Contraloría denuncia destino de escuelas cerradas en la región educativa de Mayagüez

28 junio, 2023 5:44 pm by

MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez (OREM) del Departamento de Educación. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe de un hallazgo revela que, el Departamento de Educación pagó $335,793 por servicios de agua potable y energía eléctrica en escuelas cerradas desde el 2017. La suspensión de estos servicios se produjo hasta cuatro años después del cierre.  Del 2017 al 2018 se cerraron 90 escuelas en la región educativa de Mayagüez. 

De hecho, al 7 de julio de 2022, el Departamento pagó $47,379 por concepto de siete cuentas de energía eléctrica que se mantenían activas o en uso en tres de las escuelas cerradas. Estos pagos innecesarios se pudieron haber utilizado en las operaciones del Departamento y, además, personas ajenas pudieron haberse beneficiado de los servicios de agua y luz en las escuelas.

De las visitas realizadas a diez de las escuelas cerradas, se identificaron ocho en estado de abandono, cinco de ellas vandalizadas y llena de escombros. Los auditores encontraron también, equipos y materiales de instrucción abandonados, parafernalia de sustancias controladas, personas ajenas a la institución, y una de las escuelas (Ramón Valle Seda – Mayagüez) servía de establo para 14 caballos.

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), no prestó el mantenimiento a las escuelas cerradas y el Departamento tampoco impartió instrucciones al respecto.

Además, cuatro de las escuelas visitadas tenían documentos administrativos y académicos confidenciales, y no se localizaron documentos relacionados al cierre tales como: el inventario físico, hoja de materiales transferidos, o la certificación de disposición de equipo preparada por el director escolar, entre otros.

La auditoría comenta que el Departamento no midió el cumplimiento de los objetivos del proceso de consolidación y cierre de las escuelas. Un ayudante especial del secretario y el superintendente de la OREM confirmaron que no contaban con información sobre el impacto económico, impacto en los estudiantes, y la calidad de servicios ofrecidos tras el cierre de escuelas.

Los auditores identificaron cuatro planteles escolares bajo la custodia del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ocupados por dos municipios y dos corporaciones sin fines de lucro sin contar con un contrato de arrendamiento por escrito. Una de las escuelas servía de Head Start del Suroeste y Early Head Start.

Otro de los planteles lo ocupaba una corporación sin fines de lucro cuyo presidente usaba uno de los salones como su residencia. Este primer informe de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Nuevo informe de la Contralora revela desastre administrativo de exalcalde de Maricao

28 marzo, 2023 2:27 pm by

MARICAO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Maricao. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, el Municipio de Maricao, bajo la administración del exalcalde penepé Gilberto Pérez Valentín, transfirió $498,437 de la cuenta bancaria de fondos otorgados por la Federal Emergency Management Agency – FEMA Huracán María, a las cuentas bancarias de obras y mejoras permanentes, y gastos de funcionamiento el 31 de mayo de 2018. Al 8 de julio de 2022, el Municipio no había devuelto los fondos a la cuenta bancaria de fondos FEMA Huracán María. El uso indebido de fondos federales puede causar el embargo de los fondos municipales, situación que agravaría los servicios que deben prestar a la ciudadanía.

La auditoría de seis hallazgos señala que el último inventario físico de la propiedad realizado corresponde al 2018. Sin embargo, el Municipio no mantiene evidencia del inventario certificado del 2018 por lo cual no consta que se haya realizado.

Además, contrario al Reglamento 41, al 20 de enero de 2021, el entonces alcalde Pérez Valentín no había remitido a la Oficina del Contralor, la Certificación Anual de Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de los Fondos o de los Bienes Públicos del 2019 y de 2020. El Reglamento 41 dispone que esta Certificación de cumplimiento, debe presentarse juramentada, no mas tarde del 31 de agosto de cada año.

El Municipio de Maricao no cuenta con un administrador de documentos públicos desde el 2017 y, al 21 de abril de 2021 continuaba vacante. El administrador de documentos es el responsable por ley de cumplir con las normas del Programa de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). De hecho, el ICP informó, que Maricao no cuenta con un administrador desde el 2005 y que desde el 1987 no cumple con preparar la Lista de Disposición de Documentos Públicos.

