OEG presenta querella contra exdirector de OMME de Lajas por vender taquillas políticas en horas laborables (Documentos)

LAJAS: La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sometió una querella con el número de caso 21-27, contra el exdirector de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del Municipio de Lajas, Ahymet Rivera Rodríguez.

Enlace al documento de la querella.

Según el documento, el 28 de febrero de 2019 y estando de vacaciones, Rivera Rodríguez fue a las oficinas de la OMME lajeña a vender una taquilla de $20 a una subalterna para una actividad a favor de la candidatura a la reelección del alcalde saliente Marcos “Turín” Irizarry.

La taquilla, según el documento, era de color rojo con la silueta de un hombre con una pava con el mensaje «Turín Alcalde 2020 $20». La parte posterior de la taquilla contenía el mensaje «Abrazo Popular Domingo 17 de marzo de 2020».

Luego de eso, se alega que Rivera Rodríguez hizo varias gestiones de cobro de la taquilla de $20 y, presuntamente, una de estas gestiones las hizo en el estacionamiento de la OMME.

«El Querellado, tiempo después de vender la taquilla, entró a la oficina de la subalterna a la cual se la vendió, cerró la puerta, y el indicó que de alguien preguntarle dónde él le había vendido la taquilla, tenía que contestar que había sido fuera de las instalaciones de la OMME», establece la querella, fechada este pasado 17 de diciembre.

Directamente, en la querella se acusa a Rivera Rodríguez de haber usado los deberes y facultades de su cargo para acceder a instalaciones municipales y «vender taquillas de índole político a sus subalternos». Ética Gubernamental pidió una multa de $20 mil contra Rivera Rodríguez por cada una de las tres violaciones que le imputan.

En el documento se establece que, luego de ocupar puestos de confianza durante la administración del alcalde saliente Irizarry Pagán, Rivera fue devuelto el 1 de junio de este año, a su puesto de carrera como oficial de Compras del Departamento de Compras del Municipio de Lajas.

Contraloría revela informes recientes de los municipios de Cabo Rojo y Lajas

Alcaldes Roberto «Bobby» Ramírez y Marcos «Turin» Irizarry.

REDACCIÓN: La Contraloría de Puerto Rico publicó los informes más recientes sobre las auditorías que realizó en los gobiernos municipales de Cabo Rojo y Lajas.

Cabo Rojo

Sobre el Municipio de Cabo Rojo, la Contraloría emitió una opinión cualificada, que la da cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que Cabo Rojo desembolsó fondos públicos por trabajos no realizados en la reparación de vehículos y equipo pesado. Los auditores hallaron en el Garaje Municipal, un camión y un digger que no tenían instalados los motores que se habían enviado a reparar con un mecánico privado en el 2015. De hecho, las piezas y motor del digger estaban en el taller privado del mecánico y el motor del camión lo devolvió tan pronto los auditores preguntaron por el mismo.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio compró piezas y servicios de reparación de vehículos y equipo pesado, sin obtener al menos, tres cotizaciones de proveedores representativos en el mercado. Una situación similar se había comentado en el Informe M-17-39 del 2016.

Además, el Municipio llevó una excavadora a un taller privado en el 2013 y un traxcavator a otro taller privado en el 2016, ambos para reparar. Sin embargo, el Municipio desistió de arreglarlos por el alto costo de la reparación. No obstante, la administración municipal no hizo los trámites para recoger ambas propiedades de los talleres, y con el tiempo se deterioraron, no se podían reparar y estaban en estado de abandono. El costo original de ambos equipos en el 1999, fue de $150,880.

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Contrario a reglamentación, el Municipio no solicitó ni el proveedor estableció por escrito, las garantías en la reparación a 12 vehículos y equipos pesados. Además, de una muestra de los expedientes encontraron que el 95 por ciento estaban incompletos, no mantenían un inventario físico y perpetuo de las piezas, no preparaban requisiciones para el despacho de estas y la protección física del inventario era inadecuada.

El informe indica que del 2015 al 2017 ocurrieron en Cabo Rojo, 36 accidentes de vehículos y cinco perdidas de propiedad, que no fueron notificados a la Oficina del Contralor como dispone la reglamentación. Además, para ninguno de los accidentes examinados, se realizaron investigaciones administrativas para determinar si hubo falta, culpa o negligencia para fijar las responsabilidades correspondientes.

