Alcalde de Lajas afirma que NADIE va a sacar las casas de La Parguera

El alcalde de Lajas, Marcos "Turín" Irizarry, dijo que nadie va a sacar las casas de La Parguera.

El alcalde de Lajas, Marcos “Turín” Irizarry, dijo que nadie va a sacar las casas de La Parguera.

LAJAS: El alcalde Marcos “Turín” Irizarry dijo que las casas enclavadas en la costa del poblado La Parguera “nadie las va a sacar de ahí”, cuando se le pidió su reacción al veto emitido el pasado fin de semana por el gobernador Alejandro García Padilla al Proyecto del Senador 1621, que establecía una “zonificación especial” en el lugar.

En un encuentro con periodistas durante una reunión de García Padilla con miembros de la Asociación de Alcaldes, el incumbente municipal lajeño dijo que le estaría solicitando al Primer Ejecutivo que emita una orden ejecutiva para trabajar con la situación de La Parguera.

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“Le estoy pidiendo una orden ejecutiva para ver en qué medida podemos bregar con la situación. Porque yo entiendo que todavía hay espacio, esas casas nadie las va a sacar de allí. Yo entiendo que eso es para la historia y ellos (los dueños de las estructuras) deben aportar algo, independientemente, para el mantenimiento. Recursos Naturales no tiene dinero. Verdaderamente es algo que para mí es insólito, porque esas casas nadie las va a sacar de ahí”, expresó Irizarry a preguntas del portal Foro Noticioso.

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Luego del veto de García Padilla, emitido el pasado sábado en la noche, se levantaron voces exigiendo la demolición de las casas que están sobre pilotes en el mar. Las estructuras enclavadas son las que quedan luego de que hace años se dejaran de emitir permisos para ubicar “casas-bote” en el área.

Irizarry dijo que el veto de García Padilla “lo sorprendió”.

García Padilla veta proyecto de “zonificación especial” de La Parguera

Ejemplo de una residencia veraniega colocada sobre pilotes en el área de La Parguera (Suministrada).

Ejemplo de una residencia veraniega colocada sobre pilotes en el área de La Parguera (Suministrada).

LA FORTALEZA: El gobernador Alejandro García Padilla vetó el sábado el Proyecto del Senado 1621, que disponía establecer una zonificación especial en el área de La Parguera, en Lajas, para reglamentar las casetas y muelles sobre el agua, de la autoría de los senadores Antonio Fas Alzamora y Larry Seilhamer.

En un parte de prensa se informó que García Padilla no le dio paso a la medida por entender que “hubiese creado un precedente peligroso”.

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A juicio del gobernador, el proyecto no atendía adecuadamente el problema de las casas de La Parguera que, no obstante cuentan con permisos de uso, conexiones eléctricas, de agua potable y de alcantarillado pluvial y sanitario autorizadas por el Estado; no se les permite hacer las reparaciones que se derivan de su uso normal. En algunos casos se trata de la única residencia de los ciudadanos que las habitan.

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“Esa inconsistencia debe ser resuelta de forma responsable por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de forma administrativa, tomando en cuenta la preservación de nuestros recursos y las oportunidades turísticas y de desarrollo económico de las zonas donde se localicen”, dijo.

García Padilla aseguró que, en el tiempo que resta de su mandato, continuará promoviendo políticas públicas como las que han logrado que en los últimos tres años aumentaran los terrenos protegidos de 8 por ciento, a más de 16 por ciento.

Excontralora Ileana Colón Carlo defiende las “casas flotantes” de La Parguera

La excontralora Ileana Colón Carlo sacó la cara por las estructuras (Archivo).

La excontralora Ileana Colón Carlo sacó la cara por las estructuras (Archivo).

LA PARGUERA: La excontralora Ileana Colón Carlo se expresó a favor de un proyecto que propone un canon de arrendamiento a los residentes de casas ubicadas sobre pilotes en el litoral de La Parguera en Lajas.

Según señaló, de aprobarse el Proyecto del Senado 1621 de la autoría de los senadores Antonio Fas Alzamora y Larry Seilhamer, las arcas municipales recibirán una inyección económica que podrían ser reinvertidos en la reserva natural de La Parguera, que actualmente es cero.

