MAYAGUEZ: Mientras el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry, entiende que no debieron darse los comentarios del representante Charlie Hernández, que son contrarios a la política institucional del PPD, afiliados a esa colectividad reiteraron sus simpatías al legislador mayaguezano por «actuar con valentía y honestidad». «Charlie es una persona vertical que se ganado el respeto del pueblo porque siempre se sostiene en lo que piensa», expresaron varios líderes populares de la Sultana del Oeste.
La polémica surgida a raíz de las sanciones impuestas a Hernández por el Presidente del PPD Alejando García Padilla, ha servido para «avivar» el sentimiento soberanista dentro de las filas del partido que aboga por cambios en el status actual de Estado Libre Asociado. «Creo que la sanción contra Charlie fue innecesaria, a destiempo y no ayuda en nada a la unión de todos los populares», comentó un lider regional del PPD, que apoya el ELA soberano.
De otra parte, el alcalde de Isabela y vicepresidente del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, expresó su interés de mediar para que haya un diálogo entre el representante Hernández y el Presidente del PPD, senador García Padilla. En declaraciones públicas, el incumbente isabelino invitó a los populares a no permitir que los «penepés los pongan a pelear» en un momento crítico para el país.
Al describirlo como persona honesta y un profesional de reputación intachable, el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, le salió al paso el lunes a los críticos del legislador Larry Seilhamer, quien presidió la comisión responsable de evaluar el nombramiento del ingeniero José A. Ortíz, a la junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ortíz, quien finalmente recibió el aval de la mayoría del PNP para pertenecer a la junta de la AEE, debió enfrentar la férrea oposición de grupos sindicales encabezados por la UTIER.
SAN JUAN: En resolución emitida el 5 de este mes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dictaminó «no ha lugar» el recurso de certiorari incoado en ese alto foro por el representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra, cuyos abogados pedían la paralización de los procedimientos de revisión radicados en el Tribunal de Apelaciones por el Partido Nuevo Progresista, que demanda se le retire al candidato la certificación expedida a su favor por la Comisión Estatal de Elecciones.