La auditoría comenta que Cabo Rojo tuvo déficits presupuestarios en el Fondo Operacional de $7.1 millones en el 2016 y $6.9 millones para el 2017. Estos déficits representan un 34 y un 31 por ciento del total del presupuesto respectivamente, para dichos años fiscales. El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año fiscal siguiente.

Lajas

Mientras que en Lajas, el informe revela que el Municipio solicitó y contrató una sola firma de ingenieros por $19 mil para prestar diversos servicios relacionados a cambiar la iluminación y los aires acondicionados de varios edificios municipales. El contrato con la firma se sufragó con los fondos federales del Energy Efficiency and Conservation Block Grant (EECBG). El hecho de contratar sin obtener más de una propuesta es contrario a la reglamentación federal, impide la libre competencia y podría afectar futuras asignaciones.

La auditoría de seis hallazgos señala que al 30 de junio de 2017 el Municipio adeudaba $738,774 a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), a la Administración de Servicios Generales, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y al Departamento de Hacienda. El Municipio es responsable de realizar a tiempo los pagos de las retenciones a los empleados, de los impuestos federales y estatales, y de cumplir sin retrasos el envío mensual de las retenciones a la ASR y a Hacienda. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-14-40 del 2014.

El examen de la Contraloría identificó que Lajas remitió a la Oficina del Contralor, copias de 37 contratos y 11 enmiendas, con tardanzas de hasta cinco meses. Esto impidió que los contratos estuvieran accesibles a la ciudadanía en el tiempo requerido. El informe devela también que dos accidentes con vehículos municipales no fueron notificados la Contraloría y otro nueve se notificaron hasta tres años tarde.

La auditoría menciona múltiples deficiencias de control interno en el almacén del Garaje Municipal ya que no se realizaban inventarios físicos anuales ni inventarios perpetuos de los materiales y piezas de repuesto. Además, no existían controles para el acceso del almacén y el aceite de motor para la flota estaba almacenado a la intemperie y con acceso libre a los empleados y ciudadanos.

Contrario a la reglamentación, el Municipio preparó con tardanzas de hasta cinco años, 32 Informes Mensuales de Ingresos y Desembolsos de los años 2013 al 2015, y seis del 2016. Además, el análisis del Informe Mensual, refleja recursos económicos de $487,599 que habían permanecido inactivos por periodos de hasta casi dos años.

El Informe comenta que Lajas tiene déficits acumulados en el Fondo Operacional de $1.8 millones en el 2013, $2 millones en el 2014, $1.6 millones en el 2015 y $1.4 millones en el 2016. El operar con déficit puede afectar adversamente los servicios a los ciudadanos.

Para el periodo auditado, el Municipio no había atendido las recomendaciones de recobro de $266,735 incluidos en cuatro informes de auditoría de la Oficina del Contralor de 2010, 2012, 2014 y 2016.

Buscan establecer área de bañistas en La Parguera para evitar contaminación por presencia de lanchas en Caracoles

LA PARGUERA: Con el fin de proteger las reservas naturales del deterioro y la contaminación, la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, comenzó con el estudio de la Resolución Conjunta de la Cámara 363, para establecer un área para bañistas en la Reserva del Cayo Caracoles en el concurrido sector de La Parguera, en Lajas.

La medida, de la autoría de Franqui Atiles y del representante José “Che” Pérez Cordero, además de ordenar a la Junta de Planificación (JP) en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a crear un área para bañistas, busca lograr detener el acceso desmedido y sin control de embarcaciones a dicha reserva y evitar mayores daños y contaminación al ecosistema del área.

El alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry Pagán, favoreció la aprobación de la pieza legislativa.

“Nuestros recursos naturales son preciados y sensitivos. No son eternos. Requieren de una concienciación por parte del pueblo de que la conservación de nuestros recursos tiene igual o mayor valor que su uso y disfrute. El abuso en su uso redundara en la pérdida del privilegio que todos hemos disfrutado al visitar y observar la belleza de lugares como Playita Rosada, Cayo Mata La Gata, los canales y en el caso que nos reúne aquí hoy, Cayo Caracoles en La Parguera”, dijo el incumbente municipal.

