SAN JUAN: La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) refirió a la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo al Juez Superior Manuel Acevedo Hernández tras concluir que violó varios Cánones de Ética Judicial y Profesional en incidentes relacionados a dos quejas presentadas ante su Oficina de Asuntos Legales (OAL). Así lo anunció hoy la Directora Administrativa de la OAT, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón.

“La Oficina de Asuntos Legales de la OAT analizó la evidencia relacionada a las quejas presentadas contra el Juez Acevedo Hernández. Dicha investigación incluye entrevistas a testigos y la posición del juez investigado, entre otra prueba recopilada. Tras un análisis serio y riguroso de dicha prueba, hemos concluido que la conducta del juez violenta las disposiciones de  varios Cánones de Ética Judicial y Profesional”, reveló Vélez Colón.

Según explicó la funcionaria, una de las quejas fue promovida por la propia OAT y está relacionada a una alegada influencia indebida de parte de Acevedo Hernández sobre agentes del orden público durante un incidente ocurrido el 5 de abril de 2013. Ese día la Policía de Puerto Rico intervino con Ángel Román Badillo por éste conducir un vehículo de motor en exceso de la velocidad permitida por ley y bajo los efectos de bebidas alcohólicas.  Se alega que Acevedo Hernández, quien viajaba como pasajero en el vehículo,  intentó usar su cargo de Juez para influir en los agentes del orden público.

Tras este referido de la OAT Acevedo Hernández enfrentará un proceso ante la Comisión de Disciplina Judicial quien determinará, en primer lugar, si procede la presentación de una querella ética ante dicho foro.  De determinarse que procede y de probarse los cargos, el Tribunal Supremo puede acoger recomendaciones de la Comisión e imponer sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución del cargo. A Acevedo Hernández se le imputan violaciones a los Cánones 1, 23 y 30 de Ética Judicial, además del Canon 38 que regula la profesión legal.

Aún se encuentra ante la OAL una investigación ordenada por la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Liana Fiol Matta, relacionada al allanamiento que las autoridades federales realizaron en la residencia del juez Acevedo el 14 de abril de este año y una queja presentada por Lesly Pérez Rodríguez, quien le imputó irregularidades en el proceso judicial “Pueblo de Puerto Rico v. Lutgardo Acevedo López”. La queja incluye cuestionamientos sobre su relación con el acusado en el referido caso. Dicha investigación fue ampliada por orden de Fiol Matta a raíz del arresto del juez y la presentación de cargos en su contra en la Corte de Distrito de los Estados Unidos.

Cabe destacar que la Jueza Presidenta Fiol Matta ordenó la separación inmediata de funciones judiciales de Acevedo Hernández una vez advino en conocimiento de la primera intervención de los federales con el hoy acusado.

SAN JUAN: El secretario de Justicia, César R. Miranda, destacó la primera radicación de cargos y determinación de causa para arresto tramitada por la recién creada División de Crímenes Mayores de la Uniformada.

“Ya comienzan a verse los frutos de este esfuerzo colaborativo entre el Departamento de Justicia (DJ) y la Policía de Puerto Rico (PPR), al radicarse cargos contra un individuo que privó de la vida en medio de un atraco a un empleado de un restaurante de comida rápida. El tribunal halló causa para arresto contra el imputado, y estamos confiados en logar una convicción en este caso. Estamos seguros de que el trabajo en equipo que propicia este nuevo mecanismo de investigación y procesamiento de casos criminales nos ayudará a combatir con mayor efectividad la incidencia criminal en nuestra Isla”, indicó Miranda.

El funcionario informó que se sometieron cargos por asesinato en primer grado, cuatro cargos por violaciones a la Ley de Armas y  un cargo por tentativa de robo agravado contra Gabriel A. Camacho Cancio, quien asesinó a Juan Santiago Rivera durante un asalto a mano armada, ocurrido mientras la víctima realizaba un depósito de dinero producto de las ventas de un restaurante de comida rápida, el 23 de noviembre de 2013. El fiscal Enrique Rivera Mendoza presentó los cargos en el Tribunal de Bayamón, donde la jueza Zaida Gaud encontró causa para arresto por todos los delitos imputados, imponiendo al acusado una fianza global de $625,000. La Vista Preliminar quedó pautada para el próximo 7 de julio.

