Oficina del Contralor confirma denuncias de LA CALLE Digital sobre embarcaciones y vehículos del DRNA en Boquerón

BOQUERÓN: La Contraloría de Puerto Rico dio a conocer el jueves, que las situaciones públicas que se han vertido con respecto al estado de los vehículos y embarcaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ya se habían advertido desde el 2013 en dos Informes de Auditoría. A raíz de los hallazgos, la Oficina del Contralor había formulado recomendaciones y establecido planes de acción correctiva para corregir las faltas de control y múltiples deficiencias con la propiedad del DRNA.

“En muchas ocasiones vemos poca atención de algunas entidades a las recomendaciones de la Oficina del Contralor. Los informes de auditoría son un instrumento valioso para corregir las situaciones que se detectan y mejorar la administración de la propiedad y de los fondos públicos. El no actuar de forma inmediata y responsable, provoca que los hechos señalados se agraven con el tiempo y el remedio tenga un costo mayor al erario”, expresó la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso.

El Informe DA-13-46 de 2013 había señalado que no se había actualizado el Reglamento de Administración y Control de la Flota de Vehículos de 2002 lo cual podría aumentar el riesgo de pérdida, uso indebido de los vehículos de motor y dificultaría fijar responsabilidades en caso de irregularidad.

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El Informe DA-15-25 de 2015, en particular, contenía ocho hallazgos y la opinión era adversa. Este informe había revelado, múltiples faltas de control en las operaciones de la Sección de Transportación adscrita a la División de Servicios Generales del DRNA.

Los auditores habían hallado que el Registro Electrónico no incluía el costo de 638 vehículos de la flota, no indicaba la región asignada a 55 vehículos y no agregaron al registro, ocho unidades compradas por $177,000. Además, el 89 por ciento de los vehículos, embarcaciones, arrastres y equipo pesado, carecían de número de propiedad y dos embarcaciones de la Unidad Marítima de Boquerón estaban en estado de abandono.

Desde el 2013 se han publicado ocho informes de auditoría sobre las operaciones del Departamento, también sobre las multas por violaciones a las leyes ambientales, permisos de franquicias de aguas y bienes de dominio público, así como sobre los contratos de servicios profesionales y área de compras.

Piden a gobernadora saliente que nomine al alcalde de San Sebastián como nuevo Contralor de Puerto Rico

SAN SEBASTIÁN: El representante Wilson Román López (PNP-Distrito 17) le pidió a la gobernadora saliente Wanda Vázquez Garced que nomine al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, como nuevo Contralor de Puerto Rico, para que sea confirmado por Cámara y Senado, durante la próxima Sesión Extraordinaria que debe ser convocada esta.

En un comunicado de prensa, el legislador recordó que el alcalde Jiménez, quien lleva cinco términos en el cargo y revalidó para un nuevo cuatrienio, es contador público autorizado (CPA) y “ha probado ser un funcionario público de excelencia, evidenciado en los distintos informes de auditoría que ha realizado la Oficina del Contralor”.

“Entendemos que el alcalde Jiménez ha probado ser un funcionario público de excelencia y celoso con los fondos municipales, aparte de que es un reconocido CPA de profesión que contará con el aval del Colegio de Contadores Públicos Autorizados para esa posición”, expresó el representante por Aguadilla y Moca.

Jiménez es una de varias personas que están siendo mencionadas para el cargo de Contralor, cargo que actualmente ocupa la CPA Yesmín M. Valdivieso, cuyo término de diez años culminó en julio pasado.

La gobernadora saliente intentó nombrar a su secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, pero este no contaba con la preparación para el cargo; y luego de serias críticas, la designación fue retirada al no contar con los votos para ser confirmado.

“El alcalde Jiménez ha demostrado durante su trayectoria en el servicio público ser un buen administrador de los fondos públicos y los propios informes de la Oficina del Contralor así lo demuestran, por lo que entendemos que no debe tener problemas para que se le confirme en Cámara y Senado por todas las delegaciones de la mayoría y minoría”, concluyó Román López.

