Alcalde de San Sebastián enfrenta a la Junta de Control Fiscal

SAN SEBASTIÁN: En una carta cursada a Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la representación legal del Gobierno Municipal argumenta que la Ley PROMESA es inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, por lo que dicho organismo no tiene autoridad legal para subordinar al Municipio de San Sebastián a sus determinaciones fiscales.

Con esta acción del Municipio de San Sebastián, es la primera vez que una entidad gubernamental cuestiona la Ley PROMESA bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo el derecho internacional.

En un comunicado de prensa, se indicó que el 9 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión Fiscal unilateralmente estableció que los 78 municipios de Puerto Rico son instrumentalidades del territorio de Puerto Rico, abarcadas por la Ley PROMESA.

También, unilateralmente seleccionó a 10 municipios para un programa piloto en el cual se desarrollarían planes fiscales y presupuestos que serían revisados y certificados por la JSF. Estos 10 municipios son San Sebastián, Barranquitas, Isabela, Cidra, Orocovis, Comerío, Villalba, Aibonito, Camuy y Quebradillas.

Amparado en la presunta ilegalidad de PROMESA y, por ende, en la falta de autoridad de la Junta para obligar al Municipio de San Sebastián, el pasado 5 de agosto de 2020, el Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, emitió la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004:

“Para expresar enérgico repudio a las acciones unilaterales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, impuesta por la Ley [PROMESA], 48 U.S.C. Sec. 2101 et. seq., en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Sebastián, y en menoscabo de la voluntad democrática expresada a través del voto mediante la cual se delegó en los funcionarios electos municipales la facultad de implementar las políticas públicas en beneficio de la comunidad, entre otros fines”, reza el documento.

Mediante esa orden ejecutiva, el alcalde Javier Jiménez Pérez enfatizó la autonomía fiscal que San Sebastián posee en virtud de la Ley de Municipios Autónomos (ahora Código Municipal de Puerto Rico), y sobre los estados financieros del Municipio, que demuestran la salud fiscal del Gobierno Municipal, lo que le ha permitido operar sin déficit alguno durante más de 15 años.

Además, facultó a los funcionarios del Municipio para contratar los servicios profesionales necesarios para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Sebastián, su autonomía fiscal, y su gobierno municipal democrático. A través de la Resolución Número 4, implementada por la Legislatura Municipal de San Sebastián, ese organismo se unió a las declaraciones del alcalde contenidas en la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004.

El 30 de junio de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal certificó el Plan Fiscal para el 2020 y el presupuesto para el 2021 para el Municipio de San Sebastián. El Plan Fiscal certificado por la Junta para San Sebastián contiene varias fechas límites en las que el Municipio tiene que remitirle información financiera y de política pública a la Junta de Control Fiscal.

El 18 de agosto de 2020, la directora ejecutiva Jaresko le envió una carta al alcalde Jiménez en la que le notificó sobre su “incumplimiento” con lo establecido en el Plan Fiscal certificado por la Junta, y extendió las fechas para que el Municipio cumpliera con lo requerido por la JSF.

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2020, Jaresko le cursó otra carta al alcalde pepiniano reiterándole su incumplimiento con las fechas establecidas en el Plan Fiscal y en la carta del 18 de agosto de 2020, y volvió a extender las fechas límites para que el Municipio cumpliera con lo requerido por la Junta.

Tres días más tarde, el 24 de septiembre de 2020, Jaresko le envió una tercera carta al alcalde Jiménez recordándole la autoridad de la Junta para certificar el Plan Fiscal y el Presupuesto para el Municipio de San Sebastián, y le advirtió que, si no cumplía, la JSF, amparada en la Ley PROMESA, tomaría el curso de acción necesario para que el Municipio de San Sebastián cumpla con el Plan Fiscal, el Presupuesto y los requisitos que imponga dicha entidad. Además, estableció como fecha límite el 15 de octubre para que el Municipio de San Sebastián cumpliera con lo requerido.

En respuesta a esta correspondencia de Jaresko, el 14 de octubre, el Municipio de San Sebastián, representado por el Bufete Emmanuelli, le expresó que la Ley PROMESA está basada en racismo y en el discrimen ilegal, pues el Congreso, al implementar dicha ley, se basó en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos y en su interpretación judicial en los llamados Casos Insulares.

