Alcalde de Mayagüez asegura que maltrechas finanzas municipales amenazan plan de recuperación de Puerto Rico

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MAYAGÜEZ: Para el alcalde José Guillermo Rodríguez, la situación provocada por el huracán María ha ocasionado daños a las maltrechas finanzas municipales, lo que pone en juego el denominado plan de recuperación de la Isla.

En un comunicado se cita al incumbente municipal mayagüezano diciendo que el gobierno central le ha arrebatado recursos a los gobiernos municipales durante los pasados cinco años, que se estiman en sobre $600 millones.

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“Las últimas dos administraciones estatales le han propiciado está estocada, sin brindarle opciones de desarrollo y sustitución de esos importantes recursos a los municipios, para su operación y servicios directos a la ciudadanía. Si Puerto Rico está de pie se le debe a la fuerza de voluntad de los puertorriqueños y a la respuesta rápida y, en su mayoría, única de los municipios”, enfatizó Rodríguez.

Según el alcalde Rodríguez, resulta “lamentable” que el Estado reclame ayuda económica federal de miles de millones de dólares “con el propósito de fortalecer su caja”, y “nadie” de la estructura de gobierno ni de las dos organizaciones de alcaldes, ha levantado su voz en favor de los municipios, “con excepción, al continuo y consistente reclamo que ha hecho con firmeza, la compañera alcaldesa de San Juan (Carmen Yulín Cruz)”.

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La Junta de Control Fiscal… ¡Llegó el Cuco!

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Por: Iván Vargas Muñiz, presidente del Capítulo de Mayagüez de la UIA-AAA

Desde que se comenzó a hablar de establecer una Junta para controlar los gastos del Gobierno, distintos conocedores de estos temas y líderes obreros, comenzamos a expresar nuestra oposición, porque estábamos conscientes de que la misma sería únicamente con la intención de cobrar la deuda con los bonistas y no aportaría en nada a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Conocíamos de lo ocurrido en ciudades como Detroit, donde el establecimiento de una Junta idéntica a la que se estaba mencionando para Puerto Rico, fue detrimental para los ciudadanos de dicha ciudad.

Allí, las decisiones tomadas por dicha Junta, provocaron una gran emigración de ciudadanos a otras ciudades y estados de la Nación Americana. De hecho, una de las decisiones que se tomaron en la ciudad provocó la contaminación con plomo del agua potable, al decidir cambiar la fuente de abasto que utilizaba la Planta de Filtración de Agua de la ciudad.

En aquellos momentos, sectores políticos y hasta algunos de esos que dicen ser economistas, promovían que en Puerto Rico se estableciera una Junta de Control Fiscal, como la que tenemos hoy. Las voces de los que nos oponíamos y de los que la respaldaban sonaban día a día en distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Recuerdo que los argumentos para justificar la imposición de dicha Junta de muchos era que meterían preso a los políticos que nos trajeron a esta crisis, y que se le pondría fin a los contratos de los amigos y allegados.

Los que nos oponíamos, siempre hablamos de que un ente fiscal como el que se pretendía establecer por el Congreso, nos traería una difícil situación económica, no solo para el Gobierno, sino que los trabajadores sufriríamos los peores embates de las medidas que se implementen producto de la imposición de dicha Junta.

Y llegó el Cuco… El pasado miércoles, 8 de marzo, luego de que el Gobierno presentara un plan fiscal, dentro del cual contenía medidas detrimentales para el pueblo, como la retasación de la propiedad, la reducción de entre un 6 por ciento y un 24 por ciento de las pensiones, el aumento en marbetes, ACAA y otros, la Junta saca una supuesta recomendación de reducir la jornada laboral a todos los empleados públicos. Al día siguiente sale a la luz pública otra serie de recomendaciones de recortes a Reforma de Salud, a la UPR, la consolidación de agencias y la reducción millonaria en el “gasto” de nómina del Gobierno.

