El informe M-17-39, con todos los detalles, está en la página de Internet de la Oficina de la Contralora (Archivo/LA CALLE Digital).
CABO ROJO: Un informe de auditoría, que cubrió parte del último cuatrienio de la exalcaldesa Perza Rodríguez (PNP) y la primera mitad del primer cuatrienio del actual alcalde Roberto Ramírez Kurtz (PPD), fue catalogado como “opinión favorable con excepciones sobre el manejo y control del presupuesto operacional, la contratación de servicios profesionales, la construcción de obras y mejoras permanentes del Municipio de Cabo Rojo”.
El Informe M-17-39 revela que el Municipio utilizó para comprar inversiones en un banco, los fondos que la Asamblea Legislativa asignó mediante resoluciones conjuntas (Barril y Barrilito), para la compra de terrenos y la construcción de obras y mejoras permanentes. De diciembre de 2009 a noviembre de 2014, bajo la incumbencia de la exalcaldesa Rodríguez, Cabo Rojo mantuvo inversiones que fluctuaban de $5.8 a $9.6 millones en una institución bancaria sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
Tampoco remitió para la aprobación de la Legislatura Municipal, una línea de crédito bancaria por $809,948, para la cual utilizó como colateral las mencionadas inversiones. Estas situaciones pueden ser perjudiciales y afectar asignaciones futuras de fondos.
Mientras tanto, la Oficina de la Contralora remitió al Secretario de Justicia, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico el 19 de diciembre de 2016, bajo el mandato del alcalde Ramírez Kurtz, la contratación de servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988. También, contrario a la Ley 319 del 15 de mayo de 1938, tres personas que no estaban registradas como ingenieros o agrimensores del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, inspeccionaron y certificaron 35 proyectos en Cabo Rojo.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que de junio de 2013 a julio de 2015, también bajo la administración del alcalde Ramírez, el Municipio formalizó cuatro contratos por $391,825 con un contratista sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, nuestros auditores identificaron que para seis obras por $389,411 se consideraron 44 cotizaciones de siete compañías, de las cuales siete de ellas resultaron ser falsas.
El Informe comenta el caso de la destitución del encargado del cementerio Las Delicias en enero de 2014, tras determinarse en una auditoría interna que vendió una fosa a una persona particular y expidió una certificación oficial. Los auditores investigaron otra querella que se recibió en julio de 2014 y determinaron que el encargado intervino en la venta de tres fosas por $1,000, $600 y $1,500, expidió certificaciones para cada una de ellas y solicitaba a los compradores el pago en efectivo. Los funcionarios municipales no refirieron este caso ni a la Oficina de Ética Gubernamental ni al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Contralor.
El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
