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Quien tiene el dinero, tiene el poder. Eso se lo escuché decir a un amigo, ex ejecutivo bancario, a quien le inquirí en una ocasión el porqué nadie en esta isla, incluyendo a los legisladores, tiene las agallas para iniciar una pesquisa contra un autoproclamado «banco de Puerto Rico», que mantiene el monopolio de la vida y hacienda del pueblo puertorriqueño. Si bien nadie regatea el derecho de la industria bancaria a operar con ganancias y ser fuente de trabajo para muchos compatriotas, esos atributos no le conceden «licencia de Corso» para abusar de los consumidores de este país maltratado y pisoteado por los grandes intereses financieros.

A varios meses de un editorial donde denunciamos  la decisión unilateral tomada por el llamado » banco de Puerto Rico», obligando a sus clientes hipotecarios a obtener un seguro contra inundaciones, aparte de revisar sin ningún tipo de consideraciones el pago regular de la hipoteca, no se ha escuchado la voz de algún  legislador, gobernador, secretario del DACO o defensor del pueblo acudir en auxilio del pueblo.

Hasta hemos llegado a pensar que aquí todo el mundo le teme a los poderosos, máxime, si gozan de la inmunidad que les proveen los dólares. Incluso, algunos medios de comunicación que en la mayoría de los casos «se tragan a los niños crudos», ahora  hacen mutis por el foro. Lo podemos entender, se trata de un auspiciador que nadie puede darse el lujo de perder.

Conocemos que en la Legislatura de nuestra isla hay hombres y mujeres comprometidos con la justicia y la verdad. Es a esa Cámara y Senado, que le urgimos intervenir para que la industria bancaria explique porqué puso en vigor en abril de este año una disposición federal que obliga a todo  deudor de hipotecas a proveerse de un seguro contra inundaciones. Un seguro que eleva el pago mensual de la hipoteca en más de un 20 por ciento. En un caso particular, el cliente que pagaba $578 mensuales por la hipoteca de su casa ahora tiene que desembolsar $719 mensuales.

A esto adicione los pagos de agua, luz y otras utilidades. Pero no se moleste en solicitarle al «banco de Puerto Rico» que haga los reajustes necesarios, porque sus grandes ejecutivos no conocen del dolor y las privaciones que vive el consumidor, particularmente, la clase media. No descartamos que este editorial sea respondido con represalias, pero al final del camino alguien tiene que salirle al paso a quienes abusan de un noble pueblo, que aún tiene fuerzas para cantar «El Lamento Borincano».