La columna de Iván: Uber versus taxistas… Una controversia innecesaria

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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La atropellada llegada Uber a Puerto Rico, ha sido tema durante la pasada semana. La pugna generada entre taxistas y Uber ha provocado imputaciones hacia los primeros, de supuestas agresiones a los chóferes de la nueva compañía y hasta un pleito judicial entre la empresa y la Comisión de Servicio Público.

Uber entró al mercado puertorriqueño tal y como lo ha hecho en otras jurisdicciones a través del mundo, sin contar con los permisos requeridos y negándose a cumplir con las regulaciones que impone el estado a este tipo de servicio. En Puerto Rico, el servicio de transportación colectiva privada está regulado por la Comisión de Servicio Público (CSP) y en el caso de zonas turísticas, lo regula la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

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En toda esta controversia está también envuelto el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes de la nada y sin siquiera estar contenido en ninguna ley, alegan tener jurisdicción sobre el asunto. De hecho, según ha dicho el presidente de la Comisión Omar Negrón, no ha habido ningún tipo de comunicación entre Obras Públicas, a pesar que se ha intentado comunicar directamente con el secretario Miguel A. Torres Díaz.

Pero más que la situación creada, hay otros aspectos que también han generado algunas reacciones. Uber es una empresa que no cuenta con empleados. De hecho, sus ejecutivos denominan a Uber como una aplicación y no una empresa. Sus chóferes son contratistas independientes que ponen una inversión, tal vez mayor a la que Uber invierte en el servicio.

Según se informa, los chóferes reciben aproximadamente un 75 por ciento de la tarifa impuesta por Uber.

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Éstos, sin embargo, tienen que utilizar su propio vehículo con los gastos que esto conlleva, pagar sus seguros y asumir los riesgos. Uber solo se encarga de recibir la solicitud del usuario, cobrarle la tarifa y pagarle lo que le corresponde al chófer. Al no ser empleados de Uber, la empresa no tiene que garantizarle ni siquiera una póliza del Fondo del Seguro del Estado, vacaciones ni licencias por enfermedad, además que tampoco está obligada a proveerle una póliza de seguro médico.

En el caso de los taxistas, estos tienen que tener unos seguros requeridos por ley, someterse a adiestramientos y otros requerimientos a los que Uber no ha tenido que cumplir. Además, al estar bajo las regulaciones de la Comisión de Servicio Público y la Compañía de Turismo, tienen que someterse a las tarifas que estas agencias imponen, algo con lo que Uber, también se niega a cumplir. De hecho,  todos los demás porteadores públicos del país están regulados por la Comisión.

Todos estamos de acuerdo que en Puerto Rico hace falta mayores fuentes de ingresos para los puertorriqueños. También hacen falta mayores medios de transportación colectiva, no solo en el área metropolitana, sino también en otras partes de la isla. Sin embargo, esto no puede ser un estímulo para violar las leyes del país, ni para darle preferencias a unos sobre otros.

Muchos han dicho que los procesos de la Comisión son lentos, que ésta ya no cumple su función en el país, incluso de parte del gobierno se han criticado los procesos de la Comisión. Pero mientras estos procesos no sean cambiados mediante legislación, las empresas que vengan a establecerse en la isla tienen que cumplir con ellos.

No se trata de defender a Uber o a los taxistas, ese no es mi propósito. De lo que se trata es que si ya unos están regulados de una manera, se debe regular al que venga por igual, de lo contrario que se eliminen las regulaciones a todo el mundo y compitan en igualdad de condiciones.

Esta controversia ha sido innecesaria, si desde el principio se hubiera establecido que a Uber se le iba a tratar idéntico a cualquier otro porteador público autorizado por la Comisión y no darle un trato especial como se ha pretendido incluso desde la propia Fortaleza.

“Le caen chinches” al representante Armando Franco por expresiones grabadas

El representante Armando Franco y el presidente de la Cámara, Jaime Perelló (Archivo).

El representante Armando Franco y el presidente de la Cámara, Jaime Perelló (Archivo).

AGUADILLA: Luego de que una cadena radial (Notiuno) difundiera una grabación en la que el representante popular Armando Franco (PPD – Aguadilla y Moca) hablara de cómo funcionarios públicos identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP) “volarían en cantos” durante esta administración gubernamental, el exadministrador de Vivienda Pública, Miguel Hernández Vivoni, uno de los aludidos por Franco en la grabación, anunció el martes que referirá las expresiones del legislador ante la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda Federal.