El alcalde Irizarry le recomendó a la Comisión a celebrar una inspección ocular en el área para que los residentes, pescadores, transportistas, comerciantes y la clase científica que labora desde su base en Isla Magueyes para el Recinto de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, sugerir soluciones adicionales acerca de las acciones a tomar por el gobierno.

En representación de la Junta de Planificación acudió Héctor Morales Martínez, quien explicó que el proceso de designar una playa pública se debe de iniciar a través de la Oficina del Comisionado de Navegación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Añadió, que la JP se suscribe a aspectos de uso de terrenos asociados a la delimitación propuesta, según la petición que haga del Comisionado de Navegación del DRNA.

Antes de finalizar la audiencia, el presidente de la Comisión acogió las recomendaciones presentadas y mencionó que estará requiriendo comentarios de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Publican segundo Informe de la Contralora en Municipio de Lajas… Sigue «lloviendo y no escampa» para exadministración PNP

El exalcalde Leovigildo "Leo" Cotte y el actual incumbente Marcos "Turin" Irizarry.

El exalcalde Leovigildo «Leo» Cotte y el actual incumbente Marcos «Turin» Irizarry.

LAJAS: La segunda parte de la auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto y la construcción de una obra que no ha tenido utilidad en el Municipio de Lajas.

La auditoría cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013, bajo la administración del exalcalde novoprogresista Leovigildo “Leo” Cotte.

En un comunicado de prensa se indicó que el Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $2 y $1.8 millones para los años fiscales 2012 y 2013, lo cual representa un 18 por ciento y 14 por ciento, respectivamente, del presupuesto de ese periodo.

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“El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año fiscal siguiente y atribuimos la situación a que los alcaldes y directores de Finanzas y Presupuesto en funciones no administraron eficientemente las finanzas del Municipio”, indicó la Oficina de la Contralora.

El informe revela que el Municipio además construyó un campo de bateo en la urbanización Jardines de Lajas por $174,900, que al 31 de marzo de 2016 continuaba cerrado y no se ha utilizado. La construcción no provee capacidad de estacionamiento, no posee las mejores terminaciones y los residentes se querellaron de que no se les había consultado antes de construirlo.

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El Informe de tres hallazgos señala también, que se reprogramaron $1.5 millones de unos fondos asignados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico del 1994 al 2010, contrario a los fines aprobados en las resoluciones conjuntas y sin solicitar la autorización de la Legislatura para reprogramar los fondos.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa.

Para acceder al informe, haga «click» sobre este enlace:

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=ee85f72f-c3aa-4862-943c-1d79337cab00&nombre=M-17-09

Alcalde solicita radicación de cargos criminales contra los que saquearon recursos del Municipio de Lajas

Marcos "Turin" Irizarry, alcalde de Lajas (Suministrada).

Marcos «Turin» Irizarry, alcalde de Lajas (Suministrada).

SAN JUAN: El alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry Pagán reaccionó indignado a la publicación del Informe de la Oficina del Contralor, calificando como una “gestión corrupta” la administración del exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leovigildo “Leo” Cotte, durante su incumbencia el pasado cuatrienio en el Municipio de Lajas.

Según Irizarry, los residentes de Lajas “fueron privados de millones de dólares”.

“Fueron privados de servicios básicos, fueron privados de oportunidades de empleo y de una mejor calidad de vida; producto del saqueo/robo de los fondos públicos del Municipio de Lajas; dinero que es del erario; dinero que pertenece a todos los residentes de Lajas; y dinero que es producto de los impuestos que pagamos todos. El informe de la contralora Yesmín Valdivieso, que se dio a conocer ayer (martes)es una radiografía negativa, es un libreto de corrupción y sobre todo, es la develación de un esquema de fraude, el cual no es asunto nuevo, ya que durante la pasada campaña electoral mi equipo de trabajo y este servidor, hicimos los mismos señalamientos públicos, por lo cual este señor (Leo Cotte) perdió su silla como alcalde de Lajas”, señaló el alcalde Irizarry Pagán.

