Alcalde de Cabo Rojo culpa al Gobierno Central por cobro de las bolsas anaranjadas

El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, responsabilizó al Gobierno Central por el cobro de las bolsas anaranjadas.

El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, responsabilizó al Gobierno Central por el cobro de las bolsas anaranjadas.

CABO ROJO: El alcalde Roberto Ramírez Kurtz denunció el miércoles que las medidas tomadas por el Gobierno Central, la Cámara y el Senado han afectado cuantiosamente los recaudos, no solamente de Cabo Rojo, sino de los 78 municipios, lo que según él, lo obligó a implantar medidas como la Iniciativa Naranja para cobrar el recogido de la basura en su municipio.

“Esta legislatura no puede ponernos un bloque en el pie y pretender que flotemos. Si esta Legislatura interesa que los ciudadanos no aporten nada por el recogido de basura tienen que enmendar el Presupuesto del Gobierno Central y devolvernos lo que nos han quitado, de lo contrario no hay otra alternativa”, advirtió Ramírez Kurtz en un comunicado de prensa circulado al tiempo que depuso ante la Comisión del Senado que estudia el cargo por la disposición de la basura.

El alcalde Ramírez afirmó que solamente con los fondos retenidos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el Municipio contaría con fondos para el recogido para por lo menos cinco años.

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¿Pero luego, qué? ¿Y qué hacemos con el problema ambiental? El manejo de desperdicios sólidos es un problema que nos afecta a todos y tenemos que asumir la responsabilidad que conlleva. Si en la toma de decisiones va a pesar más el costo político de tomar las decisiones correctas, o cómo nos veamos en el titular de prensa, brindamos un flaco servicio a la nación”, dijo el incumbente municipal.

Ramírez Kurtz alegó que la Iniciativa Naranja “ha sido efectiva”, asegurando que en una semana, el volumen de basura se redujo en un 30 por ciento y el reciclaje aumentó un 15 por ciento.

De igual modo, dijo que las 4 mil notificaciones de violación al programa emitidas la primera semana, se han reducido a menos de 100 diarias.

Ramírez adelantó que Cabo Rojo ni muchos otros municipios, tendrán la capacidad de pagar por el servicio de disposición de desperdicios “en el presente ni en el futuro inmediato”.

“Durante los últimos años hemos tomado las medidas necesarias para enfrentar esta realidad sin temor y sin excusas. Luego de analizar diversas alternativas entendemos que Iniciativa Naranja es la mejor disponible para lidiar con el problema de desperdicios sólidos”, dijo.

Alcalde de Mayagüez decreta “estado de emergencia” ante negativa de empresa a recoger la basura

El alcalde José Guillermo Rodríguez decretó un estado de emergencia ante paralización de servicio de recogido de basura (Archivo).

El alcalde José Guillermo Rodríguez decretó un estado de emergencia ante paralización de servicio de recogido de basura (Archivo).

MAYAGÜEZ: El alcalde de la Sultana del Oeste, José Guillermo Rodríguez, decretó un estado de emergencia al reaccionar a la determinación de la compañía EC Waste, de no ofrecer los servicios de recogido de desperdicios sólidos en áreas que no sean parte del casco urbano.

En un comunicado de prensa, el Municipio asegura que “la enorme mayoría de la población de la ciudad estaría desprovista del servicio de recogido de desperdicios sólidos, particularmente en estas fechas en que coinciden con la celebración de las Justas Interuniversitarias”.

A la luz de la situación, el incumbente mayagüezano decretó el estado de emergencia mediante orden ejecutiva, que proveerá las alternativas que promuevan y protejan el interés público y garanticen a la ciudadanía que no se afecte el recogido de desperdicios sólidos.

Es sumamente lamentable que debido a determinaciones de administraciones ajenas a nuestro Municipio la ciudadanía mayagüezana esté pagando las culpas”, dijo.

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El alcalde Rodríguez afirmó en el parte que “la Administración Municipal de Mayagüez siempre ha cumplido con sus compromisos económicos y nunca le ha fallado a esta compañía en el pago de sus obligaciones. Sin embargo, como es de conocimiento público, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está pasando por una de las crisis económicas más severas y graves en toda su historia. Lamentablemente la mayoría de las administraciones del Gobierno Central y Estatal por los últimos 40 años emitieron una deuda de una forma y manera tan desproporcionada e irrazonable sin tener la capacidad de repago de la misma. Esto ha provocado que el tesoro del pueblo de Puerto Rico y su promovido, como consecuencia, que el Gobierno Central y Estatal haya impuesto sobre 90 contribuciones, arbitrios y patentes en todos y cada uno de los renglones de finanzas tengan una deuda con los bonistas y sus acreedores que sobrepasaron los 70 billones de dólares”.