Una visita el 21 de septiembre de 2021, a los archivos inactivos guardados en dos vagones reveló el estado de abandono de documentos fiscales y administrativos de carácter público. Incluso se hallaron documentos históricos de la fundación del pueblo que datan del 1 de abril de 1874. Los funcionarios del ICP, que acompañaron en la visita, tomaron posesión de los documentos históricos para ser llevados al Archivo Histórico de Puerto Rico.

En otra visita el 30 de abril de 2021, los auditores de la Contraloría encontraron documentos públicos en las anteriores dependencias municipales en el Centro Recreativo, que estaban destruidos e inservibles. El edificio abandonado no contaba con energía eléctrica y por los huecos entraba la lluvia y las palomas.

Contrario a la ley y reglamentación vigente, el Municipio no remitió a la Contraloría de Puerto Rico, la Certificación de Cumplimiento con la Ley 273-2003, Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, desde el 2017 al 2019. Además, los oficiales del Municipio enviaron hasta siete meses más tarde el 86% de los informes mensuales del Registro de Puestos, del 2018 al 2021. Esta circunstancia priva al Gobierno, a la Oficina del Contralor y a la ciudadanía de información y propicia la falta de transparencia.

La auditoría devela que el Municipio aprobó una ordenanza contraria a la ley para ceder libre de costo el equipo pesado a los residentes de Maricao. De julio a diciembre de 2021, el Municipio cedió gratis el equipo pesado en 105 ocasiones a 84 residentes. El Municipio por ello dejo de recibir ingresos necesarios para sus operaciones.

El Municipio otorgó el contrato para realizar la auditoría de los estados financieros del 2020, 363 días posteriores a la fecha establecida, y recibió los estados financieros un año posterior a la fecha establecida por reglamentación federal. Esta situación, entre otras, puede afectar las asignaciones de fondos federales al Municipio.

El Informe comenta que Maricao tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 63% de su presupuesto en el 2017, 43% en el 2018 y 81% en el 2019. Además, en el año fiscal de 2019, no consignó los créditos necesarios para cubrir el déficit de $756,834 del 2017.

La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que observe que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este primer informe de Maricao cubre el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría revela deficiencias en Aguada durante administración del exalcalde Manuel “Gabina” Santiago

11 octubre, 2022 2:45 pm by

AGUADA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguada. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, en el proceso de selección y reclutamiento al servicio de carrera, no entrevistaron a seis de los 11 candidatos elegibles al puesto de analista de recursos humanos. Además, el Comité de Selecciones comunicó al entonces alcalde Manuel “Gabina” Santiago un sólo candidato, en vez de los cinco mejores cualificados, para cada uno de los 17 puestos abiertos en las convocatorias a empleo publicadas en julio de 2020. 

Esta deficiencia ocasionó que el ahora exalcalde no tuviera todas las alternativas disponibles para seleccionar los candidatos más idóneos a los puestos.

La auditoría de dos hallazgos señala que al 31 de diciembre de 2020 no se habían realizado evaluaciones de desempeño a los empleados cada 12 meses según dispone la Ordenanza 16 del 4 de marzo de 2003. Además, al 30 de junio de 2021, no se habían actualizado los reglamentos de personal para los empleados de carrera y de confianza aprobados el 31 de diciembre de 2004. Estas situaciones no permiten una administración adecuada del personal, y puede tener consecuencias adversas para el Municipio.

El Informe comenta que el exalcalde Santiago autorizó en diciembre de 2020, la reinstalación de 12 funcionarios de confianza a puestos de carrera. Una firma consultora evaluó las reinstalaciones en el 2021 y concluyó que a ocho de los empleados se le otorgaron sueldos superiores al máximo de las escalas aprobadas, a tres sueldos inferiores y a uno el mismo sueldo.

A tales efectos el alcalde notificó ajustes a los salarios y el recobro de lo pagado en exceso. Además, cesó a una de las empleadas ya que su nombramiento en el servicio de carrera fue ilegal.

Conforme al Código Municipal de Puerto Rico, el Municipio le envió nota de cobro por $27,650 al exalcalde Santiago y a las exdirectoras de Finanzas y Presupuesto y de Recursos Humanos, alegando responsabilidad solidaria y que las deudas se cubrirían de cualquier balance de pago que tenga el Municipio con los empleados.

De hecho, el exalcalde demandó al Municipio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en reclamo de $18,466 por concepto de la liquidación global de licencias acumuladas.

