Por Wilma Maldonado Arrigoitía y Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo

«Maletines apareciendo. Maletines por buscar.

Papeletas contadas. Papeletas sin contar.

Votos adjudicados. Votos sin adjudicar.

Actas cuadradas. Actas sin cuadrar.

Candidatos “ganadores” certificados. Candidatos ganadores sin certificar.

El fraude toca a las puertas. Algunos quieren permitirle entrar.

Una C.E.E. acéfala – controlada en todas sus estructuras por el partido político en el poder, ello por disposición del nuevo Código Electoral – mira hacia un lado. El silencio de la mayoría de un Tribunal.

Un gobierno ilegítimo, ¿el resultado final?«

-Juez Ángel Colón Pérez, Opinión disidente en el caso Movimiento Victoria Ciudadana vs Miguel Romero, Tribunal Supremo de Puerto Rico

23 de noviembre de 2020

Florencio Fernández Martínez y Ana María Demorizi Castillo “votaron” en el 2020 y en el 2016, respectivamente, según los récords de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Pero esto es imposible.

Don Florencio, de 95 años, vive en la República Dominicana desde 2010 y no vota en Puerto Rico desde el 2008, y su esposa, Doña Ana, quien hoy tendría 90 años, murió en el 2011, cinco años antes de que se emitiera un voto a su nombre. Así consta en los documentos provistos por sus familiares. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) verificó los votos que se atribuyeron a ambos en la plataforma digital Consulta del Elector de la CEE. Los dos aún aparecen activos en el Registro General de Electores (RGE), al que el CPI tuvo acceso.

Sus casos no son aislados, sino parte de un patrón que se conoce bien entre las estructuras electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y la CEE, donde se utilizan los datos personales de electores fallecidos, adultos mayores, o que viven fuera del país para cometer fraude electoral en Puerto Rico, encontró una investigación del CPI.

La pesquisa, que incluyó el análisis de datos del Registro General de Electores de Puerto Rico y entrevistas a una veintena de fuentes de la CEE de todos los partidos políticos, así como la revisión de cientos de documentos, detectó que al menos 5,872 electores que murieron entre 2015 y el 30 de septiembre de 2020, que aparecen como activos en el RGE, es decir, votaron en el 2020 o el 2016.

En el RGE, también hay sobre 2,865 electores activos que tendrían sobre 100 años y algunos tienen fechas de nacimiento de los años 1800 ‘s. El CPI revisó una muestra de 450 récords de estos electores en la plataforma de Consulta del Elector de la CEE y, al pasado viernes, detectó que solo ocho de ellos o menos de un 2% habían sido excluidos por muerte. Todos los demás seguían activos, incluyendo una decena que nacieron entre 1828 y 1850 pero que, según la CEE, votaron en las elecciones generales del 2020. Uno de ellos, un vecino de Luquillo que tendría hoy 174 años, fue “reactivado” para votar en el 2020, según la plataforma.

El CPI no pudo hacer el ejercicio con los fallecidos previo al 2015, ni con los fallecidos en 2023, porque el Registro Demográfico se ha negado a entregar estos datos a pesar de un pleito legal que lleva casi un año en los tribunales.

Al preguntarle a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, cuántos muertos hay en el Registro Electoral y esta dijo que no podía precisar, pero aseguró que no debían ser más de las 16,000 defunciones que han recibido del Registro Demográfico para el 2023. Sin embargo, el análisis del CPI determinó que el RGE, que contiene los datos personales de casi cinco millones de electores, incluye la informaciónlos datos de casi 900,000 fallecidos identificados como electores activos, inactivos y excluidos.

Padilla Rivera reconoció en entrevista con el CPI que, aunque la Unidad de Exclusiones de la CEE depura con frecuencia el Registro de Electores, hay un atraso que busca remediar antes de las elecciones del 5 de noviembre. Achacó esta demora a que la plataforma del Registro Demográfico cambió y no se comunica con la de la CEE, lo que provocó un año de retraso.

Pero en tres días el CPI confirmó, a través de la plataforma Consulta del Elector de la CEE, que buena parte de las personas fallecidas que aún aparecen en el Registro Electoral y que figuran como electores que votaron en las elecciones del 2020, murieron antes del 2023. Esto confirma que el problema no corresponde al retraso del 2023, como ha dicho la presidenta alterna Padilla Rivera.

