Ante la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar acción criminal contra los funcionarios de la Policía que pudieron haber avalado la manipulación de estadísticas de delitos en esa agencia, ahora la ciudadanía tendrá que pensarlo dos veces si son confiables las cifras sobre la incidencia de casos graves en Puerto Rico. Lo anterior es el resultado de las averiguaciones llevadas a cabo por fiscales de Justicia, luego de la serie investigativa que fuera publicada en mayo pasado por el diario «El Nuevo Día».
En los escritos se marcaba una notable diferencia entre las estadísticas que ofrecía a diario la Policía y los números reales en poder del periódico. De la investigación también trascendió, que delitos tipificados como graves aparecían en el renglón de menos graves. Incluso, surgieron serias discrepancias entre los casos de homicidio llegados a conocimiento de la Policía estatal y las muertes reportadas al Instituto de Ciencias Forenses.
No obstante la gravedad de los señalamientos, varios fiscales de Justicia concluyeron que no existe base legal para penalizar a persona alguna por este tipo de «traqueteo», por lo que todo puede reducirse a sanciones administrativas si es que el superintendente Emilio Díaz Colón, ordena investigar por cuenta propia.
Aunque se da por seguro que a la alta oficialidad de la Uniformada no le preocupa ofrecer al pueblo las estadísticas confiables en cuanto a la criminalidad en la isla, la situación no es tan sencilla como aparenta. La situación amenaza con repercutir en el foro federal, ya que Puerto Rico recibe cientos de millones de dólares anualmente para la lucha contra la criminalidad.
La policía de San Germán reportó en la tarde de hoy domingo el fallecimiento de la septuagenaria Carmen Tirado Casiano, encontrada por un familiar en la piscina de su residencia ubicada en la urbanización Mansiones Reales de la Ciudad de las Lomas. Se presume que la dama pereció ahogada mientras hacia uso de la alberca.
Si alguien pensaba que la decisión es una que se puede dilucidar en cuestión de minutos, allegados al Partido Nuevo Progresista no creen que será fácil impedir que el representante José Luis Rivera Guerra, se postule para un nuevo término en los comicios de noviembre próximo. Incluso, altos lideres de la palma en la región noroeste han recibido la encomienda de intentar lograr el retiro voluntario del legislador por el Distrito 18, pero Rivera Guerra, entiende que no ha cometido delito alguno que conlleve su salida del escaño.
En aparente referencia al caso del representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra, quien aceptó estar disfrutando de los servicios de luz y agua potable a través del método de arrimo, la Autoridad de Energía Eléctrica anunció esta semana, que habrá de intensificar la «guerra» contra el hurto de luz en Puerto Rico. Otoniel Cruz, Director Ejecutivo de la mencionada corporación pública, se limitó a reir cuando fue inquirido por un periodista sobre el término «guerra» y si el mismo aplica al legislador por Aguadilla-Moca.
