Editorial

Aunque el público puede esperar cualquier ridiculez de personas sin talento o «apagadas» como se dice en el argot artístico, este no es el caso de varias figuras de los medios de comunicación locales que fueron fotografiadas en actitud comprometedora  durante las recientes fiestas de la calle San Sebastián. Resulta chocante observar a una dama como Gricel  Mamery, siendo toqueteada por un sujeto identificado como Javier Ceriani, quien intenta pautarse con una «actuación» grotesca e irresponsable. Feo espectáculo montado desde el balcón del Hotel Condado y ante la vista de familias acompañadas de sus niños.

Realmente, siempre hemos esperado más de una personalidad como Gricel Mamery, a quien los residentes del Area Oeste siempre han distinguido por su talento y sencillez. Quisiéramos estar equivocados y que las fotos fuesen algún truco promocional de una obra de teatro.

En cuanto a Raymond Arrieta, no sabemos si él avaló un «show» tan pobre. Se trata de un  gran artista puertorriqueño que tiene un lugar en el corazón de cada familia que todo el tiempo lo ha seguido  como un ejemplo a imitar por la juventud.

Consejo de amigo, no dejen nuestros buenos artistas que ningún seudoactor apagado y sin plaza de trabajo los utilice para llamar la atención de la prensa farandulera internacional. Si el señor Ceriani, quiere seguir mostrando sus debilidades públicamente, que lo haga, pero nunca restándole seriedad a personas que Puerto Rico admira y aplaude cuando hacen las cosas bien.

Cuando trascendió la polémica pensábamos que el representante José Luis Rivera Guerra, PNP por Aguadilla-Moca, estaba implicado en situaciones tan serias como el hurto de los servicios de agua y luz en su residencia. Incluso, algunos medios dijeron que el legislador » se estaba robando el agua y la energía eléctrica». Políticos de oposición pidieron la cabeza del legislador y hasta llegaron a demandar la renuncia inmediata del servidor público.

Sin embargo, y a medida que se va desenrredando la madeja, podemos establecer que el señor Rivera Guerra, nunca ha estado relacionado al hurto de agua y luz, aunque no niega que se está supliendo de ambos servicios desde la casa de un familiar a quien le paga por el uso. Si eso es ilegal o no, en su día le corresponderá a la AEE y a la AAA, dilucidar el caso en los tribunales.

En lo concerniente a  los permisos de ARPE y la deuda del CRIM, es importante preguntar si el representante Rivera Guerra, hizo los trámites de rigor para  legalizar sus propiedades a través de la tasación y el pago correspondiente. Sabido es que existe un proceso burocrático en ambas agencias y por eso no se puede culpar al contribuyente, llámese Rivera Guerra o Juan del Pueblo.

Desde tiempos de antaño en nuestra isla hemos tenido familias, incluyendo, padres, hijos y nietos que habitan arrimados en un solar que les dejaron sus abuelos; tierras que han permanecido sin inscribir por generaciones y donde solo medió la palabra y la buena fe de los antepasados. No decimos que ése sea el caso de Rivera Guerra, pero ninguna ley o reglamento se puede aplicar a la «trágala»  solo  por complacer agendas partidistas.

Si se establece fuera de duda razonable, que el legislador Rivera Guerra ha incurrido en violaciones de ley que constituyan depravación moral, enriquecimiento ilícito o dañen el buen nombre de la Legislatura, pues que se actúe con toda la fuerza de la ley. Mientras tanto, no incurran en la injusticia que en el pasado se cometió con el entonces senador Nicolás Nogueras y  otros ex miembros de la Cámara Alta.

Decir que vivimos en un país  donde todo marcha sobre ruedas sería caer en la falsa visión de que Puerto Rico continúa siendo la » Isla del encanto». Es de público conocimiento que nuestra isla cerró el 2011, con uno de los índices de asesinatos más altos de toda la historia y que el trasiego de drogas es una de lacras sociales que sigue diezmando el recurso más importante de la patria: sus niños y jóvenes. Todo esto lo podemos estipular. Como ciudadanos responsables tampoco es el propósito colocarnos una venda para no ver lo que ocurre a nuestro alrededor.