El CPI consiguió los datos del RGE que se comparten con los comisionados de cada partido por medio de una fuente que solicitó anonimato dada la negativa de la CEE a entregarlos y pudo confirmar, por medio de un muestreo, que los datos coinciden con los que están en la página Consulta del Elector de la institución.

“Es inaceptable que se juegue con la participación electoral de las personas mayores y de aquellas que ya han fallecido. Estos actos no solo corrompen el proceso electoral, sino que también erosionan la confianza pública en nuestras instituciones”, sostuvo en entrevista con el CPI Anadys Félix Fernández, nieta de los Fernández Demorizi, quien señaló que su familia se prepara para presentar las acciones correspondientes para que se investigue el caso de sus abuelos.

Estos muertos que votan son solo una de varias modalidades de potencial fraude electoral que muchos militantes, movilizadores y gestores políticos llevan ejecutando por más de dos décadas en Puerto Rico, falsificando endosos y votos, y utilizando la información personal del RGE para beneficiar a candidatos y para vaciar listas en los colegios el mismo día del evento, confirman las fuentes testimoniales y documentales que consultó el CPI. La CEE nunca ha tenido la capacidad, ni la voluntad, de fiscalizar la emisión y manejo de estos documentos, sostienen fuentes cercanas a la institución.

El “vaciado de listas” es utilizar el RGE o los registros de afiliados de los partidos para hacer transacciones falsas a nombre de electores, como por ejemplo, endosar aspirantes o solicitar alguna modalidad de voto especial para luego emitir un voto fraudulento.

Este esquema termina provocando que se cuenten miles de votos de ciudadanos “encamados” que caminan, adultos incapacitados mentalmente y muertos que tendrían hoy hasta 196 años de edad y que figuran en el sistema de la CEE como personas que votaron en los últimos tres ciclos electorales, según los documentos y datos obtenidos por el CPI.

Aunque el Código Electoral de 2020 establece, en varias partes, el carácter confidencial del RGE, el estatuto también permite que la CEE determine “aquellos datos del Registro que pueden ser divulgados” y mantiene como “confidenciales otros que pueden ser utilizados para la corroboración de la identidad de electores”. En la práctica, los candidatos y cientos de simpatizantes que conforman la llamada “estructura electoral” de los partidos políticos tienen acceso a la información personal de los ciudadanos, y algunos la han divulgado.

Incluso existen “gestores” que, con el Registro Electoral en mano, ayudan a los aspirantes a conseguir los endosos que validan su candidatura y con la tramitación de solicitudes de voto adelantado, según media docena de testimonios de personas con conocimiento directo, así como querellas y pleitos judiciales revisados por el CPI. Algunos de estos gestores falsifican firmas de los electores y cobran por recoger firmas que les entregan a los candidatos, relataron seis fuentes que hablaron al CPI sobre esta práctica. 

Los “gestores” venden sus servicios “por un módico precio” a los candidatos para recoger endosos desde la primaria, dijo una de las cuatro fuentes de tres de los cinco partidos políticos inscritos. Al final, su trabajo se traduce en un proyecto híbrido de endosos en el que hay firmas reales tomadas en persona al elector, pero también recurren al vaciado de listas.

“Estos gestores son ‘criaturas de la CEE’ porque trabajaron allí y conocen al personal que le facilita la información primero que a nadie”, explicó esa misma fuente. 

Igualmente, la CEE permite la entrega masiva de solicitudes de voto adelantado, pese a que el Artículo 9.38. del Código Electoral lo prohíbe. Dice: “Toda solicitud de Voto Adelantado deberá presentarse de manera individual, una por cada Elector. No se aceptarán solicitudes agrupadas”.

El problema de la manipulación y vaciado de listas en los colegios de votación es tan real que el Código Electoral lo menciona como una práctica a evitar.

Cómo opera el esquema

Una de las fuentes – vinculada al PPD – explicó que este “vaciado de listas” para completar la cantidad de endosos requeridos no lo hace una sola persona copiando del Registro Electoral nombres “a gran escala”, sino que se trata de “mucha gente” organizada a nivel municipal, de precinto y de barrio que utiliza listas que se han extraído del Registro Electoral y de sus listas de afiliados para esta práctica.

