Con grillete electrónico confinados que pidan salir a la calle por la Ley 25-1992

MAYAGÜEZ: Con el fin de buscar detener la violencia de género y los aumentos en casos de feminicidios en el país a pesar de un sinnúmero de medidas convertidas en ley de su autoría, la senadora Migdalia González Arroyo (PPD/Distrito Mayagüez-Aguadilla), que preside la Comisión de Asuntos de las Mujeres, radicó el Proyecto del Senado 1467 que busca enmendar la Ley 25-1992, según enmendada, conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otra enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”.

La enmienda busca requerir que toda persona mayor de edad excarcelada al amparo de esta Ley, cuya sentencia esté siendo cumplida por violación a las disposiciones de la Ley 54 de Violencia Doméstica, tenga que cumplir su pase extendido utilizando un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global, (GPS en inglés) o cualquier otra tecnología que cumpla con esos fines.

“Al radicar esta medida buscamos que mediante esta Ley se imponga la obligación de que el egresado, cuya sentencia sea por violación a la Ley 54, o por asesinato, agresión sexual, pornografía infantil o maltrato de menores, tenga que utilizar durante el tiempo que reste su sentencia, aunque la esté cumpliendo mediante el pase extendido, un dispositivo de vigilancia electrónica ya sea mediante el sistema de posicionamiento global o cualquier otro similar. Esta medida, además de prever situaciones delictuales sirve como un disuasivo a aquellas personas que están disfrutando del privilegio que establece la Ley”, expresó la senadora González en comunicación escrita.

La enmienda sometida por la senadora del distrito occidental de la Isla dice que, “Si la persona egresada es mayor de edad, y está cumpliendo sentencia por violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, o a los Artículos 92, 130, 131 y 133 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o al Artículo 53 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, tendrá que cumplir su pase extendido utilizando un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier otra tecnología que cumpla con esos fines”.

La legisladora dijo que la violencia de género en Puerto Rico ha seguido en aumento.

“La crisis es real e insostenible, y presenta una situación de emergencia en el país que requiere la intervención inmediata y certera del Estado. Nuestro récord legislativo es claro, hemos trabajado para solucionar la situación, pero hace falta voluntad del gobierno. No podemos permitir que se pierda una vida más”, finalizó la senadora González.

Dos arrestados por violencia de género en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Dos sujetos fueron arrestados por hechos separados de violencia de género ocurridos en la región mayagüezana. 

El lunes en la tarde, los agentes de la División de Arrestos de Mayagüez ejecutaron las detenciones. 

En el primer caso, se arrestó a Edwin F. Jiménez Ortiz, de 39 años, vecino de San Sebastián. Contra este pesaba una orden de arresto por violar la Ley 54 de Violencia Doméstica con una fianza de $100 mil, expedida por la juez Margarita Gaudier el pasado 23 de marzo.  

Este sujeto fue llevado a la sala del juez Luis F. Padilla Galiano, quien ordenó dejarlo tras pagar la fianza impuesta. 
 
Mientras, se diligenció otra orden de arresto contra Jay Almodóvar, de 48 años, residente en Lajas, quien tenía pendiente una orden de arresto por violar la Ley 54 de Violencia Doméstica, que fue expedida por la juez María del Pilar Vázquez.  

Se alega que el 25 de enero de este año, Almodóvar insultó con palabras soeces a su expareja. El arrestado fue llevado a la sala del juez Padilla Galiano, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce. 

Los agentes Gabriel Arenas y Andy Montañez, de la División de Arrestos de Mayagüez, estuvieron a cargo de los diligenciamientos. 

Arrestan individuo que amenazó de muerte a su expareja en Sabana Grande

SABANA GRANDE: Un sujeto contra el que pesaba una orden de arresto por violencia doméstica, fue arrestado el martes por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Mayagüez. 

El detenido fue identificado como José A. Vega Báez, de 59 años y residente en Sabana Grande, quien debe responder por el delito de maltrato dentro de la Ley 54 de Violencia Doméstica.  

El juez Luis Padilla Galiano expidió la orden con una fianza de 75 mil dólares por hechos del 7 de marzo en una residencia de la Ciudad del Petate. A este se le imputa amenazar de muerte a su expareja. 

La juez Sinia Pérez Correa ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, al no pagar la fianza. 

El agente Vidal Martínez y el sargento Armando Santiago, de Inteligencia y Arrestos de Mayagüez, estuvieron a cargo del diligenciamiento. 

Arrestan sujeto por Ley 54 en Las Marías

MAYAGÜEZ: Un sujeto identificado como Zacarías Méndez Rodríguez, de 36 años, vecino de Las Marías, fue arrestado el lunes en la tarde por agentes de la División de Arrestos Especiales de la Sultana del Oeste por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica. 

Contra el individuo pesaba una orden de arresto por maltrato agravado contra su expareja, por hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en Las Marías. La orden fue expedida por la juez Sonia Pérez Correa, con una fianza de $500 mil. 

A Méndez se le imputa haberle enviado mensajes de texto no deseados a la fémina. 

