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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Este es un tema que hemos estado escuchando desde hace varios meses, cuando comenzaron a circular rumores en las esferas políticas, así como a través de la prensa del país. El mismo surge desde que el gobernador Alejandro García Padilla le dijo a los puertorriqueños y al mundo económico, que la deuda es impagable. Unas expresiones que crearon una mayor desconfianza de las casas acreditadoras, quienes a su vez, incrementaron el ritmo de las degradaciones de los bonos de Puerto Rico.

Pero, ¿Qué consecuencias pudiera tener para la isla? Está por verse. Sin embargo, conocedores del tema aseguran que de implantarse en la Isla, seria desastroso para el país. Según estos, se comenzaría inmediatamente con el despido masivo de empleados, tal y como ocurrió en Washington, DC cuando el Congreso implementó una Junta de Control Fiscal.

He escuchado a políticos hablar de negociar con dicha Junta, como para escoger que de las medidas de control de gastos se pondría en vigor e incluso para que dicha Junta adiestre a los jefes de agencia para que controlen sus gastos. Sin embargo, lo cierto es que dicha Junta tendría los poderes de gobernar el país, tal y como pasó en Washington, y no sería una, meramente para adiestrar o negociar.

Ya en el 2009, el pasado gobierno implantó un programa de despidos masivos en el gobierno, ligado a un alza desmedida de impuestos. El presente gobierno, a pesar de no haber implantado un programa de despidos, si ha incurrido en la misma práctica de aumentar de manera exagerada los impuestos al pueblo. No cabe dudas que ambas medidas, en vez de lograr mejorar las finanzas públicas, se han convertido en las causantes de la presente situación económica.

¿Cómo hemos llegado a esto? Podemos ir enumerando las distintas acciones que se han tomado en Puerto Rico que han ayudado a que lleguemos a esto. La eliminación de la sección 936 de Rentas Internas Federal sin haber tenido un plan para sustituirla, la venta de la empresa que más dinero le dejaba al país, la Telefónica de Puerto Rico, la privatización de la Autoridad de Acueductos en el 1995, el alza de impuestos como la Crudita y la privatización de la Autopista y el aeropuerto, son algunas de las causantes principales de esta debacle económica que vivimos hoy.

Sin embargo, esto no se resuelve usando las mismas medidas de despidos, privatizaciones y alza de impuestos, que se han tomado en los pasados años. Aquí hay que comenzar a cabildear para que el gobierno federal nos otorgue el beneficio de participar bajo algunas de las secciones de Rentas Internas Federal que fomente e incentive la creación de empleos, hay que liberar a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, que impiden que importemos de manera más económica, mercancía de primera necesidad al país y que el gobierno federal se haga cargo de gran parte de la deuda del país, como una ayuda adicional para ir levantando poco a poco nuestra economía.

Pero esto no depende únicamente de lo que Estados Unidos pueda hacer por Puerto Rico. El gobierno local también tiene que hacer su parte para que la ecuación esté completa. El gobierno tiene que dejar a un lado los contratos a los amigos y conocido e iniciar un plan para reducir drásticamente los contratos en el gobierno, tiene que comenzar a mejorar los servicios a los ciudadanos, así como reducir la burocracia y los costos a los pequeños y medianos comercios para que todo aquel ciudadano que quiera emprender un nuevo negocio, no encuentre obstáculos que le impidan establecerse.

Nosotros tenemos la capacidad de poder levantar al país, solo necesitamos las herramientas adecuadas para hacerlo.