PPD selecciona a Noel Matías Borrelli como nuevo alcalde en propiedad de Sabana Grande

SABANA GRANDE: El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres anunció el domingo que la Junta de Gobierno de la colectividad avaló su recomendación para que Noel Matías Borrelli ocupe la posición de alcalde de Sabana Grande, y a la vez denunció la intervención de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) y del Departamento de Justicia en los asuntos internos de la Pava.

“Ante la renuncia del exalcalde Miguel G. Ortiz Vélez, el Partido Popular inició los trámites correspondientes y en estricto cumplimiento con lo que establece la Ley de Municipios Autónomos y el Código Electoral.  Todo ello en coordinación con la legislatura municipal de Sabana Grande”, indicó Torres.

El exalcalde Ortiz Vélez renunció al cargo tras saberse que se declararía culpable por cargos de fraude en el foro federal.

El senador popular explicó que tanto la Ley de Municipios Autónomos, así como el Código Electoral, le conceden al Comité Municipal un periodo limitado de 15 días para seleccionar al sustituto del alcalde renunciante.  Pasado ese periodo, le corresponde al Comité Central cubrir esa vacante.

“El Partido Popular optó en el caso de Sabana Grande en dejar como alcalde en propiedad a Noel Matías Borrelli, quien es un funcionario municipal con más de 26 años de servicio en ese ayuntamiento.  Es la persona que ha fungido como alcalde interino desde el 2018”, explicó el presidente del PPD.

En declaraciones escritas, el líder popular denunció que tanto la UPAD, órgano del Panel del Fiscal Independiente, así como el Departamento de Justicia, estuvieron solicitando información sobre el trámite interno realizado por el PPD para cubrir la vacante en Sabana Grande.

El presidente popular destacó que envió una comunicación a la directora de la UPAD, Melanie Grandoné Godreau, advirtiéndole que el requerimiento de información sobre los asuntos internos del PPD no serían entregados a dicha agencia. Otra comunicación similar se hizo a la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, por estar indagando ante el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones sobre los aspirantes a la primaria del PPD en Sabana Grande.

“No somos iguales.  Mientras al PNP se le cuestionan sus asuntos en los tribunales o en los medios de comunicación sobre las sustituciones en el caso de Lares y Fajardo respectivamente, por la forma y manera que fueron cubiertas esas vacantes por los hijos de alcaldes renunciantes, ambas agencias dirigidas por el PNP se hacen de la vista larga. El Partido Popular designó a un funcionario municipal de vasta experiencia para completar el cuatrienio.  Quien resulte electo en la primaria de Sabana Grande el 7 de junio, tendrá el reto de convencer a todo el electorado para dirigir los destinos de Sabana Grande a partir de enero del 2021”, concluyó Torres.

Exalcalde gastó más de $15 mil de la tarjeta de crédito oficial… Informe de la Contralora del Municipio de Sabana Grande

SABANA GRANDE: Contrario a las leyes y la reglamentación vigente, el Municipio de Sabana Grande pagó $15,527 por el uso de la tarjeta de crédito oficial al exalcalde Miguel “Papín” Ortiz, sin que el entonces incumbente municipal presentara las facturas, la lista de las personas participantes ni las certificaciones sobre la naturaleza y necesidad de los gastos.

“Esta situación pudo propiciar el uso indebido de fondos para propósitos ajenos a la gestión pública”, indica el informe de la Oficina de la Contralora M-20-15, sobre las operaciones fiscales de la Administración Municipal de Sabana Grande, que fue publicado hoy.

Aparte del señalamiento de la tarjeta de crédito, el informe revela que el Municipio pagó $23,634 en intereses y penalidades por atrasos en los pagos de las obligaciones con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

La deuda con el Departamento del Trabajo, sumada a la deuda con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y con la Administración de Servicios Generales, ascendía a $800 mil para el periodo auditado. “Esta situación se atribuye a que los directores de Finanzas no administraron de forma efectiva y ocasionó que se afectaron los recursos que deben recibir las entidades gubernamentales”, indica el documento.