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El primer ejecutivo de Lajas dijo no sorprenderle los referidos contra el exalcalde PNP de Lajas, que hiciera la contralora Yesmín Valdivieso al Secretario de Justicia, a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al Secretario de Hacienda y al Contralor Electoral.

“Si se toma en serio dichos hallazgos, muy en especial la opinión adversa emitida por los auditores del Contralor sobre la construcción de obras y mejoras permanentes, sobre los servicios de asesoría en el Vertedero Municipal y de recogido y disposición de desperdicios sólidos en Lajas, podemos concluir que se dispuso de dinero del presupuesto del Municipio de Lajas en forma indiscriminada, con prueba clara que hubo una rampante corrupción en el periodo donde el Partido Nuevo Progresista administró los asuntos de gobierno en nuestro pueblo”, explicó el alcalde.

“Cabe señalar que la Contralora refirió a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la situación de que dos compañías con un mismo presidente (dueño) que presentaron propuestas para instalar tuberías de agua potable por $155,000 dólares. Este presidente/dueño declaró a los auditores de la Oficina del Contralor que subcontrató dicha obra por $52,432 dólares, lo que refleja que hubo “un tumbe” con precios y cotizaciones infladas-fraudulentamente), de $102,000, que sumados a otros $138, 243 robados de otras partidas, el PNP y su alcalde Leo Cotte privó al Municipio de seleccionar mejores ofertas y colocó nuestro dinero en el bolsillo de alguien producto de una acción corrupta”, comentó el incumbente de Lajas.

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Irizarry dijo que la Contralora explicó que según la auditoría, las irregularidades y los hallazgos en la contratación de los servicios para el recogido y la disposición de desperdicios sólidos (recogido de basura), también se refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental al descubrirse que la Legislatura Municipal no aprobó el contrato lo cual lo hace nulo y la compañía no pagó el canon correspondiente por el uso de instalaciones y el equipo. Aseguró que dicha práctica configuró el delito de negligencia en el cumplimiento del deber de la Ley 149-2004, Código Penal de Puerto Rico, por lo cual se deben radicar cargos criminales en forma inmediata.

“El Partido Nuevo Progresista plantó en el Municipio de Lajas “una mina para robar nuestro dinero” para sus allegados y quién sabe, si para su campaña política. Los once (11) hallazgos de corrupción rampante revelados en el Informe de la Oficina del Contralor, además del pago de $52,953 dólares en trabajos no realizados, la firma de contratos para construir obras sin obtener al menos tres cotizaciones, con contratistas no inscritos en el Registro de Licitadores que realizaron trabajos para el nuestro Municipio de Lajas constituye razón suficiente para que a no más tardar de la próxima semana, el Departamento de Justicia someta acusaciones en los Tribunales del país contra todas estas personas que me privaron de recursos para poder ofrecer a mis contribuyentes los servicios básicos.  Todos saben lo que yo encontré cuando llegamos al Municipio de Lajas.  Aquello era un desastre, no había dinero, no se recogía la basura, no había gasolina para los vehículos del Municipio de Lajas y no se pagaba a la telefónica por el servicio de teléfonos del Municipio.  De igual forma, no se pagaban los beneficios marginales de los empleados del Municipio como los pagos al Sistema de Retiro, pago a los préstamos, los pagos AEELA, el pagos al Plan Médico, los descuento a favor de ASUME y los pagos al Seguro Social Federal. Sabemos que durante la administración del Partido Nuevo Progresista se detuvieron los servicios a las personas de mayor edad por falta de dinero…ahora sabemos dónde fueron a parar los dineros de nuestros constituyentes, aquí está probado que hubo fraude, hubo corrupción, por lo que alguien tiene que pagar”, expresó el alcalde Irizarry-Pagán en una conferencia de prensa.