La auditoría comenta que Aguada tuvo que desembolsar $35,000 sin recibir servicio alguno como pago de una demanda por discrimen político que una empleada presentó en el 2016. Al 30 de junio de 2021, nueve demandas civiles por $5,737,933 estaban pendientes de resolución en los tribunales y seis casos presentados estaban pendientes de resolver ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

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Contraloría revela gastos inútiles en el Municipio de Aguadilla

17 junio, 2022 11:47 am by

AGUADILLA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguadilla. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio invirtió $45,840 en servicios de internet y telefonía para el Aguadilla Ice Skating, Aguadilla Memorial Park y para el Cementerio Urbano Histórico Pueblo, sin utilidad. Sin embargo, la pista de patinaje llevaba cerrada desde el paso del huracán María en el 2017, y los administradores de los cementerios indicaron que no contaban con estos servicios desde enero de 2017, sino que utilizaban sus teléfonos personales para comunicarse.

Los directores de la Oficina de Tecnología de Información (OTI) y los ayudantes especiales en funciones no verificaron la disponibilidad de los servicios ya que del 2018 al 2021, solicitaron y recomendaron enmiendas al contrato de los servicios de internet y telefonía para extender su vigencia. El Informe recomienda al alcalde, entre otros funcionarios, que se asegure que el administrador cumpla con la supervisión adecuada del director de la OTI, y que se utilicen de forma diligente los recursos en beneficio del interés público.

La auditoría de dos hallazgos señala que, del examen de una muestra de las 89 transferencias de crédito por $1,413,094 entre partidas presupuestarias, efectuadas del 14 de julio al 17 de diciembre de 2020, no se emitieron órdenes ejecutivas ni las certificaciones de sobrante en ninguna de las transacciones. Esta situación contraria a la ley y a la reglamentación vigente impidió que la Legislatura y la Oficina de Gerencia Municipal tuvieran conocimiento de las transacciones fiscales.

El informe comenta que, al 31 de diciembre de 2020, estaban pendiente de resolución en los tribunales, 10 demandas civiles presentadas contra el Municipio por $1,380,348. Además, estaba pendiente de resolución, ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, un caso de una empleada, sin cuantía.

Este primer informe de Aguadilla cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, que incluyen los últimos tres años de mandato del exalcalde Carlos Méndez Martínez, y los once meses de incumbencia de la exalcaldesa Yanitsia Irizarry.

El documento está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría señala deficiencias relacionadas con el Parque Acuático de San Germán

24 mayo, 2022 11:32 am by

SAN GERMÁN: La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió el martes una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de San Germán. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe de auditoría señala, entre otros hallazgos, dos acuerdos contrarios a la Ley para el destaque de cinco empleados municipales en la empresa municipal del San Germán Surf & Fun Water Park.  Contrario a la Ley, en ambos acuerdos (uno firmado el 1 de mayo de 2017 y otro el 2 de julio de 2018) se estableció que los empleados continuarían como empleados del Municipio con los mismos beneficios marginales obtenidos por los demás empleados en el mismo estatus o clasificación, y que podían ser reinstalados a sus puestos regulares en el Municipio.

Estos cinco empleados en destaque estaban encargados para realizar tareas de mantenimiento (3), contabilidad (1) y ventas (1) en el Parque Acuático por períodos que fluctuaron de 15 días a cuatro años. Esto, sin cambiar su estatus y condición a la de empleados privados.

El hallazgo señala que, las tareas relacionadas con los contratos, la contabilidad, las compras, los desembolsos, y el registro y depósito de las recaudaciones fueron realizadas desde el Municipio por empleados municipales.

Las horas dedicadas a las tareas del Parque Acuático de estos empleados no fueron contabilizadas por el Municipio, por lo que no se pudo determinar el importe de los sueldos pagados a estos correspondiente a dichas tareas. Estas situaciones comentadas son contrarias a los artículos 11.003(e), 11.009(c) y 11.027(b) de la Ley 81-1991.

Contrario a la Ley, el Municipio tampoco registró ni remitió a la OCPR el acuerdo del 1 de mayo de 2017.

La auditoría también señala que, del 29 de abril de 2016 al 19 de mayo de 2017 y del 3 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2021, el Municipio otorgó préstamos al Parque Acuático por $848,538 de fondos de capital y del Fondo General a pesar de los déficits del Municipio. 

