Alcalde de San Sebastián enfrenta a la Junta de Control Fiscal

SAN SEBASTIÁN: En una carta cursada a Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la representación legal del Gobierno Municipal argumenta que la Ley PROMESA es inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, por lo que dicho organismo no tiene autoridad legal para subordinar al Municipio de San Sebastián a sus determinaciones fiscales.

Con esta acción del Municipio de San Sebastián, es la primera vez que una entidad gubernamental cuestiona la Ley PROMESA bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo el derecho internacional.

En un comunicado de prensa, se indicó que el 9 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión Fiscal unilateralmente estableció que los 78 municipios de Puerto Rico son instrumentalidades del territorio de Puerto Rico, abarcadas por la Ley PROMESA.

También, unilateralmente seleccionó a 10 municipios para un programa piloto en el cual se desarrollarían planes fiscales y presupuestos que serían revisados y certificados por la JSF. Estos 10 municipios son San Sebastián, Barranquitas, Isabela, Cidra, Orocovis, Comerío, Villalba, Aibonito, Camuy y Quebradillas.

Amparado en la presunta ilegalidad de PROMESA y, por ende, en la falta de autoridad de la Junta para obligar al Municipio de San Sebastián, el pasado 5 de agosto de 2020, el Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, emitió la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004:

“Para expresar enérgico repudio a las acciones unilaterales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, impuesta por la Ley [PROMESA], 48 U.S.C. Sec. 2101 et. seq., en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Sebastián, y en menoscabo de la voluntad democrática expresada a través del voto mediante la cual se delegó en los funcionarios electos municipales la facultad de implementar las políticas públicas en beneficio de la comunidad, entre otros fines”, reza el documento.

Mediante esa orden ejecutiva, el alcalde Javier Jiménez Pérez enfatizó la autonomía fiscal que San Sebastián posee en virtud de la Ley de Municipios Autónomos (ahora Código Municipal de Puerto Rico), y sobre los estados financieros del Municipio, que demuestran la salud fiscal del Gobierno Municipal, lo que le ha permitido operar sin déficit alguno durante más de 15 años.

Además, facultó a los funcionarios del Municipio para contratar los servicios profesionales necesarios para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Sebastián, su autonomía fiscal, y su gobierno municipal democrático. A través de la Resolución Número 4, implementada por la Legislatura Municipal de San Sebastián, ese organismo se unió a las declaraciones del alcalde contenidas en la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004.

El 30 de junio de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal certificó el Plan Fiscal para el 2020 y el presupuesto para el 2021 para el Municipio de San Sebastián. El Plan Fiscal certificado por la Junta para San Sebastián contiene varias fechas límites en las que el Municipio tiene que remitirle información financiera y de política pública a la Junta de Control Fiscal.

El 18 de agosto de 2020, la directora ejecutiva Jaresko le envió una carta al alcalde Jiménez en la que le notificó sobre su “incumplimiento” con lo establecido en el Plan Fiscal certificado por la Junta, y extendió las fechas para que el Municipio cumpliera con lo requerido por la JSF.

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2020, Jaresko le cursó otra carta al alcalde pepiniano reiterándole su incumplimiento con las fechas establecidas en el Plan Fiscal y en la carta del 18 de agosto de 2020, y volvió a extender las fechas límites para que el Municipio cumpliera con lo requerido por la Junta.

Tres días más tarde, el 24 de septiembre de 2020, Jaresko le envió una tercera carta al alcalde Jiménez recordándole la autoridad de la Junta para certificar el Plan Fiscal y el Presupuesto para el Municipio de San Sebastián, y le advirtió que, si no cumplía, la JSF, amparada en la Ley PROMESA, tomaría el curso de acción necesario para que el Municipio de San Sebastián cumpla con el Plan Fiscal, el Presupuesto y los requisitos que imponga dicha entidad. Además, estableció como fecha límite el 15 de octubre para que el Municipio de San Sebastián cumpliera con lo requerido.