Una persona conocedora de los procesos internos del PNP y PPD explicó bajo condición de anonimato que otra forma de fraude se da cuando un vecino del barrio sabe que una familia del sector “se mudó a Orlando, por ejemplo, y entonces yo endoso [a un candidato] por ellos, solicito voto adelantado [por ellos] y pido la papeleta, y yo pendiente al buzón [para recoger el sobre que contiene las papeletas], y la uso”.

También ocurre la práctica del administrador de un asilo u hogar de ancianos “que vota por todo el asilo”, agregó la fuente.

La fuente indicó que también se ejecutan esquemas fraudulentos de voto en los hospitales y cárceles por medio de la intervención de militantes políticos.

“Son andamiajes complejos y grandes”, explicó.

“Lo grave del asunto es que son instituciones de cuidado prolongado donde las personas no pueden valerse por sí mismas. La gran mayoría es porque han perdido su capacidad mental o su juicio. No se supone que las personas que no tienen capacidad mental voten”, sostuvo la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado.

“Definitivamente se aprovechan”, acotó.

Según dijo, de las 900 instituciones de este tipo con sobre 20 mil residentes expuestos a estas situaciones en Puerto Rico, los empleados no presentan querellas por temor a perder sus empleos.

Sin embargo, el mayor vaciado de listas ocurre el mismo día de las elecciones durante el escrutinio, cuando, según una fuente interna del PNP, los funcionarios de los otros partidos se cansan y se van a sus casas.

“Agarran las famosas listas de gente fallecida o que no fue el día del evento, las vacían y llenan las papeletas”, explicó.

Señaló que en el PNP saben que hay personas fallecidas activas en las listas y que, a su juicio, las mantienen así para poder operar el esquema. Aseguró que la dinámica en el PPD es igual.

Un caso que ejemplifica el vaciado de listas durante una votación ocurrió en Villalba durante las primarias del PPD en 2012. Ese día, dos funcionarios de colegio, que además eran empleados de la Legislatura Municipal, vaciaron listas para favorecer a aspirantes a la Asamblea Legislativa. El vaciado lo hicieron durante el escrutinio en pleno salón mientras una persona vigilaba la puerta, según trascendió en un proceso legal en el que los funcionarios se declararon culpables.

De esta forma, se manipulan los procesos electorales, y por ende la democracia, desde el lanzamiento e inscripción de potenciales candidatos a puestos electivos hasta el resultado de los comicios generales. Todo ocurre a plena vista de la cúpula directiva de la CEE, pero las consecuencias penales o administrativas han sido escasas, según cuatro fuentes del PNP y del PPD que han trabajado en la institución.

La CEE nunca ha tenido la capacidad de validar los miles de firmas de endoso que se entregan de presuntos electores, reconocieron en entrevista con el CPI el director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE, Eduardo Nieves Cartagena, y el subdirector del organismo, Aníbal Zambrana.

Ambos funcionarios dijeron que ahora, con el Registro Electrónico de Electores (eRE), por primera vez podrá haber alguna fiscalización, porque el sistema envía textos y correos electrónicos al ciudadano cuando se hace una transacción a su nombre. Esta fiscalización tendría que venir de parte de los ciudadanos, quienes deben hacer querellas, reconocieron.

Al cierre de esta edición, solo el 5 por ciento de los 1.9 millones de electores hábiles estaban registrados en dicha plataforma, y más de la mitad de dichos registros estaban detenidos a la espera de revisión.

El CPI solicitó entrevista con el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para que explicara las razones para la falta de investigación y procesamiento por delitos electorales. El funcionario declinó enviando declaraciones escritas en las que se limitó a decir que la División de Integridad Pública tiene cinco investigaciones activas, sin precisar más.

Aunque el uso de información del Registro Electoral para fines no autorizados por la Ley es un delito electoral de modalidad grave, estos datos se trafican – como se ha visto en los casos recientes de la licenciada Mayra López Mulero, del periodista David Cordero Mercado, del fiscal Emanuel Rodríguez, así como de residentes en un asilo en Miramar, San Juan –. El Departamento de Justicia no ha presentado casos relacionados a estos hechos.

El candidato a representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Pedro Cardona Roig, presentó querellas ante la CEE, Justicia y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés) por los hechos relacionados al asilo en Miramar.

En el caso de López Mulero, la presidenta de la CEE relevó de funciones a la empleada de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de San Juan.