Senadora Álvarez Conde presenta medida para reconocer derechos del padre presente durante el nacimiento

REDACCIÓN: Con el objetivo de garantizar una paternidad activa desde el nacimiento, la senadora Ada Álvarez Conde presentó una medida legislativa para establecer la “Ley de Derechos del Padre Presente”.

El Proyecto del Senado 659 busca asegurar el derecho de los padres a estar presentes, cuando hay mutuo consentimiento, durante los cuidados médicos del embarazo, el parto y el periodo de recuperación postnatal, sin que medien restricciones económicas ni discriminación por razón de sexo.

“Este proyecto reconoce algo fundamental: los padres que desean estar presentes y apoyar a sus hijos desde el nacimiento no deben enfrentar barreras culturales ni económicas para hacerlo. Mi hermano me dijo que no lo dejaron quedarse en la habitación cuando su esposa dio a luz, la razón fue que debía ser una mujer. Entendí que era quizás un caso aislado, pero recibí la misma información de varios padres. Gestar y criar no es un asunto exclusivo de mujeres, sobre todo cuando ambos se han puesto de acuerdo para ser parte de este proceso. Es una medida de equidad, salud y apoyo a las familias”, expresó la senadora Álvarez.

La medida también propone enmendar la Ley 156-2006 y obliga a los centros de servicios médicos pre y post natales, tanto públicos como privados, a permitir la presencia del padre durante los procesos médicos, incluyendo la posibilidad de pernoctar junto a la madre y el recién nacido, sin necesidad de pagar habitaciones privadas. Igualmente, prohíbe expresamente cualquier forma de discrimen por sexo en este contexto.

El proyecto busca promover un nuevo modelo de atención familiar en hospitales, en sintonía con prácticas implementadas en jurisdicciones como Reino Unido y varios estados de Estados Unidos, donde se ha demostrado que la presencia del padre tiene efectos positivos en la salud emocional de la madre y en el desarrollo del bebé.

“La evidencia científica es contundente… Cuando el padre está presente, los niños tienen mejores oportunidades de desarrollo y las madres enfrentan menos riesgos de depresión posparto. Esta medida es una respuesta a esa realidad y a los cientos de padres que desean cumplir con su rol activo desde el primer momento”, añadió la senadora Álvarez.

El proyecto establece además excepciones en los casos donde haya impedimentos legales, como situaciones de violencia doméstica, y faculta al Departamento de Salud y al Procurador del Paciente a reglamentar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Finalmente, la senadora destacó que esta medida surge tras recibir testimonios de padres comprometidos que enfrentan trabas para estar junto a sus hijos recién nacidos, y reafirmó su compromiso con la equidad en la crianza.

“Criar es un acto compartido. Reconocer los derechos del padre presente no es restar derechos a la madre, es sumar a la familia y al bienestar del menor. Esta ley busca que ningún niño o niña se vea privado de ese apoyo por barreras que podemos y debemos eliminar”, concluyó.

Senadora Álvarez Conde presenta medida para redefinir y proteger Zona Marítimo Terrestre

REDACCIÓN: Con el fin de garantizar mayor justicia ambiental, seguridad pública y cumplimiento de la política pública de conservación, la senadora Ada Álvarez Conde presentó el Proyecto del Senado 628, que redefine la zona marítimo terrestre de Puerto Rico e impone nuevas obligaciones a las agencias para su reglamentación y fiscalización.

“Esta es una herramienta necesaria para combatir la erosión costera, mejorar la fiscalización de construcciones ilegales y proteger el acceso público a nuestras costas. Además, estamos consignando que, para todos los efectos civiles, la Zona Marítimo Terrestre será considerada patrimonio de Puerto Rico. Debemos reconocer el valor ecológico, económico y emocional que las playas representan para nuestra gente”, expresó la senadora Álvarez.

El proyecto busca enmendar la “Ley de Muelles y Puertos de 1968” y la “Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales” para establecer una nueva y más precisa definición de la zona marítimo terrestre. La nueva definición incorpora elementos como las mareas máximas vivas equinocciales, eventos de oleaje extremo, y rasgos naturales como dunas, manglares, estuarios y bermas, extendiendo así el reconocimiento legal del espacio costero más allá de la simple línea de marea.

Este cambio permitirá identificar con mayor claridad los bienes de dominio público marítimo terrestre y facilitará su deslinde, manejo y protección frente al avance del mar, la erosión y las amenazas de desarrollo no autorizado.

