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MAYAGÜEZ: La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Jocelyne Rodríguez Negrón, presentó el lunes los hallazgos y recomendaciones contenidas en el informe final de la investigación sobre los protocolos para atender los casos de violencia de género que involucran a agentes del Negociado de la Policía.

La investigación fue conducida en virtud de la Resolución de la Cámara 659, medida que fue radicada a principios del 2022 con el fin de indagar, entre otros asuntos, las razones por las que no se esclarecen las querellas ni se radican cargos contra los miembros de la Uniformada implicados en casos de violencia doméstica.

“Es meritorio que haya total transparencia, rigurosidad y compromiso a la hora de esclarecer los casos de violencia de género entre los propios integrantes del Negociado de la Policía de Puerto Rico”, expresó la legisladora por el Distrito 19, que incluye a Mayagüez y San Germán.

“Esta comisión investigó las razones por las que no se esclarecen las querellas, la falta de radicación de cargos contra agentes que incurren en esta conducta, posibles soluciones e identificación de recursos para que los agentes cuenten con mayor capacitación y ayuda profesional”, abundó Rodríguez Negrón.

Entre los principales hallazgos del informe se encuentra que el 65 por ciento de los casos que ocurrieron desde el 1 de enero de 2017 hasta el 2 de noviembre de 2022 fueron consultados y no radicados, según datos brindados por el Departamento de Justicia. Este porcentaje representa 242 casos no radicados de un total de 372.

“Cuando evaluamos detenidamente estas estadísticas, es alarmante observar la repetición de nombres de miembros de la Uniformada, con distintos números de querella y fecha, donde la disposición final es consultada y no radicada”, puntualizó Rodríguez Negrón.

A través de diversos requerimientos de información, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) señaló que los datos que alimentan sus estadísticas son provistos por el Negociado de la Policía y, en lo que respecta a las querellas de violencia doméstica contra miembros de la Uniformada, durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 24 de octubre de 2022 recibieron 422 querellas.

La OPM también desglosó a la comisión cameral que solo 17 municipios o un 22 por ciento del total de 77 ayuntamientos que disponen de policías municipales han recibido el adiestramiento de la Ley 59-2020, conocida como “Ley para la Educación, Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para los Municipios de Puerto Rico”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) informó durante la celebración de vistas públicas que se encuentra en el proceso de cumplir con la Ley 83-2020, cuyo fin es que el comisionado del Negociado de la Policía establezca una Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, la cual consolidará la investigación de delitos perpetrados contra mujeres.

Relacionado a incidentes de violencia doméstica cuando involucra a un policía, se rigen por la Orden General 600, Sección 644, titulada “Investigación de Incidente de Violencia Doméstica Involucrando a Empleados de la Policía de Puerto Rico”, que establece procedimientos adicionales para llevar a cabo el manejo de estos casos.

La organización Kilómetro Cero envió comentarios relacionados a la investigación en los que exponen que han ocurrido cuatro feminicidios íntimos en menos de cinco años perpetrados por policías y una acumulación de 78 querellas de violencia doméstica en el último año.

La comisión cameral emitió una serie de recomendaciones en aras de fortalecer los mecanismos necesarios para ofrecer protección a las víctimas. Entre ellos, la creación de legislación para establecer un nuevo procedimiento en el que las querellas de violencia de género que involucren miembros de la Uniformada sean manejadas e investigadas por la OPM.

Asimismo, la creación de una Unidad de Fiscales especializados en crímenes perpetrados por agentes del orden público, los cuales trabajarán en destaque con la OPM. La comisión sugirió que sea la OPM quien administre dicha unidad con asignaciones presupuestarias del Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía.

Además, recomendó multas administrativas por parte de la OPM a los municipios que no hayan cumplido con los adiestramientos de la Ley 59-2020 y realizar adiestramientos adicionales relacionados a los aspectos biopsicosociales de violencia de género dirigidos a toda la uniformada con un currículo que sea evaluado por la OPM.

“Institucionalmente, el fracaso es obvio: la Policía no cumple con los protocolos establecidos para el manejo de violencia doméstica en casos que involucran a agentes de su propio cuerpo y, cuando cumple con ellos, resultan ser totalmente inefectivos”, manifestó Rodríguez Negrón.

“La Comisión de Asuntos de la Mujer atendió diligentemente el mandato dispuesto en la Resolución de la Cámara 659. Tenemos un compromiso ineludible con erradicar la violencia de género en Puerto Rico, sobre todo dentro de nuestros cuerpos policiacos que son los responsables, en primera instancia, de atender e investigar estos casos”, subrayó la representante.