Desafortunadamente, lo que trasciende siempre a nivel internacional son aquellas cosas negativas que lastiman el amor propio de un pueblo humilde, hospitalario y trabajador cuyos habitantes son, en su mayoría, hombres y mujeres decentes comprometidos con lo mejor de ser puertorriqueño.

Sinceramente, tiene que dolernos que haya medios de comunicación aquí y en el territorio continental de los Estados Unidos de América, que se presten para ridiculizar y estigmatizar la verdadera imágen de un pueblo noble y trabajador.

Decir, «soy puertorriqueño, debo ser bueno vendiendo drogas», es una frase que ningún boricua que se respete así mismo, deba tolerar aquí  y en  ningún lugar del mundo. De haber compatriotas que se manchan las manos y la conciencia con la venta de sustancias controladas, ésa no es la representación total de más de ocho millones de hermanos nuestros en la tierra local y en los 50 estados y territorios. La mayoría de los puertorriqueños llevan el sustento al hogar producto de un trabajo honesto, limpio y del que sienten orgullo.

Desde estas páginas demandamos de la televisora ABC que se excuse sin más dilación con todos los puertorriqueños que habitan en todos los rincones del mundo y que son embajadores de decencia para su país. En cuanto al actor Amaury  Nolasco, le suguerimos que continúe ganándose el pan de cada día, pero sin mancillar el buen bombre y la dignidad de quienes llama «compatriotas puertorriqueños».

Decir que el sargento asesinado durante el cumplimiento del deber pudo activado el sistema de cámaras del auto patrulla que manejaba, es un cuento de caminos para no admitir que la Policía no dispone de ese  sistema electrónico que lleva más de un año instalado, pero que nunca ha funcionado. Aparentemente, alguien ha pretendido tomarle el pelo al Superintendente, señor Emilio Díaz Colón, dándole una versión totalmente falsa.

Es un secreto a voces que las cámaras instaladas en los vehículos de la Uniformada están fuera de servicio por falta de mantenimiento y las pocas que aún funcionan no disponen del disco para grabar. Eso lo saben los propios patrulleros de la División de Tránsito, que declinan comentarlo en público para evitarse sanciones administrativas. Incluso, hay miembros de la Fuerza que ni siquiera saben como manejar las cámaras porque nunca fueron entrenados.

Le sugerimos al superintendente Emilio Díaz Colón, que en lugar de hacerse eco de los «cantos de sirena» que le traen los oficiales de alto rango haciéndole creer que todo marcha bien en la Policía a nivel estatal, lleve a cabo visitas por sorpresa a los diferentes cuarteles y regiones como se hacía en los tiempos de Pedro Toledo.

Es cierto que los autos asignados a los oficiales de barras y estrellas se encuentran en la mejor condición, y posiblemente las cámaras de seguridad funcionan, pero la historia es distinta cuando se trata de los uniformados que tienen la obligación de conducir autos con las gomas en la lona y desperfectos mecánicos.

Don Emilio Díaz Colón, usted es un buen puertorriqueño, lleno de buena fe para trabajar por Puerto Rico, pero eso no basta para bregar con el problema del crimen que toca las puertas del propio Departamento de la Policía. La pérdida del Sargento Abimael Castro Berrocales, es una tragedia para nuestros país y no es momento para invocar excusas. Por favor, no siga justificando lo que todos sabemos, que  a usted se le ha ido de las manos la dirección de nuestro más importante cuerpo de seguridad pública. En La Calle Digital no le pedimos que se vaya del cargo de Superintendente de la Policía, tan solo queremos que no continúe dando excusas. Puerto Rico y su gente no lo merece.