Según Rodríguez, la situación, aunque grave, se transforma en una “totalmente insostenible” cuando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que financia las obras públicas en Puerto Rico y a su vez es el custodio de los fondos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), “de manera unilateral, arbitraria y caprichosa se ha incautado de todos los fondos que había ya depositado a favor de los municipios y que pertenecen a éstos, transfiriendo los mismos para el pago de la deuda y gastos operacionales del Gobierno Central”.

En otras palabras, los gobiernos municipales que no tenemos responsabilidad alguna con la deuda y que no participamos en los acuerdos arbitrarios y absurdos a los que se llegó para obligar las finanzas de Puerto Rico, ahora pagamos las culpas de los errores incurridos por el Gobierno Central”, continuó el alcalde mayagüezano.

Rodríguez sostiene que el BGF “se ha incautado y apoderado” de los fondos pertenecientes al Municipio de Mayagüez, que sobrepasan los $10 millones. Por tal razón, según el alcalde, la Administración Municipal ha quedado sin liquidez económica.

Actualmente estamos realizando esfuerzos inimaginables para cumplir con nuestras obligaciones básicas y mantener las operaciones usuales y normales. Estamos ante un riesgo inminente de que se afecten los gastos administrativos y operacionales como lo son el pago de la nómina de los empleados, el cumplimiento de las obligaciones de las utilidades, los pagos de renta, los pagos de desperdicios sólidos, los pagos a suplidores y asesores y los pagos de las obligaciones generales. De continuar la situación así, nos veremos obligados a tomar medidas sumamente drásticas que van a afectar severamente nuestra economía gubernamental y la economía de la región occidental del País”, adelantó el alcalde Rodríguez.

Desmoralizados y engañados los servidores públicos… ¿Será este el ROBO DEL SIGLO?

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Por: Francisco “Paco” Aquino

Las vistas de transición han sido cruciales en destapar toda aquella información relacionada a los servidores públicos. Las siguientes líneas relatan un extracto de lo sucedido en las vistas.

Según la información obtenida, nuestro sistema se encuentra descapitalizado, producto del abuso y el incumplimiento. Este un problema viejo seriamente agravado por esta administración saliente.

El Sistema de Retiro pierde activos por $600 a 700 millones actualmente. Según Pedro Ortiz Cortés, administrador del Sistema de Retiro, al sistema le quedan activos para pagar las pensiones hasta el 2018. Al momento de la transición, hay $600 millones depositados en banca privada (Oriental y Banco Popular) y hay unos $32 millones en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Sumando todos los activos líquidos son $1,288 millones.

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El pago total de las pensiones esta entre $115 y 117 millones para un promedio de 120,000 pensionados aproximadamente.

Pese a los graves problemas que confronta Retiro, existen 630 empleados que se han acogido al beneficio conocido como Programa de Preretiro Voluntario (Ley 211 de 2015), de estos empleados entrar al sistema se agravaría aún más la crisis ya que existe un déficit estructural de $73 millones mensuales. Actualmente se encuentran en espera de OGP.

El sistema de pre-retiro permite al empleado retirarse antes de culminar el máximo sus años de servicios, no obstante las agencias deben seguir aportando al sistema mensualmente. Según el periódico El Vocero, inicialmente había un promedio de 16,500 empleados que cualificaban para el programa. Aunque es ley todo dependerá de la salud fiscal de cada agencia y su plan de economía. Otro factor es que no se había considerado la entrada de la Junta de Control Fiscal (JCF), que tiene un poder básicamente absoluto.

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Según transcurrió el proceso de transición, el Administrador de Retiro ha sido reacio y poco colaborador al contestar preguntas.

Sí el Sistema de Retiro general de los empleados públicos tiene serios problemas, el Retiro de Maestros está peor. Según la Administradora de este segundo sistema, se encuentra en estado CRÍTICO, ya que se especula que ya para el próximo año no habrá cartera de líquidos, y para el 2019 colapsará.

