Justicia refiere al FEI a Alcalde de Guayanilla por acoso sexual

17 noviembre, 2014 2:43 pm by
Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció lunes que emitió un referido para que el alcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, sea investigado por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por posiblemente haber cometido el delito de acoso sexual contra una de sus empleadas, además de haber violado la Ley de Ética Gubernamental.

En un comunicado de prensa se informó que la investigación inició luego que la perjudicada, Lumari Torres Pérez, decidiera querellarse contra el incumbente municipal en la División de Delitos Sexuales de Ponce, el pasado 18 de julio.

Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió “palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro”.

Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.

Como resultado de estos hechos, compañeros de trabajo de la dama han indicado bajo juramento que desde los incidentes esta se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.

Tras verse afectada en su aspecto laboral y emocional, Torres Pérez ha recibido tratamiento privado y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

A base de la evidencia documental y testifical existente, la investigación concluyó que Edgardo Arlequín Vélez pudo haber violado el Artículo 135 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La investigación fue realizada por el fiscal Edwin Ortiz Rivera de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia.

Filed Under: Portada, Seguridad Tagged With: , , , , , , , , , , , , , ,

Tribunal valida posición del Obispo de Arecibo y deja sin efecto orden emitida por Justicia

12 noviembre, 2014 10:46 pm by
Monseñor Daniel Fernandez, Obispo de la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica (Archivo).

Monseñor Daniel Fernandez Torres, Obispo de la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica (Archivo).

ARECIBO: El Obispo de la Diócesis de Arecibo, Daniel Fernández Torres, expresó sentirse satisfecho, luego de que el Tribunal validara la posición de las alegadas víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, que en todo momento solicitaron a la Iglesia mantenerlos en anonimato y poder ejercer libremente su fe católica.

Las declaraciones del Obispo surgen luego de que el juez Ángel R. Pagán Ocasio dejó sin efecto la orden emitida por la Fiscalía de Arecibo para que la Diócesis de Arecibo revelara los nombres y documentos de las alegadas víctimas de exsacerdotes que solicitaron a la Iglesia mantenerse bajo confidencialidad.

Según la sentencia, con la que el juez Pagán ordena cerrar el caso, el Tribunal sólo identificó una presunta víctima menor de edad al momento de recibirse la querella, cuya información ya estaba en manos de las autoridades al recibirse la querella en el Obispado. Mientras, que sólo uno de los querellantes no objetó la entrega de su declaración al Departamento de Justicia.

El licenciado Frank Torres Viada, abogado de la Diócesis de Arecibo, explicó en un comunicado de prensa que luego de evaluar en privado todos los documentos en posesión de la Diócesis, el magistrado determinó que sólo uno de los querellantes era menor de edad al momento de presentar su querella.  A pesar de que los datos de este querellante ya estaban en posesión de la Fiscalía, el juez Pagán determinó que la Diócesis volviera a entregar los mismos.

En cuanto a los querellantes adultos al momento de los hechos y quienes solicitaron mantenerse en anonimato, el Tribunal resolvió que no procedía la entrega de sus datos y documentos y dejó sin efecto las órdenes emitidas por el Departamento de Justicia.

“El Tribunal ordenó lo que desde un principio la Diócesis le propuso.  Nuestra propuesta en todo momento fue entregar la información al Juez para que éste evaluara qué procedía y ameritaba suministrar a Justicia sin afectar la confidencialidad solicitada por los querellantes a la Iglesia y a la vez colaborar con las autoridades”, indicó Torres Viada.

Se recordó que tras su llegada a la Diócesis, el obispo Fernández Torres instituyó una política de cero tolerancia contra el abuso.

La actual sentencia del juez Pagán Ocasio surge luego de que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a la protección de la intimidad de las víctimas adultas y su derecho a la libertad religiosa, al tratarse de una información que adultos compartieron a la autoridad religiosa en cuestión, con una expectativa de confidencialidad.