El Municipio reflejó déficits acumulados, en los años fiscales del 2014-15, 2015-16, y del 2017-18 al 2019-2015, por $2,684,592, $1,998,885, $1,509,021, $655,841 y $1,672,895, respectivamente. Al 30 de junio de 2021, la empresa municipal no había rembolsado dichos préstamos al Municipio.

Otros hallazgos señalados son falta de fiscalización por parte de la Comisión de Empresas, Franquicias y Corporaciones Municipales de la Legislatura Municipal; ausencia de reglamentación para regir las actividades administrativas y operacionales del Parque Acuático, ausencia de investigaciones administrativas e incumplimiento con la notificación de accidentes a la OCPR, ausencia de inventarios de documentos públicos y ausencia de evaluaciones de desempeño del personal municipal.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021. Y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría revela deficiencias en administración de exalcalde PNP de Aguada

10 mayo, 2022 12:39 pm by

AGUADA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguada. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que la Junta de Subastas adjudicó la adquisición de diésel a un licitador que no cumplió con las especificaciones de la subasta. El licitador estableció en su propuesta, un margen de ganancia a base del precio reportado por el mayorista al Departamento de Asuntos al Consumidor, en vez de a base del precio pagado al mayorista. Esta situación ocasionó que el Municipio pagara al proveedor $6,307 en exceso.

Además, los tres preinterventores en funciones que examinaron unos 14 comprobantes de desembolsos emitidos en el 2019, no se aseguraron de que las facturas del licitador incluyeran la evidencia del costo del diésel comprado al mayorista. Esta situación contraria al Reglamento para la Administración Municipal impidió verificar la corrección y propiedad de los desembolsos.

La auditoría de cinco hallazgos señala que, al 31 de diciembre de 2020, bajo la incumbencia del exalcalde novoprogresista Manuel “Gabina” Santiago, el Municipio adeudaba $890,817 al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a la Autoridad de Energía Eléctrica, y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esta situación propició el pago de intereses, penalidades y recargos por $14,996 a la deuda al DTRH y afecta los recursos de las entidades gubernamentales.

Contrario a las leyes y reglamentación vigente, el contrato para la administración del complejo de viviendas Jardines de Aguada, del cual el municipio es propietario, no se remitió a la consideración de la Legislatura Municipal, ni a la Oficina del Contralor. Además, al 9 de octubre de 2020, la Unidad de Auditoría Interna no había efectuado auditorías o monitoreos de las operaciones del complejo de viviendas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-19 del 13 de diciembre de 2018.

Los auditores identificaron deficiencias sobre la repartición de 5,541 boletos de entrada general y 161 tarjetas de abonados para asistir a juegos de baloncesto. El Municipio había formalizado dos contratos con la liga de baloncesto superior para el uso gratuito del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, a cambio de proveerle abonos de palco y boletos de cortesía. Al 27 de julio de 2020, el exalcalde certificó que no tenían un registro de la repartición de los boletos.

Al 12 de marzo de 2018, se reportó la apropiación ilegal de un vehículo four track del taller de Obras Públicas Municipal valorado en $1,050. El Municipio no realizó una investigación administrativa, ni reclamó a la compañía aseguradora. Además, notificó la irregularidad a la Oficina del Contralor, siete meses después, y al 4 de diciembre de 2020, el vehículo permanecía registrado en el módulo de Activos Fijos del sistema de contabilidad.

La auditoría publica un comentario especial sobre la resolución del 31 de marzo de 2021 emitida por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), en la que establece la nulidad de un contrato y una enmienda otorgada por el Municipio. El 4 de diciembre de 2018, el Municipio había adjudicado un contrato mediante subasta a un contratista no cualificado por $3,000,000 y una enmienda sin subasta y en clara violación de las leyes y reglamentos vigentes, por $4,000,000. El contratista había certificado bajo juramento que tenía dos años de experiencia en la operación de logística para la recuperación de desastres, lo cual era falso.

El 19 de abril de 2021 el alcalde solicitó asesoramiento sobre cómo proceder con los pagos pendientes al contratista a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Oficina de Gerencia Municipal le informó al alcalde de Aguada, que se abstendría de emitir recomendación ya que la controversia se encuentra referida ante el secretario de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este primer informe de Aguada cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría revela atrasos en el pago de deudas en el Municipio de Lajas

26 abril, 2022 4:47 pm by

LAJAS: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Lajas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, al 31 de diciembre de 2020, el Municipio, bajo la incumbencia del exalcalde Marcos “Turín” Irizarry, adeudaba $184,889 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a la Administración de Servicios Generales (ASG), y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, pagó $5,031 al Servicio de Rentas Internas Federal (Internal Revenue Service – IRS) en multas e intereses por remesar tarde las retenciones y aportaciones.

