueductos y cualquier otra situación que le afecte directamente.

“Estamos dispuestos a combatir la privatización, máxime cuando pasamos por una experiencia similar en Acueductos que provocó violaciones a leyes federales. Haremos lo que sea necesario para defender los empleos de nuestros compañeros y compañeras de la Autoridad y esperamos que las actividades sindicales para combatir la privatización, no pase como en Energía Eléctrica que coincidió con la proximidad del inicio del contrato”, dijeron los líderes sindicales.

Irene Maymí aprovechó para denunciar que la represa La Plata actualmente se encuentra en condiciones pésimas y en un deterioro avanzado, según ha podido constatar.

“Solicito que se organice una comisión cameral para que investigue las condiciones de las represas, especialmente las de Carraízo y La Plata, que son las que mayor población sirve en el país. Estamos disponibles para acompañarlos en su visita”, concluyó Irene Maymí.

[OPINIÓN] La privatización: ¿Cuál debe ser la ruta de los sindicatos?

Por: Iván Vargas Muñiz, líder sindical del Oeste

Como líder sindical con 30 años de experiencia en estas luchas, he podido ver los años de gloria, así como los ataques hacia los trabajadores del país.

En todos estos años, los sindicatos han jugado un papel importante, no solo en la defensa del derecho de sus trabajadores, sino también en el beneficio del pueblo.

Puedo decir que vi la huelga de la Mayagüez Dairy, ya desaparecida; Fortunata (primer intento de privatización de la Telefónica); la huelga de la Telefónica y su eventual privatización; la privatización de la AAA y luego la huelga de 84 días. Fueron tiempos difíciles, pero había cierta apertura a dialogar de parte del gobierno-patrono.

Hoy estamos viviendo uno de esos momentos más álgidos y complicados en el ámbito laboral. No se trata simplemente de una privatización más. Ese es un proceso donde el único que gana es la compañía y pierde el pueblo y los trabajadores. Un proceso donde se les quita los derechos adquiridos, se les envía a trabajar a áreas que no tienen ni conocimientos ni experiencia, y en algunos casos áreas distantes provocando una renuncia o un despido tácito o constructivo.

Se perfila que los próximos en la lista de privatización somos los empleados de la AAA. Están esperando culminar el proceso de la AEE, conocer que finalmente pasa con los procesos judiciales, para entonces salir con un anuncio formal.

Siempre he estado en contra de la privatización de servicios básicos, no porque lo privado sea peor o mejor. Los servicios de agua y luz deben estar en manos públicas porque es la única manera que no se entre en la especulación de precios y que se le garantice que se le pueda llevar el servicio, en la medida posible, a lugares lejanos de las ciudades.

Los empleados públicos tenemos esa vocación de servir que no nos la quita ningún privatizador, ni gobierno antiobrero. Pero si nos quitan nuestro trabajo, obviamente el servicio al País que trae una empresa privada jamás será igual si no cuenta con los empleados existentes.

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Esta es una ola que ha ido creciendo a través de los años y que me parece que resistir en momentos como los que estamos viviendo, en los que el gobierno muy hábilmente ha traído su gente a trabajar en las agencias y corporaciones públicas para ir debilitando el movimiento obrero. Esto nos debe poner a reflexionar que es lo que debemos hacer como sindicatos.

Tenemos que empezar a actuar con cabeza fría, tomar decisiones de manera sosegada, sin apasionamientos, sin agendas, sin juicios previos. Tenemos que poner sobre la mesa todas las alternativas, evaluar los pros y los contras de todas y cada una de ellas y mirar la que más beneficie al trabajador.

Llevamos en Acueductos sin negociar un nuevo convenio colectivo desde el 2015, por causa de las leyes 66, 3 y 26 aprobadas por los gobiernos García Padilla-Rosselló Nevares que además nos quitaron otros derechos y beneficios.

El 1 de julio se supone que empecemos a negociar un nuevo convenio, pero las condiciones impuestas son bajo la Ley 26 y Ley 3, quiere decir “nada económico”. Expiran 99 convenios colectivos el 30 de junio, lo que significa que hay una avalancha de negociaciones a partir de julio.