Filed Under: Locales, Portada Tagged With: , , , , , , , , , , , ,

Justicia refiere al Fiscal Especial Independiente a ex funcionaria de La Fortaleza

15 octubre, 2014 3:52 pm by

logo justiciaSAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), licenciado César Miranda, refirió este miércoles a una ex funcionaria de La Fortaleza y a ocho servidores públicos adscritos al Cuerpo de Bomberos para ser investigados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), por alegada malversación y apropiación ilegal de fondos públicos, conspirar para cometer delitos y otras violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La ex funcionaria de la Mansión Ejecutiva es la hoy jueza del Tribunal Apelativo, la licenciada Grace Grana Martínez. Sin embargo, se aclaró que el referido en cuestión no guarda relación con el desempeño de Grana Martínez cono jueza del  mencionado foro.

Según surge del referido de Justicia, los hechos supuestamente ocurrieron en julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de Administración del entonces secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.

Según prueba que dice tener Justicia, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Albuquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios debían votar por la candidata a presidenta de LULAC, Margaret Morán.

Dicha votación no es asunto oficial de las agencias de gobierno, por lo que no era permitido recurrir a fondos públicos para sufragar el viaje de al menos cinco funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, autorizado por Grana Martínez. Dichos gastos le costaron al Erario al menos,6 mil 767 dólares. Surge además, que otros cinco empleados del Cuerpo de Bomberos viajaron con pasajes costeados por suplidores de la agencia y mediante donativos de otros servidores públicos, a solicitud del ex director de transportación, Jeremías Hernández Nogueras.

En la reunión en Fortaleza, Grana Martinez presuntamente instruyó a los funcionarios a llenar los documentos de solicitud de los viajes de modo que pareciera que irían a recibir adiestramientos por parte del Federal Training Institute (FTI).

La hoy jueza autorizó mediante carta del 9 de julio de 2010 a los funcionarios del cuerpo de Bomberos a viajar del 15 al 18 de julio a la ciudad de Albuquerque. Según Justicia, Grana Martinez indicó además que cada agencia debía enviar una delegación de al menos 11 personas. Sin embargo, según trasciende de la investigación de Justicia, los talleres ofrecidos por la FTI culminaron el 14 de julio de ese año.

Se alega que Carmen G. Rodríguez Díaz, ex jefa del Cuerpo de Bomberos, admitió mediante declaración jurada todas y cada una de las violaciones legales y administrativas que se le imputan. Rodríguez Díaz se convirtió en testigo del pueblo mediante acuerdo sobre concesión de inmunidad total firmado el pasado 7 de octubre. A los funcionarios Luis G. Irizarry Díaz, jefe de Bomberos de la zona de San Juan, y a Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas, también se les otorgó inmunidad.

La investigación se origina con una querella que presentó el 24 de febrero de 2011, Nélida Ramos, ex jefa del Negociado Auxiliar del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, en contra del ex director de transportación, por solicitar donativos a varios suplidores. El propósito de los donativos era pagar fiestas y actividades de la agencia que nunca se dieron y para el pago de alegados viajes oficiales.

Por su parte, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, indicó que la Contraloría tuvo conocimiento de esta situación en diciembre de 2011 a raíz de unas expresiones públicas del hoy senador Aníbal José Torres; por lo cual “decidimos realizar una auditoría de este asunto comenzando la misma el 12 de enero de 2012. Las situaciones encontradas fueron referidas al Secretario de Justicia, César Miranda, el 21 de febrero de 2014. A partir de ese momento, trabajamos en colaboración constante con el Departamento de Justicia”.

El 23 de abril de 2014, la División de Integridad Pública del DJ notificó a la OPFEI que realizaba una investigación basada en información bajo juramento. La OPFEI concedió hasta el 20 de octubre para informar sobre los resultados de la investigación.

Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que viajaron a Albuquerque fueron: el comandante y segundo en mando, Pedro A. Vázquez Montañez; Nélida Ramos; jefa auxiliar del Negociado de Administración; Luis G. Irizarry Díaz, jefe de zona de San Juan; Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas; y Miguel Cartagena Negrón, inspector de Incendios. Con excepción de Irizarry Díaz, Nélida Ramos, y Juan E. Rodríguez Berríos, para los antes mencionados se recomendará la radicación de cargos por conspiración, malversación y apropiación de fondos públicos y Ley de Ética Gubernamental.

Los otros cinco empleados que viajaron para asistir a la votación de LULAC, y a los que se recomendará la radicación de cargos contenidos en la Ley de Ética Gubernamental, son: el bombero Carlos Díaz Villegas; el sargento Jorge Ortiz Reyez; el chofer Yamil Cosme; el mecánico Edgardo Nieves; y el ayudante especial y supervisor de mecánicos, Jeremías Hernández Nogueras.

 

Filed Under: Portada, Seguridad Tagged With: , , , , , , , , , , , , ,

Líder pipiolo en Maricao denuncia “encubrimiento” en caso de alcalde Gilberto Pérez

30 agosto, 2014 1:38 pm by
Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

MARICAO: El presidente del Comité Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Maricao, Maximino Rivera López, denunció el sábado lo que calificó como “la incompetencia e ineptitud” de las agencias de fiscalización del Estado en el caso del alcalde de esta municipalidad Gilberto Pérez Valentín.

Según Rivera López, al alcalde maricaeño se le ha permitido “una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

En declaraciones escritas, señaló directamente al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“(Éstas) han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente  e irresponsable indulgencia ante tales actos»,  declaró Rivera, quien es maestro de la Escuela Superior Urbana de Maricao.

El líder pipiolo cuestionó la fuerza moral de estas agencias.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo. Totalmente falso. En o alrededor de septiembre de 2012 personalmente radiqué una querella haciendo alusión a los hallazgos acumulados en diez informes del contralor a lo largo de veinte años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley. La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó.

Otra dependencia criticada fue la Oficina del Contralor, la que, según Rivera “le ha fallado gravemente al pueblo”.

“A pesar de haber documentado con meridiana claridad en diez informes a los largo de veinte años el patrón de corrupción del alcalde, esta agencia no ha podido convencer a nadie que tome alguna acción para hacerle justicia al pueblo de Maricao que ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo mientras el alcalde y sus allegados se dan vida de millonarios”, argumentó Rivera.

Sobre el papel del Departamento de Justicia, Rivera dijo que éste ha “ignorado por completo” los señalamientos bien documentados de la oficina del contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla.

Por otro lado, Rivera criticó a la Oficina de Ética Gubernamental, que a pesar de ser “la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde”, ha sido “pusilánime e indulgente” al imponer sanciones “insignificantes e irrisorias”.

“La imposición de una multa de $10,000 al alcalde, por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de $200,000 en ingresos a los que no tenía derecho legal, no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema”, sentenció Rivera.

Por último, Rivera López adelantó que estará pidiendo la intervención de la senadora independentista María de Lourdes Santiago en este caso.

“Es hora de que la legislatura intervenga y le quite la discreción a Ética de negociar las multas; que se cree un organismo de fiscalización verdaderamente independiente de influencias políticas que rompa el nudo de impunidad que protege a los alcaldes de forma que se proteja las maltrechas finanzas públicas de la depredación de quienes no consideran la mera vergüenza pública como disuasivo suficiente; que se impongan penas innegociables y automáticas de destitución, cárcel, restitución total y multas verdaderamente punitivas”, concluyó.

Filed Under: Política, Portada Tagged With: , , , , , , , , , , , , , , , ,

NIE arresta oficial correccional por ingresar droga y celulares a institución carcelaria

29 agosto, 2014 11:32 am by

Departamento de JusticiaSAN JUAN: Un guardia penal identificado como José Ruiz Maldonado fue arrestado en la tarde del jueves por agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y por personal del Departamento de Corrección, por introducir drogas y celulares a la Institución Correccional Guayama 500, para la que laboraba al momento de la intervención.