No obstante nuestras observaciones para que las agencias pertinentes asuman responsabilidad en un asunto tan delicado, a ninguna autoridad parece interesarle la seguridad de los miles de ciudadanos que acuden diariamente a establecimientos comerciales donde la protección del cliente no es asunto prioritario. En repetidas oportunidades hemos observado como en negocios que se dedican a las ventas al por mayor  y al detal, se movilizan enormes estibas de mercancía con los llamados «fingers» sin tomar en cuenta a las personas que hacen compras en carritos pequeños y en pésimo estado.

Hacemos una invitación al Secretario del  Departamento de Asuntos al Consumidor, Bomberos y otras agencias responsables de velar por la protección del pueblo para que ejerzan una mayor fiscalización en esos negocios donde el movimiento de mercancías se hace sin el debido respeto por la vida y seguridad de clientes, y de los mismos empleados.

¿ Y qué opina usted, señor secretario del DACO, de aquellas tiendas donde ubican artículos pesados en góndolas de metal de hasta 30 pies de alto, las que pudieran constituirse en grave riesgo de lesiones o muerte en caso de un terremoto?

Pero, obviamente, el interés económico está por encima de unas cuantas vidas que pudieran troncharse a  causa de tanta negligencia. Es nuestra sugerencia respetuosa, que en  todo aquel establecimiento comercial donde se coloque mercancía a gran altura, haya una zona de protección y de escape de emergencia, cosa que no existe en este momento.

De la misma forma que en los comercios del país se concede mucha importancia a prevenir  al hurto de mercancía, lo que no objetamos, es importante proteger la vida de aquellos que hacen posible que esos negocios generen empleos y riqueza.

Por favor, no esperemos a que ocurra una situación catastrófica en la isla y que las tiendas estén atestadas de público, para entonces comenzar a inventar excusas. En La Calle Digital, queremos  lo  mejor para nuestra gente, pero hay que prepararse para enfrentar el peor escenario.

Aunque la alcaldesa de  Cabo Rojo  intenta rebatir las críticas alegando que solo se trata  del  fiel cumplimiento de una ordenanza municipal que regula tales actividades, vecinos y comerciantes de ese municipio dicen estar molestos porque las autoridades municipales pretenden que la tradición navideña vaya desapareciendo ante las presiones que se ejerce contra los organizadores de parrandas en lugares públicos y privados.

Una dueña de negocios en Cabo Rojo, alegó haber apercibida por la Policía Municipal a proveerse de los debidos permisos antes de celebrar cualquier trulla o evento artístico en el establecimiento. A opinión de juristas entrevistados por La Calle Digital, esto podría constituirse en una violación al derecho de libertad de expresión y a la potestad que tienen los ciudadanos de llevar a cabo actividades lícitas.

Aparentemente, en el municipio de Cabo Rojo las autoridades locales quieren estar tanto de dónde y quién lleva a cabo eventos artísticos y parrandas que conllevan el pago de algún permiso o patente.

Si bien es cierto que la ciudadanía tiene derecho al descanso luego de determinadas horas de la noche, para ello sigue vigente una ley contra la alteración a la paz y desórdenes en la vía pública. No es matando una tradición del pueblo puertorriqueño que se logra vivir en paz y  hermandad vecinal.

Intentar amedrentar a un ciudadano para obligarle a pagar algún compromiso económico con el estado, es tan deplorable como las actuaciones de aquel funcionario corrupto acostumbrado a lograr lo que desea a fuerza de presionar la entrega de dinero para lucro personal. Ambos lados de la moneda son igual de censurables y deben ser castigados por las leyes. Ser empleado del gobierno responsable de gestionar el cobro de deudas fiscales, es un asunto tan delicado como llevar una copa de cristal sobre la cabeza en medio del tráfico.