Es importante señalar que Puerto Rico fue excluido de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su propuesta para Salud, lo que pone en riesgo cerca de $1,200 millones de los fondos federales destinados a la Reforma de Salud. Además, la Junta exige un recorte adicional en el gasto de salud, que pudiera provocar, ambos recortes, que entre 600 mil a 1 millón de beneficiarios de Reforma de Salud pierdan dicho beneficio y los que queden en el plan, puede que vean la imposición de deducibles o la eliminación de algunos de los beneficios que hoy están cubiertos por el plan de salud del Gobierno.

Esta situación nada más, por sí sola, puede generar una grave crisis humanitaria en el país. Pero si a eso le sumamos todas las propuestas hechas entre la Junta y el propio Gobierno, la situación se puede tornar caótica.

Ante todo esto, este pueblo no puede quedarse sentado a esperar que va a pasar, ni tampoco debe tomar un pasaje para salir del país como escape de la grave situación que vamos a enfrentar. El pueblo tiene que empezar a indignarse.

Pero no es a través de las redes sociales, ni llamando a los programas de radio, ni siquiera escribiendo a los periódicos, que debemos expresar nuestra indignación. Esos pueden ser unos mecanismos de desahogo o de expresar frustración y de hacer llamados al pueblo. Sin embargo, este pueblo tiene que comenzar a salir a la calle a levantar su voz.

Históricamente son los sindicatos y los trabajadores los que se expresan mediante la protesta en la calle, sin embargo el momento que nos ocupa, no solamente va a afectar a los trabajadores del sector público, o a los trabajadores del sector privado, o tal vez a los pensionados, o quién sabe si únicamente a los que tienen Reforma. Esto, señoras y señores, nos va a afectar a todos los sectores del país.

Si no actuamos hoy contra esta Junta, si dejamos que esta Junta de buscones nos quite lo que nos corresponde para pagar una deuda que ni tú ni yo cogimos, mañana, el país que le vamos a entregar a nuestros hijos, será un país destrozado como lo está la ciudad Detroit.

No podemos quedarnos cruzados de brazos; tenemos que salir a la calle a protestar, llevar el mensaje a los foros internacionales del caos que vamos a vivir con las medidas que está recomendando la Junta y que desde el lunes próximo, serán impuestas por ellos. No podemos permitir que nos quiten, que nos arrebaten de las manos este país que tanto queremos.

¡Salgamos a Luchar!

La Junta se apodera de los ingresos del Gobierno

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La primera reunión de la Junta de Control Fiscal, además de escoger a su presidente, tuvo el efecto de tomar el control de 21 corporaciones públicas. En dicha reunión no se tocó el tema de la paralización de las demandas al gobierno que están en el Tribunal Federal, ni de cómo se va a reestructurar la deuda, ni siquiera como se va a mejorar la situación económica del país.

Aunque de las 21 corporaciones públicas que están ahora bajo el control de la Junta, hay algunas que están en una difícil situación económica, no cabe duda que todas generan, de una u otra manera, ingresos sustanciales al gobierno de Puerto Rico.

Son miles de millones de dólares que entran al gobierno de Puerto Rico a través de estas corporaciones públicas, así como a través de otras agencias del gobierno, que obviamente la Junta estará mirando la forma de apoderarse de todos.

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Esto tiene implicaciones serias en los servicios básicos que se ofrecen al país, como en el caso del servicio eléctrico y de agua. El apoderamiento de los ingresos de estas corporaciones públicas, por parte de la Junta, solo tendrá el efecto de lograr que se le pague la deuda a los bonistas, pero dejará desprovista a éstas, del dinero que necesitan para darle mantenimiento a las instalaciones de agua y luz, así como lo que concierne a carreteras, servicios a los lesionados por accidentes laborales, entre otros.

De hecho, tanto el apagón en las pasadas semanas, como la información que sale hoy (martes) sobre la Autoridad de Acueductos donde el director ejecutivo está admitiendo que no tiene dinero para darle mantenimiento, y peor aún para resolver los problemas de las plantas, nos debe poner en perspectiva de lo sería que se va a tornar, para las corporaciones públicas, la falta de dinero a causa del apoderamiento que hizo la Junta, de las 21 corporaciones públicas anunciadas la pasada semana.