Contraloría señala deficiencias de control en los sistemas de información de la Estación Experimental Agrícola del RUM

MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Oficina de Sistemas de Información de la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

En un comunicado de prensa se dijo que el Informe revela que el Plan de Contingencia para la Continuidad de Negocios aprobado en el 2009, no estaba actualizado y no se había distribuido a los empleados y funcionarios concernientes. Además, no se habían realizado las pruebas anuales que certificaran la efectividad del Plan. Estas situaciones propician la improvisación y, que en casos de emergencia, no se tomen con orden las medidas apropiadas.

La auditoría de tres hallazgos, señala que el especialista en tecnología, tenía cuentas con privilegios administrativos de dos servidores y de la aplicación eBlue, a pesar de estar acogido a una licencia sin sueldo desde el 16 de febrero de 2017. Además, otros cinco empleados utilizaban la cuenta del especialista, contrario a la norma de que a cada una de estas cuentas se le asigna una única contraseña que no debe ser compartida.

El Informe indica la dificultad de los analistas programadores para entender el funcionamiento de los procesos y controles de la aplicación eBlue, ya que la Estación no contaba con manuales de programador y usuario. La Oficina de Sistemas de Información sólo contaba con cuatro vídeos instruccionales.

El Informe cubre el periodo del 22 de marzo al 1 de noviembre de 2018 y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

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Maricao pagó $206,908 por los planos del Maricao Water Park en el que no se ha puesto “ni un clavo”

MARICAO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Maricao, en la que se revela que el proyecto de la construcción del Maricao Water Park nunca comenzó a construirse a pesar de que el Municipio pagó $206,908 por los planos, los permisos de consulta y endosos, y los servicios de mensura y de topografía a un ingeniero contratado en el 2012.

Debido a que el proyecto no tenía permiso de construcción y estaba detenido, los honorarios de ingeniería no eran elegibles para los fondos federales del Community Development Block Grant (CDBG). Por eso, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) retuvo los $206,908 de la Asignación Equitativa del 2016 para Maricao.

Según el informe, esta situación provocó que el Municipio pagara por unos planos y servicios de ingeniería que no tuvieron utilidad.

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Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-04-28 del 2004. El Informe le recomienda al alcalde novoprogresista Gilberto Pérez Valentín, que se asegure que la planificación de los proyectos de construcción y su viabilidad, sean inversiones útiles y de interés público antes de invertir recursos.

La auditoría señala que para los años del 2014 al 2016, el déficit de Maricao era de $3.5, $2.6 y $2.5 millones, respectivamente, de un presupuesto de $6.1, $5.8 y $5.7 para ese periodo.

Los auditores de la Oficina del Contralor identificaron unos 10 cheques por $7,033 sin cobrar por periodos mayores a los seis meses prescriptivos. Estos cheques se deben cancelar a seis meses de su emisión, para evitar errores e irregularidades con los fondos del Municipio.

Además, el Municipio mantenía fondos por $4,198 en las cuentas bancarias, inactivos hasta por más de tres años. Una situación similar se había indicado en el Informe de Auditoría M-15-35 del 2015.

La auditoría de tres hallazgos, también comenta que Maricao tiene una demanda civil por $88,135 pendiente de resolución por el tribunal y dos multas de $60,000 que el Instituto de Cultura le impuso por demoler edificios de valor histórico sin los permisos.

Además, al 30 de junio de 2017, el Municipio no habían recobrado $28,150 que se le había recomendado en los informes de auditoría M-10-29 del 2009 y M-15-35 del 2015.

El segundo y último informe de Maricao cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017.