Según un comunicado de prensa, la detención se dio luego de meses de investigación y durante el arresto se le ocupó un vehículo Toyota Corolla del 2005 y dos teléfonos celulares.

Como parte del operativo se ocuparon seis envolturas de “Sabuson” (heroína sintética), que contenían 10 laminillas cada una, para un total de 60. Cada laminilla tiene un valor en la cárcel de $40, lo que representa un total de $2,400.

Del mismo modo, le fue confiscado un paquete con 29 pastillas y 27 pedazos de la droga conocida como “Palitroque”, que también tiene un valor en la cárcel de $40, para un total de $1,700. El valor total de lo ocupado, incluyendo el vehículo y los celulares, asciende a $11,100.

“La corrupción tiene diversas formas, pero una de las peores es la de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley en las instituciones penales y que deben dar ejemplo mediante el desempeño transparente e íntegro de sus funciones. A través de un esfuerzo firme y continuo, con la colaboración del Departamento de Corrección, continuaremos investigando e interviniendo con estos funcionarios”, manifestó la directora del NIE, Brenda León.

El individuo se expone a cumplir una pena de reclusión de entre dos a cinco años por violación a la Ley 15, la cual prohíbe la introducción de celulares a instituciones correccionales.

También,  se presentarán cargos en su contra por violación a la Ley de Ética Gubernamental al utilizar su puesto para beneficio personal.

La radicación de cargos estará a cargo del fiscal Héctor Miranda de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia y se espera que se le realicen análisis químicos a las drogas encontradas, por lo que posteriormente se le someterán los cargos correspondientes en el tribunal.

Filed Under: Portada, Seguridad Tagged With: , , , , , , ,

Tribunales niega oculte información sobre pesquisa de traqueteo con recursos de revisión en San Juan

25 agosto, 2014 7:57 am by
Lcda. Sonia Ivette Velez Colón, Directora de la Administración de Tribunales.

Lcda. Sonia Ivette Velez Colón, Directora de la Administración de Tribunales.

SAN JUAN: La directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, negó el lunes que pretenda mantener oculta una investigación que lleva a cabo esa oficina en el Centro Judicial de San Juan relacionada al manejo de los recursos de revisión de boletos de tránsito.

“Es importante que el país sepa que fue la propia OAT quien identificó e investigó la situación. Lejos de ignorarla u ocultarla la atendimos con la diligencia que nos caracteriza y tomamos las medidas necesarias para corregirla y adjudicar responsabilidades”, expresó Vélez Colón en un comunicado de prensa.

La Directora de la OAT aseguró que la investigación aún está activa.

Aseguró que en esta etapa ya se suspendió una funcionaria y se continúan tomando declaraciones juradas, entrevistando funcionarios y recopilando la evidencia necesaria. No descartó que esta investigación  pueda conllevar referidos al Departamento de Justicia.

“Nunca nos ha temblado la mano para investigar y procesar a quienes le faltan a la confianza que el pueblo ha depositado en ellos y este caso no es la excepción. Nos aseguraremos de que asuman la responsabilidad de sus actos, como siempre lo hemos hecho”, concluyó Vélez Colón.

Filed Under: Portada, Seguridad Tagged With: , , , , ,

Justicia reitera intención de demandar a casas acreditadoras

19 agosto, 2014 9:25 am by

Departamento de JusticiaSAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia, licenciado César Miranda, reiteró en la mañana del martes la intención de demandar a las casas acreditadoras por haber degradado el crédito de la Isla de forma negligente durante los pasados meses.

Miranda aclaró que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con base legal para demandar a las casas acreditadoras luego de evaluar los fundamentos jurídicos de posibles causales para incoar un pleito que reivindique el buen nombre del crédito del país.