SAN JUAN: El Departamento de Justicia (DJ) anunció la radicación de cargos contra un técnico de sistemas computadorizados que se apropió ilegalmente de más de $31 mil a través de un esquema de fraude cibernético, siendo ésta la primera vez que  la agencia presenta cargos contra un imputado por la mencionada modalidad de fraude.

Según se informó, Marcos Andino Rivera logró acceso a información de cuentas de varios clientes del Banco Santander, mientras realizaba funciones como instalador de sistemas, empleado por un proveedor de dicha institución bancaria. Con dicha información a la mano, el imputado efectuó 75 transacciones no autorizadas desde varios terminales, depositando los fondos sustraídos ilegalmente en su cuenta bancaria personal. Dichas transacciones se realizaron desde el 29 de agosto hasta el 28 de octubre de 2013.

A base de la investigación realizada por el agente Bryan Carmona de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, la fiscal Brenda Rosado Aponte presentó las denuncias por apropiación ilegal y por fraude cibernético contra Andino Rivera por cada una de las transacciones realizadas por éste, para un total de 150 cargos. La jueza Nereida Feliciano del Tribunal de Carolina encontró causa para arresto en todos los cargos. Al acusado se le fijo una fianza global de $5,500. La vista preliminar quedó pautada para el 19 de junio de 2014.

MAYAGUEZ: Compartimos con nuestros lectores la comunicación electrónica recibida por La Calle de parte de la señora Nereida Babilonia, hermana de Felix Babilonia, quien falleció en un accidente provocado por el CPA Lutgardo Acevedo el 30 de junio de 2012.

Auto que conducía Felix Babilonia Valentín, víctima fatal de accidente provocado por Lutgardo Acevedo López en Moca (Cortesía Robby Cortés)

«El 28 de marzo de 2013, en el Centro Judicial de Aguadilla, Puerto Rico, en la sala 503, se le fue negado un juicio justo a los familiares del fallecido, Felix Babilonia Valentin. Esto sucedio cuando el juez, Manuel Acevedo Hernandez, delibero solo por 15 minutos, y exonero de toda culpa y responsabilidad de la muerte de mi hermano, al acusado, Lutgardo Acevedo lopez.

Cuando la amigos y familia nos preguntaban si sabíamos el nombre del juez que iba a estar manejando el juicio de nuestro hermano. Cuando les dijimos el nombre , intentaron advertirnos acerca de este juez. Nuestra familia no quería o no podía creer que existiera ese tipo de corrupción , en la Isla del Encanto , poco sabíamos que pronto se convertiría en la isla de la pesadilla, donde la familia de cuello blanco son los que importan y familiares de gente pobre se empuja a un lado. Cuando la corrupción, el dinero, y la codicia toman el primer lugar. Estas personas sin respeto a la ley y donde la honestidad y la dignidad estan en un ultimo lugar . Un lugar donde el rico se hace más rico y el más pobre es marginado . La justicia debe ser igual para todos.

Realmente el acusado tenía varios casos y uno de ellos con una muerte, en todos ellos este hombre solo recibio una pequeña palmada en la mano y una expresion «no vuelvas a hacerlo». Realmente, no estamos tratando con un niño pequeño, estamos trato con un hombre hecho y derecho , sin respecto a la ley o a las vidas de las personas .

Se nos ha negado un juicio justo, a nuestro hermano y a nuestra familia y todos, incluyendo el pueblo de Puerto Rico lo sabemos. Nuestra familia se siente robada, mutilada, asqueada y desilucionada, sabemos que no se nos hizo justicia .

Pero el hecho es que el juez que manejo el caso de mi hermano estaba aceptando sobornos , lo cierto es que fue arrestado por ser pasajero de el empleado del acusado por exceso de velocidad y el conducir bajo la influencia del alcoho, a solo 13 días de entregar un veredicto de no culpable , sólo después de deliberar durante 15 minutos. Ahora entendemos por qué el acusado ecogio un juicio sin jurado. No hace falta ser un genio para entenderlo, para darnos cuenta, pero ¿quiénes somos? quuien nos escucharía ? ¿Cómo íbamos probarlo ? Esta familia no tiene el dinero y el poder o los recursos, para probarlo.

