Que la empresa privada defienda sus intereses de manera agresiva y consistente, eso es un asunto que no debe tomar por sorpresa al pueblo puertorriqueño que se encuentra huérfano de legisladores y funcionarios gubernamentales dispuestos a proteger sus derechos frente a los abusos constantes  de firmas poderosas cuyas metas sociales están precedidas por el signo de «dólar». En el caso de los grandes productores y distribuidores de gasolina y demás  derivados del petróleo, a ellos no les importa ni les preocupa si los consumidores siguen atravesando por la peor crisis económica  en muchas décadas.

Cuanto más caro el litro de combustible, más fondos ingresan a las abultadas cuentas bancarias de los grandes productores y distribuidores de gasolina y diesel en Puerto Rico. A eso súmele, la friolera de recursos que recibe Hacienda por concepto del pago de arbitrios al momento de usted adquirir combustible en las estaciones de servicio.

La excusa no puede ser ahora el precio del barril de petróleo en el mercado mundial. Obviamente, ese argumento no resiste validez alguna. Ahora el cuento se limita a los márgenes de ganancias y a que los «pobrecitos» distribuidores podrían irse a la bancarrota en cualquier momento.

Y en ese «duermete nene», no están solos los productores y grandes distribuidores de gasolina, que a su vez, son propietarios de muchas de las estaciones de servicio que operan en la isla. Ellos cuentan con el respaldo incondicional del Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, Luis Rivera Marín, quien le ha dado la espalda al pueblo pobre para alinearse con los grandes intereses económicos. La Calle Digital, emplaza al señor Rivera Marín, para  le explique al  país ese cambio súbito a favor de los productores y distribuidores de combustible. Entendemos que ya dejó de ser defensor de los asuntos del consumidor para transformarse en «el gasolinero mayor».