Por: David Enrique Miró

Según estimados del Negociado del Censo de los Estados Unidos, de los poco más de 84 mil habitantes de la ciudad de Mayagüez a la fecha de julio de 2013, poco más de 16,700 son ancianos de 65 años o más, lo que representa casi el 20 por ciento de la población del municipio.

Proporcionalmente hablando, Mayagüez es el tercer municipio en proporción de habitantes de la Tercera Edad en el país. Esto provoca que muchos de los servicios básicos y de subsistencia ofrecidos en la ciudad estén orientados a esa población.

Desde hace algún tiempo, las autoridades notan un incremento substancial en los incidentes de fraude perpetrados contra los ciudadanos envejecidos de Mayagüez. Aprovechándose de la buena fe de estos ciudadanos, y de un ambiente relativamente más relajado donde la suspicacia a estos actos delictivos es menor, algunos individuos se dedican a timar, engañar, e incluso amenazar a ancianos para que, con regularidad, estos les entreguen los ahorros de toda una vida, o los ingresos que puedan recibir de pensiones y del Seguro Social.

Los actos delictivos son usualmente perpetrados por individuos que, utilizando la persuasión, consiguen acceso a los hogares de estos ciudadanos mayores, ofreciendo servicios básicos de reparación de enseres y de automóviles, servicios de amas de llaves, limpieza doméstica, u otros servicios básicos.

Luego de ofrecer una transacción inicial a precio de descuento, o incluso gratuitamente, el timador hace mención de múltiples servicios, y ofrece compañía a estos ancianos, que muchas veces viven solos. Al pasar tiempo con las víctimas, estos timadores se ganan la confianza de los ancianos, que a veces confían múltiples detalles personales al timador, con poca o ninguna discreción.

Raras veces el timador roba, en el sentido tradicional de la palabra, a sus víctimas; eventualmente las despoja de dinero, pero dejando evidencia de que el robo se hizo legalmente, y con el consentimiento de la víctima.

Una vez se hacen clientes del timador, las víctimas reciben presión psicológica para que ofrezcan detalles comprometedores de sus finanzas, e información sensitiva sobre sus datos personales y los de sus familiares. Bajo el pretexto de ofrecerse a contactar a los familiares en una emergencia, o a resolverle asuntos burocráticos ante las agencias de gobierno, los timadores se aprestan entonces a utilizar la información obtenida para:

• «Crear» necesidades no apremiantes a sus clientes, como reparar artículos o propiedades en buen estado.
• Usar tácticas de presión para solicitar cantidades crecientes de dinero para resolver diligencias.
• Hacer estas diligencias con estimados o materiales fraudulentos o inflados,
• Recibir autorizaciones -a veces firmadas por las mismas víctimas- para realizar transacciones que envuelven dinero: consignatarios de préstamos, agentes de compras, etcétera,
• Llamar a los familiares de los ancianos para extorsionarlos, insinuando que no se ocupan de ellos, y que, de no cubrir sus obligaciones financieras inmediatas, le radicarán cargos ante el Departamento de la Familia o la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, y
• En algunos casos extremos, utilizar la información sobre familiares obtenida de los propios ancianos para cometer robos de identidad.

En muchas ocasiones, las víctimas de estos timadores sufren condiciones de salud incapacitantes propias de la edad avanzada, que hacen que éstas no recuerden o no reconozcan transacciones financieras que ellos mismos han autorizado.

Los ancianos bajo los efectos de medicinas de efectos secundarios fuertes son otro blanco potencial de estos timadores, que esperan a que los ancianos estén temporeramente incapacitados para ganar acceso a sus récords personales, incluso en su propio hogar. No es raro entonces que uno de los primeros enfoques de estos timadores es ofrecerse a administrarles regularmente las medicinas a sus víctimas.

La alta proporción de envejecidos en Mayagüez hace de la ciudad un foco mayor de estos incidentes en Puerto Rico. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a que ejerza cautela con estos timadores. Al mismo tiempo, sin embargo, las autoridades reconocen que son muy pocos los mecanismos en ley para paliar esta situación.

Los expertos en medicina geriátrica reconocen que uno de los factores que contribuye al bienestar y la salud mental de los ancianos es que éstos se sientan facultados a vivir una vida independiente. Son pocas las personas que pueden reconocer, en pleno uso de sus facultades, cuando las están empezando a perder. Por tanto, es importante que los ancianos y sus familiares definan claramente, y preferiblemente por escrito, quienes pueden tener acceso al hogar, y para ofrecer qué servicios.

Estas personas deben ser de la absoluta confianza de los contratantes y sus familiares, que deben solicitar referencias verificables. Es deseable que los ancianos no entren en transacciones comerciales con terceras personas sin la presencia de un testigo de la propia familia. Así mismo, es importante que se establezcan claramente los límites de la interacción de personas ajenas al hogar con quienes lo contratan.

Finalmente, los propios ancianos deben dejar pautas escritas de cuando sus familiares deben intervenir en sus asuntos financieros cuando estén en plena salud mental y física, y no esperar a que otros decidan en caso de una incapacidad, temporal o permanente.