Aunque el Tribunal entiende que el deportista no actuó con la intención de provocar el accidente, el juez superior Arnaldo Castro del Centro Judicial de Aibonito, halló causa probable el jueves para acusar al boxeador Jonathan Oquendo, por el delito de homicidio negligente relacionado con la muerte de su novia, la joven Melanie Miranda Colón de 19 años. Oquendo y la jovencita viajaban en un vehiculo todo terreno por una carretera de Orocovis, cuando el púgil perdió el control de la máquina estrellándose contra un objeto fijo.
Los hechos que son investigados por el CIC y fiscales de Aibonito, ocurrieron el 19 de febrero de este año, y no fue hasta cuatro días más tarde que Melanie, murió en el Centro Médico de Río Piedras, sin recuperar el conocimiento. La victima resultó con trauma cerebral y lesiones en diferentes partes del cuerpo. En cuanto a Oquendo a quien apodan «Polvo», se recupera de varias fracturas.
Oquendo, quedó libre de inmediato tras prestar la fianza de $500 que le impuso el juez Castro. El boxeador deberá responder además por infringir la Ley de Vehículos y Tránsito. La lectura de acusación fue pautada para el 26 de marzo.
El accidente de «four track » donde perdió la vida la jovencita Miranda Colón, ha calado muy hondo en el ánimo del boxeador Oquendo, quien según expresaron amigos y familiares amaba profundamente a Melanie. «A mí solo me interesa mi novia», expresó profundamente apenado Jonathan, quien se halla sumido en una depresión.
Luego del accidente en que estuvo involucrado Jonathan y su novia, ahora en la Legislatura se habla de prohibir de forma permanente el uso de vehículos todo terreno, sin que medien medidas de seguridad extrema y se designen por ley, los lugares por donde podrán circular. Se alega que muchos padres, algunos de forma irresponsable, le regalan a sus niños los llamados «four tracks» que no son un juguete.
En un escrito de 14 páginas, el juez superior Isidro García del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le está ordenando a la Comisión Estatal de Elecciones, certificar como candidato primarista al actual representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra. La versión fue dada a conocer en un noticiario de la televisión local (Canal 12), pero el legislador no estuvo disponible para confirmar la información.
Si el licenciado Eduardo Ferrer Ríos insiste en continuar la campaña para sustituir en la Cámara de Representantes a su hermano Héctor, quien anunció esta semana la decisión de no aspirar a un nuevo término como legislador, dicho candidato podría estar expuesto a enfrentar las sanciones del PPD y su presidente Alejandro García Padilla. Ferrer Ríos, quien se presenta como el político idóneo para ocupar el escaño que dejará vacante su familiar a partir del 15 de marzo próximo, ha estado concediendo entrevistas para dar a conocer sus intenciones.
Por entender que es la persona con mayor experiencia para sustituir al renunciante Héctor Ferrer Ríos, allegados al Partido Popular Democrático, están pidiendo que el licenciado Héctor Luis Acevedo, asuma la candidatura a alcalde de San Juan, por gozar de la confianza de la mayoría del electorado de la pava en la capital. Tras la decisión del representante Ferrer Ríos de dimitir a su escaño y a todas las posiciones en el PPD, el presidente de la colectividad decretó una moratoria para evaluar a los posibles candidatos a la alcaldía y a los cargos dejados vacantes por el licenciado Ferrer.
En una aparente estrategia para evitar que la situación política se le vaya de las manos, el Presidente del PPD y candidato a gobernador, Alejandro García Padilla, impuso hoy una mordaza contra aquellos miembros del partido que estén pensando en sustituir al renunciante legislador Héctor Ferrer Ríos. La orden del presidente popular, también se extiende a los cargos que dejará vacantes Ferrer Ríos, incluyendo la candidatura a la alcaldía de San Juan. Tras anunciar la designación del ex alcalde Héctor Acevedo, para fungir como oficial examinador en la capital, García Padilla hizo claro que nadie en la colectividad tiene autorización para hacer declaraciones sin autorización del presidente.