La reglamentación del Servicio de Rentas Internas establece que los pagos al Seguro Social Federal se depositan todos los meses en bancos adscritos a la Reserva Federal. Situaciones similares habían sido publicadas en los informes de auditoría M-19-39 del 24 de mayo de 2019 y el M-14-40 del 15 de abril de 2014.

La auditoría de dos hallazgos señala que el Municipio le cedió el uso de un quiosco libre de costo a una entidad con fines de lucro sin la aprobación de la Legislatura Municipal. El convenio formalizado en el 2018 y renovado en el 2020 tampoco se presentó para la aprobación de la Legislatura e indicaba, de forma errónea, que la entidad era sin fines de lucro. A tales efectos el Municipio dejó de recibir $4,800 por la renta del quiosco.

El Informe comenta que el Municipio tuvo que pagar $25,000 por incumplir con las regulaciones federales al solicitar sólo una propuesta por un contrato de servicios profesionales con una firma de ingenieros sufragado con fondos federales del Energy Efficiency and Conservation Block Grant. Además, al 15 de junio de 2021 el Municipio no había recobrado $146,117 indicados en informes de auditoría del 2014 y 2016.

Al 25 de febrero de 2021, estaban pendientes de resolución en los tribunales, siete demandas civiles contra el Municipio por $7,738,593. Además, estaba pendiente de resolución dos casos presentados por empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Este segundo y último informe de Lajas, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría revela deficiencias en control de asistencia y recaudaciones en Lajas

14 junio, 2021 3:36 pm by

LAJAS: La Contraloría de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales del Municipio de Lajas, bajo la administración del exalcalde Marcos “Turín” Irizarry, en el que se revela que “el Municipio permitía, contrario a la ley y la reglamentación vigente, que los empleados acumularan tiempo compensatorio en exceso de las 240 horas establecidas para los empleados públicos y 480 horas para los empleados de seguridad o de emergencias”.

En un comunicado de prensa se indicó que en el 2018 el Municipio pagó $16,798 a cuatro empleados en lugar de permitirles que tomaran el tiempo compensatorio antes de la efectividad de sus renuncias.

Además, los auditores de la Contraloría identificaron empleados con tiempo acumulado de hasta 815 horas, balances incorrectos y registros de tiempo compensatorio sin las autorizaciones. Situaciones similares se habían comentado en los informes de auditoría M-14-40 del 2014, M-10-55 del 2010.

La auditoría de cuatro hallazgos señala la ausencia de procedimientos y controles internos que regularan las recaudaciones del programa de talleres y adiestramientos del Departamento de Arte, Cultura y Turismo del Municipio.

En el programa se realizaron recaudaciones por $29,379 sin expedir recibos de recaudación electrónicos o manuales que estuvieran registrados en el módulo de recaudaciones Ingresys del sistema contable. Además, tampoco se realizaban depósitos ni se emitían informes diarios de lo recaudado.

El 10 de noviembre de 2020, siete días después de las elecciones en las que el exalcalde Irizarry perdió la poltrona, el Municipio de Lajas aprobó el Reglamento sobre Normas y procedimientos para los talleres; sin embargo, dicho reglamento no establece disposiciones que atiendan y corrijan las situaciones señaladas.

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La administración del Cementerio Municipal de Lajas no recibió el pago de arbitrios de un contratista independiente contratado para construir fosas, no cobró el 10 por ciento de la contribución especial por parte de dos propietarios que vendieron sus fosas, y no formalizaban contratos escritos con las personas que compraban lotes. Estas situaciones no permiten mantener un control adecuado de las operaciones y pueden propiciar que se cometan irregularidades.

El Informe indica que el Municipio notificó a la Oficina del Contralor, siete incidencias de pérdida de propiedad por $118,747 hasta 265 días posterior a la fecha reglamentaria. Esta situación no permitió que la Oficina tuviera disponible la información en el tiempo requerido.