Tras su detención, llevaron al individuo a la sala de la juez María Del Pilar Vázquez, quien ordenó su ingreso en prisión al no prestar la fianza impuesta. 

La agente Yasmín Silva y el sargento Armando Santiago, de Arrestos Especiales de Mayagüez, estuvieron a cargo del diligenciamiento de la orden de arresto. 

Arrestan lajeño que estaba entre los 10 más buscados en Aguadilla

AGUADILLA: Agentes de la División de Arrestos e Inteligencia de la Policía arrestaron a Miguel Justiniano González, de 47 años, residente en Lajas, uno de los 10 sujetos más buscados por las autoridades en Aguadilla. 

El sujeto debe responder por denuncias por maltrato y maltrato mediante amenaza de la Ley 54 de Violencia Doméstica. Contra este pesaba una orden de arresto con una fianza de $45 mil. 

El juez Rolando Matos Acevedo ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, tras no pagar la fianza. 

El diligenciamiento del arresto estuvo a cargo del agente Frank López Ortiz. La vista preliminar fue señalada para el 18 de marzo. 

Denuncian agente por violencia de género en Isabela

ISABELA: Denuncias por violencia de género fueron sometidas contra el agente Joseph Omar Avilés Rodríguez, de 36 años, vecino de Isabela, quien labora en el cuartel de Vega Alta, por hechos presuntamente ocurridos este pasado sábado. 

Los hechos que se alegan, pero que no fueron detallados en el narrativo policíaco, fueron denunciados por la pareja del agente, una mujer de 28 años, que reportó el asunto en el cuartel de San Sebastián, activándose el protocolo para estos casos. 

El agente Avilés Rodríguez fue puesto bajo arresto. 

Por su parte, el agente Ramón Sánchez, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Aguadilla, bajo la supervisión de la teniente Katherine Hernández, consultó con la fiscal Yashira Vale, quien ordenó someter denuncias por violaciones a los artículos 3.1(Maltrato), 3.3 (Maltrato mediante amenaza) y 3.4 (Maltrato mediante restricción a la libertad) de la Ley 54 de Violencia Doméstica. 

El juez Orlando Avilés halló causa probable para arresto en todos los cargos, expidiendo una orden de protección a favor de la víctima e imponiéndole al imputado una fianza de $60 mil, que prestó a través de un fiador, quedando en libertad con un grillete electrónico. 

La vista preliminar fue señalada para el 13 de marzo en el Tribunal de Aguadilla. 

Sumariado en Las Cucharas por presuntamente amenazar a su exnovio

SAN GERMÁN: En el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce quedó sumariado Dean José Palermo Casillas, de 25 años, residente en el Poblado Rosario de San Germán, quien enfrenta denuncias por violar varios artículos de la Ley 54 de Violencia Doméstica. 

Según el informe de la Policía, este pasado domingo, 25 de febrero, los agentes del cuartel sangermeño investigaron una querella de violencia de género en la que el perjudicado de 29 años dijo que Palermo Casillas, quien es su expareja, “le envió varios mensajes de voz donde lo insultó y amenazó que donde lo viera en público le daría en la cara, este sintiendo temor por su vida”

Los agentes Wilson Rodríguez Díaz, del cuartel de San Germán, y Linnette Bonilla Torres, de la División de Violencia Doméstica de Mayagüez, consultaron el asunto con la fiscal Grace M. Vélez Acevedo, quien ordenó someter las denuncias. 

La juez Sinia Pérez Correa encontró causa probable para arresto en la vista de Regla 6, imponiéndole una fianza de $100 mil, que Palermo no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel. 

Comisión senatorial busca reducir a 24 horas término para hacer vistas en alzada en casos de Ley 54

MAYAGÜEZ: La Comisión de Asuntos de las Mujeres, que preside la senadora Migdalia González Arroyo, realizó una vista pública para analizar una medida que busca reducir a 24 horas el término para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada en casos bajo la Ley Núm. 54. 

“Hay un compromiso de parte del Senado de Puerto Rico de trabajar con el asunto de la violencia de género y nuestro propósito [con esta medida] es reducir la vulnerabilidad de las víctimas”, afirmó González Arroyo. 

Durante la audiencia, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, endosó el Proyecto del Senado 1402 con algunas recomendaciones. 

“Puntualizamos que estamos a favor de toda propuesta legislativa que busque proveer más y mejores mecanismos de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Así pues, concurrimos con la intención del proyecto de dirigir esfuerzos hacia ese objetivo”, expresó Emanuelli. 

Sin embargo, el funcionario sostuvo que “estimamos que la propuesta según presentada en el proyecto, estableciendo un término de 24 horas para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada podría ser demasiado restrictivo en algunas instancias”

A modo de ejemplo, Jessica Correa, jefa de los Fiscales del DJ, mencionó que el término de 24 horas podría presentar una serie de retos y dificultades al momento de comunicarse con el testigo y poder citarlo para que comparezca a la vista en alzada a tiempo. “Si por alguna razón no se logra comunicación con el testigo adicional o el testigo no puede comparecer en tan corto tiempo, se podría frustrar la intención de agilizar los procesos criminales de violencia doméstica”, advirtió Emanuelli. 

