Luego que el magistrado federal Bruce McGiverin hallara hoy miércoles causa de acción para enjuiciar por el delito de soborno al alcalde de Barceloneta Sol Luis Fontanes, la defensa le solicitó al tribunal que el funcionario sea evaluado por un siquiatra a fin de establecer su condición mental. La solicitud de los licenciados Roberto Buxó Aboy y Ramón Cestero, surgió cuando el magistrado McGiverin, dictaminó que Fontanes debe continuar en prisión.
El juez federal le pidió a los defensores que sometan la petición por escrito y le concedió un plazo de 24 horas al fiscal para responder a la propuesta. Sostienen los licenciados Buxó y Cestero, que el alcalde de Barceloneta debe ser evaluado en una institución siquiátrica para conocer si se encuentra competente para estar en su hogar bajo supervisión profesional.
Uno de los motivos para no permitir la libertad bajo fianza de Fontanes es que podría constituirse en riesgo para su propia integridad física. Tras la determinación de causa en su contra, la pesquisa del conocido político será referida a un Gran Jurado Federal. Al veterano alcalde popular se le atribuye incurrir en el delito de soborno después de exigir la entrega de miles de dólares de 2 contratistas a cambio de favorecerlos con la venta de estructuras y otras propiedades del municipio de Barcel0neta.
Como parte de la evidencia en poder del fiscal Charles Walsh, este presentó varias grabaciones, tres en video con audio y una telefónica, donde el alcalde Fontanes, acepta de un co-conspirador un maletín conteniendo $5 mil en efectivo. Incluso, Sol Luis llega a preguntarle al individuo, » ¿ Cinco mil nada más?’. Se alega que en los hechos por los que se acusa a Fontanes, son también investigados dos contratistas, uno de ellos identificado como Antonio San Miguel.
Hoy miércoles trascendió, que el alcalde con más de 26 años al frente del municipio de Barceloneta, anunció su determinación de no postularse para un nuevo término, pero todo parece indicar que continuará como incumbente por el resto de este cuatrienio, a menos que el alto liderato del PPD lo obligue a salir de la posición y de los cargos que ostenta en esa colectividad.
Por entender que es la persona con mayor experiencia para sustituir al renunciante Héctor Ferrer Ríos, allegados al Partido Popular Democrático, están pidiendo que el licenciado Héctor Luis Acevedo, asuma la candidatura a alcalde de San Juan, por gozar de la confianza de la mayoría del electorado de la pava en la capital. Tras la decisión del representante Ferrer Ríos de dimitir a su escaño y a todas las posiciones en el PPD, el presidente de la colectividad decretó una moratoria para evaluar a los posibles candidatos a la alcaldía y a los cargos dejados vacantes por el licenciado Ferrer.
Tras confirmarse por parte de la Presidenta de la Cámara, Jennifer González, la renuncia del licenciado Héctor Ferrer Ríos a su escaño legislativo, el Presidente del PPD, Alejandro García Padilla, también admitió que el líder político puso a disposición del Partido Popular, la vicepresidencia de la colectividad y su candidatura a la alcaldía de San Juan. En conferencia de prensa en la sede del PPD, el senador García Padilla, lamentó la salida de Ferrer Ríos, al que describió como «un gran amigo».
A eso la 1:00 am de hoy jueves, la Policía comenzó a investigar una querella presentada por la esposa del representante popular Héctor Ferrer Ríos, alegando que su cónyuge la maltrató de palabras en medio de un incidente de violencia doméstica. El vicepresidente del Partido Popular Democrático y candidato a alcalde de San Juan, está detenido para investigación en el cuartel de Hato Rey Oeste, a pesar que el incidente, presuntamente se suscitó en el sector de Cupey.
Fuentes allegadas a la Calle Digital, confirmaron hoy lo que es un «secreto a voces» dentro de las altas esferas políticas del país en cuanto a que existe un plan para sacar de carrera a varios aspirantes a cargos electivos que pudieran resultar difíciles de vencer en los próximos comicios. Una de las «victimas» que se menciona es el representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra, a quien su propio partido quiere sacarlo de circulación aunque salga airoso de las investigación que conduce el Departamento de Justicia. En el caso del legislador por Aguadilla-Moca son miembros de su partido los que harán causa común con afiliados al PPD, para que acudan a votar a las primarias de marzo próximo, haciéndose pasar por estadistas.