La legislación también establece que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Puertos deberán promulgar un reglamento que defina los procedimientos de deslinde, fiscalización y delimitación oficial de los bienes del dominio público marítimo terrestre. Este reglamento deberá incorporar criterios científicos actualizados y uniformes para garantizar la protección de la costa, impedir construcciones ilegales y salvaguardar el acceso libre a las playas.

Esta medida fue presentada por petición de los destacados expertos en geociencia y conservación Pedro A. Gelabert (geólogo), Ruperto Chaparro (director del programa Sea Grant, UPR-Mayagüez), Ernesto Díaz (oceanógrafo), Gerardo Cerra (agrimensor), Miguel Canals (biólogo marino), Aurelio Mercado (oceanógrafo), Alfredo Torruella (oceanógrafo), Heidi Morales (bióloga y activista científica) y Mildred Sotomayor (en su capacidad personal).

“El pueblo tiene derecho a acceder y disfrutar de sus playas. Esta medida atiende décadas de ambigüedades legales y conflictos causados por la ocupación indebida y privatización de nuestros bienes de dominio público. Reafirmamos que las playas son patrimonio colectivo y no propiedad de unos pocos”, añadió Álvarez Conde.

El reglamento deberá emitirse en un plazo no mayor de 180 días desde la aprobación de la ley, y ambas agencias deberán rendir un informe a la Asamblea Legislativa en o antes de 240 días sobre su ejecución y cumplimiento.

Senadora Ada Álvarez Conde incluye inteligencia artificial en ley contra la porno venganza

REDACCIÓN: La senadora Ada Álvarez Conde (PPD-Acumulación) radicó el Proyecto del Senado 549 con el fin de enmendar la “Ley contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”, y penalizar expresamente la producción y divulgación de material sexual falso generado mediante inteligencia artificial (IA).

Esta medida responde al alarmante aumento de casos en la isla y al uso malicioso de tecnologías emergentes, como los “deepfakes”, que permiten fabricar contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada.

La senadora radicó esta medida a principios de abril como parte de su agenda legislativa enfocada en la defensa de las víctimas de violencia.

“Hoy en el “Denim Day”, un día que simboliza la solidaridad con las víctimas de violencia sexual, es importante recordar que esta lucha también se libra en el mundo digital. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está utilizando como una nueva herramienta de violencia digital que no podemos ignorar. La creación de contenido sexual falso con inteligencia artificial, sin consentimiento, es una forma moderna de agresión que merece la misma atención legal que cualquier otra manifestación de violencia sexual”, expresó la Senadora.

La legislación vigente en Puerto Rico, aprobada en 2021, tipifica como delito la divulgación no autorizada de imágenes íntimas reales. Sin embargo, no contempla la proliferación de contenido falsificado mediante IA, lo cual ha dejado un vacío legal que esta nueva medida pretende subsanar.

“Con esta enmienda buscamos proteger la dignidad, privacidad y salud mental de las víctimas”, agregó Álvarez Conde.

La discusión de esta propuesta legislativa surge en un momento en que el Congreso de Estados Unidos también atiende este problema a nivel federal. Esta semana se presentó el proyecto Take It Down Act, respaldado por legisladores de ambos partidos y la primera dama Melania Trump, el cual busca establecer protecciones contra la difusión de imágenes íntimas manipuladas digitalmente.

La senadora Álvarez celebró que se esté discutiendo este tema a nivel federal, pero subrayó que “en Puerto Rico estamos dando un paso concreto para actuar desde ya”.

“Las víctimas no solo enfrentan el trauma de ver su intimidad violentada; también tienen que luchar por demostrar que el contenido es falso. Esta enmienda cierra esa brecha y les ofrece una herramienta para buscar justicia. La tecnología no debe estar por encima de los derechos humanos”, añadió Álvarez.

La medida establece penas de reclusión de hasta ocho años en casos agravados y amplía la definición de conducta delictiva para incluir material alterado digitalmente. También dispone que estos delitos prescriban a los diez años, brindando mayor margen para que las víctimas puedan presentar querella.

Con esta iniciativa, la senadora reafirma su compromiso con la protección de la integridad y derechos de las víctimas de violencia digital, y hace un llamado a sus compañeros legisladores a aprobar la medida con urgencia.

“Esta legislación es un paso urgente y necesario para proteger la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial”, finalizó diciendo la senadora Álvarez Conde.