En respuesta a esta correspondencia de Jaresko, el 14 de octubre, el Municipio de San Sebastián, representado por el Bufete Emmanuelli, le expresó que la Ley PROMESA está basada en racismo y en el discrimen ilegal, pues el Congreso, al implementar dicha ley, se basó en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos y en su interpretación judicial en los llamados Casos Insulares.

Estos casos, amparándose en distinciones raciales y sociales, establecieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Ante ello, PROMESA es inconstitucional bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo la normativa internacional respecto a los derechos humanos.

Argumenta que la Ley no es válida, y la supuesta autoridad invocada por la Junta es improcedente. Por lo tanto, la postura del Municipio de San Sebastián es no acatar lo requerido por la Junta de Control Fiscal y tampoco se va a subordinar al Plan Fiscal y Presupuesto certificado para el municipio, pues dicho organismo no tiene una autoridad válida para obligarlo.

“Enfrentaremos a la Junta de Control Fiscal para mantener el gobierno democrático en el municipio y salvaguardar los derechos fundamentales de los residentes de San Sebastián”, expresó el alcalde Jiménez.

Por su parte, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Municipio de San Sebastián, sostuvo que “al PROMESA ser una ley inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, las actuaciones de la Junta de Control Fiscal, amparadas en dicha ley, son nulas y, por lo tanto, carecen de efectos legales”.

Se acaba desde la medianoche de hoy la exención temporera del IVU en alimentos preparados

REDACCIÓN: El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó la solicitud de la extensión de la exención temporera del pago del Impuesto de Venta y Uso (IVU) en los alimentos preparados que vence hoy, 25 de mayo, a las 11:59:59 p.m.

“Luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciara la nueva Orden Ejecutiva 2020-041, que entra en vigor el 26 de mayo y extiende el toque de queda hasta el 15 de junio de 2020 ante la emergencia por el COVID-19, sometimos a la consideración de la Junta la extensión temporera de la exención del IVU en alimentos preparados, también, hasta el 15 de junio. No obstante, la Junta nos informó mediante una carta que la solicitud fue denegada. Por lo tanto, la exención del IVU en alimentos preparados culmina esta noche a las 11:59 p.m., según dispone la Determinación Administrativa 20-13”, explicó el secretario.

El funcionario destacó que el proceso de solicitud de extensión es uno ordinario, establecido por la Junta bajo la Política de Revisión de Ordenes, Reglas y Reglamentos, según revisada en octubre 2019.

Representante Bianchi tilda a la Gobernadora de “insensata” por firmar Ley de Plebiscito

HORMIGUEROS: El representante Carlos Bianchi Angleró (PPD-Distrito 20) tildó el sábado como “insensata” a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de que esta firmara el proyecto de ley que dispone la celebración de un plebiscito de “Estadidad Si o No”, el Día de las Elecciones.

“La Gobernadora tuvo una gran oportunidad para demostrar de parte de quien está, si del pueblo o de los caprichos obsesivos de los directivos de su Partido, de hacer el gasto innecesario, de $3.5 millones en una consulta que no tendrá ningún tipo de consecuencia. Una vez más demuestra, que a diferencia de lo que, infructuosamente a intentando proyectar ante el país, es una política más, que antepone los intereses electorales por encima de las necesidades que está viviendo el pueblo puertorriqueño”, dijo Bianchi en un comunicado de prensa.

“Miles de hermanos puertorriqueños están en la calle sin empleo, el sistema del Departamento del Trabajo está colapsado, los pequeños y medianos comerciantes no reciben ayudas y le exigen más que a las grandes cadenas. No hay pruebas suficientes en el Departamento de Salud, pero se prestan para jugar a la política”, añadió el legislador.

“El pasado 19 de abril del 2020 le envié una comunicación a la gobernadora Wanda Vázquez, para que, en un acto de sensatez, no firmara dicha medida. Ahora le corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejar sin efecto, este gasto oneroso de $3.5 millones que podrían ser utilizados para brindarle servicio directo a los puertorriqueños”, añadió el legislador.