Aquí hay que señalar que durante la administración del exgobernador Fortuño se forjo un plan de rescate para ambos sistemas que incluían una aportación adicional de las agencias públicas, el sistema funcionó hasta principios de esta administración. Posteriormente las agencias han continuado emitiendo sus pagos y Departamento de Hacienda no ha realizado la remesa al Sistema de Retiro.

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, ha sido irresponsable en el descargo de sus funciones, tomando el dinero para resolver otros asuntos y no haciéndolo llegar donde hace falta. Al momento se entiende que no han llegado a las arcas de Retiro unos $400 millones. Fue confirmado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que el dinero sale de las agencias y no llega a su destino.

El Sistema de Retiro de los servidores públicos ha sufrido una infinidad de cambios. Cada vez guardan menos beneficios, cada cambio ha sido un retroceso en derechos y beneficios, y la situación es tan crítica que los empleados ya no pueden hacer préstamo de ningún tipo al sistema. OGP dice que el Sistema de Retiro está en negativo.

Para concluir, sólo les digo que una nación solo cae o se derrumba cuando es traicionada desde sus entrañas. Algunos líderes de este gobierno saliente, que ustedes conocerán, dejaron de pagar a los proveedores, acreedores y sacrificó el Retiro de los Empleados Públicos, mis compañeros están cada vez más sacrificados con peores condiciones de empleo y sin futuro garantizado.

Cuando Roma cayó no fue por su gobierno que era gigantesco sino por el impago a sus acreedores hasta su propio ejército. Aquí hay municipios con atrasos en sus nóminas.

Esta administración falló crasamente en proteger su pueblo del enemigo interno, del busconeo y la ventajearía, fueron lenientes y algunos quizás conspiradores con los que buscaban enriquecerse. Para algunos el gobierno sigue siendo el mejor negocio del mundo, sino me creen pregúntenle a Anaudi y su libreta de anotaciones que ya tiene algunos tras las rejas y se ha llevado enredado hasta senadores.

Para todos los efectos traicionaron la Patria, esa que tanto pregonaban.

Entiendo los Federales encausarán probablemente más personas próximamente. Desde el punto de vista legal, es lo justo o lo esperado; pero desde el punto de vista social es injusto. La cárcel no devuelve al pueblo lo robado o mal habido. Eso será pérdida irreparable para el pueblo.

Aseguran Alcalde de Cabo Rojo pone pretextos para ocultar “su incapacidad” administrativa

A la izquierda, el candidato del PNP, Jorge Morales Wiscovitch. A la derecha el alcalde incumbente, Roberto "Bobby" Ramírez (Fotocomposición LA CALLE Digital).

A la izquierda, el candidato del PNP, Jorge Morales Wiscovitch. A la derecha el alcalde incumbente, Roberto “Bobby” Ramírez (Fotocomposición LA CALLE Digital).

CABO ROJO: Afirmando que el alcalde popular Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz “intenta ocultar su incapacidad administrativa”, culpando al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por la difícil situación económica que atraviesa el Municipio de Cabo Rojo, el candidato a alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Morales Wiscovitch dijo que el incumbente da muestras de desesperación ante la cercanía de las elecciones.

Morales dijo que no le toma por sorpresa que apenas a 50 días de las elecciones y a menos de un mes para ofrecer su último mensaje del cuatrienio, el alcalde Ramírez “quiera excusar y tapar su falta de obra y deterioro de facilidades, calles, caminos y carreteras, señalando que el BGF y Hacienda no le ha desembolsado dinero”.

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“Llevamos varios meses denunciando el descalabro económico en el Municipio de Cabo Rojo. Esta información fue confirmada por los resultados de los estados financieros correspondientes a los años 2013-2014 y 2014-2015 y más reciente el Informe del Contralor de Puerto Rico. Todos estos informes muestran el deterioro financiero del Municipio. Déficit en cada año y sobregiros en cuentas, que afectan la continuidad de servicios y obras. Esto es el reflejo de la pobre gestión administrativa de  Ramírez Kurtz”, expresó Morales Wiscovitch en declaraciones escritas.

Morales le exigió al alcalde Ramírez que le hable de frente y “que no siga buscando culpables de su fracaso administrativo y asuma su responsabilidad”.

Morales Wiscovitch calificó que la gestión administrativa del alcalde popular es de “F”.