La auditoría comenta que Lajas tenía en el 2017, un 28 por ciento ($3,100,315) de déficit del total de su presupuesto; en el 2018, un 32 por ciento ($2,959,655) y en el 2019, un 20 por ciento ($1,870,684). En la preparación y ejecución de un presupuesto, no se puede gastar u obligar en un año fiscal cantidad alguna que exceda las asignaciones y los fondos obligados por ordenanza o resolución.

El Municipio tenía un 80 por ciento de los 127 empleados nombrados como transitorios hasta 20 años, en exceso del término de ley. En ocasiones los municipios se ven obligados a nombrar empleados transitorios, pero estos no deben exceder los 12 meses.

Este primer informe de Lajas cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Descubren electricista empleado del Municipio de Lajas haciendo trabajos privados en horas laborables

22 febrero, 2021 3:43 pm by

LAJAS: La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella relacionada con la asistencia de un electricista empleado del Municipio de Lajas, bajo la incumbencia del exalcalde Marcos “Turin” Irizarry.

En la querella se alega que, durante horas laborables, el empleado en cuestión visitó la oficina comercial de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para entregar certificaciones de instalaciones eléctricas que ha realizado a personas privadas.

La investigación revela que, en 12 ocasiones, desde octubre de 2018 a noviembre de 2019, el electricista entregó certificaciones de instalaciones eléctricas durante horas laborables en las oficinas de la AEE en el centro comercial La Quinta en San Germán.

Sin embargo, la asistencia a su trabajo en el Municipio para esos días no refleja registros de licencias, ni tiene anotaciones sobre ausencias no autorizadas o descuentos en su sueldo. Esta situación es contraria a la Reglamentación Interna sobre Jornada de Trabajo y Asistencia.

La investigación recomienda al nuevo alcalde Jay Martínez que imparta instrucciones al personal de la Oficina de Recursos Humanos para que tome las acciones disciplinarias correspondientes.

Enlace al informe de investigación

El resultado de la pesquisa con fecha del 22 de febrero de 2021 está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría revela presunta falsa apariencia de competencia en compras realizadas por Añasco

23 septiembre, 2020 10:19 am by

AÑASCO: La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella sobre las compras realizadas por el Municipio de Añasco a un proveedor de venta de materiales de imprenta.

En un comunicado de prensa divulgado el miércoles se dijo que la investigación reveló la apariencia de competencia entre cuatro compañías relacionadas por vínculos familiares o económicos, con el objetivo de licitar de manera coordinada, para aparentar competencia entre ellos. Del 2014 al 2016, el Municipio emitió y pagó 29 órdenes de compra por $97,443 a favor de la compañía A. En 27 de ellas se consideraron cotizaciones de las compañías A, B, C y D.

“Los representantes de la compañía A eran el padre y tía del dueño de la compañía C. El dueño de la compañía B era exempleado de la compañía C. El dueño de la compañía D realizaba trabajos de reparación de imprenta a la compañía A. Para el periodo investigado, la compañía A pagó $49,151 a la compañía C por concepto de nómina, $7,087 a la compañía D por concepto de reparaciones y mantenimiento de equipo, y $800 a la compañía B por servicios profesionales”, reza el comunicado.

Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia, a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, a la Fiscalía Federal, y al Negociado Federal de Investigaciones el 30 de agosto de 2019. Al presente, dichas situaciones están pendientes de resolución.

Los proveedores mencionados incurrieron en prácticas de acuerdos anticompetitivos con la intención de defraudar al Municipio y al erario. La situación comentada ocasionó la falsa apariencia de competencia entre proveedores lo que privó al Municipio el tener a su disposición varias alternativas.  Además, se pudo configurar, entre otros, los delitos de fraude, conspiración e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

El Informe Especial señala también que, el Municipio ordenó efectuar siete compras a favor de la compañía A por $32,160 sin emitir las órdenes de compra. Estas se registraron hasta seis meses después de recibir los bienes lo cual impide mantener un control eficaz del presupuesto de compra y puede propiciar sobregiros en las partidas de gastos.

Contrario a la leyes y reglamentación vigente, las cotizaciones de los proveedores incluidas con los comprobantes de desembolso examinados no tenían el nombre, título, ni la firma del funcionario o empleado municipal que las procesó. Esta situación dificulta que se pueda detectar a tiempo posibles irregularidades para fijar responsabilidades a los funcionarios o empleados que intervienen en estos procesos.

La investigación recomienda que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se asegure que el Municipio de Añasco cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El Informe Especial cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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