La CEE tiene en la actualidad un déficit de sobre $50 millones. Este gasto adicional, agravaría la situación fiscal de ese ente, que, según el representante Bianchi, no le ha brindado equipos de seguridad y protección a sus empleados que están trabajando durante la emergencia de salud pública.

El representante recordó que aparte de la carta que le cursó a la gobernadora el 19 de abril, también le dirigió una carta al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, donde le dejaba saber que: “El gasto que impondrá al fondo general el ejercicio fútil de la propuesta consulta plebiscitaria para el 3 de noviembre de 2020 no constituye un uso legítimo de fondos públicos conforme a los lineamientos de la Ley PROMESA. La realidad es que la intención legislativa subsumida es procurar animar a los electores del Partido Nuevo Progresista para que salgan a votar ante un ánimo de insatisfacción como resultado de los actos de corrupción constantes y lo sucedido en el verano de 2019, entre otros”.

Por último, el representante Bianchi señaló que acudirá a los tribunales si la JSF no detiene este plebiscito.

Arranca esta mañana desde Mayagüez el primer tramo de la Jornada por la Dignidad Boricua (Fotos)

MAYAGÜEZ: El grupo que recorrerá el primer tramo de la denominada Jornada por la Dignidad Boricua, partió el lunes en la mañana desde el monumento dedicado al prócer Eugenio María de Hostos, frente al Recinto Universitario de Mayagüez de Universidad de Puerto Rico, como parte de la caminata que culminará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los participantes de la actividad denuncian las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal, que actúa en virtud de la Ley Federal PROMESA, y exigen que sea disuelta. Al mismo tiempo, exigen el respeto por los derechos de la clase trabajadora, los pensionados y la descolonización de la Isla.

La marcha se extenderá hasta el 18 de noviembre, cuando se espera que llegue al estadio de la Capital.

Antes de llegar a San Juan, la Jornada por la Dignidad Boricua tendrá paradas en Aguadilla, Quebradillas, Arecibo, Manatí, Dorado y Bayamón.

Representante Maricarmen Mas investigará proceso de revisión de pensiones alimentarias

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MAYAGÜEZ: La representante Maricarmen Mas Rodríguez (PNP-Distrito 19) anunció que estará radicando una resolución para iniciar una investigación sobre el proceso de revisión de pensiones alimentarias, así como una profunda evaluación de las métricas utilizadas para establecer las tablas de pensiones a padres no custodios.

La legisladora por los municipios de Mayagüez y San Germán expresó preocupación sobre la aplicación de las presentes tablas a los empleados del gobierno que han visto reducido sus beneficios por las imposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Existe una realidad en el Puerto Rico de 2017 y es que los salarios de los empleados en el sector privado están por debajo, porcentualmente, de lo que eran hace apenas unos años atrás. Eso nadie lo puede discutir. Este asunto de las pensiones alimentarias se ve directamente impactado por esta crisis económica. Es por eso que entendemos meritorio realizar una investigación sobre los procesos que rigen la adjudicación y revisión de pensiones alimentarias. También, sobre si las métricas utilizadas para las tablas de pensiones se ajustan a la nueva realidad”, señaló la representante Mas.

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Mas Rodríguez dijo que la resolución también tiene como objetivo estudiar los procesos que tiene la Judicatura para trabajar con los servidores públicos de los municipios que han sufrido reducción en la jornada laboral a causa de la actual crisis fiscal por la cual atraviesa la isla.

“Es importante revisar los procedimientos de adjudicación de pensiones, al igual que los mecanismos de revisión de las mismas. Quizás un padre alimentante radica una petición de revisión, porque perdió su empleo, por ejemplo, y la Administración para el Sustento de menores (ASUME), o la Rama Judicial, tienen un tiempo amplio preestablecido para ver la vista. Una cosa que pude suceder es mover ese período para que sea dentro de un espacio no mayor a 10 días. Esa es una de las cosas que estamos revisando y esta resolución nos ayudará a ese fin”, añadió.