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“Por 4 años ha tenido sobre $800 mil en contratos de asesoría para administrar el pueblo… Que explique y rinda cuentas sobre los contratos a amigos del alma, especialmente su expresidente del Comité de Transición. Que rinda cuentas sobre sus contratos de publicidad anuales y del personal para redactar sus comunicados de prensa. Esto ha sido el gobierno de comunicados de prensa, que le cuestan al pueblo. Hoy, luego de cuatro años de estar de vacaciones como alcalde, quiere hacerle frente a su gobierno central y echarle la culpa de la mala posición financiera del Municipio”, sentenció.

El lunes, el alcalde Ramírez Kurtz dijo que la moratoria implantada por el Gobierno Central en pagos de sobre $5 millones al Municipio de Cabo Rojo, por parte del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el Departamento de Hacienda, ha paralizado construcción de obras y afectado servicios a la ciudadanía.

La columna de Iván: ¿Quiénes ganan con la crisis que nos afecta?

Richard Carrión, presidente del Banco Popular de Puerto Rico (Archivo).

Richard Carrión, presidente del Banco Popular de Puerto Rico (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Puerto Rico se encuentra sumergido en una estrecha situación económica, provocada principalmente por las malas decisiones gubernamentales de los partidos que nos han gobernado. Aumentos en quiebras, cierre de negocios y el éxodo de personas hacia los Estados Unidos, son muestras suficientes de que las cosas no andan bien.

Pero al parecer, esta crisis no se debe a una reducción en los ingresos del gobierno, sino en un exceso en los egresos. Hoy, por ejemplo, sale publicado que el Departamento de Hacienda recibió ingresos mayores a los del pasado año contributivo. Esto, en momentos de crisis, es casi imposible de creer.

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El pasado 26 de julio de este año salió publicada una entrevista en un periódico de circulación nacional, al principal oficial ejecutivo del Banco Popular, Richard Carrión, la que ha pasado totalmente desapercibido para la mayoría del pueblo, especialmente para la clase trabajadora. En la misma asegura, que la llegada de la Junta de Control Fiscal afectará negativamente la economía y provocará una reducción en el gasto público del gobierno. Sin embargo, justifica la misma al decir que será necesario para consolidar las finanzas públicas.

Para Carrión es muy fácil hacer declaraciones en aprobación de una junta de control fiscal porque el banco que dirige se ha estado beneficiando sustancialmente, por años, de las malas decisiones gubernamentales. Tanto es así, que incluso fue designado por la pasada administración para un comité el cual tuvo la encomienda de despedir empleados públicos, sin tomar en cuenta las consecuencias adversas a la economía.

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Pero en fecha más cercana, el Banco Popular se ha beneficiado de la actual crisis, según datos reseñados por el periodista que realizó dicha entrevista. Ingresos netos de $91 millones en el segundo trimestre de este año. En ese mismo periodo, el Gobierno de Puerto Rico retiro sus fondos corrientes del Banco Gubernamental de Fomento y los depositó en cuentas del Popular por $1,000 millones de las cuentas de Hacienda, así como de otras agencias lo que impulsó que en total, Popular obtuviera $1,300 millones en depósitos ese segundo trimestre.

La llamada Junta de Control Fiscal traerá un clima de incertidumbre, despidos de empleados públicos y de la empresa privada como efecto dominó, incluyendo el cierre de sucursales bancarias de este país. Sin embargo, tal parece que eso a él ni siquiera le preocupa. Los beneficios que ha recibido a través del Banco son lo suficiente para poder tomar decisiones como sería el cierre de sucursales,  algo que según se comenta, ya Carrión le adelantó a sus empleados.

Este señor ha sido siempre un ave de mal agüero para la clase trabajadora de este país, tanto del sector público como del sector privado. Sus propuestas van dirigidas únicamente a que los que más tienen sean los más beneficiados y eso obviamente lo incluye a él. Así lo demostró cuando fue el propulsor de la venta de la telefónica de la cual se benefició con cerca del 5 por ciento de las acciones, alegando que era para que se mantuviera una parte en manos puertorriqueñas, pero más tarde las vendió y a buen precio.

Así mismo se benefició con la pasada administración y ahora con la presente al recibir una cantidad sustancial en depósitos del gobierno.

¡RENUNCIA Melba Acosta!

Melba Acosta renunció efectivo el 31 de julio (Archivo).

Melba Acosta renunció efectivo el 31 de julio (Archivo).

LA FORTALEZA: El gobernador Alejandro García Padilla agradeció la labor realizada por la licenciada Melba Acosta Febo como presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), al tiempo que aceptó su renuncia, efectiva el próximo 31 de julio.

