A ciegas el restablecimiento de la energía eléctrica en Puerto Rico durante las emergencias

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

Contratistas estadounidenses ponen «sus chavos» para reelegir a Pierluisi

Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo

El viernes, 8 de diciembre de 2023, el gobernador Pedro Pierluisi realizó una fiesta de Navidad llamada “Blue Christmas”, un evento de recaudación de fondos para su campaña a la reelección. Allí, en uno de los salones del Fairmont Hotel San Juan, recaudó más de $579,000, de los cuales $6,000 fueron aportados por cinco ejecutivos de Hill International, una firma de manejo de proyectos con oficinas en 42 países.

Aunque ninguno de los cinco ejecutivos de Hill reside en Puerto Rico, sintieron la motivación de donar dinero a Pierluisi. No es la primera vez que oficiales de esta compañía quieren respaldar al Primer Ejecutivo. Desde diciembre del 2022, hay al menos $12,600 registrados en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) como aportaciones políticas de parte de oficiales de Hill International a favor de la campaña política del Gobernador.

En Puerto Rico, Hill International tiene un contrato de $11.8 millones con la Autoridad de Carreteras como consultor en la operación del Tren Urbano. También es subcontratista en el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda, donde inspecciona, supervisa y controla la calidad de los trabajos, según la compañía.

Durante este cuatrienio, el Comité de Pierluisi ha recibido al menos $115,000 en donativos políticos de personas que trabajan para compañías estadounidenses contratadas por el Gobierno de Puerto Rico, arrojó un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Esto representa alrededor del 20% de los más de $556,000 que ha recibido el Gobernador en donativos de residentes de Estados Unidos durante el mismo periodo, según datos de la OCE.

La lista de contratistas estadounidenses con donativos políticos registrados en la OCE incluye principalmente bufetes, cabilderos, firmas de consultoría y compañías que trabajan con fondos federales de reconstrucción, encontró el CPI.

A nivel de Estados Unidos, el Gobierno federal prohíbe a sus contratistas realizar aportaciones económicas a incumbentes o candidatos a puestos electivos, mientras que al menos 15 estados tienen limitaciones similares.

“[En Puerto Rico] no es ilegal que personas naturales que trabajen con una persona jurídica que tiene un contrato [gubernamental] aporten a campañas políticas”, dijo el contralor electoral Walter Vélez en entrevista con el CPI.

Sin embargo, el funcionario favorece cambios a la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas, la Ley 22 del 2011, para prohibir los donativos de contratistas gubernamentales en Puerto Rico, ya que entiende que esto fomenta prácticas ilegales como el “pay for play”, donde una compañía aporta con la expectativa de recibir un contrato público o beneficio.

Este esquema precisamente estuvo al centro de los casos recientes de corrupción de exalcaldes populares y novoprogresistas relacionados con la contratación de asfalto y recogido de basura en los municipios.

A principios de este cuatrienio, se presentó el Proyecto de la Cámara 320 para prohibir esta práctica en Puerto Rico. Lleva engavetado hace casi tres años, a pesar de haber sido objeto de vistas públicas y estar avalado por la comisión legislativa que lo evaluó.

¿Por qué donan?

O’Melveny y King & Spalding, dos bufetes estadounidenses que representan al Gobierno en los casos de quiebra bajo la ley federal PROMESA, acumulan entre los dos más de $270 millones en contratos gubernamentales en los pasados siete años. Desde el 2020, más de una veintena de abogados de ambas firmas, y algunos de sus familiares, tienen registrados al menos $27,000 y $39,000, respectivamente, en donativos a favor de Pierluisi.

El CPI contactó por separado a una decena de estos abogados para conocer qué los motivó a donar dinero a Pierluisi. Al cierre de esta edición, ninguno respondió.

Casi todos los abogados donantes de estos dos bufetes residen fuera de Puerto Rico, en lugares como Nueva York, Maryland, Virginia, Connecticut y Texas, según datos de la OCE.

Más allá de una visita para algún evento relacionado al caso de quiebra — a veces vienen y van en un mismo día, según sus facturas —, la mayoría no tiene otra relación evidente con Puerto Rico. Cobran honorarios que rondan los $1,000 por hora y sus biografías incluyen casos de alto perfil en materia de reestructuración financiera como: Enron, Lehman Brothers, General Motors, Chrysler, Blockbuster, Pacific Gas & Energy Co.

Desde el 2017, O’Melveny lidera la representación legal del Gobierno de Puerto Rico en todos los procesos relacionados a PROMESA, mientras que King & Spalding hace lo propio con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), incluyendo la privatización del sistema eléctrico.

