La columna de Iván: Uber versus taxistas… Una controversia innecesaria

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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La atropellada llegada Uber a Puerto Rico, ha sido tema durante la pasada semana. La pugna generada entre taxistas y Uber ha provocado imputaciones hacia los primeros, de supuestas agresiones a los chóferes de la nueva compañía y hasta un pleito judicial entre la empresa y la Comisión de Servicio Público.

Uber entró al mercado puertorriqueño tal y como lo ha hecho en otras jurisdicciones a través del mundo, sin contar con los permisos requeridos y negándose a cumplir con las regulaciones que impone el estado a este tipo de servicio. En Puerto Rico, el servicio de transportación colectiva privada está regulado por la Comisión de Servicio Público (CSP) y en el caso de zonas turísticas, lo regula la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

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En toda esta controversia está también envuelto el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes de la nada y sin siquiera estar contenido en ninguna ley, alegan tener jurisdicción sobre el asunto. De hecho, según ha dicho el presidente de la Comisión Omar Negrón, no ha habido ningún tipo de comunicación entre Obras Públicas, a pesar que se ha intentado comunicar directamente con el secretario Miguel A. Torres Díaz.

Pero más que la situación creada, hay otros aspectos que también han generado algunas reacciones. Uber es una empresa que no cuenta con empleados. De hecho, sus ejecutivos denominan a Uber como una aplicación y no una empresa. Sus chóferes son contratistas independientes que ponen una inversión, tal vez mayor a la que Uber invierte en el servicio.

Según se informa, los chóferes reciben aproximadamente un 75 por ciento de la tarifa impuesta por Uber.

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Éstos, sin embargo, tienen que utilizar su propio vehículo con los gastos que esto conlleva, pagar sus seguros y asumir los riesgos. Uber solo se encarga de recibir la solicitud del usuario, cobrarle la tarifa y pagarle lo que le corresponde al chófer. Al no ser empleados de Uber, la empresa no tiene que garantizarle ni siquiera una póliza del Fondo del Seguro del Estado, vacaciones ni licencias por enfermedad, además que tampoco está obligada a proveerle una póliza de seguro médico.

En el caso de los taxistas, estos tienen que tener unos seguros requeridos por ley, someterse a adiestramientos y otros requerimientos a los que Uber no ha tenido que cumplir. Además, al estar bajo las regulaciones de la Comisión de Servicio Público y la Compañía de Turismo, tienen que someterse a las tarifas que estas agencias imponen, algo con lo que Uber, también se niega a cumplir. De hecho,  todos los demás porteadores públicos del país están regulados por la Comisión.

Todos estamos de acuerdo que en Puerto Rico hace falta mayores fuentes de ingresos para los puertorriqueños. También hacen falta mayores medios de transportación colectiva, no solo en el área metropolitana, sino también en otras partes de la isla. Sin embargo, esto no puede ser un estímulo para violar las leyes del país, ni para darle preferencias a unos sobre otros.

Muchos han dicho que los procesos de la Comisión son lentos, que ésta ya no cumple su función en el país, incluso de parte del gobierno se han criticado los procesos de la Comisión. Pero mientras estos procesos no sean cambiados mediante legislación, las empresas que vengan a establecerse en la isla tienen que cumplir con ellos.

No se trata de defender a Uber o a los taxistas, ese no es mi propósito. De lo que se trata es que si ya unos están regulados de una manera, se debe regular al que venga por igual, de lo contrario que se eliminen las regulaciones a todo el mundo y compitan en igualdad de condiciones.

Esta controversia ha sido innecesaria, si desde el principio se hubiera establecido que a Uber se le iba a tratar idéntico a cualquier otro porteador público autorizado por la Comisión y no darle un trato especial como se ha pretendido incluso desde la propia Fortaleza.

Sanciones para empleados de los CESCO que agarren jugando con los celulares en horas laborables

El secretario del DTOP, ingeniero Miguel Torres, dijo que se han sancionado empleados que han sorprendido usando sus teléfonos cuando deben estar atendiendo público.

El secretario del DTOP, ingeniero Miguel Torres, dijo que se han sancionado empleados que han sorprendido usando sus teléfonos cuando deben estar atendiendo público.

HORMIGUEROS: El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ingeniero Miguel A. Torres Díaz, dijo que es “inaceptable” que empleados de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) utilicen sus teléfonos móviles durante horas laborables para entrar en las redes sociales, “chatear”, o cualquier otro uso de naturaleza personal.

A preguntas de LA CALLE Digital, Torres dijo que se han tomado medidas que van desde amonestaciones hasta suspensiones como resultado de esa práctica.

Casa Mia nuevo 1“Es inaceptable que los empleados y funcionarios, no tan solo del DTOP, de cualquier agencia; estén usando su propiedad para hacer cosas que no deben estar haciendo en funciones oficiales. Ya nosotros teníamos impartida una serie de instrucciones desde que nosotros llegamos en el 2013, cuando iniciamos. Hay algunos empleados que ya se empezaron a amonestar formalmente, a través de comunicaciones; algunos se han estado suspendiendo, y se le ha estado informando a los supervisores que esto no es aceptable”, expresó el ingeniero Torres.

