MAYAGÜEZ: En el Centro Judicial de San Juan se estarán sometiendo formalmente mañana miércoles a las 9:00 de la mañana, las acusaciones penales contra el suspendido alcalde de la Sultana del Oeste, José Guillermo Rodríguez.

También serán radicadas acusaciones contra la gerente de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira Valentín Andrades, quien también era investigada por dos fiscales asignados por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Los fiscales especiales independientes (FEI), Miguel A. Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz, notificaron hace aproximadamente dos semanas la culminación de la investigación sobre las presuntas acciones ilegales de Rodríguez y Valentín Andrades.

Ambos funcionarios deberán responder ante denuncias de malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento de su deber; y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Actualmente está en vigor una suspensión sumaria de Rodríguez que, según la práctica, el PFEI requiere que se tomen las medidas cautelares necesarias para evitar que el alcalde suspendido pueda tener acceso a instalaciones municipales; así como intervenir en asuntos municipales, por sí mismo o por medio de terceros.

De la investigación original del Departamento de Justicia surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.