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“La comunidad de las residencias costeras en La Parguera constituye una comunidad histórica con estructuras que datan desde los años 40 y la mayoría tiene más de 60 años de existencia. Esa comunidad es única en su clase, representa un ícono turístico-cultural de Puerto Rico y muchos la conocen como la Venecia del Caribe. Tanto es así que  las estructuras han sido utilizadas en publicidad comercial y del gobierno por sus atractivos turísticos”, indicó la exfuncionaria pública en declaraciones escritas.

A su vez, aclaró que el proyecto, que se encuentra en Comité de Conferencias en la Legislatura, no tiene nada que ver con las llamadas casas-bote, porque desde septiembre de 1998 no hay casas de ese tipo en La Parguera. Actualmente,  la comunidad de residencias costeras consiste de estructuras fijas con conexiones sanitarias desde hace más de 30 años.

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“Estoy a favor del proyecto porque vivo en un condominio en La Parguera y amo esta comunidad.   En el área de las casas no hay playas, por consiguiente no hay un issue de acceso a las playas”, sostuvo Colón Carlo al asegurar que la medida bipartita no tiene como propósito privatizar La Parguera, lo que pretende es proveer para un arrendamiento mediante el pago de cánones similar a las concesiones que se imponen a comercios, hospederías, muelles y clubes náuticos ubicados en la costa.

Asimismo, insistió en que las estructuras en La Parguera no representan amenaza al ecosistema, “pero removerlas, si”. La ex contralora fue más allá al mencionar que el mangle, donde se encuentran las casas, ha crecido desde la instalación de las estructuras en el litoral costero de La Parguera.

“La calidad del agua no se ve afectada por la presencia de las estructuras en el litoral costero de La Parguera.   Estudios doctorales recientes indican que las estructuras no afectan la bioluminiscencia ni contaminan la Bahía Fosforescente de La Parguera.  No existe ninguna razón para no apoyar el proyecto”, apuntó.

Finalmente, aseguró que la medida busca un balance entre todas las partes; el Municipio de Lajas, el Departamento de Recursos Naturales y los residentes de La Parguera.

DRNA pide al Gobernador que no firme proyecto que privatiza zona marítimo-terrestre de La Parguera

La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, le pidió al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatiza la zona marítimo-terrestre en La Parguera (Fotomontaje LA CALLE Digital).

La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, le pidió al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatiza la zona marítimo-terrestre en La Parguera (Fotomontaje LA CALLE Digital).

LA PARGUERA: La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, expresó que a pesar de que la agencia considera necesario que se encaminen soluciones para la controversia de las casas y muelles ilegales que sitúan en el agua y terrenos de dominio público de La Parguera, recomendará al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatizaría esa zona porque es inconstitucional.

La titular explicó que “el proyecto del Senado 1621, aprobado en la Cámara de Representantes durante los últimos días de la sesión, es incompatible con la Constitución de Puerto Rico y la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre que pertenecen a todo el Pueblo de Puerto Rico”.

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Dijo que la legislatura no consultó al Departamento de Justicia sobre este proyecto ni les pidió comparecer a vistas públicas a pesar de que es la agencia que representa los bienes y los derechos del pueblo.

La planificadora indicó en un comunicado de prensa que este proyecto de ley atiende de forma exclusiva las residencias privadas de La Parguera, pero tendrá implicaciones en la posible privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestres en las playas y las costas de todo Puerto Rico.

Durante las vistas legislativas, el DRNA se opuso a que solo se privilegie a propietarios de La Parguera, sino que recomendó que se apruebe una nueva Ley de Costas que nos permita trabajar de forma uniforme, consistente y balanceada con todas las ocupaciones legales e ilegales en la zona marítimo-terrestre en Puerto Rico.

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“Este asunto debe atenderse de forma integral y responsable y no con unas pequeñas enmiendas a la Ley orgánica del departamento. Las implicaciones de este proyecto de ley son serias y debieron ser atendidas con mayor tiempo y profundidad del provisto durante esta sesión legislativa.  Mientras en diversos países del planeta establecen retiros de la costa por los riesgos del cambio climático, el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, con este proyecto de ley estaríamos legalizando lo ilegal encima de nuestras playas y costas”, manifestó la titular.

“Tanto el DRNA como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro y unirnos a los esfuerzos internacionales para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, al aumento del nivel del mar y la erosión costera”, señaló Guerrero Pérez.

Recordó que en nuestro ordenamiento jurídico no se puede impedir el derecho al libre acceso de nuestras costas y playas, las cuales además del gran valor natural y ecológico que albergan, son uno de los más grandes atractivos turísticos de nuestra Isla, permitir que los dueños de casas ocupen los bienes de dominio público es atentar contra ese derecho.