Estos casos, amparándose en distinciones raciales y sociales, establecieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Ante ello, PROMESA es inconstitucional bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo la normativa internacional respecto a los derechos humanos.

Argumenta que la Ley no es válida, y la supuesta autoridad invocada por la Junta es improcedente. Por lo tanto, la postura del Municipio de San Sebastián es no acatar lo requerido por la Junta de Control Fiscal y tampoco se va a subordinar al Plan Fiscal y Presupuesto certificado para el municipio, pues dicho organismo no tiene una autoridad válida para obligarlo.

“Enfrentaremos a la Junta de Control Fiscal para mantener el gobierno democrático en el municipio y salvaguardar los derechos fundamentales de los residentes de San Sebastián”, expresó el alcalde Jiménez.

Por su parte, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Municipio de San Sebastián, sostuvo que “al PROMESA ser una ley inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, las actuaciones de la Junta de Control Fiscal, amparadas en dicha ley, son nulas y, por lo tanto, carecen de efectos legales”.

Representante Bianchi tilda a la Gobernadora de “insensata” por firmar Ley de Plebiscito

HORMIGUEROS: El representante Carlos Bianchi Angleró (PPD-Distrito 20) tildó el sábado como “insensata” a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de que esta firmara el proyecto de ley que dispone la celebración de un plebiscito de “Estadidad Si o No”, el Día de las Elecciones.

“La Gobernadora tuvo una gran oportunidad para demostrar de parte de quien está, si del pueblo o de los caprichos obsesivos de los directivos de su Partido, de hacer el gasto innecesario, de $3.5 millones en una consulta que no tendrá ningún tipo de consecuencia. Una vez más demuestra, que a diferencia de lo que, infructuosamente a intentando proyectar ante el país, es una política más, que antepone los intereses electorales por encima de las necesidades que está viviendo el pueblo puertorriqueño”, dijo Bianchi en un comunicado de prensa.

“Miles de hermanos puertorriqueños están en la calle sin empleo, el sistema del Departamento del Trabajo está colapsado, los pequeños y medianos comerciantes no reciben ayudas y le exigen más que a las grandes cadenas. No hay pruebas suficientes en el Departamento de Salud, pero se prestan para jugar a la política”, añadió el legislador.

“El pasado 19 de abril del 2020 le envié una comunicación a la gobernadora Wanda Vázquez, para que, en un acto de sensatez, no firmara dicha medida. Ahora le corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejar sin efecto, este gasto oneroso de $3.5 millones que podrían ser utilizados para brindarle servicio directo a los puertorriqueños”, añadió el legislador.

La CEE tiene en la actualidad un déficit de sobre $50 millones. Este gasto adicional, agravaría la situación fiscal de ese ente, que, según el representante Bianchi, no le ha brindado equipos de seguridad y protección a sus empleados que están trabajando durante la emergencia de salud pública.

El representante recordó que aparte de la carta que le cursó a la gobernadora el 19 de abril, también le dirigió una carta al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, donde le dejaba saber que: “El gasto que impondrá al fondo general el ejercicio fútil de la propuesta consulta plebiscitaria para el 3 de noviembre de 2020 no constituye un uso legítimo de fondos públicos conforme a los lineamientos de la Ley PROMESA. La realidad es que la intención legislativa subsumida es procurar animar a los electores del Partido Nuevo Progresista para que salgan a votar ante un ánimo de insatisfacción como resultado de los actos de corrupción constantes y lo sucedido en el verano de 2019, entre otros”.

Por último, el representante Bianchi señaló que acudirá a los tribunales si la JSF no detiene este plebiscito.

Representante Bianchi le pide a la Gobernadora que vete proyecto de plebiscito

EL CAPITOLIO: El representante Carlos Bianchi Angleró (PPD-Distrito 20) le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que dé un veto expreso al Proyecto del Senado 1467, que pretende convertir en ley, el realizar un plebiscito que costaría $3.5 millones en estos momentos de emergencia que vive el país.

Además, el legislador envió carta al presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, en los mismos términos.