Bajo ese escenario, tenemos que reflexionar si podemos buscar algún tipo de negociación con la empresa privada manteniendo el estatus de empleados de gobierno, manteniendo nuestro sistema de Retiro, pero que los salarios los pague el privatizador, o si estamos dispuestos a irnos privados total, o simplemente nos vamos a tirar a la calle en contra de la privatización de Acueductos.

Tenemos que quitarnos las vendas de los ojos para poder decidir lo mejor para la clase trabajadora.

O surfeamos, o nos hundimos. Hay que decidir…

Caos en el CESCO de Mayagüez y en otras oficinas del Gobierno: Una excusa para privatizar

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Por Iván Vargas Muñiz, presidente del Capítulo de Mayagüez de la UIA-AAA

Desde que se comenzaron a limitar los servicios del gobierno cerrando oficinas que daban servicio directo a los ciudadanos, hemos visto un aumento en las filas de las pocas oficinas que quedan abiertas. Estos cierres en los que el gobierno alega que son para reducir gastos, han tenido el efecto de hacer más difícil a la ciudadanía conseguir algún servicio o hacer reclamos en las corporaciones públicas.

Lo vimos por ejemplo, cuando la Autoridad de Acueductos (AAA) cerró 13 oficinas comerciales a través de toda la isla, cuando cerraron colecturías y oficinas comerciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Hormiga Ardiente cuerito

En Acueductos, el incremento en las filas de las oficinas comerciales que quedan abiertas es exagerado. Basta con ir a la oficina de Mayagüez para ver las filas interminables que se forman, tanto para hacer un reclamo, cambiar su cuenta a otra residencia en incluso para realizar pagos. En esa oficina se atienden clientes que vienen hasta de Ponce a buscar algún servicio.

Hoy, vimos una publicación de LA CALLE Digital, del amigo y hermano Julio Víctor Ramírez-Ferrer, donde reseña la odisea que pasó el fotoperiodista Willie Minguela para poder sacar el marbete. Las filas en CESCO de Mayagüez también son interminables provocadas por el cierre de varias colecturías. Ya de por sí, en esa agencia era difícil buscar servicios por las largas filas.

Como consecuencia de dicha publicación, la representante del Distrito 19, Maricarmen Mas, pidió que se asignen más recursos para atender la problemática en CESCO de Mayagüez.

Alo & John Almuerzo nuevo 2018

Sabemos que el hacer largas filas, incómoda a quien va a buscar servicios en el Gobierno, porque uno pretende resolver rápidamente la situación para poder continuar con otras cosas que haya que hacer en el día o inclusive regresar al trabajo. Lógicamente, está situación ha provocado molestia en el pueblo hasta que llega al punto de pedir que tal o cuál agencia debe ser privatizada.

Definitivamente, la intención del Gobierno precisamente es esa, provocar molestia en los ciudadanos para justificar la privatización.

Eso precisamente pasó con la AEE, que hoy enfrenta un proceso de privatización y ante la molestia de la gente provocada precisamente por el propio gobierno, gran del pueblo está de acuerdo con la misma.

No nos llamemos a engaño, las largas filas son parte de esa estrategia gubernamental para hacer viable una privatización de servicios públicos.

pinchera de papanacho

Presidente Senado reacciona a privatización Aeropuerto

SAN JUAN:  A continuación la declaración ofrecida por el Presidente del Senado, señor Eduardo Bathia, sobre la Alianza Público Privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín:

” Hoy no es un buen día para el gobierno de Puerto Rico. La transacción que se aprobó, se firmó y se avaló con la entidad privatizadora del  aeropuerto evidencia la quiebra fiscal y la crisis de gobernanza pública en la se encuentra Puerto Rico hace unos años y que llegó a su peor momento en los pasados cuatro años”.

” En varias ocasiones presenté mis reservas y objeción a este negocio, los cuales reitero aún después de la evaluación y opinión de la Administración Federal de Aviación, (FAA, por sus siglas en Inglés). Por mandato constitucional y responsabilidad con el país, le corresponde al Senado de Puerto Rico, ser agresivo en la fiscalización de esta transacción y velar el desarrollo contractual. Así lo haremos. Pero hay que ir más lejos: todas las otras corporaciones públicas que se encuentran en una quiebra similar o más grande, se han convertido en una carga insostenible para el  pueblo. Hay que fiscalizarlas, modificarlas y re-enforcarlas  antes de que sea muy tarde”.