El titular del DTOP dijo que todos los empleados de la agencia tienen que haber firmado una boleta donde reconocen y aceptan cuáles son la reglas laborales.

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Señaló que la orden es que los equipos personales de telefonía tienen que ser guardados mientras están atendiendo ciudadanos.

Torres dijo que han tenido situaciones en los CESCO de Ponce, y en el área metropolitana. Más recientemente, en las redes sociales circuló una foto de dos presuntas empleadas del CESCO de Mayagüez “bregando” con sus teléfonos, lo que fue captado por un ciudadano que buscaba servicios en esa dependencia y esperaba por ser atendido.

El secretario Torres dijo que está “monitoreando muy de cerca” el asunto y que no le molesta que la ciudadanía haga públicos sus reclamos cuando se tope con esta conducta.

Acusan al DTOP de discriminar contra adulta con autismo

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Se alega que el DTOP discrimina con una joven con autismo que pasó los exámenes teórico y práctico para obtener su licencia de conducir, que anteriormente se le había expedido y que iba a renovar.

SAN JUAN: La Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) denunció el martes un caso de discrimen y maltrato emocional que presuntamente está recibiendo una joven adulta diagnosticada con autismo, identificada como Solsirette Santiago García, por parte de personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Se alega que su licencia de conducir venció el 28 de diciembre de 2015, sin que hasta el momento haya podido completar la renovación de la misma.

“Como madre responsable y preocupada, he educado a mi hija para que no sea una carga para el gobierno y pueda ser independiente. Solsirette trabaja hace 5 años para Caribbean Cinemas… Se levanta a las 4:00 de la mañana para prepararse e ir a trabajar, pues entra a las 5:00”, indicó la madre de la joven, Evelyn García.

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Trascendió que en un trámite de renovación de licencia, un conductor debe presentar varios documentos, entre ellos el formulario DTOP DIS 260. En este caso, a la conductora con autismo se le está exigiendo que presente el DTOP 375B.

“Es desde aquí que la conductora con autismo está siendo objeto de un tratamiento dispar ante la Ley. Lamentablemente, al tratar de renovar su licencia le requieren que sea evaluada por un psiquiatra que certifique que ella no sea un peligro para ella y para otros en la carretera porque ella padece de autismo, algo que no le piden ni a personas que han tenido choques múltiples”, expresó en un comunicado de prensa la directora y portavoz de la AAPR, Joyce M. Dávila.

Dávila aclaró que tener autismo no es razón para denegarle la licencia a nadie.

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Se informó que Solsirette se preparó y pasó exitosamente por el proceso de examen teórico y luego el práctico.

“Ella está sufriendo discrimen por tener una discapacidad, en este caso autismo”, comentó Dávila.

El autismo es una condición que va desde leve a severa, y las personas con autismo tienen diferentes grados de funcionalidad.

“Ellos tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano sin la condición, y pueden cursar estudios universitarios, trabajar, casarse y tener vidas productivas, dependiendo de sus capacidades”, explicó.

Por su parte, la licenciada Nilda Flores Solá, asesora legal de la AAPR en este caso, opinó que el DTOP está impedido por leyes y reglamentos estatales y federales, de discriminar contra la conductora con autismo en la emisión y/o renovación de su licencia de conducir meramente porque ésta tenga un diagnóstico de autismo.

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“Ese discrimen a que nos referimos surge por el simple hecho de negar la licencia a una persona de otra forma cualificada para conducir (porque aprobó los exámenes administrados por el DTOP o porque se le expidió una licencia anteriormente), o al imponer a tal persona con autismo requerimientos cuyo efecto es impedirle acceso a una licencia de conducir en igualdad de condiciones al resto de los conductores”, dijo.

La abogada recordó que Solsirette está protegida por la Constitución de Puerto Rico, cuando dispone que la dignidad de todo ser humano es inviolable, así como la igual protección de las leyes.

“Es política pública establecida en la Ley BIDA, Ley 220 de 2012, el promover y prestar los servicios a la persona con autismo con el propósito de garantizar su derecho a tener una vida independiente y desarrollar sus capacidades al máximo”, explicó.

La AAPR expresó que es obligación de las agencias del Gobierno de Puerto Rico cumplir con leyes y regulaciones federales como lo dispuesto en el Título II de la ley American with Disabilities Act (ADA), que prohíbe el discrimen por razón de incapacidad en la provisión de servicios gubernamentales a nivel local, estatal y federal.

El autismo constituye una discapacidad protegida bajo ADA y ésta atiende de manera específica la función de licenciamiento del estado.

Dávila indicó que Solsirette pasó por el proceso como cualquier otro ciudadano y evidenció estar capacitada para manejar.

“La única razón que aducen para denegar la renovación de la licencia es su impedimento, insinuando que es un peligro y exigiéndole una certificación que no le piden a las personas típicas, aunque Solsirette nunca ha tenido un accidente y tampoco un solo boleto en los cinco años que ha estado manejando. Esto es un claro discrimen por impedimento que ha impedido la vida plena de Solsirette y le ha causado gran angustia a ella y a su familia”, concluyó Dávila al exigirle al secretario del DTOP, ingeniero Miguel A. Torres Díaz, que ordene a que se proceda con la renovación de la licencia de conducir de la joven.