Tras Informe del Contralor… Alcalde de Hormigueros asegura que el Municipio no ha cometido ninguna ilegalidad

HORMIGUEROS: El alcalde Pedro J. García Figueroa desmintió el martes que su administración municipal haya cometido alguna ilegalidad al otorgar un contrato a una firma de arquitectura para realizar el proyecto del Centro de Usos Múltiples de la Comunidad Hoya Grande de este pueblo del Oeste.

En un comunicado de prensa, García dejó claro que el proyecto “está terminado, en uso y no tuvo ningún señalamiento en su construcción e inspecciones”.

Las expresiones del alcalde García surgieron luego de un referido hecho por la Oficina del Contralor al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“Nuestra Administración Municipal de Hormigueros tiene dentro de su misión, el ejercer sus deberes y facultades dentro de los más altos estándares de excelencia y en estricto cumplimiento con las leyes y la reglamentación aplicables. Así ha quedado demostrado en las anteriores auditorías realizadas por la Oficina del Contralor y en las monitorías de agencias fiscalizadoras de fondos federales”, mencionó el alcalde García Figueroa.

El incumbente municipal explicó que la selección de la Corporación de Servicios Profesionales de Arquitectura, a la que hace referencia el hallazgo, se hizo dentro del proceso de competencia adecuado mediante la solicitud de propuestas y el análisis de las mismas por la Junta de Subastas Municipal.

La Junta tuvo ante su consideración cinco propuestas para los servicios de diseño en su primera fase de un Centro de Usos Múltiples en el sector Hoya Grande del barrio Guanajibo.

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García dijo que la adjudicación de los trabajos se hizo conforme a la Ley, por votación unánime de los miembros de la Junta presentes en la consideración de propuestas, y ante la recomendación del Director de Obras Públicas Municipal, en calidad de miembro asesor de la Junta.

Indicó además que el contrato formalizado en julio de 2009 contiene unas obligaciones contractuales que no se extinguen con el vencimiento del contrato y el mismo cumple en su totalidad con las disposiciones de la Ley 237-2004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales o Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La cuarta cláusula de dicho contrato formaba parte de la propuesta del contratista y se estableció conforme lo permite el Manual de Práctica Profesional del Colegio de Arquitectos vigente en aquel momento. El establecer que dicha cláusula va en contra del estado de derecho aplicable, cuando es permitida por ley y tres de las cinco propuestas recibidas por la junta para los servicios establecían la misma condición, es una conclusión errada y se aparta de una evaluación objetiva de los procesos llevados a cabo por nuestra administración.

García dijo que los $28,885 pagados al contratista en cumplimiento con la cláusula cuarta del contrato se realizaron sin apartarse de la ley y con la aprobación de la entidad custodia y fiscalizadora de los fondos federales CDBG, la antes Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

“Los primeros $20,286 pagados por la revisión de honorarios estaban dentro de los costos iniciales de la fase de diseño, y los $8,599 fueron producto de una reprogramación de fondos solicitada el 2 de abril de 2012 y aprobada el 18 de abril de 2012 por la OCAM. Cabe señalar, que el proyecto de referencia en el hallazgo y los desembolsos realizados para el mismo fueron objeto de monitoría de la OCAM en la que las pruebas efectuadas reflejaron que nuestro Municipio cumplió con las leyes y los reglamentos aplicables al Programa”, apuntó.

“Es inaceptable que la Oficina del Contralor de Puerto Rico haga un referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental cuando le contestamos sus hallazgos, le demostramos que su interpretación es errónea, que la contratación cumplió con la ley y nos mantenemos firmes en que ni la Junta de Subasta ni ningún empleado del municipio ha cometido ninguna ilegalidad en la otorgación de este contrato. Si se le pago al Arquitecto esa cantidad es porque en su propuesta estaba estipulado y en el contrato que se firmó también. Además, ese pago al arquitecto se hizo como lo establecen las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como se hacen todas las cosas en mi municipio. Jamás se ha pagado por un trabajo no realizado… Jamás”, añadió el alcalde.

