Incredulidad ante anuncio… No es la primera vez que el Alcalde de Aguadilla dice que se va… (Vídeo)

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Por Julio Víctor Ramírez, hijo

AGUADILLA: A pesar de que el alcalde aguadillano Carlos Méndez Martínez anunció el miércoles su determinación de no postularse para un nuevo término como incumbente municipal para las elecciones del 2020, no es la primera vez que Méndez anuncia abiertamente que va a dimitir, por la razón que sea, y ha seguido en el cargo.

El diario digital La Isla Oeste citó a Méndez diciendo “Este es mi último cuatrienio” en su mensaje de logros para el año fiscal 2016-2017. Según la publicación, Méndez Martínez dijo que aunque “quisiera ser como Matusalén”, ya lleva 22 años como alcalde y que pronto cumplirá 75 años de edad.

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“Yo no estaría aquí, porque no me voy a postular, no voy a correr más”, dijo el alcalde Méndez durante su mensaje.

Sin embargo, el 5 de octubre de 2011, el alcalde Méndez Martínez había anunciado frente a la Prensa del Oeste que renunciaría, en un acto efectuado en la Plaza Rafael Hernández de Aguadilla.

“El mismo día que el CRIM de Aguadilla se mude para Aguada, yo presento la renuncia como alcalde de Aguadilla”, dijo Méndez en ese mensaje del 2011.

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En esa ocasión, Méndez había dicho categóricamente que renunciaría a su cargo sí se trasladaban las oficinas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) desde el centro del pueblo de Aguadilla, a sus facilidades actuales en el Edificio Center Plex, localizado frente a la carretera PR-2 en el barrio Guanábano de Aguada.

No obstante, la mudanza se produjo, no así la renuncia anunciada.

Acto del 5 de octubre de 2011 en Aguadilla (Vídeo por Raquel Calero)

De hecho, la renuncia de Méndez ha despertado incredulidad en las redes sociales, asegurándose que éste es del tipo de político que no “engancha los guantes”. Solo resta esperar a que llegue el momento de las candidaturas en el 2020 para ver si se postula o no.

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Más ojos en la calle… Arrancan sobre 30 nuevos inspectores del CRIM a fiscalizar órdenes de DACO

Pierluisi y empleados CRIM wm

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, anunció que mañana saldrán a la calle sobre 30 inspectores adicionales para fiscalizar las órdenes de emergencia emitidas tras el paso del huracán María.

En este caso, los inspectores son empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), quienes recibieron el entrenamiento luego de un acuerdo alcanzado con la directora ejecutiva, licenciada Carmen Vega.

“Además de los inspectores del DACO, la semana pasada sumamos a este esfuerzo unos 200 inspectores del Departamento de Hacienda que han sido fundamentales en el proceso de fiscalizar las órdenes de congelación de precios de artículos de primera necesidad y las de márgenes de ganancia en gasolina, diésel y gas licuado. Me complace anunciar que con la ayuda de la Directora Ejecutiva del CRIM éste será un esfuerzo más completo a favor del consumidor”, expresó Pierluisi.

En tanto, la CPA y licenciada Vega, aseguró que “dar la mano en este esfuerzo es un deber que tenemos con Puerto Rico. La misión del CRIM no puede ser sólo recaudar ingresos. Moralmente estamos comprometidos con defender a todos los puertorriqueños en un momento de emergencia como éste”.

Pierluisi aseguró que como parte de este esfuerzo conjunto se han encontrado comerciantes que han tenido que ser multados pero que, sin embargo, la gran mayoría no ha incurrido en prácticas abusivas.

“El sector comercial ha estado trabajado con grandes retos y a pesar de la falla de algunos, también hemos visto cómo han servido de apoyo en las comunidades a las que sirven. Las órdenes de emergencia, no obstante, se mantienen mientras dure la emergencia, puesto que el consumidor ya ha experimentando aumentos significativos en sus costos”, indicó Pierluisi.

Alcalde de Cabo Rojo podría declarar “estado de emergencia fiscal” para aprobar presupuesto 2017-18

Roberto Ramírez Kurtz, alcalde de Cabo Rojo (Suministrada).

Roberto Ramírez Kurtz, alcalde de Cabo Rojo (Suministrada).

