Cuando nos preparábamos ayer para nuestra entrevista con la doctora Luisa Seijo y con la licenciada María Gaud, de la organización Siemprevivas, en nuestro programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710 AM), encontramos que la violencia contra las mujeres en Puerto Rico no es un fenómeno aislado ni reciente.
Es una crisis estructural que se manifiesta en agresiones físicas, violencia psicológica, violencia sexual y, en su forma más extrema, en feminicidios. Aunque en años recientes se han fortalecido los sistemas de recopilación de datos, las cifras disponibles confirman una realidad alarmante que coloca a la Isla en sintonía —y en ocasiones en desventaja— frente a los promedios regionales e internacionales.
Muertes violentas de mujeres: un retrato anual
Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, las muertes violentas de mujeres han mostrado fluctuaciones preocupantes en el periodo reciente:
- 2021: 67 muertes violentas
- 2022: 84 muertes violentas (el pico más alto del periodo)
- 2023: 55 muertes violentas
En 2023, el propio Instituto detalló que 52 por ciento de estas muertes fueron homicidios y 42 porciento suicidios, con la mitad de los homicidios concentrados en mujeres entre 25 y 44 años. Aunque la cifra disminuyó respecto a 2022, continúa siendo elevada para una jurisdicción con poco más de tres millones de habitantes.
La violencia no letal: el día a día invisible
Más allá de la letalidad, los datos de violencia doméstica revelan la frecuencia con la que las mujeres enfrentan agresiones en su vida cotidiana. Un resumen estadístico de 2023 indica que:
- 52.2 % de los casos reportados incluyeron violencia física
- 14.6 % correspondieron a amenazas
- 10.2 % involucraron violencia psicológica
Estos números confirman que la violencia física sigue siendo el patrón predominante en los casos que llegan a las autoridades, aunque expertos advierten que la violencia psicológica suele estar subreportada y normalizada.
El riesgo de feminicidio: una alerta temprana
Un estudio conjunto del Departamento de Justicia y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reveló un dato clave: Una de cada cuatro mujeres que presenta una querella por violencia doméstica enfrenta un riesgo severo o extremo de muerte.
Este hallazgo desmonta la narrativa de que la mayoría de los casos “no escalan” y subraya la importancia de las evaluaciones de riesgo como herramienta de prevención.
Puerto Rico frente al mundo: ¿cómo estamos?
A nivel global, ONU Mujeres estima que alrededor del 30 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual fuera de la pareja en algún momento de su vida. Es decir, una de cada tres.
En América Latina y el Caribe, la CEPAL reportó que miles de feminicidios ocurren cada año, convirtiendo a la región en una de las más peligrosas para las mujeres. Puerto Rico, aunque no siempre aparece en los rankings internacionales por su estatus político, comparte dinámicas similares: alta letalidad, relaciones de poder desiguales y sistemas de protección insuficientes.
Cuando se compara con países que cuentan con encuestas nacionales robustas —como España—, surge otra brecha: la falta de datos completos y continuos en Puerto Rico dificulta medir la prevalencia real de la violencia sexual y psicológica, más allá de los casos denunciados.
Vacíos de datos, retos de política pública
Diversos organismos internacionales han señalado que Puerto Rico todavía enfrenta retos para:
- Consolidar estadísticas integradas por tipo de violencia
- Publicar datos oportunos y accesibles,
- Y medir la prevalencia real más allá de las querellas policiales.
Sin datos completos, la formulación de políticas públicas efectivas se vuelve cuesta arriba.
Una emergencia que no admite normalización
Las cifras confirman lo que organizaciones comunitarias y feministas han denunciado durante años: la violencia contra las mujeres en Puerto Rico es una emergencia sostenida, no un conjunto de eventos aislados. La reducción en un año específico no equivale a una solución estructural, especialmente cuando una de cada cuatro víctimas enfrenta riesgo real de muerte.
Mientras no se traduzcan las estadísticas en prevención efectiva, protección temprana y rendición de cuentas, Puerto Rico seguirá contando mujeres agredidas, desplazadas y asesinadas. Las cifras no solo informan: acusan. Y obligan al Estado —y a la sociedad— a dejar de mirar hacia otro lado.