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“En los tres años y medio que Melba ha laborado en mi administración, tanto en el Departamento de Hacienda como en el BGF, ha hecho una contribución enorme para que logremos recuperar el camino de la responsabilidad fiscal en el país. Melba llegó en un momento crítico para las finanzas públicas de Puerto Rico. Su visión para modernizar a Hacienda, el estudio de KPMG para lograr un mejor sistema contributivo para los puertorriqueños, las medidas para estabilizar la liquidez del BGF, su colaboración en el Plan de Ajuste Fiscal, la encomienda del Plan Krueger, la Ley de Moratoria y su perseverancia en lograr un acuerdo voluntario con nuestros bonistas, son solo muestra del empeño profundo que ha tenido para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal. A lo largo de sus casi 12 años en el servicio público, la Lcda. Acosta siempre ha demostrado una gran tenacidad y una dedicación genuina en todo lo que hace. Puerto Rico necesita más servidores públicos como ella. Sé que para la Lcda. Acosta el camino no ha sido fácil, y por eso y a nombre de todos los puertorriqueños, le reitero mi agradecimiento y le deseo el mayor de los éxitos en su carrera futura”, destacó agradecido el primer ejecutivo en un comunicado escrito.

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Por su parte, Acosta Febo indicó que “han sido años de trabajo intenso dedicados a atender temas complejos de las finanzas del país. He sido afortunada de haber contado con un estupendo equipo de trabajo en el BGF, al igual que en Hacienda, agradezco también al Gobernador por la confianza depositada en mí para llevar a cabo las tareas de enderezar las finanzas públicas. Sigo esperanzada en que lograremos llevar el servicio de la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles, ahora aún más con las herramientas que provee la legislación federal PROMESA, y poco a poco recuperaremos la estabilidad financiera y el crecimiento económico que tanto necesitamos”.

No se explicaron las razones de la renuncia de Acosta Febo, pero la misma se produce a pocos días de la aprobación del proyecto PROMESA, que impone una Junta de Control Fiscal Federal sobre las operaciones financieras del Gobierno de Puerto Rico.

Sin dinero, sin banco, sin futuro… Elecciones ¿Para qué?

Sede del Banco Gubernamental de Fomento en Santurce (Archivo LA CALLE Digital).

Sede del Banco Gubernamental de Fomento en Santurce (Archivo LA CALLE Digital).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La pasada semana fue una trascendental en el país.

Específicamente el viernes, el gobierno anunció una serie de medidas, que aunque intentaron tapar el cielo con la mano, su efecto puede conllevar el cierre definitivo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF por sus siglas). El dinero correspondiente a varias cuentas del gobierno, fueron depositados en la banca privada en un intento de proteger dichos fondos de una posible demanda de los bonistas al BGF.

Esta movida ha creado un mar de incertidumbre en el país, principalmente en los economistas, ya que lo que esto deja ver es que la situación económica es por mucho, mas sería de lo que nos habían informado.

Sin embargo, uniendo esta situación a los reclamos de los transportistas escolares, los suplidores de combustible del gobierno y los terapistas, pone al relieve que estamos cayendo a un abismo económico, del que jamás podremos salir.

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Teniendo presente esta situación, y tomando en consideración la propuesta Junta de Control Fiscal, la cual no viene a enderezar a los políticos, ni a enjuiciar a los responsables de la crisis en que nos encontramos, sino que vienen a asegurar que los bonistas cobren su parte, aun cuando eso signifique despedir empleados, eliminar servicios del gobierno, eliminar las pensiones, entre otras, debemos pensar cual es el camino a seguir.

Lo primero que tenemos que mirar es el proceso de primarias y de elecciones generales. Si vamos a tener una Junta que controle todo, si no hay dinero para seguir operando el gobierno, si no hay planes concretos, ni del partido en el poder, ni de sus contrincantes, sobre cómo podemos mover la economía, entonces para qué vamos a ir a las urnas.

Hacer elecciones para escoger, ¿Qué?

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La persona que salga electa gobernador de nombrarse esta junta, no podrá realizar ninguna gestión gubernamental sin el aval pleno de dicha junta, no podrá aprobar presupuesto sin el consentimiento de ésta, la Junta tendrá poderes por encima de la legislatura y el poder judicial queda anulado de ver casos relacionados a cualesquier asuntos de dicha Junta e incluso, poco le falta para tener mayores poderes que el propio presidente de los Estados Unidos.