Para Mas Rodríguez el bienestar de los menores tiene prioridad sobre todo y para ello se necesita aumentar el nivel de cumplimiento con las pensiones alimenticias, de un 67 por ciento, en estos momentos, hasta por lo menos un 80 por ciento en los próximos dos años.

La legisladora adelantó que estará realizando un conclave entre la ASUME, la Administración de Tribunales y la Cámara de Representantes para delinear una estrategia que logre agilizar los casos de revisión de pensión.

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Rector del COLEGIO denuncia tratamiento “criminal” contra la UPR

Dr. John Fernández Van Cleve, rector del RUM (Archivo/LA CALLE Digital).

Dr. John Fernández Van Cleve, rector del RUM (Archivo/LA CALLE Digital).

Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

MAYAGÜEZ: “Sé que esto me va a costar el puesto de rector, pero no tengo nada que perder y mucho que ganar. Si no lo hago, tengo mucho que perder. Por mi parte, comenzaré hoy mismo”, fueron las palabras del rector del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), doctor John Fernández Van Cleve, al criticar lo que describió como un recorte “desproporcionado y criminal” que le han asignado a la Universidad de Puerto Rico, asegurando que esa acción “destruirá a la Universidad como la conocemos hoy”.

En un mensaje en su cuenta de la red social Facebook, el doctor Fernández Van Cleve escribió:

A mis estudiantes del Colegio, de otras unidades de la UPR, padres, compañeros claustrales y sus familiares, compañeros no-docentes y sus familiares, ex alumnos UPR, y otros que pueden tener la visión de que la UPR es el proyecto educativo, social y cultural más importante de este país que le ha servido con excelencia.

Lamentablemente las personas que hacen política pública en este país hacen caso omiso a los reclamos de estudiantes, profesores y otros que piden un trato justo a la universidad. TODOS estamos de acuerdo con que la deuda pública se tiene que auditar. En lo personal reconozco que la UPR debe hacer un ajuste como todas las agencias y corporaciones públicas de este país a raíz de la crisis económica por la cual atravesamos. Sin embargo, el recorte de presupuesto desproporcionado y criminal que le han asignado a la Universidad la destruirá como la conocemos hoy en día apenas en el segundo año fiscal de implementación. Los estudiantes han optado por un paro nacional indefinido, y la HEEND está en línea con un voto de huelga aprobado en asamblea. Los recintos de Rio Piedras, Ponce y Humacao ya sufren las consecuencias de un paro prolongado y las autoridades gubernamentales de este país, así como la Junta de Supervisión Fiscal no reaccionan, y estoy seguro les importa un bledo lo que pase en la universidad.

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Propongo lo siguiente: Cada uno de los 63,000 estudiantes, sus padres, los cerca de 10,000 profesores y sus familiares, los no-docentes y sus familiares, los ex-alumnos y sus familiares y todo aquel que desee unirse a esta lucha, escriba un correo electrónico al gobernador, y al presidente de la Junta de Control Fiscal que diga lo siguiente:

“Estimado Gobernador (o lo que corresponda): Me siento sumamente indignado por el tratamiento criminal a la cual se ha estado tratando a la Universidad de Puerto Rico en el proyecto de presupuesto del plan de ajuste fiscal preparado bajo la ley PROMESA. Creo firmemente que la deuda pública que se nos adjudica TIENE que ser auditada para poder determinar cuánto realmente es nuestro compromiso como pueblo, identificar los responsables y tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. También creo que la UPR tiene que contribuir a la crisis fiscal buscando mejorar la eficiencia de uso de sus recursos pero de una manera proporcional a TODAS las agencias y corporaciones públicas, incluyendo la Legislatura y el Ejecutivo.

Mi intención es llamar la atención porque creo que la UPR es nuestro proyecto educativo, social y cultural más importante y que su protección ayudará al país a salir de la crisis fiscal.”