“En un audio ventilado por un medio de comunicación durante la mañana de ayer, lunes, 15 de junio, el representante por el Distrito de Aguadilla y Moca en reiteradas ocasiones hizo hincapié de que me “volaría en cantos” por haber sido nombrado por la Administración del entonces gobernador Luis Fortuño. Ciertamente, este tipo de acciones tienen que parar de una vez y por todas. El discrimen político es algo serio y este servidor no lo tomará ligeramente. Es de todos saber la constante interferencia de la alta gerencia y obstrucción a las tareas diarias que se trataban de realizar tanto en el Departamento de Vivienda como en la Administración de Vivienda Pública cuando allí laboraba. Ahora sabemos lo que había detrás de todo esto, política y confabulación para sacarme del cargo. Asimismo, el gobierno de Puerto Rico no explicó las verdaderas motivaciones al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos  (HUD, por sus siglas en inglés), al momento de buscar su anuencia al enmendar la Ley Orgánica de Administración de Vivienda Pública”, denunció Hernández Vivoni en conferencia de prensa.

Hernández Vivoni, quien aspira a la candidatura novoprogresista a comisionado residente en Washington, criticó el que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, haya despachado el asunto diciendo que se trató de “simple conversación informal”.Aquaviva 8

Mientras tanto, la emisora Notiuno aseguró que a Franco “se lo tragó la tierra”, luego de llamarlo “en innumerables ocasiones a su teléfono” y acudir a su oficina en El Capitolio. “Pero no contestó nuestras llamadas ni acudió a su lugar de trabajo”, indicó el medio.

Antes de ser electo legislador, Franco era funcionario de la Comisión de Servicio Público (CSP) en la región de Aguadilla, instrumentalidad gubernamental que está amenazada con desaparecer en medio de las intenciones de la administración del gobernador Alejandro García Padilla de fusionar y consolidar agencias. Actualmente, la CSP la dirige Omar Negrón Judice, afiliado al PNP.

Como es de conocimiento público, el representante Armando Franco salió electo en las elecciones del 2012. Su elección se dio en medio de la pugna que dividió los votos del PNP cuando el exrepresentante José Luis Rivera Guerra decidió correr por nominación directa luego de ser descalificado por esa colectividad y retar al licenciado Israel Roldán González.

La división de los votos de Rivera Guerra y Roldán González facilitó la elección de Franco.

Enlace al reportaje de Notiuno sobre Armando Franco: https://soundcloud.com/notiuno/exclusiva-revelan-complot-para-sacar-a-funcionarios-publicos

CSP interviene con camioneros que incumplen leyes y reglamentos

AGUADILLA:  Como parte de su labor para garantizar el  cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen el movimiento de vehículos pesados por las carreteras de la isla, inspectores de la Comisión de Servicio Público en la región noroeste, llevaron a cabo un operativo el jueves para detectar camiones y otros vehículos asignados al transporte colectivo que pudieran estar circulando fuera de ley. Durante las intervenciones llevadas a cabo en la carretera estatal número 2, en ruta de Aguadilla  hacia Mayagüez, los funcionarios de la CSP, infraccionaron a unos 13 operadores de vehículos de carga cuyos documentos no estaban al día. Incluso, algunos camioneros fueron sorprendidos  manejando con la licencia vencida.

Tras contar con la colaboración de la Uniformada, el personal de la Comisión de Servicio Público, intervino con chóferes que estaban al volante de camiones, arrastres, guaguas y otro tipo de vehículos cuyas condiciones mecánicas representan un riego para los demás conductores y para los propios  camioneros.

Según trascendió, estos operativos de la CSP  se intensificarán  a través de todo el país, atendiendo disposiciones estatales y federales sobre seguridad en las carreteras de los Estados Unidos.  De otra parte, funcionarios de la Comisión no descartan efectuar visitas de inspección a las empresas que se dedican a la transportación de carga y que operan grandes flotas de camiones y guaguas,

Son continuas las críticas de conductores que se ven forzados a transitar al lado o detrás  de vehículos pesados que dejan escapar continuamente grandes nubes de humo negro o que van dejando perdida parte de la carga que transportan, incluyendo, materiales para reciclar.