Las aportaciones de estos abogados ocurrieron en tres periodos de tiempo: los meses previos a las elecciones generales del 2020 que ganó Pierluisi; al final del 2021 y principios del 2022; y en julio de 2023, durante un “compartir” con el Gobernador en Washington, D.C. en la que se recaudaron $22,697.

Esta no es la primera vez que O’Melveny aporta a las campañas políticas de los gobernadores. En la OCE, hay al menos $30,000 en donativos registrados a favor del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, de un grupo de abogados del bufete y algunos familiares durante una actividad de recaudación de fondos en el 2018.

No solo estos abogados de Estados Unidos procuran que el Gobernador tenga dinero para su campaña. Un grupo de cabilderos ha donado al menos $20,000 a Pierluisi desde Estados Unidos. La mayoría trabaja para firmas contratadas por el Gobierno para cabildeo y servicios legales, tales como Venable ($730,000 en contratos), Cornerstone Government  Affairs ($750,000), Capitol Counsel ($480,000), Tonio Burgos ($570,000) y Squire Patton Boggs ($168,000).

Donantes políticos en la reconstrucción

En un compartir en Washington en julio del 2023 se registró un donativo de $3,100 a nombre de Plexos Group, que fue devuelto meses después, según informó el Comité de Pierluisi. Las empresas no pueden donar a las campañas políticas a no ser que lo hagan mediante un comité de gastos independientes, mejor conocido como Súper Pac.

Según la página de Plexos Group, la compañía trabajó en el programa R3, que se supone que asista a los residentes de Puerto Rico que perdieron sus hogares tras el paso del huracán María y los terremotos del 2020. El proyecto de reconstrucción ha sido cuestionado por su lentitud y burocracia, según investigó el CPI en agosto del 2020.

Además del de R3, Plexos Group tiene otros dos contratos con el Departamento de la Vivienda que suman más de $47 millones, para trabajar el Programa de Revitalización de la Ciudad y el Programa de Mejoras de Resiliencia Energética en el Hogar. En el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la compañía maneja fondos federales de recuperación en esta agencia bajo un contrato de $2.7 millones.

Durante este cuatrienio, tanto el presidente de Plexos Group, Bob Roberts, como dos de sus principales ejecutivos en Puerto Rico, aparecen con $5,350 en donativos al Comité del Gobernador.

Un portavoz de esta compañía no contestó preguntas del CPI sobre el apoyo de la empresa a Pierluisi por medio de un donativo a su nombre, así como los registrados a nombre de sus ejecutivos.

Otra compañía de la reconstrucción con ejecutivos en la lista de donantes es DCMC LLC. Llegó a Puerto Rico en septiembre del 2017 para ofrecer servicios de “manejo de desastres” después del paso de los huracanes Irma y María.

Desde entonces, DCMC suma más de $66.7 millones en contratos con el Gobierno de Puerto Rico, algunos de los cuales han sido objeto de señalamientos de la Oficina del Contralor.

Actualmente, la compañía tiene un contrato de $10 millones con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocida como COR3, para administrar el multimillonario programa federal de mitigación de riesgos. También tiene otros dos contratos, de $9.8 millones y $2.7 millones cada uno, con la empresa privatizadora de energía, Genera Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), respectivamente, para manejar proyectos de reconstrucción con fondos federales.

Tan reciente como enero de este año, en plena campaña primarista, tres altos ejecutivos de DCMC donaron $3,000 cada uno como parte de la actividad de recaudación de fondos para Pierluisi llamada “Sellando el Triunfo”, en un restaurante de San Juan.

En total, al menos cuatro ejecutivos de DCMC han aportado más de $15,000 en un periodo de cinco meses. También hay un donativo de $3,100, el máximo permitido por persona, registrado a nombre de Seth Lemoine, principal oficial de operaciones de Lemoine, la compañía que es dueña de DCMC.

Otro contratista de la reconstrucción en la lista de donantes políticos es Horne LLP, cuyo principal oficial de la compañía en Puerto Rico, Samir El Hage, y Scott Keller, socio de servicios gubernamentales en Horne, han donado $7,600 a Pierluisi. En este cuatrienio, Horne lleva sobre $131 millones en contratos relacionados al manejo en Puerto Rico de los fondos CDBG-DR que otorgó el Departamento de Vivienda federal tras los desastres de Irma y María.

Mientras, para el pasado mes de abril, el Comité de Pierluisi reportó tres donativos, de $500 cada uno, a nombre de Derrick Stensrud, vicepresidente en la firma de consultoría ICF. La compañía, que es uno de los principales contratistas en la reconstrucción, suma más de $621 millones en contratos con el Gobierno.

Engavetado el proyecto de ley que prohíbe esta práctica

En junio de 2021, la Comisión de Gobierno de la Cámara, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz, aprobó el PC 320, con algunas enmiendas. Desde entonces, permanece engavetado, a pesar de haber sido aprobado en la comisión con un informe positivo y recibir el respaldo de la OCE.

