AGUADILLA: Para octubre próximo, fue reseñalada en el Tribunal de Isabela la vista en su fondo relacionada a la demanda civil incoada por el contratista William Rivera y la empresa Aguadilla Pool Center contra el representante a la Cámara por el Distrito 17, José Luis Rivera Guerra. La parte demandante sostiene que el político mocano le adeuda $8 mil 800 por concepto de los trabajos de instalación de una piscina, mientras el legislador rechaza deber la suma reclamada.
Rivera Guerra, quien se desafilió del Partido Nuevo Progresista, a raíz del retiro de confianza que le hiciera el alto liderato de esa colectividad, es ahora representante independiente y ya anunció que se presentará a las elecciones del 6 de noviembre como candidato por nominación directa (write-in).
Este asunto de la piscina, sumado a los señalamientos sobre uso ilegal de los servicios de luz y agua potable en dos residencias de Moca y Aguadilla, fueron los que precipitaron el derrumbe político de Rivera Guerra, a pesar de contar con el respaldo de los electores del PNP en el Distrito Número 17.
Aunque la Comisión de Etica de la Cámara entendió que el «ironman» de la política en la región noroeste no había incurrido en delitos que conllevasen violaciones a los cánones de ética de ese Cuerpo, el gobernador Luis Fortuño insistió en solicitarle su retiro como candidato oficial de la palma a la reelección.
Luego de radicar recursos en el Tribunal Apelativo y el Supremo, la alta jerarquía del PNP logró sacar de carrera al representante Rivera Guerra, quien también deberá enfrentar cargos recientes radicados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente. El legislador reitera no haber incurrido en delito alguno, pero le preocupa que el Departamento de Justicia pudiera estar influenciado por el Gobierno».
Son múltiples las ocasiones en que escuchamos a los conformistas decir que “ la gente decente no necesita de derechos constitucionales”. Eso mismo pensaba este periodista hasta el 20 de agosto del año 1993, cuando siendo las 7:50 de la mañana, seis agentes del Cuerpo Investigación Criminal, procedentes de San Juan, allanaron nuestra residencia en Hormigueros. Motivo: respondían a una querella del entonces poderoso senador del PNP, Freddy Valentín Acevedo, quien alegó falsamente que de nuestro teléfono había surgido una llamada, donde alguien se hacía pasar por él para difamar al colega Luis Francisco Ojeda.
