Un niñito de 7  años se encuentra recluido con muerte cerebral y otras dos personas  resultaron heridas, una de ellas de cuidado, tras ser atropelladas por un vehículo cuyo conductor identificado como Héctor Cardona Couvertir, se las llevó  «enrredadas» mientras participaban en una marcha cívica que tuvo lugar el miércoles por la noche en la urbanización Sierra Linda de Bayamón.

La Policía declinó identificar por el momento al menor que sufrió golpes y lesiones de gravedad, pero se dijo que su estado es crítico. Como secuela del acto negligente también salió herida la niña Neisha Díaz Rivera de 12 años. Un ciudadano que se detuvo en medio de la vía para ordenarle al chofer que se detuviera, también sufrió lesiones en diferentes partes.

La rápida intervención de un policía municipal evitó que el conductor causante del accidente fuese linchado por los enardecidos vecinos que acudieron en auxilio de los heridos. Se presume que el sospechoso estuviera manejando bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido y hoy jueves será llevado ante la presencia de un magistrado.

Surge de la pesquisa preliminar que decenas de residentes de Bayamón participaban en una caravana para expresar su respaldo a la campaña «Ni una bala más al aire», cuando se toparon en la calle 7 de Sierra Linda, con un sujeto que prácticamente lanzó su guagua sobre ellos, a sabiendas de que ambos carriles de la calle estaban ocupados.

La persona sospechosa de arrollar a los dos menores y al adulto, no era participante en la caravana, ni vecino del sector donde tenía lugar la actividad cívica.

Tras alegar que la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones tiene «dos varas» para medir  a los residentes de ese municipio, vecinos del «Pueblo del Pirata Cofresí», volvieron a tronar contra la funcionaria novoprogresista, calificando de injusta la implementación de una ordenanza municipal que obliga al pago $5.00 en adelante por solicitar permiso para celebrar actividades en comercios y residencias. Aunque Perza se defiende alegando que la polémica ordenanza fue aprobada en los tiempos del extinto incumbente Santos Padilla Ferrer, la misma nunca había sido aplicada con tanta rigurosidad.

Durante diálogo con el reportero radial Mario Vega, de la Cadena Noti-Uno, una ex  empleada adscrita a la oficina de finanzas del Gobierno Municipal de Cabo Rojo, describió como discriminatoria la decisión de Rodríguez Quiñones, de exigir a los dueños de hogares el pago de determinada suma de dinero si desean celebrar fiestas con música en vivo.

Incluso, residentes de Cabo Rojo están solicitando asesoramiento legal ante la posibilidad de que miembros de la Policía Municipal, estén incurriendo en violaciones de ley al gestionar el cobro de las multas por ese concepto.

Como dato importante, algunos de los quejosos alegan estar siendo discriminados por no simpatizar con la administración política que dirige a Cabo Rojo, o porque en algún momento han lanzado críticas contra la alcaldesa Perza.

» La alcaldesa se reserva para sí para la potestad de decidir cuánto se cobra por evento, e incluso, ella puede eximir del pago a las personas que entienda pertinente».  Obviamente, esa manera de actuar provoca disgusto entre sus propios simpatizantes del P.N.P.

Confiado en que dicha medida contribuirá a reducir la criminalidad en la isla permitiendo identificar a los clientes que adquieren celulares prepagados, el gobernador Luis Fortuño Bursed, estampó su firma el martes en el proyecto que ordena crear un registro de celulares bajo la supervisión de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en la isla. La ley obligará a todo establecimiento dedicado a la venta de celulares con prepago mediante tarjetas, a exigir la identificación, últimos cuatro números del Seguro Social y dirección del cliente.

El vendedor será responsable de que la persona ofrezca una identificación válida; de no hacerlo, esto provocará la revocación inmediata del número para efectuar llamadas. Esta medida es de la autoría del representante novoprogresista Gary Rodríguez. Esta fue una de varias leyes firmadas por el gobernador durante visita a una institución comunitaria de Humacao.

Allí el primer mandatario también convirtió en ley ordenar a todo individuo con grillete electrónico instalado por  la comisión de diversos delitos graves, a pagar $9.25 diarios por el uso del rastreador donde ubicarlo (GPS) o $2.84 diarios por la verificación a través del sistema telefónico regular. Además, ningún imputado de violencia doméstica podrá evadir la instalación del grillete electrónico por no tener teléfono en el hogar.

De otra parte, se presume que el registro de celulares prepagados será un mecanismo para reducir o eliminar las llamadas de extorsión originadas en penales del país y para controlar que esa tecnología siga en poder de bandas de delincuentes.

Hoy miércoles, tendrá que comparecer al Centro Judicial de San Juan, el convicto Jorge L. Ramos Rodríguez, que días recientes arrolló con su vehiculo a la joven Franchesca Duarte Jiménez, en medio de un aparente arranque de celos. Franchesca, identificada por la Policía como novia del agresor, resultó con heridas de carácter grave y fue necesario amputarle las piernas. La victima sigue recluida en condición de cuidado en el Centro Médico de Río Piedras.

Ramos Rodríguez, quien al momento de los hechos estaba «esplacao», abandonó el sitio del incidente de violencia doméstica sucedido frente a un negocio de Barrio Obrero en Santurce. Aunque el sujeto negó toda vinculación con la agresión brutal, la perjudicada lo señala como el atacante.

El acusado está  preso en la Cárcel Regional de Bayamón, ya que no pudo satisfacer la fianza que le impusiera una juez de San Juan. Aparte de eso, el Departamento de Justicia solicitó y obtuvo, la revocación de la probatoria que Ramos disfrutaba luego de ser convicto por violar la Ley de Drogas.  La vista de hoy es para la determinación de causa probable por los casos en perjuicio de la joven Duarte Jiménez.

Ante el anunciado cierre de unas 200 tiendas Sears y K-Mart en el territorio continental de  los  Estados Unidos, empleados de esos comercios en la región oeste de Puerto Rico, mostraron preocupación el martes de perder sus puestos de trabajo. Hasta el momento no se ha emitido la lista de establecimientos que pudieran cerrar sus puertas próximamente, pero según trascendió, la clausura afectará a las operaciones menos rentables. Sears y K-Mart, esperan reducir sus gastos en unos $300 millones, pero no significa el cierre definitivo de ambas compañías.

La decisión corporativa no tomó por sorpresa a influyentes sectores de la economía norteamericana quienes admiten que la crisis financiera  mundial todavía no presenta señales de mejoramiento. Por décadas, Sears ha sido siempre una de las compañías mejor administradas de los Estados Unidos y la reducción de la plantilla laboral es una de sus últimas alternativas.

En tiempos de bonanza, un negocio de baja productividad podía ser sostenido por otro de mayores ventas, pero es ya no puede ocurrir a nivel de la economía mundial. Tanto Sears como K-Mart, son tiendas tradicionales en la isla e importante fuente de trabajo para miles de puertorriqueños. El posible cierre de algunos comercios locales, perjudicará a cientos de familias de este litoral.