Hay que decidir: Fitch, Moody’s y Standard and Poors… o el Pueblo

casas acreditadorasPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

No tengo dudas que la más reciente movida de Fitch Ratings, es con la única intención de presionar al Gobierno de Puerto Rico, para que apruebe sin dilación, la llamada “Transformación Contributiva” y su consabido IVA de un 16 por ciento. Esta movida ha provocado distintas reacciones, dependiendo el color o partido con que se mire.

Para el PNP, por ejemplo, esta degradación es causada por el muy acertado proyecto de los representantes Manuel Natal Alvelo, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres Cruz, de aumentar el impuesto de un 1 por ciento que hoy pagan las mega tiendas por las ganancias, a un 8 0 10 por ciento que hoy paga el pequeño comerciante. Obviamente para ese partido, las mega tiendas y las grandes empresas deberían no pagar contribuciones, y que seamos tu y yo quien paguemos por ellos. Su reacción denotaba miedo a que ellos abandonaran el país, cosa que sabemos no ocurrirá.

El caso del PPT, su reacción era de esperarse y realmente me parece la más sensata. Este partido a través de su portavoz expresó que hay que reestructurar la deuda, negociar pagos mucho más bajos con el fin de dedicar los recursos del país a continuar dando servicio directo al pueblo. De hecho, Rafael Bernabe expone que la deuda, no importa lo que se haga, es impagable, por lo que se debe enmendar la Constitución para eliminar la disposición que pone en primer plano el pago a los acreedores.

Pero lo que me resulta altamente sospechoso es el hecho de que el presidente del Senado, Eduardo Bathia haya dicho que solicitará reunirse con las casas acreditadoras. Me imagino que su propósito es ver que ellos pueden hacer para complacer, o realmente continuar complaciendo, a estas casas acreditadoras, que su único fin es lograr que el país siga endeudándose para luego, ellos decidan quedarse con todo.

Pero, ¿Qué se debe hacer? Para mí, es hora que el gobierno tome la decisión más trascendental de la historia, poner al pueblo delante de esas casa acreditadoras. Primero, estoy de acuerdo con que se debe enmendar nuestra Constitución para, como dice el PPT, eliminar la disposición que pone a los acreedores, incluso por encima del pago de la nómina. Segundo, el Gobierno tiene, si tiene, que comenzar a dejar sin efecto los contratos innecesarios y exageradamente millonarios que hoy tiene en las distintas agencias y corporaciones públicas. Esto le traería ahorros en más de mil millones de dólares al año y que estos ahorros se destinen al fondo general para que se pueda continuar con los servicios públicos.

Además, hay que implantar la decisión que tomó el pueblo mayoritariamente de un sistema unicameral, donde se reduzca drásticamente la cantidad de legisladores y por ende los ayudantes y ayudantes de los ayudantes.

Es el momento de no continuar gobernando para quienes nos han llevado a esta crisis, y comenzar a poner al pueblo y al país primero.

Casas acreditadoras: Verdaderas administradoras del Gobierno

casas acreditadorasPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Durante los pasados años, hemos visto como las casas acreditadoras han incrementado la presión sobre el gobierno para implementar sus políticas neoliberales y antiobreras. La pasada administración trabajó abiertamente implementando esas políticas desde su primer día de administración.

Así lo hicieron al legislar y firmar la nefasta Ley 7 que provocó el despido de casi 30,000 empleados públicos, congeló los convenios colectivos, aumento las contribuciones sobre la propiedad, entre otros efectos. También, legislaron y aprobaron enmiendas a la ley de la Asociación de Empleados que provocó que el gobierno insertara nueve personas no electas, a la Asamblea de Delegados de AEELA y casi incitaba a la institución a colocar sus ahorros en el banco del gobierno y permitía que se le prestara dinero a este.

También atentaron contra los empleados privados al quitarle la paga doble de los domingos a quienes trabajan en el comercio.

Recordemos que también se aprobó la Ley de las APP’s, cuyo fin principal era privatizar la AAA y la AEE. Poco a poco el efecto de esas medidas, junto con la implementación del IVU por la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fueron provocando que el pueblo fuera perdiendo capacidad económica para invertir en el país.

