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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero y miembro UIA/AAA

La aprobación de leyes que afectan directamente a los trabajadores del país parece ser el modo de operar del Gobierno. Durante la administración Pedro Rosselló fue aprobada de forma atropellada y a la ligera la venta de la Compañía de Teléfonos de Puerto Rico (PRTC por sus siglas en inglés), luego de una extensa y fuerte huelga de trabajadores que se opuso a esta venta. También vimos concretarse la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mediante un proceso de administración delegada, durante la cual, las querellas laborales aumentaron drásticamente por las violaciones constantes al Convenio Colectivo.

La administración de Sila Calderón no es la excepción. De hecho la huelga más larga en la historia de Acueductos se dio precisamente durante su administración, debido a que su gobierno se negaba a negociar un Convenio Colectivo además de que contrató los servicios de un plan privado comercial para eliminar el Plan de Salud de la organización sindical que representa a los trabajadores de Acueductos. La huelga tuvo una duración de 84 días en la cual se dieron incidentes violentos bastante álgidos entre la Policía y los manifestantes.

Luego, llega a la gobernación Aníbal Acevedo Vilá. Este señor prometió durante su campaña que no firmaría un proyecto de ley que tuviera un IVU o un IVA, una vez fuera gobernador. Dos años más tarde, siendo gobernador, no solo firmó el proyecto del IVU, sino que además presionó al país y a los legisladores para que lo aprobaran, cerrando el Gobierno.

Ah, pero llegó Luis Fortuño Burset, prometiéndole al país que al único empleado que despediría de su empleo sería a Acevedo Vilá, nadie más sería despedido. Este fue más ligero que Aníbal en incumplir su promesa. De hecho en el mismo mensaje de toma de posesión, ya dejó clara sus intenciones cuando hablaba de implementar “La medicina amarga”. Aprobó la ley 7 uno meses luego de haber tomado posesión. Una ley que dejó sin efecto todos los Convenios Colectivos que estaban vigentes y congeló por dos años las negociaciones de las agencias que aún no habían logrado negociar un convenio. Dejó en la calle a miles de empleados públicos, algunos de ellos padres o madres que eran el único sustento en la casa y en algunos casos hasta matrimonios fueron despedidos. Se habla de hasta 30,000 trabajadores, a pesar que voces del ex gobernador alegan que fueron 12,500.

Hoy tenemos a Alejandro García Padilla. Durante esta administración se han aprobado muchas más leyes en contra de la clase obrera que sus antecesores. Comenzó reduciéndole las pensiones a los retirados del gobierno y a los futuros retirados, continúo con los maestros a quienes también intentó reducirles las pensiones, aunque luego el Tribunal Supremo, distinto a como lo hizo con la ley 3, determinó que la ley 160 de Retiro de Maestros tenía varios artículos inconstitucionales. Le sigue los pasos la ley 66, la cual su único fin era eliminarle derechos adquiridos a los trabajadores del sector público y de las corporaciones, para luego aprobar la quiebra criolla, que hoy está siendo retada en los tribunales.

Sin embargo, este gobierno les tiene todavía varias sorpresas guardadas para los empleados públicos y que de seguro tocaran también a los empleados privados. Se trata nada más y nada menos que una reforma laboral, la cual va a venir disfrazada con el nombre de “Reestructuración de las Corporaciones Públicas” y el proyecto para que los empleados que trabajen horas extras en el gobierno, reciben como paga por ellas, tiempo compensatorio a base de tiempo y medio.

Ya hemos escuchado voces en el sector industrial y del comercio hablar por lo bajo a favor de una reforma laboral completa, porque obviamente a estos lo único que les interesa es sus ganancias, por lo que cada beneficio otorgado al trabajador y cada derecho adquirido por estos en sus luchas, significa menos entrada de dinero para sus bolsillos. Por lo tanto no nos debe extrañar que estén cabildeando fuerte para que este proyecto de Reforma Laboral sea una realidad

Obviamente que al sector sindical no le va a costar más remedio que tirarse a la calle a protestar, porque esta administración de gobierno ha estado atacando directamente en el corazón de los trabajadores, que son sus derechos adquiridos, por lo que con este nuevo ataque veremos incrementarse la presencia de trabajadores luchando por lo que tanto trabajo les ha costado conseguir.