“En forma alguna se ha manifestado que el Departamento de Justicia haya descartado la alternativa de demandar o tomar algún curso de acción judicial contra las casas acreditadoras. Lo que se ha indicado públicamente ha sido que se le está concediendo prioridad en estos momentos a la atención de las demandas radicadas en el tribunal de distrito federal de Puerto Rico por parte de las compañías de bonistas Franklin Funds, Oppenheimer Rochester Funds y Blue Mountain Capital Management”, enfatizó el titular de Justicia en un comunicado de prensa.

“Luego de los estudios jurídicos realizados entendemos que hay fundamentos jurídicos para tomar acción contra alguna de las compañías acreditadoras lo cual haremos llegado el momento”, finalizó Miranda.

Las expresiones del Secretario de Justicia aclaran distintas versiones que han trascendido en el sentido de que “se deja a un lado” la posibilidad de demandar a las casas acreditadoras. El Departamento de Justicia reiteró su intención de demandar a las mismas o tomar algún curso de acción contra aquellas entidades que atentan contra el crédito y la imagen de Puerto Rico a nivel internacional.

Filed Under: Comunidad, Portada Tagged With: , , , , , , , , ,

Justicia radica cargos por apropiación ilegal a ex chofer de Fortaleza por robar gasolina

14 agosto, 2014 1:08 pm by
Darwin Conde Camacho, también fue parte de la avanzada del gobernador Alejandro Garcia Padilla. (Foto Facebook)

Darwin Conde Camacho, también fue parte de la avanzada del gobernador Alejandro Garcia Padilla. (Foto Facebook)

SAN JUAN: Seis cargos criminales fueron radicados el jueves contra  Darwin Conde Camacho, un exchofer de La Fortaleza, al que se le imputa retener ilegalmente una tarjeta destinada para el expendio de gasolina para vehículos oficiales y utilizarla para llenarle el tanque a su carro personal y a los de terceros.

La información fue confirmada por el secretario de Justicia, César Miranda.

“Para el mes de febrero de 2014, el imputado Darwin Conde Camacho se apropió ilegalmente de una tarjeta del Gobierno para abastecer de combustible a la flota de vehículos oficiales asignada a La Fortaleza. Conde Camacho comenzó a utilizar la referida tarjeta para su beneficio personal y de terceros, gestiones por las cuales recibía dinero a cambio. En resumidas cuentas, utilizó la tarjeta para abastecer en varias ocasiones su vehículo personal de combustible y cobrar a terceros para abastecer sus vehículos en gasolineras Total”, sostuvo Miranda en un comunicado de prensa.

Se indicó que al detectarse irregularidades, La Fortaleza ordenó una investigación que estuvo a cargo del agente Ramón Ortiz, adscrito a la Oficina de Seguridad. De la misma surgió que los hechos imputados a Conde ocurrieron durante los meses de febrero a julio del año en curso, a pesar de que Conde Camacho fue cesanteado de sus labores en la Mansión Ejecutiva el 25 de abril de 2014 por exceso de ausencias.

Los hechos, que fueron admitidos por Conde Camacho en una declaración jurada. Trascendió que el valor de combustible hurtado asciende a $16,864.43, en fondos públicos.

Las denuncias contra Darwin Conde Camacho incluyen dos cargos por el delito de apropiación ilegal agravada, un cargo por el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, un cargo por el delito de retención de propiedad pública, un cargo por el delito de fraude y un cargo bajo la Ley de Ética Gubernamental.

El acusado, de 28 años, se expone a 15 años de cárcel.

Mientras tanto, el secretario de Prensa de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, emitió unas declaraciones escritas condenando las acciones atribuidas al exempleado de la Mansión Ejecutiva.

“Es lamentable que este joven haya llevado a cabo estas acciones, que no solo son un agravio para él y sus seres queridos, sino también para el país. Dicho esto, desde nuestra llegada al gobierno, en La Fortaleza hemos implementado controles adicionales para evitar y detectar situaciones como esta. Nos reiteramos en que todo aquel que incurra en actuaciones ilegales tiene que responder por sus actos, como siempre ha sido nuestra política pública”, expresó Ortiz.