Así que mi pregunta es, nosotros hemos llegado a estas concluciones, ¿por qué le tomó tanto tiempo a los agentes federales y al sistema judicial encontrar causa en contra de este juez? entendemos que todo tiene que hacerse con un procedimiento que se debe seguir, pero ha pasado un año desde el juicio, tuvo tiempo de sobra de destruir evidencia que lo culparan de un mal manejo en el caso de mi hermano. Aun luego de un año no se ha hecho justicia, alguien tiene que responsabilisarse del accidente que le quito la vida a mi hermano. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para ver justicia para mi hermano, lo queremos ahora!
El hecho que vivamos en los Estados Unidos, no significa que no sigamos el caso, que no estemos interesados en este asunto. Es dificil de creer todas las cosas que Han surgido tras la investigacion federal. Aun tenemos esperanza en que se haga justicia. Nos preguntamos a cuantos criminals este hombre dejo salir libre a las calles de Puerto Rico?

Esta carta sera compartida con los medios de comunicacion, porque ya no nos quedaremos callados. Demandamos un nuevo juicio, y una investigación a fondo. Queremos que todo el que estuvo involucrado en este caso sea investigado, incluyendo abogados , jueces , médicos , el perico, todo el mundo . ohhhhhh especialmente el acusado.»

SAN JUAN: La Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy su victoria en tres querellas presentadas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra catorce corporaciones e individuos dedicados al transporte escolar y de excursiones.  Según sus registros, esta es la primera vez que la OAM obtiene una decisión a su favor por conductas anticompetitivas que restringen el comercio, sin la necesidad de un acuerdo de transacción.

Según informara el Secretario Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del DJ, Lcdo. Jesús M. Alvarado Rivera, “los transportistas contra los que se emitió la decisión acordaron controlar y limitar la entrada de nuevos competidores al mercado de la transportación escolar, causando que hubieran menos vehículos disponibles para rendir servicios de transportación.  Algunos de ellos acordaron que no añadirían más vehículos a su flota, que reducirían las zonas geográficas que recibirían sus servicios, e incluso llegaron a pactar que no se ofrecerían servicios a ninguna escuela de Puerto Rico y que no se presentarían ofertas en los procesos de subastas del Departamento de Educación.  Evidentemente el principal interés de estos empresarios era el dinero que podrían cobrar por sus servicios, y no los miles de estudiantes que cada día esperan por una guagua que los lleve a recibir la educación a la que tienen derecho”.

Alvarado-Rivera explicó la importancia de la resolución emitida por el DACO, indicando que “la resolución de estas tres querellas deja claro que el foro estatal, integrado por la OAM, los tribunales y el DACO, están preparados y cuentan con personas competentes para evaluar los casos de violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio.  Tras esta decisión no debe haber duda de que los acuerdos entre empresas competidoras para fijar precios, reducir la producción, dividir el mercado o realizar un boicot, son actos ilegales per-se bajo la legislación de libre competencia de Puerto Rico”.  El DACO rechazó la postura de los querellados en la que alegaban que la fijación de precios y la reducción de producción en el mercado de transportación escolar y de excursiones no están sujetas a la legislación que fiscaliza la OAM y que en Puerto Rico no se puede resolver una controversia de libre competencia bajo la regla per-se.

Como parte de la resolución de la querella, se ordenó a los transportistas cesar y desistir de acordar, fijar, controlar o limitar los servicios de transportación en ningún sector geográfico de Puerto Rico, así como el pago global de una multa de $70,000.  El grupo de transportistas querellados se compone de: Federación de Porteadores Escolares, Inc.; Transporte Rosado, Inc.; Servicios de Transportación Juan Carlos, Inc.; Luisito’s Ómnibus, Inc.; Glenda Bus Line, Inc.; Vázquez Bus Line, Inc.; Néstor González González; José M. Rosado Rolón; Juan Carlos Fuentes; Carlos A. Pérez Justiniano; Evelyn Ramírez Lugo; Luz D. Colón Cintrón; José R. Padilla Padilla; y Félix R. Vázquez Serrano.  La OAM continúa investigando otros incidentes de restricción del mercado de transportación escolar.