“A mi modo de ver llegaron instrucciones del liderato cameral de que ese proyecto tenía deficiencia o afectaba algún tipo de interés y no debía ser aprobado, o por lo menos aguantado hasta nuevo aviso”, dijo el representante José Bernardo Márquez, coautor de la medida junto a la representante Mariana Nogales.

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara, el representante Ángel Matos, no contestó preguntas del CPI sobre por qué el proyecto no ha sido llevado a votación.

En junio de 2022, estuvo a punto de ir a votación el PC 699, un proyecto de la administración Pierluisi que impondría límites a los donativos de contratistas, pero solo si ocurrían 90 días antes de las elecciones, o 90 días antes y después de obtener el contrato.

Una enmienda al proyecto para ampliar la prohibición durante todo el ciclo electoral, similar al PC 320, paralizó la consideración del proyecto.

En aquel momento, el representante del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que una prohibición absoluta de estos donativos sería inconstitucional, al violar el derecho que tienen las personas a realizar aportaciones políticas. Pero los tribunales en Estados Unidos han validado limitar los donativos políticos de parte de contratistas gubernamentales, incluyendo una prohibición absoluta como la que existe a nivel del Gobierno federal.

“Ha sido validado porque se entiende que el interés de combatir potenciales riesgos de corrupción o de apariencia de conflicto sobrepasa el interés de permitir libremente estos donativos”, explicó Márquez.

En marzo de 2023, fue el propio Contralor Electoral Vélez y su oficina quienes presentaron un proyecto de ley, el PC 1676, para añadir controles en el financiamiento y fiscalización de campañas políticas. En aquel momento, la OCE se expresó nuevamente a favor de prohibir donativos políticos de parte de contratistas del Gobierno. Luego de ser aprobada en comisión, la medida quedó engavetada al igual que las otras.

Gobierno ignora el valor del trabajo doméstico sin paga

Por Cindy A. Burgos Alvarado | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

“Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”.

Silvia Federici, activista feminista italiana

Cuando Wanda García, de 57 años, se enteró de que su hijo Christian, hoy de 24, tenía perlesía cerebral, tomó una difícil decisión: dejó su trabajo como secretaria médica para dedicarse completamente a cuidarlo. Las dos semanas que estuvo hospitalizada por preeclampsia antes de dar a luz — a la semana 33 de embarazo — y los 40 días que Christian pasó en la unidad de cuidados intensivos neonatales eran solo una pizca de lo que esta familia del Municipio de Florida atravesaría.

A los días de nacido, Christian se infectó con una bacteria en el hospital que se le alojó en la sangre. Tras dos semanas de recibir el alta, Wanda y su esposo tuvieron que llevar a Christian nuevamente al hospital donde le diagnosticaron una infección de orina. A partir de ahí, le recomendaron varios estudios y análisis que derivaron en el diagnóstico.

“El médico nos dijo que el nene no iba a hablar ni a caminar, que iba a estar como un vegetal, pero yo no le creí eso”, contó Wanda en una llamada telefónica. “Uno tiene que limpiarse la cara y echar pa’lante. Dejé el trabajo pa’ meterle pecho a eso”.

Wanda lleva más de 20 años fuera de lo que el Gobierno llama la fuerza trabajadora, pero no ha descansado prácticamente ni un solo día. Su vida ha girado en torno a llevar a su hijo a las citas que tiene con 12 especialistas distintos y a sus múltiples terapias e intervenciones médicas. A veces tiene hasta tres citas por día, por lo que Wanda se levanta temprano, cocina para toda la familia, prepara un bulto con comida y ropa para Christian, y pasa el día de cita en cita.

“Desde hace un año para acá, me dedico a controlar todo eso porque me canso demasiado. En mi situación, me canso más”, mencionó y explicó que, naturalmente, ya no tiene las mismas energías que disfrutaba cuando su hijo era pequeño.

Wanda sacó a su hijo de la escuela a los 15 años por la frustración que tenía con el sistema de educación pública que falló en proveer una asistente educativa estable para Christian mientras estuvo matriculado.

“Le di homeschooling cinco años en casa. Me aprendió a leer, que las maestras decían que nunca iba a leer. Aprendió las tablas de multiplicar. Sabe escribir su nombre, apellido, dirección y seguro social. Brega con el celular y con la laptop”, contó Wanda con orgullo por haber retado lo que ese primer médico le auguró.

En la falda del cerro Mime en Orocovis, Lillian Figueroa, de 58 años, se acerca a una cama de posiciones y arropa con ternura a su papá Juan, de 88 y paciente de Alzhéimer. Piensa en la merienda y la cena que le tiene que preparar a su mamá, María, de 80, paciente de diabetes, y en que pronto le tiene que poner la tercera inyección de insulina del día.

