Hace poco más de dos años, el gobernador Alejandro García Padilla anunciaba que «se levantaba un Coloso». Hoy se denuncia el desmantelamiento de la antigua central azucarera.

AGUADA: El Centro Cultural de Aguada denunció el miércoles que continúa lo que describió como “el saqueo y desmantelamiento” de la Central Coloso, única central que hasta hace poco se encontraba con relativa integridad, que la convertía en la única central azucarera con capacidad de ser preservada.

Para eso se estará efectuando una manifestación a la 10:00 de la mañana de hoy en el batey de la Central.

El 17 de agosto de 2016 el Centro Cultural por conducto de su abogado, el licenciado Luis Mario Acevedo Lebrón, radicó un Interdicto Preliminar y Permanente ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla contra la Autoridad de Tierras y la Compañía González Equipos, Inc.  a fin de preservar la integridad estructural de la Central Coloso, un patrimonio histórico de Aguada.

En un comunicado de prensa, el juez José Emilio González concedió tiempo para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) compareciera presentando una moción endosando la solicitud de interdicto “con respecto al saqueo y desmantelamiento que estaban realizando la parte demandada en  la central azucarera”.

Se alega que a raíz de radicar el caso y conforme con la determinación del Tribunal, representación del Centro Cultural  compareció personalmente a la sede del ICP en San Juan para entrevistarse con el director ejecutivo, Jorge Irizarry Vizcarrondo. El director de esta agencia delegó en la directora del Programa del Patrimonio Histórico Edificado, arquitecta Carmen M. López.

El Centro Cultural acusa a Irizarry de demostrar “dejadez en el cumplimiento de su deber ministerial al no comparecer ante el Tribunal lo que en ley corresponde”.

Al transcurrir el término de diez días, el juez González procedió a desestimar el interdicto por falta de legitimación activa (standing) del Centro Cultural de Aguada.

El magistrado expuso en la sentencia que la causa de acción que alega el Centro tenía que surgir al amparo de la Constitución o una ley; y planteó que la Ley 275 de 1999, que declara la Central Coloso como un monumento histórico, no provee tal recurso para que ciudadanos o asociaciones particulares puedan entablar reclamaciones judiciales de esta naturaleza.

“Ante este panorama tan nefasto para la conservación del patrimonio histórico edificado de Puerto Rico, vemos como una agencia llamada a defender la cultura de este país incurre en la citada dejadez. Con ello permite el enriquecimiento ilícito e inmoral de una corporación privada (González Equipos, Inc. y su dueño Samuel González) avalada y promovido por el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras de P.R., el agrónomo Salvador Ramírez”, indica la entidad.