“Les voy a ofrecer un ejemplo, el cual denunciamos en la pasada campaña eleccionaria (que dicho sea de paso, nadie publicó). El Municipio de Lajas, su alcalde Leo Cotte y su flamante administración del Partido Nuevo Progresista dejó que un contratista se llevara a su bolsillo nada más y nada menos que la friolera de $576,931 (dinero pagado demás), en la construcción de un puente sobre la quebrada Los Llanos en mi pueblo, cuyo costo de 709,804 dólares pudo haber sido de 132,873 dólares, una quinta parte del costo incurrido. A mí que no me digan que esto no es corrupción.  Que nadie venga a decirme que el PNP no tiene que ver nada con esto.  Lajas se convirtió en un “botín de guerra del Partido Nuevo Progresista”.  Queda probado que si usted suma todo el Informe de la Contralora publicado ayer, hemos comprobado que el Partido Nuevo Progresista en Lajas nos robó cerca de $2 millones de dólares, por lo cual alguien tiene que responder.  Públicamente solicito que sometan acusaciones por estos delitos.  Esto no puede quedar olvidado, mucho menos, debe dejarse para después de las elecciones.  Aquí hay que cumplir con las leyes.  El informe de Informe de la Oficina de la Contralora Yesmín Valdivieso está claro, no solo para Turin Irizarry Pagan, está clarísimo para el Secretario de Justicia, para la Oficina de Ética Gubernamental y todas aquellas agencias que puedan reclamar injerencia en este pillaje o saqueo de los fondos públicos pertenecientes al municipio de Lajas”, indico el alcalde.

El incumbente lajeño no descartó acudir la Fiscalía Federal y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), para radicar una querella a los implicados en el mal manejo de los fondos públicos en el Municipio de Lajas.

«Demoledor» informe del Contralor sobre el Municipio de Lajas durante incumbencia del PNP

Los serias irregularidades se produjeron bajo la incumbencia del exalcalde de Lajas, Leovigildo "Leo" Cotte (Archivo).

Los serias irregularidades se produjeron bajo la incumbencia del exalcalde de Lajas, Leovigildo «Leo» Cotte (Archivo).

SAN JUAN: Referidos al Secretario de Justicia, a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al Secretario de Hacienda y al Contralor Electoral; produjo la más reciente auditoría de la Contralora de Puerto Rico en lo que es una opinión adversa sobre la construcción de obras y mejoras permanentes, y los servicios de asesoría en el Vertedero Municipal, y de recogido y disposición de desperdicios sólidos en el Municipio de Lajas, bajo la incumbencia del exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leovigildo “Leo” Cotte.

El Informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013.

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En el documento se indica que el Municipio contrató al contratista A para la construcción y remodelación del Área Recreativa Playita Rosada en La Parguera (Proyecto 1) por $195 mil y las mejoras permanentes a edificios del Casco Urbano (Proyecto 2) por $85 mil. Ese contratista, subcontrató a su vez al contratista B –que había licitado en el proyecto 2- para realizar ambos trabajos y también al contratista C –que licitó en ambos proyectos- para realizar trabajos de electricidad.

El exceso de lo que el Municipio pagó al contratista A, con respecto a lo que este le pagó a los subcontratados, ascendió a $189,795.

Estas situaciones se remitieron al Secretario de Justicia y a la OEG, el 13 de agosto de 2014.

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La Contralora también refirió a Justicia y a la OEG, el 24 de noviembre de 2014, la situación de que dos compañías con un mismo presidente presentaron propuestas para instalar tuberías de agua potable por $155 mil. Este presidente declaró a los auditores de la Oficina de la Contralora que subcontrató dicha obra por $52,432.

El efecto de estas situaciones es que se benefició a unos proveedores en particular, privó al Municipio de seleccionar mejores ofertas, y se pagaron proyectos con precios inflados por $240,243.

Las irregularidades en la contratación de los servicios para el recogido y la disposición de desperdicios sólidos, también se refirieron a Justicia y a la OEG el 20 de mayo de 2015, ya  que la Legislatura Municipal no aprobó el contrato, lo que lo hace nulo y la compañía no pagó el canon correspondiente por el uso de instalaciones y el equipo. Estos hechos pueden configurar el delito de negligencia en el cumplimiento del deber (Ley 149-2004, Código Penal de Puerto Rico).

El informe de 11 hallazgos revela además, que se pagaron $52,953 en trabajos no realizados, se formalizaron contratos para construir obras sin obtener al menos tres cotizaciones y contratistas no inscritos en el Registro de Licitadores realizaron trabajos para el Municipio.