Por último, se indicó que este señalamiento es a la Junta de Subasta y no al Alcalde.

Contraloría refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética por alegado favoritismo en el pago de más de medio millón a suplidor que le vendía neveras y enseres

PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.

 

ASUME con casi $56 millones en el banco que no sabe de quién son (Documento)

REDACCIÓN: La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Administración para el Sustento de Menores del Departamento de la Familia (ASUME).

El Informe DA-19-04 revela que en los estados bancarios en donde se depositan los pagos de pensiones alimentarias del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2017, hay un balance que fluctúa entre $36 millones a $56 millones, y que ASUME desconoce la naturaleza de las partidas que componen ese dinero.

Dicho balance es el que registra el estado, luego de las transferencias de depósito de las pensiones alimentarias al padre custodio. La Administradora Auxiliar II certificó y la Administradora confirmó, que no se ha podido determinar la composición de dicha cuenta.

En el informe se indica que esta situación, contraria a la Ley Número 5 de 1986, conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, impide mantener un control efectivo de las operaciones relacionadas con los fondos de pensiones alimentarias y que se tomen las acciones oportunas para la distribución de los fondos.

Además, el no realizar conciliaciones bancarias de las cuentas de depósito y de desembolsos ni contar con subsidiarios o registros internos, propició que se mantuviera un balance en la cuenta sin que se conozcan las partidas, los importes y a quién pertenecen esos fondos.

La auditoría de tres hallazgos señala que se utilizaron $78,011 del Fondo Especial para Servicios y Representación de Casos de Sustento de Menores para gastos no relacionados ni permitidos en la  Ley Numero 5.  Esta situación en particular se refiere a la Secretaria de Justicia para su consideración y que tome las medidas que correspondan.

Por ejemplo, se pagaron servicios profesionales, arreglos mecánicos, cuenta de energía eléctrica y otros, con el Fondo Especial creado para otros fines como la representación legal, localización de las personas obligadas a proveer alimentos, pago de gastos incurridos en los recaudos y distribución de las pensiones alimentarias, entre otros. El Informe comenta al respecto que la ASUME no cuenta con normas y reglamentos que regulen las operaciones relacionadas del Fondo Especial.

El Informe indica también que el Manual de Normas y Procedimientos para el manejo de los casos de pensiones alimentarias que se utiliza desde el 2011, no había sido aprobado ni revisado por los administradores de la ASUME ni por los secretarios de la Familia en funciones.

El Informe está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Informe del Contralor destapa esquema de corrupción de la pasada “plana mayor” de la UPR de Arecibo (Documentos)

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ARECIBO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

El Informe revela que funcionarios de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo siete talleres de educación continua, se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,603.

Enlace al informe

Los auditores desvelaron un esquema de apropiación de fondos públicos y gastos extravagantes y excesivos en bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, servicios de spa e incluso gastos de estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres. En el esquema, los funcionarios solicitaban a los empleados de los hoteles que alteraran las facturas y los justificantes.

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Esta situación se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de septiembre de 2016. El 25 de mayo de 2017 los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR-Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto CRECE 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR-Cayey.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra todos los acusados por apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El 28 de marzo del 2018 una jueza determinó causa para juicio y los procedimientos continúan ante el Tribunal.

Con respecto a esta situación, el Informe comenta que las facturas alteradas por los empleados de los hoteles, fueron certificadas por el coordinador de Cuentas por Cobrar del hotel A y el gerente de Crédito del Hotel C. Además, a petición de la coordinadora del proyecto CRECE 21, se prepararon certificaciones de no consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de que esto no era cierto.

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En otras actividades celebradas en el Hotel C, se identificaron gastos innecesarios, extravagantes, excesivos e ilegales de compras en los restaurantes, barras y convenience store que ascendieron a $3,828.71. Estos gastos se cargaron a las habitaciones asignadas a la directora del Proyecto CRECE 21 quien solicitó al gerente de Crédito del Hotel que transfiriera los gastos incidentales al master folio de la actividad y los nombres de algunos huéspedes se sustituyeron por UPR-Staff.