Igualmente, Correa manifestó que “nos parece más adecuado que cuando se determine que no existe causa probable para arresto o se determine cusa probable para arresto por un delito inferior o distinto al imputado, la celebración de la vista en alzada sea en un término que no exceda de tres días laborables desde solicitada la vista. Asimismo, recomendamos que dicho término de tres días laborables aplique independientemente de si el Ministerio Público solicitó la vista en alzada en sala o mediante moción”

Por su parte, Giselle Rosa González y Danira Muñíz, de la Oficina de Legislación y Reglamento de la Administración de los Tribunales, aseguraron que el Poder Judicial cónsono a su política, ha adoptado medidas administrativas para uniformar los procesos aplicables a los casos en los que se imputa la comisión de delitos tipificados bajo la Ley 54. 

“Recientemente, los jueces administradores y las juezas administradoras de las 13 regiones judiciales implementaron de manera coordinada con la Oficina de Administración de los Tribunales, órdenes administrativas para uniformar los procesos administrativos aplicables a la celebración de las vistas de determinación de causa probable para arresto en alzada cuando se imputa la comisión de un delito al amparo de la Ley 54. Entre las directrices incluidas se dispone que, si el Ministerio Público solicita en sala una vista de causa probable para arresto en alzada bajo la Regla 6(c) de las de Procedimiento Criminal, el tribunal pautará Ia vista en alzada para una fecha que no exceda de tres días laborables”, dijeron las funcionarias durante su ponencia. 

Asimismo, explicó que se citará una audiencia para una fecha que no exceda los tres días laborables en los casos en que el Ministerio Público solicite al tribunal una vista de Regla 6 en alzada mediante la presentación de una moción”

Según explicó Muñiz, “el plazo de tres días laborables establecido para realizar la audiencia en alzada toma en consideración la posibilidad de que cualquiera de las partes que comparece a esta audiencia pudiera requerir un espacio de tiempo razonable para prepararse, sobre todo ante el hecho de que el Ministerio Públicpodría optar por presentar prueba diferente a la utilizada en la vista original, para la cual podría necesitar entrevistar o citar testigos distintos a los que declararon durante la Regla 6

Por último, la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Caguas, Aida González, dijo que la Oficina de la Mujer trabaja entre 15 y 20 casos de violencia de género diariamente. “En la oficina, a las mujeres que llegan con alguna situación, les brindamos orientación y seguimiento. Igualmente, si deciden acudir al tribunal nuestro personal les brinda asistencia… Con nuestra experiencia, entendemos que el término de 24 horas es muy corto y no da el tiempo para la preparación. Recomendamos que el término de tres días se acoja, no como parte de una orden administrativa, sino que se considere como parte de la ley vigente”

Las senadoras Nitza Morán Trinidad y Ana Irma Rivera Lassén participaron de los trabajos de la comisión. 

Preso por violencia de género y robo en Sabana Grande

SABANA GRANDE: En el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce quedó sumariado Víctor Enrique Bonilla Báez, de 38 años, residente en Sabana Grande, quien tiene que responder por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y robo. 

El sujeto se le imputa que el 24 de febrero llegó a su casa en aparente estado de embriaguez y mientras su pareja de 29 años estaba durmiendo, la agredió.  

El agente Walter González Torres, del cuartel de Sabana Grande, y la agente Linnette Bonilla Torres, de la División de Violencia Domestica de Mayagüez, consultaron los casos de Ley 54 y robo con la fiscal Grace M. Vélez Acevedo, quien ordenó someter los cargos. 

La juez Sinia Pérez Correa encontró causa probable para arresto en la vista de Regla 6, imponiéndole al elemento una fianza de $100 mil, que no prestó, por lo que fue ingresado en la prisión ponceña. 

Le echan el guante a sujeto que intentó matar a su expareja en San Germán

MAYAGÜEZ: En la avenida Ramón Arbona, cerca de la Comandancia de la Policía de la Sultana del Oeste, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Mayagüez capturaron a José M. Ortiz Laracuente, imputado de golpear y acuchillar a su pareja frente a su hija de 7 años, en un incidente de violencia de género ocurrido el sabado en la noche en una residencia del barrio Hoconuco Bajo de San Germán. 

Ortíz Laracuente, de 35 años, fue arrestado en la noche del lunes. 

Según la Policía, el sujeto agredió a su expareja en diferentes partes del cuerpo en presencia de la niña y le infligió una herida en uno de sus hombros con un cuchillo de cocina. No conforme con lo anterior, la amenazó de muerte y con quemarle la casa. 

El fiscal Hassan Maldonado ordenó someterle cinco cargos, mientras que la juez Margarita Gaudier halló causa probable para arresto en ausencia y le impuso una fianza de $2.5 millones. 

La investigación estuvo a cargo de los agentes Pablo López, del cuartel de San Germán, y Ernesto Ramos y Carlos Lugo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez. 

El individuo había estado preso y tiene récord criminal por un anterior caso de robo.