Además, un perito en la construcción de puentes identificó múltiples deficiencias en la construcción del puente sobre la quebrada Los Llanos cuyo costo de $709,804 pudo haber sido de $132,873, una quinta parte del costo incurrido.

En los comentarios especiales del Informe se indican, entre otras, posibles violaciones al Código Penal por irregularidades en la realización de las obras y mejoras, la radicación de cargos criminales contra un exfuncionario y un contratista, y otras actuaciones que pudieran constituir posible comisión de delitos por parte de un funcionario, un empleado del Municipio de Lajas, contratistas y allegados que brindaron servicios al Municipio.

Para acceder al informe completo, haga «click» sobre el siguiente enlace:

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=b70ace39-77d6-459c-8b29-42ca4b748086&nombre=M-17-07

En medio de cuestionamientos «celebran» firma de ley sobre el Valle de Lajas

Vista parcial del Valle de Lajas (Archivo).

Vista parcial del Valle de Lajas (Archivo).

 

LAJAS: El senador popular por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz anunció que el gobernador Alejandro García Padilla finalmente firmó una medida de su autoría para potenciar la “Ley de Reserva Agrícola del Valle de Lajas”, a los supuestos fines de excluir de su aplicación de aquellos terrenos que no tengan ningún valor agrícola que pertenezcan a la jurisdicción municipal de Lajas, una vez éstos hayan sido identificados por la Junta de Planificación de Puerto Rico, para que puedan aportar al desarrollo económico y turístico del Municipio.

“La mayoría de los terrenos del Municipio de Lajas se encuentran dentro de la Reserva del Valle y como consecuencia, este municipio ha visto limitado su crecimiento urbano y económico. El Municipio ha identificado algunos terrenos incluidos en la Reserva del Valle de Lajas que no tienen valor agrícola y que deben excluirse de la misma para promover su desarrollo. De hecho, la importancia que le damos al tema agrícola se evidencia en el hecho que esta Ley protege a los terrenos que actualmente o en el futuro no puedan tener acceso a riego y que colinden con terrenos de valor agrícola que sirven como zona de amortiguamiento”, aseguró en un comunicado escrito el también presidente de la Comisión de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Sustentabilidad de la Montaña y de la Región Sur.

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No obstante el planteamiento del senador Ruiz, hace algunas semanas el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas denunció la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del Proyecto del Senado 1055, que tras la firma de García Padilla enmienda la Ley de Reserva Agrícola del Valle de Lajas (Ley 277 de 1999), a los efectos de excluir de la primera reserva agrícola establecida en Puerto Rico, terrenos agrícolas ya protegidos.

También en un comunicado de prensa, la organización adujo que la aprobación del proyecto es “un pago de favores políticos previo a las próximas elecciones, en momentos en que el sector agrícola es uno de los pocos que despuntan en el desarrollo económico del país”.

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Se alega que se intenta justificar la enmienda argumentando que supuestamente hay terrenos que no tienen valor agrícola dentro de la Reserva, pero el Frente afirma que se trata de un pretexto para facilitarle al alcalde de Lajas, Marcos “Turín” Irizarry, encaminar desarrollo urbano en la zona protegida.

El portavoz de la organización, Alfredo Vivoni Remus, explicó que la medida se aprobó a pesar de la oposición del Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y del Recinto Universitario de Mayagüez, entre otros.

“En nuestra presentación ante el Senado expusimos que las personas con intereses particulares que interesaban proponer que sus terrenos quedaran fuera de la Reserva tuvieron tres ocasiones para presentarlo ante la Junta de Planificación y el Departamento de Agricultura. La primera vez fue cuando se delimitó por primera vez la Reserva Agrícola en el 2003. La segunda vez ocurrió cuando en septiembre del 2013 se enmendó dicha delimitación; y finalmente hace unos meses atrás, cuando en el 2015 se abrió el proceso de vista pública conducente el Plan de Uso de Terrenos. Es claro que lo que se busca es favorecer a intereses particulares que no han podido justificar ante la Junta de Planificación y el Departamento de Agricultura, el que sus terrenos carecen de valor agrícola”, afirmó Vivoni.