Si todos enviáramos diariamente emails a las personas que he mencionado anteriormente y le inundamos los servidores con este mensaje o uno similar, les aseguro que tendríamos una reacción de parte de ellos. Podrían incluir en la lista de envío a los senadores y representantes de sus respectivos distritos. Pero esto tiene que salir todos los días para que sea efectivo y tiene que ser un número significativo, preferiblemente en los cientos de miles.

Las direcciones son las siguientes:

Gobernador: mensajes@fortaleza.pr.gov

Junta Supervisión Fiscal: comments@oversightboard.pr.gov

Al momento de la redacción de esta nota, las expresiones del doctor Fernández Van Cleve habían sido compartidas por cerca de 900 personas en esa red social.

Opinión: Fortalezas y debilidades del movimiento estudiantil en el RUM y la UPR en el 2017

Ambiente nocturno de la huelga en el RUM (Twitter/GCE-RUM).

Ambiente nocturno de la huelga en el RUM (Twitter/GCE-RUM).

Por: Dr. Michael González-Cruz

Nota de redacción: El doctor Michael González-Cruz, profesor de Sociología del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), analiza lo que a su juicio son las fortalezas y debilidades del movimiento estudiantil que ha desembocado en una huelga que actualmente mantiene cerrada esa institución universitaria.

Fortalezas observadas: Amplio apoyo en las asambleas deliberativas a nivel nacional y el Colegio. Apoyo interno de la HEEND, APPU y APRUM, buena logística para los alimentos, propaganda clásica (camisetas, cruzacalles, etc.), amplia presencia en las redes, pero la percepción no es positiva o neutral sino contradictoria; en algunos casos negativa por ejemplo, incidentes violentos de Río Piedras.

Debilidades observadas: La debilidad de mayor peso es que no comunican claramente cuál es el objetivo de la huelga. Esta no es la huelga del 2010 por un aumento de $800, un gobierno que uso la violencia sin mediar dialogo y lo más importante un verdadero enemigo de consenso como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El movimiento estudiantil actual no comprende que la administración universitaria y el gobierno son posibles aliados inmediatos para enfrentarse a los recortes de la JSF.

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No entienden que es la primera vez que un gobernador se reúne de inmediato con todo el liderato de los 11 recintos.

Pero la debilidad más grave es que no comprenden que la huelga es una táctica o medio y no el fin. La huelga es para provocar el diálogo y la negociación. Por lo tanto, lucen intransigentes (como una elite desconectada de los sacrificios que enfrenta toda la población).

NO han logrado comunicar sus cinco reclamos.

  • Primero, no se les castiga por la huelga. Pero, ojo, no deben violar la ley.
  • Segundo, piden un plan para la reforma, pero no proponen un plan al pueblo.
  • Tercero, en cuanto a la Comisión de Auditoria, ya el Tribunal ordeno su funcionamiento.
  • Cuarto, no ofrecen ninguna alternativa de recaudo para frenar el alza del costo de matrícula.
  • Quinto, no dialogan con los administradores de la UPR y el Gobierno para enfrentar los recortes de la JSF.

La huelga es para dialogar y negociar. ¡Si se mantienen enquistados y aislados, van a lograr que la JSF con sus medidas cierre la UPR!

La Junta de Control Fiscal… ¡Llegó el Cuco!

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Por: Iván Vargas Muñiz, presidente del Capítulo de Mayagüez de la UIA-AAA

Desde que se comenzó a hablar de establecer una Junta para controlar los gastos del Gobierno, distintos conocedores de estos temas y líderes obreros, comenzamos a expresar nuestra oposición, porque estábamos conscientes de que la misma sería únicamente con la intención de cobrar la deuda con los bonistas y no aportaría en nada a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Conocíamos de lo ocurrido en ciudades como Detroit, donde el establecimiento de una Junta idéntica a la que se estaba mencionando para Puerto Rico, fue detrimental para los ciudadanos de dicha ciudad.

Allí, las decisiones tomadas por dicha Junta, provocaron una gran emigración de ciudadanos a otras ciudades y estados de la Nación Americana. De hecho, una de las decisiones que se tomaron en la ciudad provocó la contaminación con plomo del agua potable, al decidir cambiar la fuente de abasto que utilizaba la Planta de Filtración de Agua de la ciudad.