“La auditoría de ocho hallazgos señala de una muestra, que para el 78% de los contratos, no se obligaron las asignaciones presupuestarias al momento de ser otorgados, sino hasta siete semanas después. Del 2014 al 2016 se concedieron 3,138 contratos por $23 millones en Sabana Grande. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-26 del 2016”, apunta.

Los auditores de la Contraloría identificaron deficiencias con las conciliaciones bancarias. Las cuentas reflejaban diferencias en las cuentas Corrientes y de Nóminas de $106 a $437,784, ya que no se habían realizado los ajustes de contabilidad en los libros e informes fiscales. Además, el Municipio mantenía $72,332 en cuentas bancarias de fondos especiales que habían permanecido inactivos hasta por casi tres años.

Asimismo, el informe de los auditores revela que cuatro empleados en funciones de guardalmacén no tenían el nombramiento para ello. En algunos de los 11 almacenes municipales, no se realizaban inventarios físicos anuales ni inventarios perpetuos.

Se dijo que el Municipio notificó con atrasos de hasta tres años y medio, los incidentes de pérdida de propiedad, robo, mutilación y vandalismo a la Oficina del Contralor.

Uno de los hallazgos reveló la falta de reglamentación en la celebración de un concurso en el cual se otorgarían premios en efectivo. El concurso era parte de varias actividades que se llevarían a cabo para la revitalización del centro urbano con una aportación de $50 mil de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Además, los auditores detectaron que la recaudadora oficial realizaba funciones conflictivas al efectuar los recaudos y llevar a la vez el Registro de Patentes. Esta situación propicia la comisión de errores e irregularidades con los fondos del Municipio.

El informe comenta los déficits acumulados en el Fondo Operacional que ascienden a $2.9 millones en el 2015, $4.2 millones para el 2016 y $5.1 millones para 2017. En los presupuestos del 2017 y 2018 el Municipio no consignó fondos para disminuir los déficits. Además, Sabana Grande incurrió en sobregiros por $1.6 millones en los fondos municipales.

“El 2 de julio de 2018 la fiscalía federal radicó cargos al entonces alcalde por fraude contra el gobierno de los Estados Unidos. Los cargos se relacionan con la otorgación de contratos con fondos del Departamento de Educación por $2.9 millones. Además, en el 2013 la Oficina de Ética Gubernamental, le impuso una multa de $4,750 al entonces alcalde por violar las condiciones de las dispensas otorgadas para la contratación de una pariente”, añade.

El Municipio tiene dos demandas civiles por $130 mil pendientes de resolución por los tribunales. Al 30 de junio de 2017, el Municipio no había recobrado $178,907 recomendado en el Informe de Auditoría M-16-26 del 2016.

El informe de Sabana Grande cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Papín Ortiz se declarará culpable por fraude postal

SABANA GRANDE: El exalcalde sabaneño Miguel Gabriel “Papín” Ortiz Vélez se declarará culpable por un cargo de fraude postal, luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal en el caso que se lleva en su contra por corrupción.

Según el reportaje de la periodista Melissa Correa, de El Vocero, la defensa de quien rigió los destinos de Sabana Grande desde 1993 hasta su destitución en el 2018, cuando fue arrestado; le solicitó al juez federal Pedro Delgado hacer alegación de culpabilidad por este caso, según consta una moción contenida en el expediente del caso.

Ortiz Vélez enfrentaba acusaciones por participar en un esquema de fraude de $2.9 millones vinculado con la presentación de propuestas falsas al Departamento de Educación. El acuerdo con el fiscal Seth Erbe dispone que el otrora poderoso alcalde popular se declarará culpable del cargo número cinco de fraude postal.

Se indica que la Fiscalía Federal puede solicitar una sentencia de 18 meses de cárcel. Por su parte, la defensa puede pedir una libertad en probatoria.