El Frente había calificado como “maliciosa” una de las enmiendas que excluye al Departamento de Agricultura como agencia evaluadora del valor agrícola de los terrenos.

“Resulta irónico que por un lado se presente una enmienda para garantizar que los terrenos con acceso a riego o que en el futuro lo puedan tener no puedan ser excluidos, mientras presentan otra excluyendo al Departamento que más peritaje tiene para determinar si un terreno tiene o no valor agrícola. Es increíble que sea precisamente, el senador Ramoncito Ruíz, presidente de la Comisión de Agricultura, el autor de esta medida. Éste se ofrece a representar intereses particulares en el Valle de Lajas cuando nunca le ha dado seguimiento al Plan de Desarrollo Agrícola para la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Entendemos que actúa más como presidente de una Comisión de Urbanismo que como Presidente de la Comisión de Agricultura”, manifestó Luis Ortiz, miembro de la Junta Directiva del Frente.

Alcalde de Lajas afirma que NADIE va a sacar las casas de La Parguera

El alcalde de Lajas, Marcos "Turín" Irizarry, dijo que nadie va a sacar las casas de La Parguera.

El alcalde de Lajas, Marcos «Turín» Irizarry, dijo que nadie va a sacar las casas de La Parguera.

LAJAS: El alcalde Marcos “Turín” Irizarry dijo que las casas enclavadas en la costa del poblado La Parguera “nadie las va a sacar de ahí”, cuando se le pidió su reacción al veto emitido el pasado fin de semana por el gobernador Alejandro García Padilla al Proyecto del Senador 1621, que establecía una “zonificación especial” en el lugar.

En un encuentro con periodistas durante una reunión de García Padilla con miembros de la Asociación de Alcaldes, el incumbente municipal lajeño dijo que le estaría solicitando al Primer Ejecutivo que emita una orden ejecutiva para trabajar con la situación de La Parguera.

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“Le estoy pidiendo una orden ejecutiva para ver en qué medida podemos bregar con la situación. Porque yo entiendo que todavía hay espacio, esas casas nadie las va a sacar de allí. Yo entiendo que eso es para la historia y ellos (los dueños de las estructuras) deben aportar algo, independientemente, para el mantenimiento. Recursos Naturales no tiene dinero. Verdaderamente es algo que para mí es insólito, porque esas casas nadie las va a sacar de ahí”, expresó Irizarry a preguntas del portal Foro Noticioso.

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Luego del veto de García Padilla, emitido el pasado sábado en la noche, se levantaron voces exigiendo la demolición de las casas que están sobre pilotes en el mar. Las estructuras enclavadas son las que quedan luego de que hace años se dejaran de emitir permisos para ubicar “casas-bote” en el área.

Irizarry dijo que el veto de García Padilla “lo sorprendió”.

Denuncian «traqueteo» legislativo con terrenos agrícolas de la Reserva del Valle de Lajas

Vista parcial del Valle de Lajas (Archivo).

Vista parcial del Valle de Lajas (Archivo).

LAJAS: El Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas denunció la aprobación por parte de la la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 1055, que pretende enmendar la Ley de Reserva Agrícola del Valle de Lajas (Ley 277 de 1999), a los efectos de excluir de la primera reserva agrícola establecida en Puerto Rico, terrenos agrícolas ya protegidos.

En un comunicado de prensa, la organización adujo que la aprobación del proyecto es “un pago de favores políticos previo a las próximas elecciones, en momentos en que el sector agrícola es uno de los pocos que despuntan en el desarrollo económico del país”.

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Se alega que se intenta justificar la enmienda argumentando que supuestamente hay terrenos que no tienen valor agrícola dentro de la Reserva, pero el Frente afirma que se trata de un pretexto para facilitarle al alcalde de Lajas, Marcos “Turín” Irizarry, de encaminar desarrollo urbano en la zona protegida.

El portavoz de la organización, Alfredo Vivoni Remus, explicó que la medida se aprobó a pesar de la oposición del Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y del Recinto Universitario de Mayagüez, entre otros.