“Es nuestra creencia que usted, tras la evaluación de P. del S. 1467 (Ley para la Solución Final del Estatus Político de Puerto Rico), tiene a su deber vetar dicha medida y así evitar un despilfarro de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. En su caso, entendemos que estos fondos pudieran ser redirigidos en incentivos a las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas o a otros grupos de profesionales que no han sido incentivados en este momento pero que juegan un papel importante durante la batalla que hoy libramos contra dicha pandemia”, reza parte del texto de la carta enviada por el representante Bianchi.

Por otro lado, el legislador añadió que “Puerto Rico atraviesa por una emergencia de salud pública en donde todos nuestros esfuerzos se han redirigido a combatir la pandemia del COVID-19 que hoy nos azota. Un gasto de 3.5 millones de dólares en esta consulta nos resulta innecesario, injustificado e insensible en estos momentos”.

En la carta cursada al presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, el legislador le deja saber que “el gasto que impondrá al Fondo General el ejercicio fútil de la propuesta consulta plebiscitaria para el 3 de noviembre de 2020 no constituye un uso legítimo de fondos públicos conforme a los lineamientos de la Ley PROMESA. La realidad es que la intención legislativa subsumida es procurar animar a los electores del Partido Nuevo Progresista para que salgan a votar ante un ánimo de insatisfacción como resultado de los actos de corrupción constantes y lo sucedido en el verano de 2019, entre otros”.

“Finalmente, de este proyecto convertirse en ley sin una acción contundente de su parte, amparados en la propia ley PROMESA, nos veremos forzados a acudir a los tribunales esbozando los planteamientos descritos en la carta”, añadió Bianchi.

Por último, el representante opinó que este plebiscito “es una estrategia del PNP para dividir al país”.

Arranca esta mañana desde Mayagüez el primer tramo de la Jornada por la Dignidad Boricua (Fotos)

MAYAGÜEZ: El grupo que recorrerá el primer tramo de la denominada Jornada por la Dignidad Boricua, partió el lunes en la mañana desde el monumento dedicado al prócer Eugenio María de Hostos, frente al Recinto Universitario de Mayagüez de Universidad de Puerto Rico, como parte de la caminata que culminará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los participantes de la actividad denuncian las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal, que actúa en virtud de la Ley Federal PROMESA, y exigen que sea disuelta. Al mismo tiempo, exigen el respeto por los derechos de la clase trabajadora, los pensionados y la descolonización de la Isla.

La marcha se extenderá hasta el 18 de noviembre, cuando se espera que llegue al estadio de la Capital.

Antes de llegar a San Juan, la Jornada por la Dignidad Boricua tendrá paradas en Aguadilla, Quebradillas, Arecibo, Manatí, Dorado y Bayamón.

Si no le ha llegado su reintegro y le llegó esta cartita, “siéntese a esperar”

carta JCF

Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

Si usted es de los ciudadanos que está ansioso con la llegada del reintegro de sus contribuciones, y le llegó una extraña notificación, impresa tanto en inglés como en español, dirigida a los acreedores del gobierno, no espere que su reintegro le llegue en una fecha cercana. Probablemente ni siquiera le llegue.

Por ese dinero que le pagó de más, al cumplir responsablemente con obligación anual de rendir su planilla de contribución sobre ingresos, y que se le tiene que devolver; usted se ha convertido en uno de los acreedores del Gobierno de Puerto Rico.

pinchera de papanacho

Para quienes pensaron que este era un asunto de “bonistas”, “suplidores”, “contratistas” y otras yerbas; pues es lamentable informarle que no. El asunto afecta a todos que de una forma u otra el Gobierno le debe dinero, eso incluye a los contribuyentes que esperan su reintegro, y que tendrán que unirse a la fila de la gente a la que se le debe dinero.

Así funcionan los procesos de quiebra, aunque haya gente que todavía resista llamarle así, a la acción gubernamental y de la llamada Junta de Control Fiscal de acogerse al Título III de la Ley PROMESA, que establece un proceso similar a una quiebra para los territorios como Puerto Rico.

Si usted es uno de los 600 mil ciudadanos que recibió la notificación, dé por hecho que está incluido en la lista matriz de acreedores que presentó la Junta de Control Fiscal a finales de junio ante la juez federal Laura Taylor Swain, asignada a atender el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Esto significa que le están notificando formalmente la quiebra y que “en algún momento le pagarán”, por lo que no puede hacer ninguna gestión de cobro, aunque el Gobierno le deba $130.