CABO ROJO: El alcalde Roberto Ramírez Kurtz podría declarar un estado de emergencia fiscal y tomar medidas imprescindibles para estabilizar las finanzas del Municipio de Cabo Rojo y viabilizar la aprobación de su presupuesto operacional para el Año Fiscal 2017-2018; en virtud de una Resolución aprobada por la Legislatura Municipal caborrojeña.

En un comunicado de prensa se indicó que la resolución, que entró en vigor inmediatamente después de su aprobación, dispone que el alcalde junto a su equipo económico, “podrá implantar las medidas necesarias y convenientes para conjurar la situación fiscal del Municipio originada por múltiples factores, la mayoría fuera del control de la administración municipal”.

“Los recaudos del Municipio han sufrido una disminución considerable por la eliminación del 0.5 por ciento del IVU Municipal; la reducción a la aportación del Gobierno Central para el Bono de Navidad, equivalente a $154,250; la creación de la entidad COFIM, con un balance negativo de $556,184.00; y un impacto adicional a Ingresos provenientes del CRIM, estimados en $1,539.080.71”, explicó Ramírez Kurtz.

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El incumbente municipal agregó que el Gobierno Central ha incrementado las obligaciones del Municipio de Cabo Rojo mediante la aprobación de leyes, como la aportación al Retiro de Empleados Municipales, que ha subido de 9.275 por ciento hasta 16.775 por ciento, representando un aumento en dicho concepto de $340,024, incrementos que continuaran escalonadamente cada año hasta llegar a representar un 21.00 por ciento. Además de la aportación del Municipio a pensionados, ascendente a $235,632; la Aportación Adicional Uniforme de $984,731; y la porción eliminada del CELI de la AEE, que representa $473,045.

El alcalde caborrojeño sostuvo que las partidas antes mencionadas tienen un impacto adverso de $4,771,785.17, que, según él, tienen que considerar para el presupuesto municipal del próximo Año Fiscal 2017-2018.

“Máxime ante las limitaciones que impone la Ley Núm. 154-2013 al establecer que el presupuesto de cada Municipio no podrá exceder los ingresos certificados en el informe de auditoría externa (Single Audit) correspondiente al año natural anterior, en las partidas de ingresos provenientes de patentes e Impuesto de Venta y Uso (IVU), licencias y permisos misceláneos”, dijo.

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De igual modo, se debe considerar el estancamiento de la industria de bienes raíces que afecta los ingresos municipales, particularmente en patentes y arbitrios de construcción; las restricciones que establece la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; así como la disminución en la población lo cual incide adversamente en la economía del país al reducirse la base contributiva y, a su vez, los recaudos en general.

“Esta nueva realidad fiscal la enfrentamos con la seriedad y urgencia que amerita para poder satisfacer las necesidades apremiantes de nuestros constituyentes, siendo creativos en la forma y manera eficiente que prestamos los servicios esenciales, maximizando los recursos de los cuales dispone el Municipio”, expresó Ramírez Kurtz.

El alcalde Ramírez informó que la Ordenanza Municipal dispone, además, que la Directora de Finanzas municipal tendrá el deber de estructurar y establecer un sistema para evaluar las medidas que se implanten y determinar si las mismas han cumplido o no su cometido, para prolongar su vigencia o descontinuarlas.

Alcalde de Mayagüez decreta “estado de emergencia” ante negativa de empresa a recoger la basura

El alcalde José Guillermo Rodríguez decretó un estado de emergencia ante paralización de servicio de recogido de basura (Archivo).

El alcalde José Guillermo Rodríguez decretó un estado de emergencia ante paralización de servicio de recogido de basura (Archivo).

MAYAGÜEZ: El alcalde de la Sultana del Oeste, José Guillermo Rodríguez, decretó un estado de emergencia al reaccionar a la determinación de la compañía EC Waste, de no ofrecer los servicios de recogido de desperdicios sólidos en áreas que no sean parte del casco urbano.

En un comunicado de prensa, el Municipio asegura que “la enorme mayoría de la población de la ciudad estaría desprovista del servicio de recogido de desperdicios sólidos, particularmente en estas fechas en que coinciden con la celebración de las Justas Interuniversitarias”.

A la luz de la situación, el incumbente mayagüezano decretó el estado de emergencia mediante orden ejecutiva, que proveerá las alternativas que promuevan y protejan el interés público y garanticen a la ciudadanía que no se afecte el recogido de desperdicios sólidos.