“En nuestra presentación ante el Senado expusimos que las personas con intereses particulares que interesaban proponer que sus terrenos quedaran fuera de la Reserva tuvieron tres ocasiones para presentarlo ante la Junta de Planificación y el Departamento de Agricultura. La primera vez fue cuando se delimitó por primera vez la Reserva Agrícola en el 2003. La segunda vez ocurrió cuando en septiembre del 2013 se enmendó dicha delimitación; y finalmente hace unos meses atrás, cuando en el 2015 se abrió el proceso de vista pública conducente el Plan de Uso de Terrenos. Es claro que lo que se busca es favorecer a intereses particulares que no han podido justificar ante la Junta de Planificación y el Departamento de Agricultura, el que sus terrenos carecen de valor agrícola”, afirmó Vivoni.

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El proyecto irá en estos próximos días a Comité de Conferencia para conciliar unas enmiendas presentadas entre el Senado y la Cámara.

El Frente calificó como “maliciosa” una de las enmiendas que excluye al Departamento de Agricultura como agencia evaluadora del valor agrícola de los terrenos.

“Resulta irónico que por un lado se presente una enmienda para garantizar que los terrenos con acceso a riego o que en el futuro lo puedan tener no puedan ser excluidos, mientras presentan otra excluyendo al Departamento que más peritaje tiene para determinar si un terreno tiene o no valor agrícola. Es increíble que sea precisamente, el senador Ramoncito Ruíz, presidente de la Comisión de Agricultura, el autor de esta medida. Éste se ofrece a representar intereses particulares en el Valle de Lajas cuando nunca le ha dado seguimiento al Plan de Desarrollo Agrícola para la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Entendemos que actúa más como presidente de una Comisión de Urbanismo que como Presidente de la Comisión de Agricultura”, manifestó Luis Ortiz, miembro de la Junta Directiva del Frente.

El Frente le reclamará al gobernador Alejandro García Padilla que vete el proyecto una vez llegue a su escritorio.

Contralor Electoral multa a Lúgaro, alcaldes, comités y candidatos a alcaldías

Alexandra Lúgaro, candidata independiente a la gobernación (Archivo).

Alexandra Lúgaro, candidata independiente a la gobernación (Archivo).

SAN JUAN: La imposición de multas administrativas contra candidatos, alcaldes, dos comités municipales y la candidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro, fue anunciada el miércoles por la Junta de Contralores Electorales de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), compuesta por Manuel A. Torres Nieves y el licenciado Francisco E. Cruz Febus.

En un comunicado de prensa se informó que el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina; el alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry Pagán; y la candidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro, fueron multados en $500 cada uno por incumplir con la radicación a tiempo de los informes de ingresos y gastos de sus comités.

Por su parte, la aspirante a la alcaldía de Barranquitas, Ardyce Rivera Guzmán, recibió una multa de $1,000 por no radicar los informes de dos periodos en el 2015.mojito weekend 22-23 abril

Mientras, el Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Vega Baja, recibió una multa de $2,500 por no reportar los informes de cuatro periodos entre el 2014 y 2015.

De igual forma, el Comité Municipal del PPD en Manatí, presidido por Brian Casais García, fue multado por $500, al no radicar informes entre julio a septiembre del 2015.

“En el caso del alcalde de Vega Baja y el comité municipal los informes se radicaron entre uno a tres años tardes. Radicar luego de las fechas de vencimiento establecidas por la Ley 222-2011, priva a la OCE de tener la información disponible para fiscalizar adecuadamente y configura la infracción de no radicación”, informó el Contralor Electoral.

Torres Nieves explicó que los candidatos y sus tesoreros tuvieron múltiples oportunidades y que a pesar de los esfuerzos, orientaciones y gestiones, “ambos dejaron de cumplir con divulgar sus informes financieros, impidiendo la labor fiscalizadora de la OCE”.

“Tenemos la responsabilidad ineludible de velar por la legitimidad en la corrección de los gastos reportados, así como en los donativos recibidos por éstos y que son destinados para llevar los mensajes políticos al electorado. Para ello, es indispensable que cada uno de los componentes políticos cumpla a tiempo y cabalmente con la radicación de sus informes en la forma prescrita por ley y nuestros reglamentos”, enfatizó el Contralor Electoral.

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