Filed Under: Portada, Seguridad Tagged With: , , , , , , ,

Justicia le sigue los pasos acoso cibernético contra menores

4 agosto, 2014 2:40 pm by

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PRSAN JUAN: Con el fin de prevenir y procesar a aquellos depredadores en línea que persiguen a los menores a través del ciberespacio, el Departamento de Justicia (DJ) lanzó una campaña de orientación sobre los peligros a los que se enfrentan los niños y jóvenes al navegar en la Internet.

“La Internet, a pesar de ser una herramienta de mucha utilidad para la educación de los niños y jóvenes, también sirve de plataforma para que depredadores sexuales tengan contacto con sus posibles víctimas. Como saben, el Departamento de Justicia tiene una política de cero tolerancia contra aquellos que le quieran hacer daño a nuestros niños y jóvenes y en este caso no será la excepción”, manifestó el Secretario de Justicia, César R. Miranda.

Según un estudio realizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) en el 2014, casi dos millones de personas, mayores de doce años, se conectan a la Internet en la Isla. De esos un 77 por ciento lo hace a través de un teléfono celular.

De otro lado, datos de la fundación i-SAFE revelaron que aproximadamente un 50% de los adolescentes han sido hostigados por Internet y sobre el 25% ha sido acosado en varias ocasiones a través de la web o sus teléfonos celulares.

Con la gran cantidad de niños y jóvenes que hoy en día tienen acceso a un aparato con conexión a la Internet, la probabilidad de que sean acosados a través de la red es cada vez más alta. El director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia (UICC), Rafael Sosa, indicó que hubo un caso de una niña adolescente en una escuela privada que era acosada por otro menor quien obtuvo fotos pornográficas de la niña a través de la Internet.

“El acosador había hecho lo mismo con otras niñas. El modus operandi era usar las fotos pornográficas que obtenía de las jóvenes para obligarlas a tener relaciones sexuales con él a cambio de que este no publicara las fotos a sus amistades y familiares. Lamentablemente, la niña tuvo que ser ingresada en un hospital siquiátrico por los traumas que sufrió tras negarse a tener relaciones con el joven y, por consiguiente, ver sus fotos publicadas en la web”, contó Sosa.

Es por esto, que tanto el Departamento de la Familia, como la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), se unieron a la campaña de orientación. Asimismo, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) también hizo lo propio.

“Quiero reiterar que es responsabilidad del padre, madre o encargado procurar límites en el uso de la Internet y supervisar a sus hijos con el uso de la tecnología, incluyendo sus teléfonos celulares, los mensajes de texto, su lista de contactos y las personas con quienes interactúan en las redes sociales. Por otro lado, como estamos próximos al inicio de un nuevo año escolar, se espera que aumente la cantidad de menores que utilizan la Internet para realizar sus tareas. Por ende, los menores podrían estar más propensos a interactuar con depredadores sexuales en línea”, manifestó Idalia Colón Rondón, secretaria del Departamento de la Familia.

Para que los padres puedan ayudar con la identificación de señales que indiquen si su niño está siendo acosado, el fiscal Sosa, expuso varias recomendaciones. “Si usted nota que se pone nervioso cuando este recibe llamadas o mensajes de texto al celular o tiene cambios bruscos de humor al mirar el celular, correo electrónico, chats o redes sociales debe prestar especial atención”, comunicó. También, los padres se pueden remitir al portal cibernético www.internetseguro.pr.gov , para obtener más consejos al respecto.

Por su parte, Hiram Díaz Belardo, director interino de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), aseguró que las charlas que ofrecerán a los jóvenes de sus programas, en colaboración con el DJ, servirán de gran ayuda para que los posibles afectados puedan prevenir, identificar y denunciar la situación.

“El propósito principal de este esfuerzo es la educación, es por esto que nosotros nos sumamos a la iniciativa con el fin de diseminar esta información de gran valor para nuestra ciudadanía”, puntualizó Cecile Blondet, presidenta de WIPR.

Filed Under: Portada, Seguridad Tagged With: , , , , , ,