A todo ese escenario se le sumó el aumento súbito del precio de la gasolina, que en algunos casos llegó a costar más de un dólar el litro de gasolina.

Al llegar esta administración el país sintió, solo por unos segundos, que se dejaría a un lado a las casas acreditadoras, y se trabajaría para el pueblo. Digo solo unos segundos, porque eso fue lo que le tomó al actual gobernador decir el famoso “me vale” en referencia a las políticas que pretendía implantar las casas acreditadoras en el país.

Sin embargo, lo único que no se ha implementado de esas políticas neoliberales es el despido de empleados públicos. Vimos cómo sus primeras medidas fueron contra los retirados a quienes se les redujo las pensiones, eliminando los bonos especiales, se aumentó la edad de retiro a los empleados públicos, así como las aportaciones que estos realizan al sistema, y se redujo la cantidad a la que un trabajador tendría derecho de recibir por este concepto. Lo mismo pasó con los maestros, a quienes el Tribunal les devolvió parte de sus derechos.

Por otro lado, vimos la aprobación de la famosa Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, que su propósito principal es eliminar derechos adquiridos, reducir los bonos de navidad y congelar los convenios colectivos, tal y como lo hizo la Ley 7 de Fortuño, pero con efectos mayores sobre el empleado público. De hecho, el liderato sindical la ha catalogado como una Reforma Laboral disfrazada, ya que enmienda gran parte de los estatutos laborales existentes.

Pero la aprobación de todas estas medidas por parte de tres gobernadores, no han sido suficiente para los bonistas, quienes pretenden que se privatice todo, y así darle paso a sus inversionistas para que se queden con el capital económico que se genera aquí. Ya vemos los avisos de “huracán” que está provocando la discusión de la reforma contributiva, se acerca un nuevo ataque al empleado público en lo relacionado al pago de horas extras entre otras medidas, que me imagino deben estar preparando. Lo triste de todo esto es que, a pesar de todas estas medidas, el pueblo no se levanta a protestar, a menos que seamos los trabajadores o grupos que generalmente levantan su voz, no vemos que el país esté dispuesto a protestar en contra de las medidas que le afectan.

No cabe duda que la presión de estas casas acreditadoras va a continuar sobre el gobierno, hasta lograr sus objetivos. Qué pena que quienes una vez prometieron no trabajar para ellos, hoy es exactamente para los que ha estado trabajando legislando y aprobando medidas que van directamente en contra del pueblo.

Justicia reitera intención de demandar a casas acreditadoras

Departamento de JusticiaSAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia, licenciado César Miranda, reiteró en la mañana del martes la intención de demandar a las casas acreditadoras por haber degradado el crédito de la Isla de forma negligente durante los pasados meses.

Miranda aclaró que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con base legal para demandar a las casas acreditadoras luego de evaluar los fundamentos jurídicos de posibles causales para incoar un pleito que reivindique el buen nombre del crédito del país.

“En forma alguna se ha manifestado que el Departamento de Justicia haya descartado la alternativa de demandar o tomar algún curso de acción judicial contra las casas acreditadoras. Lo que se ha indicado públicamente ha sido que se le está concediendo prioridad en estos momentos a la atención de las demandas radicadas en el tribunal de distrito federal de Puerto Rico por parte de las compañías de bonistas Franklin Funds, Oppenheimer Rochester Funds y Blue Mountain Capital Management”, enfatizó el titular de Justicia en un comunicado de prensa.

“Luego de los estudios jurídicos realizados entendemos que hay fundamentos jurídicos para tomar acción contra alguna de las compañías acreditadoras lo cual haremos llegado el momento”, finalizó Miranda.

Las expresiones del Secretario de Justicia aclaran distintas versiones que han trascendido en el sentido de que “se deja a un lado” la posibilidad de demandar a las casas acreditadoras. El Departamento de Justicia reiteró su intención de demandar a las mismas o tomar algún curso de acción contra aquellas entidades que atentan contra el crédito y la imagen de Puerto Rico a nivel internacional.