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Es lógico pensar que además de pagar la deuda, también vienen a convertir al país en un súper pulguero. Sí, así como lo lee. Esta junta tiene un poder absoluto para hacer casi lo que quieran.  La propia ley les faculta para disponer de propiedades del Estado. Obviamente, cuando se habla de propiedades no distingue si son propiedad mueble, agencias o corporaciones, lo que nos hace suponer que vienen tras la que generan ingresos sustanciales.

¿Que ya el pueblo piensa que la privatización será la salvación? Pues sí. Sin embargo, el pueblo debe saber que quienes vengan a administrar o a comprar alguna de estas propiedades, no viene con ánimos de brindar servicios al pueblo, sino que su único fin será generar riquezas.

Ya Acueductos pasó por varios procesos de privatización, los cuales provocaron que la Autoridad fuera multada por el Departamento de Salud y sometida a un pleito judicial que culminó con un “mea culpa” y acuerdos de mejoras capitales a sus instalaciones.

Vendrán tiempos difíciles y lamentablemente los que sufriremos los embates de esta Junta seremos el pueblo, mientras los políticos que nos llevaron a esta crisis, seguirán dándose la buena vida y cobrando jugosos salarios.

Iván comenta: “Por la libre” la propuesta Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica

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La Fortaleza (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La tan mencionada crisis fiscal que supuestamente atraviesa el Gobierno de Puerto Rico ha provocado, que tanto la Legislatura como el Ejecutivo promuevan proyectos para tratar de llegar más fondos, así como mejorar la eficiencia gubernamental. Estos proyectos van desde aumentar los impuestos existentes, implementar nuevos, reducir puestos de confianza y reducir y hasta eliminar derechos laborales.

Nada de las medidas aprobadas, han dado resultado. Peor aún, al aumentar e implementar nuevos impuestos, provocan que el ciudadano sea más comedido en el gasto personal. Reducen las compras personales a únicamente lo necesario, evitan salidas familiares para evitar gastos, etc. También la reducción de beneficios a los trabajadores, además de tener un impacto importante en las finanzas personales de cada trabajador,  también provoca que el comercio se afecte. De hecho, ya hay comerciantes preocupados por los anuncios hechos por el gobierno de no dar bono de Navidad a los empleados.

No conforme con esto, ahora proponen la creación de una junta, a la que le llaman Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, para que toda decisión gubernamental sea tomada a través de dicha Junta. O sea, tendríamos un gobernador de papel, porque todo lo que haya que hacer tendría que ser aprobado por ésta. Esto, obviamente representa entregar los poderes constitucionales a un grupo, que a su vez es nombrado por el propio gobernante. Pero esto, por el momento no es el tema hoy.aquaviva martes 27 oct

Resulta que los miembros de dicha Junta, según propone el proyecto, no estarían regulados por nadie. Ni la Oficina de Ética Gubernamental, ni el Contralor, ni ningún otro organismo gubernamental. Esto quiere decir que tendrían inmunidad para hacer lo que quieran sin que sus actos tengan consecuencias.

Ya puedo imaginarme la contratación en el gobierno, de familiares de los que integran la misma, me puedo imaginar la persecución por razones políticas por parte de la junta hacia funcionarios del gobierno,  imagino el enriquecimiento de algunos miembros y así por el estilo. Podrán violar leyes del estado sin que nadie, pero nadie pueda hacer nada al respecto. Esto, obviamente si la Legislatura no toma acción sobre el asunto.

Pero la simple propuesta de un organismo como este, es un reconocimiento oficial de que no saben un divino que es lo que tienen que hacer en el gobierno. Esto es poner varias personas nombradas por el gobernador, con unos sueldos más altos que el del propio primer ejecutivo del país ya que el presupuesto dispuesto para operar mensualmente, es de un millón de dólares mensuales. Para completar, esta junta será creada para que trascienda el cuatrienio, lo que significa que, aún si pierden las elecciones, continuaran en el poder a través de la misma.

Pero aún con este detalle de ser una Junta extra cuatrienio, no he visto una oposición activa de los miembros de los partidos de minoría. Soy de los que está en contra de la entrega de derechos constitucionales, ya sea por parte de individuos como también los derechos del propio gobierno. Por eso, no puedo quedarme callado ante tan importante asunto.

