EL CAPITOLIO: Durante una vista pública conjunta de la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, y la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, la senadora Migdalia González Arroyo (PPD/Mayagüez-Aguadilla) cuestionó al Departamento de la Vivienda sobre la agilidad del Programa de Revitalización de la Ciudad (CRP, por sus siglas en inglés) ante los pocos proyectos completados y posible pérdida de fondos previo a su culminación en el 2026.

“Esto es un proceso burocrático que requiere la atención del gobierno central, y que el Departamento de la Vivienda pueda trabajar para solucionar esta situación. No se puede esperar al 2024 ante la posible pérdida de $1.3 billones en fondos federales para comenzar a trabajar en la etapa de diseño de los proyectos. Además, me sorprende que el secretario no se haya presentado a esta vista que aborda un asunto muy importante”, indicó González Arroyo.

El secretario asociado de asuntos públicos del Departamento de la Vivienda, Cristian Pagán, en representación del secretario de la agencia, destacó que Vivienda asignó $1,298,000,000 para el Programa de Revitalización de la Ciudad (CRP, por sus siglas en inglés), con una adjudicación máxima de $100 millones. Estos fondos fueron distribuidos entre los 78 municipios de Puerto Rico.

“Es importante señalar que uno de los objetivos del programa es restaurar la infraestructura en las áreas del centro urbano y los corredores clave que se vieron afectados por los huracanes y hacer que estas instalaciones sean más resilientes a futuros eventos para que los residentes regresen. Además, se promueve que los municipios utilicen los fondos para revitalizar, modernizar y crear distritos comerciales de manera que puedan promover la recuperación”, lee la ponencia.

La ingeniera Shirley Birriel, quien labora para la agencia, señaló que Vivienda tiene como meta, según las proyecciones, que se puedan iniciar al menos 30 proyectos para el 2023, y hay alrededor de 160 proyectos en etapa de diseño, por lo que anticipan que estarán en etapa de construcción para el 2024.

En cuanto a los fondos, se le adelantó el 25 por ciento a 30 municipios para que puedan pagarles a sus respectivos contratistas. “Todos los alcaldes tienen la oportunidad de hacerlo, siempre y cuando soliciten este adelanto, y no hay ninguna etapa específica para que soliciten este adelanto”, dijo Pagán.

A preguntas de la senadora sobre la determinación de la fecha de vencimiento si fue o no establecida por Vivienda, el secretario asociado indicó que es una cuestión de una determinación estratégica en cuanto a todas las fases de los proyectos. Vivienda estableció que al 2025 los proyectos deben estar completados para poder realizar el cierre que compete al programa en el 2026.

“Según una nota del CPI, se asignaron $548 millones en contratos a gerentes de proyectos de compañías privadas para cumplir con el programa. Solo tenemos cuatro proyectos en construcción. ¿Realmente se justifican estos millones si vemos la cantidad de proyectos completados? Estoy segura de que no”, enfatizó la senadora al solicitó evidencias de pago a las compañías.

El programa comenzó en marzo de 2020, y hasta la fecha, ningún proyecto se ha completado. Se solicitó la primera extensión en 2021 y es probable que el secretario de la agencia solicite otra, ya que se vislumbra que no se completarán todos los proyectos para 2025.

Asimismo, la senadora González Arroyo utilizó como ejemplo el municipio de Hormigueros, que cuenta con $8 millones, lo que solo les permitirá completar dos proyectos debido a la inflación. “Vamos a reducir la cantidad de proyectos debido al retraso en el programa. Los más afectados serán los residentes que no podrán tener sus facilidades como se planificaron”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Hormigueros, Pedro García, comentó que en término de los proyectos que se han propuesto, tienen unos cuatro encaminados. Al esperar por las subastas para comenzar, se han retrasado y, por consiguiente, los efectos de la inflación están afectando las obras.

En respuesta a las preguntas del senador Javier Aponte Dalmau sobre la falta de agilidad en la otorgación de permisos, el alcalde indicó que han incurrido en gastos adicionales que el Departamento de Vivienda no les reembolsará, ya que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) les informó que debían pagar una cantidad que no se había especificado.

“La OGP tiene un embudo que hace que los municipios incurran en más gastos, y Vivienda no contempla reembolsar el dinero. Nosotros lo que queremos es que, de esos 325 proyectos, la mayoría se puedan dar”, destacó la presidenta de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, Marially González Huertas.

Ambas presidentas señalaron que continuarán las vistas públicas sobre esta situación. Además, los senadores Javier Aponte Dalmau, William Villafañe Ramos y la senadora Ana Irma Rivera Lassén participaron de los trabajos.