Mapa politico de Puerto Rico.

EL CAPITOLIO: Varios pueblos del Oeste se convertirían en barrios si se aprueba el Proyecto de la Cámara de Representantes 2948, que propone la supresión y consolidación de municipios como medida de control fiscal.

La medida dispone que se suprima un total de 58 de los 78 municipios, y los consolida en 20, luego de una consulta al pueblo.

La misma fue anunciada por el representante popular José Báez Rivera y Marie Hernández Rivera, ayudante de éste y candidata por el Distrito 4 de San Juan.

En el caso particular de la región occidental de Puerto Rico se propone que:

Aguada, Moca, Isabela y Rincón pasarían a ser parte de Aguadilla.

Las Marías y Lares, a San Sebastián.

Añasco y Hormigueros, a Mayagüez.

Cabo Rojo y Lajas, a San Germán.

Guánica, Maricao y Sabana Grande serían parte de Yauco.

Guayanilla y Peñuelas se consolidarían con Ponce.

Según el representante Báez, “ante la dimensión que ha tomado nuestra crisis fiscal, los que se oponen al consolidación de municipios se quedaron sin excusas. Tendrán que trascender el yo y luchar por nosotros”.

Se indicó que misma propuesta se presentó el pasado cuatrienio, pero no fue atendida.

El Artículo VI, Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico faculta a la Asamblea Legislativa para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios.

Otras consolidaciones propuestas son: (1) Trujillo Alto en San Juan; (2) Cataño y Guaynabo en Bayamón; (3) Dorado, Naranjito y Toa Alta en Toa Baja; (4) Corozal, Morovis, Orocovis y Vega Alta en Vega Baja; (5) Barceloneta, Ciales y Florida en Manatí; (6) Camuy, Hatillo y Quebradillas en Arecibo; (7) Adjuntas y Jayuya en Utuado; (8) Coamo, Santa Isabel y Villalba en Juana Díaz; (9) Aibonito, Barranquitas, Cidra y Comerío en Cayey; (10) Arroyo, Patillas y Salinas en Guayama; (11) Aguas Buenas, Gurabo, Juncos y San Lorenzo en Caguas; (12) Las Piedras, Maunabo, Naguabo y Yabucoa en Humacao; (13) Ceiba, Culebra, Luquillo y Vieques en Fajardo; (14) Canóvanas, Loíza y Río Grande en Carolina.

El proyecto al mismo tiempo protege la permanencia de las demarcaciones geográficas y el nombre actual de todos los municipios suprimidos, creando zonas municipales.

“La operación de los setenta y ocho municipios le cuesta al pueblo cada año aproximadamente $2,300 millones, sin contar los cientos de millones adicionales asignados por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, ni alrededor de $225 millones que los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica le subsidian a los municipios por el consumo de energía conocido como el CELI. Así se sufragan $4.8 millones en salarios de alcaldes, $91 millones en gastos de oficinas de los alcaldes, alrededor de $1,000 millones en nómina y las dietas de los legisladores municipales de las setenta y ocho legislaturas municipales. Unos $524 de patente municipal y otros $215 millones de IVU municipal son pagados por todos los constituyentes anualmente para sufragar parte de los gastos. Otros ingresos son el arbitrio de construcción y las contribuciones sobre bienes muebles e inmuebles. La consolidación producirá grandes ahorros operacionales empezando por la eliminación de cincuenta y ocho alcaldes, oficinas de alcaldes y legislaturas municipales”, señaló Marie Hernández.

En el pasado algunos alcaldes han cuestionado la dependencia que tiene los municipios pequeños de lo más grandes.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, viene advirtiendo el colapso de los municipios con una población menor a las 50,000 personas, que son sesenta y tres de los setenta y ocho municipios existentes. Por su parte, Aníbal Vega Borges, alcalde de Toa Baja, ha expresado la necesidad de consolidar municipios.

El senador Miguel Pereira Castillo también ha coincidido con la consolidación de municipios. Y alcaldes de municipios sustentables han cuestionado en más de una ocasión la obligación de sus constituyentes de subsidiar con los demás municipios.

Aunque la mayoría del pueblo coincide en que hay una excesiva cantidad de municipios, muchos de los alcaldes y legisladores defienden a brazo partido la permanencia de sus municipios. Así quedó enmarcado el debate en expresiones vertidas por el Senador Antonio Fas Alzamora durante expresiones hechas a El Regional el año 2014 cuando dijo “Yo no permitiría nunca que Cabo Rojo me lo conviertan en barrio de otro pueblo”.

Generalmente los opositores a la eliminación de municipios favorecen la centralización de servicios, sin eliminar a los alcaldes y sus oficinas que se estima en costo aproximado de $91 millones. Sin embargo, la consolidación intentada por los consorcios no siempre fue funcional, tal como se llegó a experimentar en el Consorcio Sur Central y el Consorcio de Caguas.

“Una vez el pueblo ratifique la consolidación de municipios, una comisión especial producirá un plan de consolidación con el objetivo de reducir el gigantismo gubernamental, el gasto público y eliminar la duplicidad de gastos y servicios. Consolidará divisiones, determinará curso a seguir con los empleados, dispondrá de bienes muebles e inmuebles, atenderá obligaciones pendientes y armonizará asuntos contributivos, fiscales y presupuestarios. Alcaldes, presidentes de las legislaturas municipales, Hacienda y la Junta de Planificación constituirán la comisión especial”, dijo Báez.