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Rector del COLEGIO denuncia tratamiento “criminal” contra la UPR

Dr. John Fernández Van Cleve, rector del RUM (Archivo/LA CALLE Digital).

Dr. John Fernández Van Cleve, rector del RUM (Archivo/LA CALLE Digital).

Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

MAYAGÜEZ: “Sé que esto me va a costar el puesto de rector, pero no tengo nada que perder y mucho que ganar. Si no lo hago, tengo mucho que perder. Por mi parte, comenzaré hoy mismo”, fueron las palabras del rector del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), doctor John Fernández Van Cleve, al criticar lo que describió como un recorte “desproporcionado y criminal” que le han asignado a la Universidad de Puerto Rico, asegurando que esa acción “destruirá a la Universidad como la conocemos hoy”.

En un mensaje en su cuenta de la red social Facebook, el doctor Fernández Van Cleve escribió:

A mis estudiantes del Colegio, de otras unidades de la UPR, padres, compañeros claustrales y sus familiares, compañeros no-docentes y sus familiares, ex alumnos UPR, y otros que pueden tener la visión de que la UPR es el proyecto educativo, social y cultural más importante de este país que le ha servido con excelencia.

Lamentablemente las personas que hacen política pública en este país hacen caso omiso a los reclamos de estudiantes, profesores y otros que piden un trato justo a la universidad. TODOS estamos de acuerdo con que la deuda pública se tiene que auditar. En lo personal reconozco que la UPR debe hacer un ajuste como todas las agencias y corporaciones públicas de este país a raíz de la crisis económica por la cual atravesamos. Sin embargo, el recorte de presupuesto desproporcionado y criminal que le han asignado a la Universidad la destruirá como la conocemos hoy en día apenas en el segundo año fiscal de implementación. Los estudiantes han optado por un paro nacional indefinido, y la HEEND está en línea con un voto de huelga aprobado en asamblea. Los recintos de Rio Piedras, Ponce y Humacao ya sufren las consecuencias de un paro prolongado y las autoridades gubernamentales de este país, así como la Junta de Supervisión Fiscal no reaccionan, y estoy seguro les importa un bledo lo que pase en la universidad.

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Propongo lo siguiente: Cada uno de los 63,000 estudiantes, sus padres, los cerca de 10,000 profesores y sus familiares, los no-docentes y sus familiares, los ex-alumnos y sus familiares y todo aquel que desee unirse a esta lucha, escriba un correo electrónico al gobernador, y al presidente de la Junta de Control Fiscal que diga lo siguiente:

“Estimado Gobernador (o lo que corresponda): Me siento sumamente indignado por el tratamiento criminal a la cual se ha estado tratando a la Universidad de Puerto Rico en el proyecto de presupuesto del plan de ajuste fiscal preparado bajo la ley PROMESA. Creo firmemente que la deuda pública que se nos adjudica TIENE que ser auditada para poder determinar cuánto realmente es nuestro compromiso como pueblo, identificar los responsables y tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. También creo que la UPR tiene que contribuir a la crisis fiscal buscando mejorar la eficiencia de uso de sus recursos pero de una manera proporcional a TODAS las agencias y corporaciones públicas, incluyendo la Legislatura y el Ejecutivo.

Mi intención es llamar la atención porque creo que la UPR es nuestro proyecto educativo, social y cultural más importante y que su protección ayudará al país a salir de la crisis fiscal.”

Si todos enviáramos diariamente emails a las personas que he mencionado anteriormente y le inundamos los servidores con este mensaje o uno similar, les aseguro que tendríamos una reacción de parte de ellos. Podrían incluir en la lista de envío a los senadores y representantes de sus respectivos distritos. Pero esto tiene que salir todos los días para que sea efectivo y tiene que ser un número significativo, preferiblemente en los cientos de miles.

Las direcciones son las siguientes:

Gobernador: mensajes@fortaleza.pr.gov

Junta Supervisión Fiscal: comments@oversightboard.pr.gov

Al momento de la redacción de esta nota, las expresiones del doctor Fernández Van Cleve habían sido compartidas por cerca de 900 personas en esa red social.