MAYAGÜEZ: Si bien es cierto que está vigente la Ley Número 33, que permite objetar los cargos por venta de electricidad y la facturación por el servicio de agua potable, dicha ley de nada sirve a la hora de garantizar los derechos de los miles de abonados de las corporaciones públicas de Energía Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados. Son frecuentes las quejas de clientes de ambas agencias, que luego de solicitar la revisión de sus facturas, al siguiente mes reciben cargos más altos por esos servicios.

» Realmente, estamos en un callejón sin salida, ya que no existe en la isla un organismo independiente que atienda y adjudique las quejas de nosotros los abonados de la AEE y la AAA», comentó un lector de la Calle Digital. Aparte de que no existe manera de desenrredar la madeja del llamado «ajuste por combustible» en la factura de luz  y el  nuevo «invento»  del cargo de cumplimiento ambiental y regulatorio (CCAR) de la AAA, los abonados dicen  hallarse desamparados ante el problema.

Aunque no se descarta acudir a los tribunales como última alternativa, la mayoría de los consumidores sostienen no disponer de los recursos para costear litigios contra el poder económico del gobierno. » Aquí no queda otro mecanismo que regresar a la época de las velas y el «jacho» para alumbrarnos o buscar agua en el río», indicó un envejeciente, que debe utilizar el 60 por ciento de su pensión para el pago de agua y luz.

De otra parte, si se quiere mantener activa la llamada Ley 33, la misma tendrá que atemperarse a la creación de un organismo ajeno a la AAA y la AEE o delegar la revisión de quejas de los abonados al  Departamento de Asuntos del Consumidor. Mientras eso no ocurra, de nada le vale a los consumidores «ir a bailar a la casa del trompo».