En aquellos momentos, sectores políticos y hasta algunos de esos que dicen ser economistas, promovían que en Puerto Rico se estableciera una Junta de Control Fiscal, como la que tenemos hoy. Las voces de los que nos oponíamos y de los que la respaldaban sonaban día a día en distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Recuerdo que los argumentos para justificar la imposición de dicha Junta de muchos era que meterían preso a los políticos que nos trajeron a esta crisis, y que se le pondría fin a los contratos de los amigos y allegados.

Los que nos oponíamos, siempre hablamos de que un ente fiscal como el que se pretendía establecer por el Congreso, nos traería una difícil situación económica, no solo para el Gobierno, sino que los trabajadores sufriríamos los peores embates de las medidas que se implementen producto de la imposición de dicha Junta.

Y llegó el Cuco… El pasado miércoles, 8 de marzo, luego de que el Gobierno presentara un plan fiscal, dentro del cual contenía medidas detrimentales para el pueblo, como la retasación de la propiedad, la reducción de entre un 6 por ciento y un 24 por ciento de las pensiones, el aumento en marbetes, ACAA y otros, la Junta saca una supuesta recomendación de reducir la jornada laboral a todos los empleados públicos. Al día siguiente sale a la luz pública otra serie de recomendaciones de recortes a Reforma de Salud, a la UPR, la consolidación de agencias y la reducción millonaria en el “gasto” de nómina del Gobierno.

Es importante señalar que Puerto Rico fue excluido de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su propuesta para Salud, lo que pone en riesgo cerca de $1,200 millones de los fondos federales destinados a la Reforma de Salud. Además, la Junta exige un recorte adicional en el gasto de salud, que pudiera provocar, ambos recortes, que entre 600 mil a 1 millón de beneficiarios de Reforma de Salud pierdan dicho beneficio y los que queden en el plan, puede que vean la imposición de deducibles o la eliminación de algunos de los beneficios que hoy están cubiertos por el plan de salud del Gobierno.

Esta situación nada más, por sí sola, puede generar una grave crisis humanitaria en el país. Pero si a eso le sumamos todas las propuestas hechas entre la Junta y el propio Gobierno, la situación se puede tornar caótica.

Ante todo esto, este pueblo no puede quedarse sentado a esperar que va a pasar, ni tampoco debe tomar un pasaje para salir del país como escape de la grave situación que vamos a enfrentar. El pueblo tiene que empezar a indignarse.

Pero no es a través de las redes sociales, ni llamando a los programas de radio, ni siquiera escribiendo a los periódicos, que debemos expresar nuestra indignación. Esos pueden ser unos mecanismos de desahogo o de expresar frustración y de hacer llamados al pueblo. Sin embargo, este pueblo tiene que comenzar a salir a la calle a levantar su voz.

Históricamente son los sindicatos y los trabajadores los que se expresan mediante la protesta en la calle, sin embargo el momento que nos ocupa, no solamente va a afectar a los trabajadores del sector público, o a los trabajadores del sector privado, o tal vez a los pensionados, o quién sabe si únicamente a los que tienen Reforma. Esto, señoras y señores, nos va a afectar a todos los sectores del país.

Si no actuamos hoy contra esta Junta, si dejamos que esta Junta de buscones nos quite lo que nos corresponde para pagar una deuda que ni tú ni yo cogimos, mañana, el país que le vamos a entregar a nuestros hijos, será un país destrozado como lo está la ciudad Detroit.

No podemos quedarnos cruzados de brazos; tenemos que salir a la calle a protestar, llevar el mensaje a los foros internacionales del caos que vamos a vivir con las medidas que está recomendando la Junta y que desde el lunes próximo, serán impuestas por ellos. No podemos permitir que nos quiten, que nos arrebaten de las manos este país que tanto queremos.

¡Salgamos a Luchar!