DRNA no recomienda proyecto de ley que privatiza zona marítimo-terrestre, playas y costas

El DRNA asegura que el proyecto es inconstitucional y que hay medios para trabajar con la situación de La Parguera (Archivo).

El DRNA asegura que el proyecto es inconstitucional y que hay medios para trabajar con la situación de La Parguera (Archivo).

LA PARGUERA: La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la planificadora Carmen R. Guerrero Pérez, expresó que a pesar de que la agencia considera necesario que se encaminen soluciones para la controversia de las casas y muelles ilegales que sitúan en el agua y terrenos de dominio público de La Parguera, no favorece el proyecto de ley que privatizaría los bienes de dominio público en esa zona.

La funcionaria explicó que el proyecto del Senado 1621 ante la consideración del Senado, es incompatible con la Constitución de Puerto Rico y la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre que pertenecen a todo el Pueblo. A esos efectos, recomendó que se solicitara una consulta formal al Departamento de Justicia por ser la agencia que representa los derechos y bienes del pueblo.

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Guerrero manifestó su disposición para reunirse con la Asamblea Legislativa, grupos técnicos, científicos, comunitarios y de interés para discutir más en detalle las estrategias de manejo que vayan dirigidas a reducir significativamente los impactos en el ambiente, la vida y la seguridad que ocasionan la construcción ilegal de estructuras en la zona marítimo-terrestre, así como a fomentar el turismo, en especial el de naturaleza.

Afirmó que en la actualidad ya existe una zonificación especial turística para La Parguera aprobada por la Junta de Planificación.

“Tanto el DRNA como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro y unirnos a los esfuerzos internacionales para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, al aumento del nivel del mar y la erosión costera”, señaló la titular.

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Recordó que en el ordenamiento jurídico puertorriqueño no se puede impedir el derecho al libre acceso de las costas y playas, las cuales además del gran valor natural y ecológico que albergan, son uno de los más grandes atractivos turísticos de la Isla.

El 13 de junio de 1978, el Gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica (USACE, por sus siglas en inglés), suscribieron el Memorando de Entendimiento del Área Recreacional La Parguera (MOU) que dispone que el gobierno se comprometió a remover toda estructura abandonada, insegura o peligrosa de las aguas y manglares de La Parguera y, dentro de 12 años desde la firma del MOU, eliminar toda tenencia privada en la ribera.

El USACE, a su vez, se comprometió a no conceder permisos para residencias o muelles privados construidos luego del 9 de julio de 1977 en las aguas costeras navegables de La Parguera; tampoco se concederían para estructuras privadas construidas en las aguas navegables alrededor de las islas y cayos cercanos. Todos los permisos concedidos por el COE con antelación al MOU a dueños de muelles, casas y otras estructuras privadas serían nulos luego del 1 de enero de 1980.

Mencionó que hay preocupación con el hecho de que el proyecto dispone que puedan otorgarse concesiones por términos renovables de 40 años porque podría constituir una privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestre, así como una desafectación de facto de los mismos y contraviene con la naturaleza pública de los mismos.

Otro de los elementos que genera preocupación al DRNA es que el proyecto presenta la posibilidad de que se hagan reparaciones de las estructuras actualmente construidas porque deja la puerta abierta para que se hagan restauraciones o reconstrucciones completas de las estructuras ilegales.

Guerrero Pérez recalcó que las estructuras ilegales en la zona marítimo-terrestre han representado un impacto sobre los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de nuestras playas, y un riesgo a la seguridad pública del país. Algunos de esos problemas son: la reducción parcial o total de los accesos a la costa y las playas; el menoscabo de la integridad de los sistemas naturales típicos de la costa, reflejado por el vertido, sin autorización o de aguas residuales; el incremento en los riesgos a la seguridad pública y de la propiedad, resultantes de construcciones y desarrollos dentro de la zona marítimo terrestre que ocasionan la erosión y degradación del litoral, son algunos de los problemas que caracterizan este tipo de actividades. Estos riesgos se ven acrecentados hoy día por los efectos adversos del cambio climático, incluyendo el aumento en el nivel del mar y la intensidad y magnitud de eventos extremos del clima, los cuales aumentan la vulnerabilidad y los riesgos a la vida y la propiedad de las personas que se encuentran ocupando de manera ilegal la zona marítimo terrestre.