Es sumamente lamentable que debido a determinaciones de administraciones ajenas a nuestro Municipio la ciudadanía mayagüezana esté pagando las culpas”, dijo.

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El alcalde Rodríguez afirmó en el parte que “la Administración Municipal de Mayagüez siempre ha cumplido con sus compromisos económicos y nunca le ha fallado a esta compañía en el pago de sus obligaciones. Sin embargo, como es de conocimiento público, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está pasando por una de las crisis económicas más severas y graves en toda su historia. Lamentablemente la mayoría de las administraciones del Gobierno Central y Estatal por los últimos 40 años emitieron una deuda de una forma y manera tan desproporcionada e irrazonable sin tener la capacidad de repago de la misma. Esto ha provocado que el tesoro del pueblo de Puerto Rico y su promovido, como consecuencia, que el Gobierno Central y Estatal haya impuesto sobre 90 contribuciones, arbitrios y patentes en todos y cada uno de los renglones de finanzas tengan una deuda con los bonistas y sus acreedores que sobrepasaron los 70 billones de dólares”.

Según Rodríguez, la situación, aunque grave, se transforma en una “totalmente insostenible” cuando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que financia las obras públicas en Puerto Rico y a su vez es el custodio de los fondos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), “de manera unilateral, arbitraria y caprichosa se ha incautado de todos los fondos que había ya depositado a favor de los municipios y que pertenecen a éstos, transfiriendo los mismos para el pago de la deuda y gastos operacionales del Gobierno Central”.

En otras palabras, los gobiernos municipales que no tenemos responsabilidad alguna con la deuda y que no participamos en los acuerdos arbitrarios y absurdos a los que se llegó para obligar las finanzas de Puerto Rico, ahora pagamos las culpas de los errores incurridos por el Gobierno Central”, continuó el alcalde mayagüezano.

Rodríguez sostiene que el BGF “se ha incautado y apoderado” de los fondos pertenecientes al Municipio de Mayagüez, que sobrepasan los $10 millones. Por tal razón, según el alcalde, la Administración Municipal ha quedado sin liquidez económica.

Actualmente estamos realizando esfuerzos inimaginables para cumplir con nuestras obligaciones básicas y mantener las operaciones usuales y normales. Estamos ante un riesgo inminente de que se afecten los gastos administrativos y operacionales como lo son el pago de la nómina de los empleados, el cumplimiento de las obligaciones de las utilidades, los pagos de renta, los pagos de desperdicios sólidos, los pagos a suplidores y asesores y los pagos de las obligaciones generales. De continuar la situación así, nos veremos obligados a tomar medidas sumamente drásticas que van a afectar severamente nuestra economía gubernamental y la economía de la región occidental del País”, adelantó el alcalde Rodríguez.

Tras casi 18 años de pleito Mayagüez y Hormigueros llegan a acuerdo sobre cobro de patentes a tiendas del Mayagüez Mall

Parte de la sentencia en la que se acepta la estipulación por parte del juez Miguel Trabal Cuevas. Haga "click" sobre la imagen para ampliarla (Suministrada Administración de los Tribunales).

Parte de la sentencia en la que se acepta la estipulación por parte del juez Miguel Trabal Cuevas. Haga “click” sobre la imagen para ampliarla (Suministrada Administración de los Tribunales).

Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

MAYAGÜEZ: El juez superior Miguel Trabal Cuevas, del Centro Judicial de la Sultana del Oeste aprobó el miércoles el acuerdo al que llegaron los alcaldes Pedro García Figueroa, de Hormigueros; y José Guillermo Rodríguez, de Mayagüez, tras un pleito judicial que se extendió desde el 8 de mayo de 1998, en el que el Municipio de Hormigueros reclamaba que gran parte de las tiendas localizadas en el centro comercial Mayagüez Mall estaban pagando indebidamente patentes, arbitrios y otras contribuciones en Mayagüez, en lugar de Hormigueros.

El magistrado emitió la sentencia entrada la tarde del miércoles.

Las resoluciones 50 Serie 2015-2016 de la Legislatura Municipal de Hormigueros, y la 145 Serie 2015-2016 de la Legislatura Municipal de Mayagüez, autorizaron a los alcaldes García y Rodríguez a llegar a un acuerdo en la demanda IAC1998-0188.mojito beach weekend 8-9 abril

La demanda originalmente fue radicada bajo a la administración del entonces alcalde Francisco Javier Rivera Toro.

