Seguridad

MAYAGÜEZ: Como “indignante” describieron agentes adscritos a unidades especializadas de la Policía de la Sultana del Oeste, que criticaron cómo luego de que hacen su trabajo investigativo y recopilan evidencia suficiente para que la Fiscalía pueda obtener convicciones, se han producido casos que se han “caído” en la llamada vista de Regla 6, como se le conoce a la vista para la determinación de causa para arresto.

“Es indignante cómo día a día buenos compañeros realizan su trabajo de forma excelente; llevan sus casos bien documentados a Fiscalía y gracias a esa investigación bien hecha, el fiscal determina expedir la correspondiente boleta para someter el caso. Sin embargo, cuando se llega a la Sala Municipal, la historia es distinta. Los individuos llevan abogados, (que es su derecho), se encierran a puerta cerrada con el juez y luego, cuando se le presenta el caso, tenemos una determinación de No Causa. Aun así, tenemos otro turno y recurrimos en alzada, porque tanto el investigador como el Ministerio Público creen y entienden que el juez de instancia erró.

No obstante cuando se acude en alzada, lo que se presumía q era una “cintila de evidencia”, se torna en un juicio en su fondo; donde los agentes no estuvieron asistidos por un fiscal que le indique e ilustre al juez los asuntos de derecho, que hábilmente debate la defensa. El agente defiende su caso con los asuntos de hecho que solo puede presentar, le cita la Ley 8 de Protección Vehicular y las circunstancias que determinan la comisión del delito; pero eso no es suficiente para que en dos días de vista de Regla 6 en alzada, ese otro juez de mayor jerarquía, determine causa para arresto”, indica un mensaje enviado a LA CALLE Digital por una fuente de entera confianza cuya identidad nos reservamos.

La situación a la que se hace referencia está relacionada con hechos el 6 de diciembre de 2016, en la carretera 416, kilómetro 1.2, en el barrio Piedras Blancas de Aguada.

Allí, agentes de la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez, bajo la supervisión de los sargentos Eugenio Ramos y Wilfredo Soto, mediante confidencias, llegaron hasta esa dirección, donde opera un taller de hojalatería y pintura.

Se alega en el informe de la intervención que el dueño del taller, Luis A. Ramos Borges, accedió mediante firma a un allanamiento consentido, para que el personal entrara a verificar los vehículos que se encontraban en el taller, así como los permisos tanto estatales como municipales para la operación del establecimiento.

¿Qué encontraron los agentes, según su informe? Que supuestamente operaba sin la licencia de mecánico, colegiación, sin patente municipal,  y sin llevar el libro de registro, según lo determina el artículo 4.08 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. En la verificación de los vehículos que se encontraban en el taller. Se detectaron dos vehículos hurtados y una guagua Ford F-150, que presuntamente estaba cargada con piezas de vehículos hurtados y propiedad que se encontraba en vehículos hurtados.

En el lugar también se ocuparon 20 libras de marihuana, que estaban en un paquete que venía procedente de los Estados Unidos.

El informe de los agentes indica que también se encontraba en el lugar José Pellot Jiménez, al que identifican como hojalatero de profesión, y residente en Aguada. También se indica que en el sitio pernoctaba Kenneth Tirado Román, a quien identificaron como un sujeto dedicado a hurtar vehículos en el área de Mayagüez y supuestamente llevarlos a ese taller. Este actualmente se encuentra libre bajo fianza, tras prestar el 10 por ciento ($100) de una fianza de $1,000, que le impuso el juez Miguel Trabal, por posesión de vehículos hurtados y piezas de vehículos hurtados.

El caso fue consultado con la fiscal Zulirma Méndez, de la Fiscalía de Aguadilla, quien inicialmente expidió la boleta por el caso de la marihuana, artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, contra los arrestados, determinándose causa para arresto, siendo fiados.

Se indicó que posteriormente, y luego de la investigación de la procedencia de los vehículos y piezas hurtadas, se radicaron cargos, por violación al artículo 15 de la Ley 8 de Protección Vehicular, que penaliza la posesión de vehículos hurtados, al artículo 20 (remover y/o mutilar número de serie), y denuncias por operar un taller sin los permisos requeridos.

El caso fue llevado ante el juez Rafael Ramos, quien solo determinó causa por cuatro cargos en los delitos de mutilación de números de serie y los correspondientes a la operación del taller sin licencia, sin colegiación y sin patente municipal. No obstante, el juez no halló causa en cinco denuncias de posesión de vehículos y piezas hurtadas y en dos casos de violación al artículo 192 (posesión de propiedad hurtada). Los arrestados nuevamente salieron bajo fianza, al prestar el 10 por ciento ($500) de $5,000 que le impusieron.

Los agentes, no conformes con la determinación del juez de instancia, solicitaron una vista de Regla 6 en alzada, que fue señalada para el lunes 27 de febrero, ante la juez superior Aixa Rosado Pietri, quien tampoco encontró causa para arresto.

La fuente que se comunicó con LA CALLE Digital sostuvo que entre la prueba en poder de los agentes figuran vídeos de seguridad, en los que ve la entrada de los vehículos en cuestión en el taller a altas horas de la noche. “Además la mutilación de los números de serie es un motivo fundado para saber que los vehículos eran hurtados”, señaló.

“Muy desconcertante esto para aquellos que día a día trabajan para tratar de mantener las calles seguras”, terminó diciendo.