Puerto Rico no puede darse el lujo de quedarse callado ante tan burdo intento de golpe de estado a nuestro país y a nuestras instituciones. Esto no se trata de aguar el proyecto con enmienditas tontas, se trata de evitar que la aprueben en el Congreso Federal antes que comencemos a sentir los efectos de todo eso.

Exigen que Justicia intervenga con el Alcalde de Mayagüez por “lío” de viajes fletados a España

El avión bautizado como "Guillito 1" en uno de sus vuelos entre España y Aguadilla. Haga "click" sobre la imagen para ampliarla (Archivo).

El avión bautizado como “Guillito 1” en uno de sus vuelos entre España y Aguadilla. Haga “click” sobre la imagen para ampliarla (Archivo).

MAYAGÜEZ: La precandidata novoprogresista a representante por el Distrito 19 (Mayagüez-San Germán), Maricarmen Más, anunció la radicación de un referido para que el Departamento de Justicia investigue el rol del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en lo que describió como “el despilfarro de millones de dólares de fondos públicos en el natimuerto programa de viajes fletados a España”.

La solicitud de investigación al secretario de Justicia, Cesar Miranda, surge luego de que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico revelara esta semana que Rodríguez, como presidente de la Junta de Directores del Programa de Incentivos Aéreos de Viajes Fletados al aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, autorizaba la transferencia de cuantiosas partidas de las arcas municipales a la corporación (IDEO) que administraba los viajes y de la que era director, “sin que jamás los cobrara para atrás”.

El "Guillito 1" (Archivo).

El “Guillito 1” (Archivo).

“En el tercer informe de la contralora Yesmín Valdivieso, sobre el descalabro de los Viajes Fletados en Aguadilla (CP-16-05), y el cual tiene fecha del 18 de febrero de 2016, se revela que el Alcalde de Mayagüez, como presidente de la Junta de Directores de la corporación sin fines de lucro que manejó estos vuelos, incurrió en una serie de faltas administrativas y de posibles violaciones del Código Penal al autorizar el desembolso, a través de la Legislatura Municipal, de sobre $3 millones al programa sin que mediara los reglamentos y autorizaciones necesarias para ello y sin cobrarlos como se supone que hiciera por disposición de ley. Esto de por sí solo amerita una investigación”, señaló en un comunicado de prensa la aspirante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según Más, el alcalde popular Rodríguez ordenó el desembolso de partida tras partida al programa sin delinear una fuente de repago, lo que ocasionó que el Municipio perdiera millones de dólares.aquaviva maryann 03-04-16

“El Informe dice que el 22 de junio de 2009 la Legislatura Municipal aprobó un desembolso de un millón de dólares para el Programa, el cual se recuperaría al momento de que el Banco de Fomento Gubernamental (BGF) le aprobara una línea de crédito a la Corporación. Lo mismo sucedió en el 22 de julio de 2010, esta vez por la cantidad de $600,000 y otro en septiembre de 2010 por $300,000. Luego, en octubre de 2011 se le dieron $30,000 y en junio de 2014 unos $24,200. Todos estos préstamos a sabiendas de que la Corporación tenía sobre tres millones en deuda, que no generaba nada de ingresos y que no podía pagarle al Municipio”, agregó Más.

Según el Informe, en diciembre del 2010, el BGF autorizó una línea de crédito al programa por alrededor de $1.4 millones. Sin embargo, la corporación no repagó los dineros adeudados al Municipio de Mayagüez y tampoco su alcalde y el también presidente de la Junta de la Corporación, hizo alguna gestión para recuperar lo invertido.

“La realidad es que son muchas las deficiencias. Por ejemplo, el alcalde no remitió los informes anuales, para el periodo entre el 2007 y 2011, sobre la operación del programa a la Legislatura o al Gobernador, tal y como establece la Ley 67. Se alquiló un local para la corporación en el Municipio sin que mediara contrato o acuerdo, entre muchas otras deficiencias. Esto para un programa donde sólo viajaron 2,250 personas y de estas únicamente 389 (17 por ciento) eran viajeros que vinieron de Europa y se quedaron aquí, en la zona oeste, Los demás, unos 1,861, eran estadounidenses que se fueron de aquí al Viejo Continente. Esto es un abuso y amerita una profunda investigación”, sentenció Más.

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