Seguridad

SAN JUAN: Afirmando que “no se adoptará ninguna regla que limite el derecho constitucional del Pueblo a estar informado”, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, licenciado Ramón Rosario, informó que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dejó sin efecto la Orden General sobre Estructura Organizacional y Funcional de la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, impuesta el miércoles por la superintendente de la Policía Michelle Hernández de Fraley.

Las declaraciones escritas fueron circuladas el jueves en la mañana, luego de que varios medios de comunicación informaran sobre la “mordaza” que intentaba imponer la exoficial militar, en lo que se refiere a la información que se le debe dar a la Prensa.

“El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se comunicó con la superintendente de la Policía y se dejó sin efecto de inmediato la Orden General sobre Estructura Organizacional y Funcional de la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico”, dijo Rosario en su comunicado.

Rosario recordó que la política pública de la nueva administración es “promover la transparencia”.

En su orden, la superintendente Hernández de Fraley les prohibió a los oficiales de prensa de la Uniformada describir cómo ocurrió un delito, difundir especulaciones sobre la causa de muerte de las víctimas, información que revele los detalles de la evidencia, revelar la metodología utilizada por el sospechoso para cometer el crimen y detallar el dinero involucrado en actos ilícitos.

Según la imposición, también estaba prohibido “detallar la cantidad o peso de objetos, compartir información que pueda perjudicar un juicio e información que exponga la identidad del agente investigador”.

Se justificaron esas instrucciones, aduciendo que la información que se le provee a los medios tiene que ser “exacta, sensata, oportuna y objetiva”.

Tal parece que la orden general se preparó a sabiendas de que la misma sería retada en los tribunales por la naturaleza de la misma, incluyendo una disposición que lee: “Si cualquier disposición de esta Orden General fuese declarada inconstitucional o nula por un tribunal competente, la sentencia o resolución dictada a tal efecto no afectará las demás disposiciones de esta orden, las cuales seguirán vigentes”.