Delegación del PPD pide a la Corte declare en desacato a PNP

Alegando que la mayoría novoprogresista en el Senado se niega a dar información a la delegación del Partido Popular Democrático, en cuanto a la pesquisa originada por el PNP contra el Juez Presidente del Tribunal Supremo, licenciado Federico Hernández Denton, el legislador PPD, Eduardo Bathia Gautier, recurrió hoy miércoles   al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para que se declare incursos en desacato al presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y a Roger Iglesias, presidente de la Comisión que lleva a cabo la investigación.

” Lamentablemente después de muchas gestiones, la Comisión del Senado que investiga al Juez Presidente rehúsa a hacer accesible a los senadores PPD los documentos que por ley y orden judicial tienen que compartir”, señala el comunicado autorizado por el licenciado Bathia Gautier.

” Por esta razón en la mañana de hoy me he visto en la obligación de acudir nuevamente al Tribunal de San Juan para solicitar una orden de desacato contra los senadores Thomas Rivera Schatz y  Roger Iglesias por el incumplimiento de la sentencia dictada el 10 de febrero en el caso civil KPE-2012-0496′, enfatizó el legislador popular.

Indicó además, ” que a pesar de los múltiples requerimientos y que la sentencia es final y firme. el presidente de la comisión Roger Iglesias, se ha negado a permitirle a la minoría parlamentaria acceso a documentación que tiene en su poder”.

” Esta negativa  priva a la delegación del Partido Popular Democrático de poder efectivamente descargar su función investigativa y fiscalizadora. Resulta evidente que los demandados han desafiado la autoridad del Tribunal y con su actuación le impiden a los miembros del PPD cumplir su función de fiscalizar a la mayoría para hacer una investigación justa”, concluye el escrito del senador Bathia Gautier.

Se le complica la situación a representante Héctor Ferrer Ríos

Luego de que trascendiera al público el contenido de la primera declaración prestada por la señora Elisa Hernández, quien involucra al legislador popular en un patrón de violencia doméstica, la Oficina de Fiscal Especial Independiente y la Comisión de Etica de la Cámara, se preparan para iniciar una investigación a fondo contra el representante Héctor Ferrer Ríos. La evidencia demuestra que el incidente reportado en días recientes por la compañera consensual de Ferrer Ríos, no es un hecho aislado como pretendió hacer creer el conocido líder político y su defensor Osvaldo Carlo.

En una explosiva declaración reseñada por uno de los principales diarios de la isla (El Vocero), se establece que la supuesta perjudicada viene teniendo problemas con el legislador popular desde hace bastante tiempo, aunque al final llegaban a reconciliarse, lo que intentan hacer de nuevo. Ferrer Ríos, candidato del PPD a la alcaldía de San Juan, fue detenido la semana pasada después de sostener un altercado personal con su joven compañera, una estudiante de derecho.

Aunque no surgen pruebas de  agresión física, la presunta agraviada y un familiar procedieron a llamar a la Policía alegando que la mujer era increpada con frases soeces, lo que desmiente la versión del legislador quien alega que fue detenido ilegalmente por la Policía. A diferencia de otros sospechosos de violar la Ley 54, Ferrer Ríos nunca fue esposado por los agentes interventores y solo estuvo varios minutos en la celda de detención del cuartel de Hato Rey Oeste. Incluso, las trece horas que Ferrer dijo haber estado arrestado sin formulación de cargos, no constituye según la Uniformada, violación de ningún derecho civil.

” Con la actitud asumida ayer por el señor Ferrer Ríos quien descargó contra todo el mundo para tratar de justificar su conducta, lo que hizo fue complicar las cosas”, arguyó una fuente a pedido de La Calle Digital.

De otra parte, de ser cierto que la señora Hernández solicitó de las autoridades no continuar la querella contra su compañero consensual, ese dato no trasciende de su declaración jurada original, ni su representante legal tampoco emitió comentarios sobre el particular. En resumen, cuando el representante Ferrer Ríos pensaba que todo terminó el lunes con la conferencia de prensa para lanzar acusaciones contra la Secretaria de la Familia Yanitzia Irizarry, la Procuradora de la Mujer Wanda Vázquez, Policía y el Departamento de Justicia, la situación amenaza con complicarse. Trascendió, que de no comparecer voluntariamente para sostener sus denuncias contra estos funcionarios del Gobierno, Ferrer Ríos, la señora Hernández y demás interesados tendrán que presentarse a Corte so pena de desacato.

Llueve y no escampa para ex legislador Rodríguez Traverzo

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Como si no  tuviera bastante con la intensa búsqueda que las autoridades han desatado en su contra, ahora el ex representante Iván Rodríguez Traverzo , tendrá que enfrentar otra  orden de arresto expedida hoy por la juez superior Gladys Torregrosa del Centro Judicial de Aguadilla, quien lo halló incurso en desacato tras no asistir a una vista sobre pensión alimentaria. La magistrada le fijó fianza de $4 mil y ordenó la detención del político de día o de noche y dondequiera que se encuentre.

Se alega que la acción civil fue incoada por la madre de uno de los 6 hijos del ex representante del PNP, que reclama pagos atrasados de pensión por más de $9 mil. Aunque se desconoce si Rodríguez Traverzo fue citado de manera oficial, la juez Torregrosa dictiminó el arresto luego de aguardar por la llegada del querellado desde las 8:30 am de este martes.

La nueva orden de detención le complica la vida al conocido ex representante nativo de Isabela, quien es buscado por la policía, agentes del NIE y alguaciles de toda la isla. Se dice que agentes del Negociado Federal de Investigación (FBI), podrían unirse al operativo ante informes de que Rodríguez Traverzo planea salir del país.

Para las 3:00 de la tarde de hoy había sido coordinada la entrega del ex legislador novoprogresista, pero el trámite quedó tronchado por supuestos “celos” entre la Policía y la Oficina del Fiscal Especial Independiente. No obstante, el defensor Hilton García Aguirre, aseguró que su cliente no busca trato preferencial, pero enfatizó en el derecho del imputado a la presunción de inocencia.