Con sus contadas excepciones, Puerto Rico es uno de los lugares del mundo donde los funcionarios y empleados de Hacienda gozan de una bien ganada reputación de honestidad. Sin embargo, hay algunos empleados de agencias encargadas de tramitar el cobro de diferentes servicios y contribuciones que han adoptado el papel de «dioses del Olimpo».

Han llegado a creer que la palabra destemplada, las amenazas de acudir a los tribunales y una actitud arrogante son requisitos indispensables para llevar a cabo ese tipo de tarea. Nada más lejos de la realidad. Uno puede ser un excelente cobrador de impuestos sin recurrir a poner en tela de juicio el buen nombre de la persona a quien acude a visitar en su oficina o negocio.

Se dan casos de funcionarios gubernamentales que se presentan a los lugares portando armas de fuego y queriendo ostentar la misma autoridad de la Policía o el  FBI. No sé cuando, ni quién los invistió con el poder de tratar a las personas como vulgares delincuentes. Entendemos que las agencias pertinentes deben orientar a sus empleados fiscalizadores sobre el rol que deben desempeñar cuando van  a la calle. Es muy malo, que un funcionario público abuse del poder conferido, cuando el ciudadano a quien maltrata contribuye al salario que ese funcionario recibe.

Aunque vemos con simpatías la iniciativa de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico para que celebremos una Navidad tranquila y libre de asesinatos, la consigna del pueblo no debe limitarse a estos próximos 31 días. «En diciembre ni nunca», ese tiene que ser compromiso de una sociedad agobiada por la cifra de crimenes más alta en la historia del país.

Le corresponde a los medios de comunicación, de manera especial a la televisión, llevar a cabo campañas cívicas que enfaticen en la importancia de los valores y buenas costumbres que no se aprenden en las escuelas. De qué vale que los trabajadores de la Prensa se unan con el fin de despertar conciencia pública en cuanto a la ola criminal que nos arropa, mientras en algunos de canales de televisión se están presentando programas que «glorifican» la violencia, el sexo y la falta de respeto a nuestros adultos mayores.

Incluso, las novelas de mayor «rating» son aquellas de corte sexista donde la trama gira alrededor de los capos del narcotráfico, el irrespeto a la mujer y la explotación de la figura femenina como objeto sexual. El llamado tiene que ser a los propietarios de los medios de comunicación para que aporten de forma positiva a que  tengamos un mejor Puerto Rico, libre de asesinatos.

Es loable el proyecto iniciado por los  colegas de la prensa activa quienes piden un alto durante el mes de diciembre en la guerra que los enemigos de la sociedad tienen desatada con todos, sin importar cuántas vidas inocentes tronchan a diario. «En diciembre ni nunca, esa tiene que ser la promesa de todos».

Si bien la gente tiene el derecho de invertir su dinero de la forma y manera que lo estime conveniente, también es cierto que ninguna persona con dos dedos de frente gasta todos los recursos en cosas superfluas, mientras desatiende asuntos tan importantes como pagar la hipoteca, luz, agua y otras utilidades. Es un hecho comprobado, que el llamado «viernes negro» es la gota que derramó el vaso en el consumismo desenfrenado que impera en nuestra isla. Hay quienes se quejan de que les  falta dinero para hacer una buena compra, sin recurrir a los sellos de alimentos, pero rompen la alcancía de los nenes para adquirir el  plasma más costoso, a expensas de poner en juego su salud y alimentación.

Escuchamos a un colega periodista conversar con una señora que salía de un centro comercial luego de invertir hasta el último centavo del bono de navidad que le envió el gobierno. La dama dijo que la plata se le fue en comprar dos celulares y  varias computadoras portátiles. Acto seguido el reportero le inquirió sobre otros asuntos pendientes como las facturas de agua y luz.

» Pues mire, eso no me preocupa, la última cuenta la paga el diablo y el  que venga atrás que arree», ripostó la doña, ejemplarizando, la poca importancia que se le concede a las prioridades.  Es justo preguntar, ¿ qué nos pasa Puerto Rico?