SAN SEBASTIAN: La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López recabó el viernes la colaboración de los ciudadanos para atajar la creciente ola de hurto de metales en la isla, tras finalizar una inspección en una residencia en San Sebastián donde se encontró un centro ilegal de acopio de metales y material perteneciente a compañías de telecomunicaciones.
Torres López describió el hurto de metales como un negocio ilegal que se ha sofisticado, a pesar de contar con una ley reguladora con penas severas y restrictivas constitutivas de delito grave.
“Desde que se reactivó el Comité Interagencial contra el Hurto de Metales hemos impactado casi todos los centros de acopio de metales de la isla y la mayoría se encuentra en cumplimiento. Sin embargo, continúan las incidencias de hurto de metales. Ese material está siendo vendido y sacado de la isla de manera ilegal. Quien se preste para la compra de este material obtenido de manera ilegal se expone a penas de cárcel severas”, adujo la presidenta de la Junta.
La licenciada Torres dijo estar convencida de que mediante la integración de la información que tienen las agencias y las compañías de telecomunicaciones podrán detener esta modalidad que causa pérdidas millonarias a las compañías y a las familias que sufren sus consecuencias. Así como recabó la cooperación ciudadana para evitar las pérdidas. Recordó como recientemente Orocovis sufrió la pérdida del servicio de telefonía a consecuencia del hurto de cables de conexión que contienen metales que son mercadeados fuera de la isla.
“Gracias a una confidencia pudimos intervenir en esta residencia que operaba un negocio al margen de la ley. Continuaremos las visitas a los centros y según las confidencias que recibamos podremos intervenir con inspecciones oportunas como la de hoy, donde se nos señale actividad ilegal. Por ello exhortamos a los ciudadanos a comunicarse con la Policía de Puerto Rico si entiende que tiene información que conduzca a identificar esta actividad ilegal”, indicó la licenciada Torres.
Sobre el caso intervenido el viernes, la Policía de Puerto Rico incautó material de cable de telefonía quemado, lo que representa una violación al Artículo 9 de la Ley 41 del 2 de junio de 1982, que constituye un delito grave. Los oficiales del orden público, incautaron la evidencia y citaron al ciudadano ante el fiscal para la posible radicación de cargos.
“También se halló en incumplimiento del Artículo 5, de la conocida Ley para Reglamentar el Negocio de la Compraventa o Adquisición de Metales que exige el fiel cumplimiento con la hoja de registro para el material que es adquirido por los centros de reciclaje, conocida como la PPR-577”, explicó la presidenta de la Junta Reglamentadora.
La Ley 53 del 2012 tipifica como delito grave las distintas modalidades de apropiación ilegal de cobre, aluminio, estaño, plomo y una mezcla de éstos. Participan del Comité Interagencial la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), la Oficina de Bomberos, la Comisión de Servicio Público (CSP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Hacienda y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