El centro comercial Mayagüez Mall está localizado entre las jurisdicciones de Hormigueros y Mayagüez, y durante su construcción, se alteró el cauce de la Quebrada Magaz, que constituía la marca de la división municipal entre estas jurisdicciones. Tras la alteración del cauce, la quebrada quedaba dentro de la parte de Hormigueros.

Tras la apertura del Mayagüez Mall en 1972, bajo la incumbencia del exalcalde de Mayagüez, Benjamín Cole, la administración municipal mayagüezana asumió que el cambio del cauce de la quebrada aumentó su jurisdicción territorial, y por eso comenzó a cobrarles arbitrios, patentes y otras contribuciones a comerciantes del Mayagüez Mall, cuyas tiendas ubican en Hormigueros.

Los primeros conflictos públicos sobre el asunto surgieron entre los exalcaldes Melanio Bobé Acevedo, de Hormigueros, y Cole. Pero se sabe que para la década de 1970, el exalcalde hormiguereño Luis Albelo Nazario había levantado bandera.

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), a su vez, estuvo enviando al Municipio de Mayagüez las remesas de propiedad mueble e inmueble de comerciantes que en realidad estaban en Hormigueros. En 1999, el CRIM fue incluido como demandado en el pleito.

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El juez Trabal Cuevas autorizó que el Municipio de Mayagüez le pague al de Hormigueros $1,000,000 (un millón de dólares), en cuatro plazos:

  • $300,000 en o antes del 16 de octubre de 2016.
  • $250,000 en o antes del 31 de diciembre de 2017.
  • $250,000 en o antes del 31 de diciembre de 2018.
  • $200,000 en o antes del 31 de diciembre de 2019.

Como cuestión de hecho, los ingresos por concepto de patentes municipales, arbitrios y otras contribuciones recaudados por Mayagüez, fueron mucho mayores que el pago estipulado en el arreglo. Se estimaba que la deuda de Mayagüez con Hormigueros sobrepasaba los $5.1 millones.

Alcalde PNP de San Sebastián niega despidos en el CRIM

SAN JUAN:  El alcalde novoprogresista  de San Sebastián, señor Javier Jiménez, rechazó hoy martes que vayan a ocurrir despidos de empleados en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), cuya junta de directores él preside.  Al responder a los señalamientos de una líder sindical quien apretó el “botón de pánico” ante la posibilidad de cesantías en esa dependencia, Jiménez expresó desconocer de dónde surgió tal rumor.

Jiménez explicó a preguntas de la Cadena Wapa-Radio, que si bien es cierto que hubo enmiendas a la ley que creó el CRIM, las mismas son para flexibilizar las funciones del Centro y permitir que los municipios puedan llevar a cabo vistas administrativas y crear algunas estructuras internas. Eso, a opinión del alcalde de El Pepino, en nada afecta el trabajo y las responsabilidades conferidas por ley al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

En el caso de San Juan y otras ciudades de mayor número de habitantes que han anunciado el establecimiento de operaciones locales relacionadas al CRIM, eso pudiera ser interpretado como la intención de separarse de esa agencia.  Sin embargo, el alcalde Jiménez aseguró que el CRIM continúa operado con toda normalidad.

Municipios de la isla sobreviven con las remesas del CRIM

AGUADILLA: Al tiempo que se reducen las asignaciones federales y se eliminan programas anteriormente costeados desde Washington, unos 24 municipios de la isla tienen que “sobrevivir” actualmente de las remesas que les envía el Centro de Recaudaciones e Ingresos Municipales (CRIM). Así lo dió a conocer esta semana el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien preside la junta de directores del CRIM. El ejecutivo municipal no ofreció los nombres de los pueblos “que están cruzando el Niágara en bicicleta”, pero confirmó que se trata de municipios pequeños.

La reducción o eliminación de fondos del Programa CDBG, ha obligado a realizar ajustes en la plantilla de empleados en algunas administraciones municipales y en otros pueblos hubo reajuste del horario de los trabajadores.  El alcalde Jiménez, explicó que en ausencia de los dineros que antes llegaban desde las arcas federales, ahora muchos municipios dependen de los envíos desde el CRIM.

También se supo que en Puerto Rico hay otros 40 gobiernos municipales que siguen operando con “déficits” económicos desde hace varios años y cuya única salida es la creación de nuevos consorcios para consolidar programas y servicios.