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Confirmado: García Padilla designa a Víctor Suárez como Secretario de la Gobernación

Lcdo. Víctor Suarez, nuevo Secretario de la Gobernación.

Lcdo. Víctor Suarez, nuevo Secretario de la Gobernación.

LA FORTALEZA: El gobernador Alejandro García Padilla anunció el viernes en la tarde la designación del actual director de la Autoridad de los Puertos, licenciado Víctor A. Suárez Meléndez, como secretario de la Gobernación.

“Víctor Suárez es un administrador y servidor público probado. Conoce la estructura del gobierno y la política pública de mi administración y viene a darle continuidad a los proyectos prioritarios de mi gobierno para continuar encaminando a Puerto Rico a la recuperación económica”, expresó el primer ejecutivo en un comunicado de prensa.

Según su “Curricullum Vitae”, Suárez es graduado de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; posee un bachillerato en Ingeniería Química y una maestría en Ingeniería Gerencial de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

En la comunicación del Palacio de Santa Catalina de indica que Suárez Meléndez tiene entre su bagaje profesional, “experiencia tanto en el sector público como privado”.

Antes de entrar al gobierno, se desempeñó como gerente de Operaciones de Colgate-Palmolive y abogado en la práctica privada. Así mismo, se ha desempeñado como consultor de entidades públicas y privadas en reingeniería de procesos, gerencia de proyectos, reestructuración organizacional y desarrollo de indicadores de eficiencia.

El licenciado Suárez Meléndez ha dirigido municipios, agencias públicas y corporaciones públicas. Como servidor público, se destacó como vicealcalde del Municipio Autónomo de Carolina, bajo la incumbencia del fenecido José Aponte de la Torre, entre 2005 al 2007. Además, Suárez Meléndez fungió como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor entre el 2007 y 2008.

“Le agradezco al gobernador la oportunidad de servirle al país desde una posición tan importante. Desde la secretaría de la Gobernación le daré continuidad a los proyectos iniciados por esta administración, exigiré sus resultados y agilizaré aquellos que fomentan la inversión pública y privada; todo esto enmarcado en el desarrollo económico del país, que es nuestra prioridad”, manifestó Suárez Meléndez.

El gobernador García Padilla informó, además, que Suárez Meléndez se mantendrá como director de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. Su sucesor en la silla de la Autoridad de los Puertos se anunciará próximamente.

 

Justicia reitera intención de demandar a casas acreditadoras

Departamento de JusticiaSAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia, licenciado César Miranda, reiteró en la mañana del martes la intención de demandar a las casas acreditadoras por haber degradado el crédito de la Isla de forma negligente durante los pasados meses.

Miranda aclaró que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con base legal para demandar a las casas acreditadoras luego de evaluar los fundamentos jurídicos de posibles causales para incoar un pleito que reivindique el buen nombre del crédito del país.

“En forma alguna se ha manifestado que el Departamento de Justicia haya descartado la alternativa de demandar o tomar algún curso de acción judicial contra las casas acreditadoras. Lo que se ha indicado públicamente ha sido que se le está concediendo prioridad en estos momentos a la atención de las demandas radicadas en el tribunal de distrito federal de Puerto Rico por parte de las compañías de bonistas Franklin Funds, Oppenheimer Rochester Funds y Blue Mountain Capital Management”, enfatizó el titular de Justicia en un comunicado de prensa.

“Luego de los estudios jurídicos realizados entendemos que hay fundamentos jurídicos para tomar acción contra alguna de las compañías acreditadoras lo cual haremos llegado el momento”, finalizó Miranda.

Las expresiones del Secretario de Justicia aclaran distintas versiones que han trascendido en el sentido de que “se deja a un lado” la posibilidad de demandar a las casas acreditadoras. El Departamento de Justicia reiteró su intención de demandar a las mismas o tomar algún curso de acción contra aquellas entidades que atentan contra el crédito y la imagen de Puerto Rico a nivel internacional.