La auditoría de dos hallazgos señala que los funcionarios de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la UPR-Arecibo, no se aseguraron de que los maestros que tomaron los adiestramientos, cumplían con los requisitos estipulados en el contrato entre la UPR-Arecibo y el Departamento de Educación (DE).

Por eso el DE no le pagó a la UPR-Arecibo $695,952 de los $1.5 millones facturados. Por ejemplo, en un taller que se impartió a 100 maestros de kínder, 27 de ellos no cualificaban, y en un taller a 100 maestros sobre la enseñanza de la lengua materna, 63 de ellos no cualificaban. No obstante, la UPR-Arecibo pagó por los gastos incurridos de hospedaje, comida, estacionamiento, materiales y los facilitadores.

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Oficina del Contralor le da “buenas notas” al Área Local de Desarrollo Laboral Mayagüez-Las Marías

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MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión favorable de las operaciones fiscales del Área Local de Desarrollo Laboral Mayagüez-Las Marías (ALDL).

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En un comunicado de prensa se informó que las pruebas efectuadas revelaron que las operaciones se realizaron “de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable en los procesos de selección, adjudicación y administración de las propuestas relacionadas con servicios intensivos de adiestramientos y otras actividades, para jóvenes, adultos y trabajadores desplazados. La auditoría examinó, además, las operaciones de compras y los desembolsos en la adquisición de equipos y materiales”.

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La ALDL se creó en el 1993 como Consorcio Mayagüez-Las Marías. En el 2012 cambió su nombre a Área Local de Desarrollo Laboral Mayagüez-Las Marías. La ALDL es un área en la cual se prestan servicios con los fondos WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act of 1914) con el propósito de desarrollar el talento de la fuerza laboral para apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico.

Su presupuesto en el año 2017 ascendió a $2.1 millones.

El informe M-18-29 cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016 y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría revela distribución “por la libre” de asfalto en la regional del DTOP en Mayagüez (Fotos)

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MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales relacionadas con los vehículos de motor, las compras de asfalto y los inventarios e inspección de las casetas de materiales, entre otras, de la Oficina Regional de Mayagüez del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

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Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados. La Oficina Regional de Mayagüez sirve a los municipios de Añasco, Las Marías, Mayagüez, Maricao, Hormigueros, San German, Sabana Grande, Cabo Rojo, Lajas, Yauco y Guánica.

El Informe DA-18-13 revela que para los años fiscales del 2014 al 2016, no se halló información ni documentos que evidenciaran el uso adecuado del 94 por ciento del asfalto recogido por nueve de los 11 municipios a quienes sirve la Oficina Regional de Mayagüez, conforme a las cartas de autorización emitidas por el director regional.

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Según el informe, este tipo de situación impide mantener un control adecuado de la utilización del asfalto y propicia que el mismo se emplee para otros fines no permitidos por ley.

La auditoría de un hallazgo también comenta que en la Oficina Regional de Mayagüez se identificaron 119 proyectos de construcción y mejoras permanentes por $32.5 millones necesarios para mejorar la seguridad y las condiciones de las carreteras estatales.

Sin embargo, para el 29 de septiembre de 2016, la Oficina Regional no había recibido las asignaciones de fondos debido a la crisis fiscal del Gobierno.

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Se dijo que en una visita de los auditores a las nueve casetas para materiales y equipos de la Oficina Regional se verificó la falta de mantenimiento. Dichas estructuras estaban cubiertas de maleza, deterioradas y sin controles para evitar el vandalismo.

Además, en una inspección de los alrededores de la Oficina Regional, se identificaron vehículos de motor, maquinarias, equipos pesados y otros equipos inservibles y sin utilidad para los que no se habían realizado gestiones para su disposición final.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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