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MAYAGÜEZ: El más reciente informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre las operaciones en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR-Mayagüez), reveló que las pruebas efectuadas y la evidencia en su poder demuestran que “las operaciones del RUM, en lo concerniente a las operaciones relacionadas con los vehículos de motor no se realizaron conforme a la ley y a la reglamentación aplicables, incluyendo hasta el robo de gasolina destinada a los carros oficiales.

Entre otras situaciones se destacó que se otorgaron contratos no autorizados por el Presidente de la UPR, y otros formalizados sin celebrar una subasta pública, pagos ilegales efectuados a un proveedor por la adquisición de combustible y lubricantes sin formalizar un contrato escrito, y deficiencias relacionadas con el proceso de preintervención de los desembolsos.

En el informe de auditoría CP 15-04 se informó que los funcionarios del RUM a cargo del proceso de preintervención de los desembolsos no verificaron la legalidad y  propiedad de los pagos por $1,056,742 dólares efectuados a una empresa , al aprobar los mismos sin haberse formalizado un contrato escrito entre las partes.

Los auditores asignados por la contralora Yesmín Valdivieso concluyeron que los actos “privaron al Presidente de la UPR de evaluar los términos, las condiciones y las opciones disponibles que pudieran resultar más beneficiosas para el RUM, antes de que se formalizaran los contratos”.

A su vez estas acciones privaron al RUM de obtener las mejores ofertas mediante la libre competencia entre el mayor número de licitadores cualificados.

“Además, propician el ambiente para favorecer a un licitador en perjuicio de otros y para otras posibles irregularidades, en detrimento de los mejores intereses del RUM.

La auditoría estableció que hubo un “desembolso ilegal de fondos públicos” por $1,056,742, por no contar con un contrato escrito donde se establecieran en forma clara y precisa las obligaciones entre las partes.

“Las situaciones comentadas en el apartado a. del 1) al 3) se atribuyen a que el Rector del RUM en funciones, el Decano de Administración, el Decano Auxiliar de Administración y la Asesora Legal, quienes estuvieron a cargo de la formalización y la administración de los contratos, no cumplieron con las disposiciones de ley y de reglamento mencionadas. La  situación comentada en el apartado a.4) se atribuye a la falta de diligencia por parte de los funcionarios a cargo del proceso de preintervención de las facturas y demás documentos de pago relacionados con la adquisición de combustible y lubricantes. Además, denotan que el Director del Departamento de Finanzas y el Supervisor de la Oficina de Preintervención no cumplieron con las disposiciones legales y reglamentarias citadas ni ejercieron una supervisión eficaz sobre las operaciones realizadas por el personal a cargo del proceso de preintervención”, reza el texto del informe de auditoría.

El informe destacó también la utilización de un procedimiento interno para el uso de las  tarjetas de crédito de adquisición de combustible sin la aprobación de  la Junta Administrativa, falta de control en el uso de las tarjetas de  crédito para la compra de combustible, ausencia de registros y otras deficiencias relacionadas con los vehículos oficiales

“Al 11 de septiembre de 2012, el RUM contaba con una flota de 223 vehículos oficiales con un costo de adquisición de $4,018,339 y  23 vehículos en arrendamiento valorados en $884,054. De estos, 36 estaban bajo el control de la Sección de Transportación, mientras que los restantes 210 estaban asignados a las diferentes oficinas o departamentos del RUM. Estos vehículos eran utilizados por funcionarios y empleados del RUM para brindar servicios a las oficinas, departamentos y decanatos, así como al estudiantado y personas particulares que visitaban la institución. El Supervisor de la Sección de Transportación y funcionarios de las oficinas o departamentos del RUM que tenían vehículos oficiales asignados eran responsables de mantener los registros sobre el uso, el control y el mantenimiento de los mismos. La adquisición, el uso, el mantenimiento y el control de los vehículos oficiales se rigen por el Reglamento General para Adquisición, Uso, Mantenimiento y Control de Vehículos de Motor en la Universidad de Puerto Rico”, indica.

Se alega que el RUM compraba combustible para sus vehículos oficiales a un proveedor mediante tarjetas de crédito. Al 10 de octubre de 2012, el RUM contaba con 174 tarjetas de crédito para la adquisición de combustible, de las cuales, 167 eran asignadas por vehículo y siete eran sustitutas (spare) asignadas por departamento.

A pesar de la situación se detectó por parte de los autoridades que no se llevaban records como millaje, rutas, salidas y destinos; nombre del conductor; y “no se realizaban investigaciones de los accidentes en los que los vehículos oficiales se veían envueltos. De acuerdo con una certificación emitida el 26 de octubre de 2012 por el Director del Departamento de Tránsito y Vigilancia del RUM, durante los años fiscales del 2008-09 al 2011-12 ocurrieron 92 accidentes en los cuales estuvieron involucrados vehículos oficiales”.

El informe de la contralora Valdivieso impuso responsabilidades, al señalar que las situaciones comentadas son indicativas de que el Director del Departamento de Edificios y Terrenos, y el Supervisor de la Sección Transportación no cumplieron con las disposiciones de reglamento y de contrato ni con la norma de sana administración y de control interno mencionada. Además, no cumplieron con su responsabilidad de proteger los intereses del RUM. Por otro lado, el Decano de Administración no ejerció una supervisión efectiva sobre dichas operaciones.

Asimismo se reveló el hurto de combustible por parte de dos empleados del RUM mediante el uso de tarjetas de crédito asignadas a vehículos oficiales para la adquisición de combustible para sus automóviles privados.

“El 28 y 30 de abril de 2014 funcionarios del RUM detectaron unas irregularidades relacionadas con el alegado hurto de combustible por $218 por parte de dos empleados del RUM que utilizaron tarjetas de crédito asignadas a vehículos oficiales para adquirir combustible para sus vehículos privados. El 30 de mayo de 2014 el Rector Interino del RUM designó a un Oficial Examinador para que realizara una investigación administrativa sobre dichas irregularidades. Además, el 3 de junio de 2014 dicha situación fue informada al Cuerpo de Investigaciones Criminales  (CIC), Sección de Delitos contra la Propiedad. Al 15 de julio de 2014, las investigaciones no habían concluido, por lo que no se había emitido una determinación final al respecto”, indica de forma concreta el documento.