Hace dos años que Lillian vive con sus papás para poder ser su cuidadora a tiempo completo.

Fue una decisión que tomó luego de sentirse demasiado abrumada por viajar cada día de su casa a la de sus padres para cuidarlos. “Yo vivía cerca, pero el sube y baja me tenía agotada”, contó sentada en el sofá de su sala frente a una imagen de la Sagrada Familia y otra de Jesucristo con rostro sereno.

“Esto es un maratón. No es fácil, pero no es imposible”, dice Lillian mientras cruza sus manos y se escucha el sonido de una quebrada de fondo. “Cuando tengo internet en la tablet, busco información. Me gusta buscar mucha información de cómo progresa la enfermedad de Alzhéimer, cómo nos tenemos que cuidar los cuidadores, aunque a veces te digo que no hay tiempo, no me acuerdo ni de comer. No tengo chance”, relató.

Wanda y Lillian no se conocen, pero algo las une: realizan trabajos domésticos y de cuidado sin paga. Son tareas que hacen millones de personas — sobre todo mujeres y niñas — en el mundo, pero que no se consideran dentro de la economía formal y no son remuneradas.

Sin embargo, estas labores diarias sostienen la vida misma porque ¿qué sería de estas personas si no tuvieran sus cuidados? ¿En quién recaería la responsabilidad de alimentarlos? ¿Quién pagaría por esos servicios? ¿Cuánto costaría pagar por estas tareas? ¿Cuánto valen los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados?

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado comprende dos tipos de actividades por las que una persona no recibe compensación económica: el cuidado directo a bebés, niños, adultos y personas con diversidad funcional o alguna enfermedad, y las actividades de cuidado indirecto, como limpiar, cocinar o hacer trámites.

Esta labor, sin embargo, no se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en ninguna parte del mundo, aunque sostiene la economía global, ya que este cálculo (el PIB) generalmente solo incluye actividades que involucran transacciones monetarias.

La jornada de Lillian Figueroa, encargada del cuidado de sus padres, inicia todos los días a las 6:00 a.m. Las primeras tareas que asume son preparar el desayuno y administrar la insulina a su mamá, paciente de diabetes.

En Puerto Rico, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 223 (P del S 223) que buscaba cuantificar el trabajo no remunerado, pero el gobernador Pedro Pierluisi lo vetó en enero de 2023. Esta medida habría arrojado luz sobre la magnitud del trabajo no remunerado, la disparidad entre géneros de quienes lo realizan y cuánto representa en la economía.

Según la secretaria de Prensa del Gobernador, Sheila Angleró Mojica, Pierluisi “se vio imposibilitado” de firmar la medida por recomendación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que ya “hace una encuesta relacionada que se paga con fondos federales y cuyos temas no se pueden cambiar sin autorización”.

En declaraciones escritas, Angleró dijo a Todas y al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “no hay fondos para una encuesta local” y que los fondos federales no se pueden usar para otros propósitos que los asignados. Argumentó que la propuesta de ley trataba de labores “fuera de los lugares de trabajo o por personas que no pertenecen a la fuerza trabajadora” e indagaba sobre la “vida privada de los encuestados”.

No obstante, la Encuesta del Grupo Trabajador que se publica por el DTRH apenas menciona qué porcentaje trabaja en “oficios domésticos”; y no incluye el cuidado no pago, lo que es un “factor estructural de la desigualdad de género”, según la ONU Mujeres.

Las estadísticas oficiales sobre la productividad laboral no integran preguntas que sirvan para saber cuántas trabajadoras tienen prole, ni de cómo la maternidad, la paternidad o los cuidados reducen el tiempo disponible para mantener un trabajo con paga. Por el contrario, el único análisis dedicado a este asunto es sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico. En el 2022, la publicación dio a entender que la baja participación laboral de la mujer, en comparación con el hombre, se debía a la disponibilidad de la mujer cuando dice que: “A pesar de que constituyen más de la mitad de la población en edad de trabajar, menos del 50% de ellas participa o está disponible para la producción de bienes y servicios en la economía”.

Estas tareas domésticas y de cuidado no remuneradas pueden redundar, además, en que las mujeres tengan menos tiempo para aprender, divertirse, participar de la política o dedicarse a su autocuidado. También inciden en su inserción y crecimiento en el ámbito laboral formal y las deja relegadas al trabajo informal.

En el caso de Wanda, una de las protagonistas de esta historia, siempre tuvo la esperanza de volver al trabajo formal. “Mi esposo me dijo que el nene iba a mejorar y que yo iba a volver a trabajar. Pero eso nunca se dio”.